Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122523
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y se revoca la sentencia impugnada. En consecuencia, se declara verificado el crédito insinuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos con motivo del Impuesto a las Ganancias por el período del año 2002, con el alcance aquí fijado (art. 289, CPCC). Costas al incidentado, en su condición de vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.523, "Fisco Nacional AFIP-DGI contra Tortone, Hugo Virgilio. Incidente. Concurso (Revisión)".
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en lo que importa destacar, modificó la sentencia de origen que -a su turno- hiciera lugar al incidente de revisión incoado por la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP- (v. fs. 414/421 y 484/493).
Se interpuso, por la representante de la incidentista, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 498/505 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa resaltar, modificó la sentencia de primer grado que -a su tiempo- acogiera el incidente de revisión intentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos. En consecuencia, declaró inadmisible el crédito fiscal atinente al año 2002 por Impuesto a las Ganancias (v. fs. 414/421 y 484/493).
Para arribar a dicha conclusión, circunscribió el decisorio al tema de la responsabilidad solidaria fiscal, destacando que la verificación intentada por la AFIP en el concurso preventivo del señor Tortone se basaba en la resolución 05/09 -dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la AFIP -DGI- por la que se le atribuía responsabilidad al concursado -con fundamento en el art. 8 inc. "a" de la ley 11.683- respecto del contribuyente "Federación Argentina de Corredores de Motociclismo", en virtud de las deudas emergentes del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (v. fs. 486/487 vta.).
Posteriormente, referenció la normativa que consideró aplicable en el sub lite (arts. 8 inc. "a" y 6 inc. 1 "e", ley 11.683), ponderó el plexo probatorio colectado (v.gr. fs. 16/19, 27/29, 84/85, 89, 102/103 vta. y 148/150) y determinó que el concursado resultaba ser un sujeto obligado al pago de los tributos reclamados, en razón de su carácter de mandatario de la Federación y de la injerencia directa que poseía sobre la administración y disposición de los fondos de aquella (v. fs. 487 vta./490 vta.).
Sin embargo, remarcó que el acto jurídico que diera origen a la mentada representación se produjo en el año 2003, motivo por el cual mal podía atribuírsele -como hiciera el juzgador de primera instancia (v. fs. 414/421)- responsabilidad solidaria al señor Tortone por períodos en los cuales no tuvo injerencia directa en la mentada administración o en la disposición de los fondos de la mandante (v. fs. 490 vta.).
Por consiguiente, revocó el fallo en tal aspecto, declarando inadmisible el crédito fiscal atinente al año 2002 por Impuesto a las Ganancias, consignado en la boleta de deuda de fs. 13, según la Declaración Jurada Determinativa del Impuesto 2002 con más los intereses resarcitorios y punitorios derivados de tal declaración (v. fs. 491 vta. y 492).
II. Frente a ello, la letrada apoderada de la incidentista vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 5, 6, 8, 46, 47, 70 y 71 de la ley 11.689 y transgresión a la ley 20.628 (v. fs. 498/505 vta.).
En primer término, expone que el caso de autos no se trata de una responsabilidad objetiva del concursado sino subjetiva, la cual es derivada de una conducta que se concreta en un incumplimiento de los deberes impositivos a cargo del responsable por deuda ajena (v. fs. 502 vta.).
En segundo orden, cuestiona la ponderación de la prueba efectuada por el Tribunal de Alzada. Particularmente, manifiesta que se encuentra debidamente acreditado que el concursado resultaba ser un sujeto obligado al pago del tributo en cuestión y que los argumentos vinculados con el otorgamiento del poder en el año 2003 no resultan ajustados a derecho; desde el vencimiento de la presentación de la declaración jurada y pago del impuesto que operó en mayo de 2003, el deudor ya contaba con la representación de la Federación Argentina de Corredores de Motociclismo (v. fs. 502 vta./503 vta.).
En tercer lugar, cuestiona el pronunciamiento impugnado por desconocer el procedimiento administrativo que determinó -mediante una sentencia judicial que se encuentra firme y consentida- la responsabilidad solidaria del concursado por los años 2002 a 2004, quebrantando lo dispuesto por las leyes nacionales 11.683 y 20.628 (v. fs. 503 y 504).
Por tales motivos, solicita la revocación de la sentencia y que se disponga la admisibilidad del crédito por el Impuesto a las Ganancias del año 2002 con más sus intereses (v. fs. 504).
III. El recurso prospera.
III.1. Tal como fuera adelantado, la problemática que arriba a este Superior Tribunal se circunscribe a valorar el régimen de responsabilidad tributaria que le cabe al concursado y, luego de ello, verificar si en la especie -efectivamente- éste resultaba ser un sujeto obligado al pago del impuesto que se reclama o, si dadas las circunstancias, obra en el caso una eximente que lo libere de dicho cumplimiento.
Sin embargo, antes de abocarme a la sustancia del embate, corresponde verificar si el encuadre normativo efectuado por el Tribunal de Alzada ha sido correcto, toda vez que según el principio iura novit curia la aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a los magistrados con abstracción de las alegaciones de las partes, es decir, que aquellos pueden enmendar el derecho mal invocado y suplir el omitido, lo que hace necesario pronunciarse acerca de cuál es la ley aplicable al caso. Ello es así, sin infracción al principio de congruencia y de defensa en juicio, puesto que es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida (conf. doctr. causas C. 90.993, "L., R.", sent. de 5-IV-2006; C. 91.164, "Comaco S.R.L.", sent. de 21-VI-2006; C. 116.712, "Sociedad Comercial del Parque S.A. y Aldrey", sent. de 4-III-2015; e.o.).
La atenta lectura de las actuaciones me permite advertir que la actividad realizada por el sentenciante para establecer el marco jurídico aplicable ha sido desacertada, toda vez que para declarar inadmisible la porción del crédito del Fisco nacional hubo de invocar y aplicar una eximente de responsabilidad dispuesta por el art. 8 de la ley 11.683 que recién fuera incorporada a través de la ley 27.430, dictada el 29 de diciembre 2017, cuando la situación jurídica sometida a su debate se encontraba consolidada por el régimen anterior (conf. arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.).
Por tal motivo, siendo que las modificaciones introducidas por la mentada norma no se encontraban vigentes al momento de la determinación de la obligación tributaria, ni al tiempo de la deducción de la presente demanda o en horas de ser sentenciada la causa en primer grado como así tampoco al momento de que el concursado expresara sus agravios contra aquel pronunciamiento decisorio, corresponde dejar establecido que la respuesta vinculada al régimen de la responsabilidad tributaria del concursado deberá ser dilucidada a la luz de las prerrogativas establecidas por la ley 11.683 con anterioridad a la citada reforma (v. fs. 16/19, 305/319, 414/421 y 428/444 vta.).
III.2. Aclarado ello, cabe ingresar al tema que nos ocupa. De tal modo, resulta conveniente ilustrar que en la correlación que existe entre un tributo y una obligación tributaria -en cuanto esta es una consecuencia de aquél- hay una vinculación entre el sujeto pasivo del gravamen (o sea, la persona individual o colectiva sometida al poder tributario del Estado) y el sujeto pasivo de la obligación impositiva (esto es, la persona individual o colectiva que debe cumplir la prestación fijada por la ley).
Si bien, generalmente, el sujeto del impuesto (es decir, el contribuyente) es el sujeto de la obligación, en ciertos casos particulares la ley fiscal atribuye la condición de sujeto obligado a hacer efectiva la prestación a personas distintas del contribuyente y que, por esa circunstancia, se suman a éste o actúan paralelamente a él (conf. Giuliani Fonrouge, Carlos M.; Derecho Financiero , 9na. Edición, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 2004, pág. 353), siendo esto último lo que acontece en el sub lite . Veamos.
De acuerdo a las circunstancias que arriban firmes a esta casación, el señor Hugo Virgilio Tortone resulta ser mandatario de la Federación Argentina de Corredores de Motociclismo (v. fs. 40/42). Bajo tal circunstancia es que los magistrados de las instancias inferiores han considerado que aquél deviene responsable en forma solidaria por las deudas impositivas nacidas a partir de la actividad de la persona jurídica que representa, ya que al momento de la determinación de las deudas fiscales éste ejercía la administración y poseía plena disposición de los fondos de su mandante (conf. arts. 6 y 8, ley 11.683; v. fs. 490).
Sobre el punto, merece resaltarse que si se ejerce una representación, el mandatario establecido por la ley o instituido por acto voluntario ocupa el lugar del deudor, siendo total su responsabilidad por la prestación fiscal a cargo de aquél. Es decir, lo que hace la ley tributaria es ubicar al tercero por deuda ajena al lado del destinatario legal del impuesto, asignándole el mismo carácter de sujeto pasivo (Villegas, Héctor B.; Curso de finanzas, derecho financiero y tributario , Ciudad de Buenos Aires, 2003, pág. 334).
Bajo tales parámetros, no quedan dudas de que asiste razón a la representante del Fisco nacional cuando, por un lado, considera errónea la interpretación del plexo legal que hiciera el Tribunal de Alzada y, por el otro, afirma que el crédito derivado del saldo pendiente por el Impuesto a las Ganancias del año 2002 resultaba exigible al concursado; en tanto la normativa fiscal -en forma expresa- sanciona en igualdad de condiciones al contribuyente y al responsable solidario, cuando estos no abonaren oportunamente el debido tributo (arts. 6 y 8, ley 11.683; v. fs. 502 vta.).
En función de ello, no comparto el criterio utilizado por la Cámara al suscribir que el hecho de que el poder otorgado por la Federación Argentina de Corredores de Motociclismo en favor del señor Tortone haya sido extendido en el año 2003 impide que se le exija el monto adeudado correspondiente al año 2002, pues la responsabilidad tributaria de la persona solidariamente responsable por deuda ajena no nace cuando se produce la situación de hecho que determina el gravamen sino a partir del momento en que el tributo resulta exigible por el estado (conf. Villegas; ob. cit., pág. 328 y art. 289, CPCC).
Por otra parte, no encuentro acreditada una posible eximente de la responsabilidad basada en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con el deber fiscal (conf. art. 8 inc. "a" últ. párr., ley 11.683, aplicable en la especie, según acápite III.1. de este sufragio), en tanto la comprobación de las constancias incorporadas al expediente dan cuenta de que éste se encuentra huérfano de todo tipo de elemento fáctico o alegación alguna que permita siquiera inferir que el concursado se encontró impedido de afrontar materialmente con tal obligación (art. 384, CPCC).
Más aún, tampoco se puede desconocer la particular situación generada en el procedimiento tributario incorporado al sub examine , en la cual, el aquí deudor, teniendo la posibilidad de ejercer su respectivo derecho de defensa, no esbozó ningún tipo de argumento vinculado con el hecho obstativo amparado por la normativa fiscal (v. fs. 37).
III.3. Por tales motivos, habiéndose demostrado tanto las infracciones normativas alegadas a fs. 502 como el vicio de absurdo en la ponderación de las constancias fácticas obrantes en la sentencia de fs. 484/493, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la letrada apoderada del Fisco nacional (art. 289, CPCC).
IV. En consecuencia, si lo que propongo resulta compartido por mis colegas, deberá hacerse lugar al recurso intentando, revocarse la sentencia impugnada y declarar verificado el crédito insinuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos con motivo del Impuesto a las Ganancias por el período del año 2002, con más sus intereses correspondientes, según surge de la boleta de deuda obrante a fs. 13 (art. 289, CPCC). Las costas deberán ser impuestas al incidentado, en su condición de vencido (arts. 68 y 274, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Doy por reproducido el relato de antecedentes que formula la ponente.
Para liberar parcialmente de responsabilidad al concursado -a quien se lo reputó responsable solidario respecto del contribuyente Federación Argentina de Corredores de Motociclismo, en su carácter de apoderado, por la deuda determinada e insinuada en el proceso falencial-, el Tribunal de Alzada afirmó: "...Toda vez que el mentado poder fue conferido por la Federación al señor Hugo Virgilo Tortone en el año 2003, mal puede atribuírsele responsabilidad solidaria por períodos anteriores -año 2002-, pues durante ese lapso no se ha acreditado que el concursado haya tenido una injerencia directa en la administración o en la disposición de los fondos de la mandante. Consecuentemente, debe revocarse la sentencia en este aspecto, declarando inadmisible el crédito fiscal pretendido atinente al año 2002 por el Impuesto a las Ganancias consignado en la boleta de deuda de fs. 13 (Declaración Jurada Determ. Impuesto 2002, Intereses resarcitorios s/DDJJ 2002 e Intereses Punitorios s/DDJJ2002)" (fs. 490 vta.).
I.2. El recurrente denuncia que tal modo de resolver importa infracción a los arts. 5, 6 y 8, entre otros de la ley 11.683 pues, según desarrolla, "...la Cámara, al declarar inadmisible el período 2002 del Impuesto a las Ganancias, yerra porque no tiene en cuenta el vencimiento para la presentación de declaraciones juradas y pago del mismo, considerando erróneamente, que al ser otorgado el poder en el año 2003, no le corresponde al concursado su pago, siendo que como oportunamente se aclarara, tanto la declaración jurada del impuesto como su pago ocurren en el año 2003, siendo que el vencimiento de la presentación de la DDJJ y su posterior obligación de pago operan a partir de mayo del año 2003 en fecha que de acuerdo a las CUIT de los contribuyentes se van publicando" (fs. 502 y vta.). Y añade que "...en oportunidad de evaluar la responsabilidad del Sr. Tortone, el área fiscalizadora consideró que al momento en que se originan los ajustes, el nombrado contaba con poder especial amplio [...] Así [continúa] el interesado ha presentado Multinota, acompañando la escritura N° 141 del 28/3/2003, en donde la entidad otorga poder especial al nombrado (fs. 39 y siguientes). Esto es que, al tratarse del Impuesto a las Ganancias, año 2002, si bien el cierre del período es en diciembre, el vencimiento de la presentación de la declaración jurada y pago del tributo es en mayo de 2003, el concursado a mayo de 2003, ya contaba con poder especial que lo habilitaba a la presentación de DDJJ y al pago del impuesto, cuyo incumplimiento derivó en realizar y determinar su responsabilidad solidaria frente a tal hecho" (fs. 503).
I.3. Sin perjuicio de las consideraciones que pudieran efectuarse en relación a la aplicación al caso de la nueva redacción que la ley 27.430 (B.O., 29-XII-2017) imprimiera al art. 8 de la ley 11.683 (toda vez que el Tribunal de Alzada a fs. 487 vta. transcribió dicho texto al tiempo de citar la norma jurídica que entendió aplicable al caso) advierto que la decisión recurrida no acudió a las eximentes de responsabilidad consagradas -con diversa literalidad en ambos textos- en dicho dispositivo.
En efecto, y conforme surge del pasaje antes transcripto, la Cámara no encontró configurada una "imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales", y tampoco señaló que "dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente", por ausencia de culpa o dolo (tal el alcance de las eximentes perfilados en sendas redacciones).
Por el contrario, interpretó el fallo en crisis que tal atribución de responsabilidad exigía que el mandatario se encontrara investido de sus poderes al tiempo de configurarse el hecho imponible (año 2002) y que ese preciso tramo temporal tuviera injerencia directa en la administración y disposición de los fondos de su mandante, no siendo suficiente -por ende- que ostentara dicho estatus al vencimiento del plazo para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto.
I.4. Aclarado ello, coincido con mi distinguida colega doctora Kogan cuando al precisar que la responsabilidad tributaria de la persona solidariamente responsable por deuda ajena no nace cuando se produce la situación de hecho que determina el gravamen sino a partir del momento en que el tributo resulta exigible por el Estado, encuentra configurado el motivo de casación esgrimido por el recurrente.
Por lo demás, y como acertadamente lo pone de manifiesto la aludida colega, no obra en el expediente elemento alguno que permita tener por acreditada la eximente de responsabilidad contemplada en el art. 8 inc. "a" in fine de la ley 11.683.
II. En consecuencia, y con el alcance indicado, adhiero al voto de la doctora Kogan.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto y se revoca la sentencia impugnada. En consecuencia, se declara verificado el crédito insinuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos con motivo del Impuesto a las Ganancias por el período del año 2002, con el alcance aquí fijado (art. 289, CPCC). Costas al incidentado, en su condición de vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia