Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122201
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 2do. párr., 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 28 de Noviembre de 2018.
I. La demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, por un lado rechazó el de nulidad oportunamente articulado por haberse planteado un agravio desestimado por el Tribunal en otros casos análogos y, por el otro, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, en atención a la insuficiencia del valor del agravio (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 278 -texto según ley 14.141 y Acordada 3.869/2017- y 292, CPCC; v. fs. 296/311 y 290/292 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente -en el marco de un incidente de determinación de nuevo valor locativo- revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la fecha a partir de la cual se debían calcular los intereses. Por otro lado, desestimó las objeciones en cuanto a la determinación del arriendo, sosteniendo, entre otras consideraciones, que la fijación del mismo en su equivalente en kilogramos de pan se trataba de una deuda de valor, excluida, por ende, de la prohibición de actualizar establecida por las ley 23.928 y 25.561. (v. fs. 133/143 vta.).
En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de los arts. 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional; 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 (v. fs. 299, 303/305, y 308/309).
II.1. Aduce que la decisión en crisis, al desestimar la queja, no se hace cargo de los agravios traídos por su parte, dejando sin resolver los cuestionamientos efectivamente planteados referidos a la errónea aplicación y violación de los arts. 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561. Puntualmente, expone que las normas mencionadas contienen la prohibición de actualización de deudas como la de autos, desde que la misma es -según su modo de ver- una deuda de dinero y no de valor (v. fs. 308).
II.2. Afirma que en la vía planteada ante esta sede, se sostuvo que al haber establecido el fallo de la Cámara que la compensación mensual por utilización del inmueble debe ser calculada de acuerdo al precio del kilogramo de pan, ha fijado un índice de corrección monetaria no contemplado en el acuerdo homologado en autos y que ese mecanismo de actualización, como ya se dijo, está prohibido por los arts. 10 ley 23.928 y 4 ley 25.561 (v. fs. 308 y vta.).
II.3. Alega que la resolución de este Tribunal resulta arbitraria y vulnera los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, dejando sin resolver la cuestión federal que aduce planteada, con infracción a los criterios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Di Mascio" y otros precedentes que cita como atinentes al caso (v. fs. 309).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 313), el mismo no fue contestado.
IV.1. Liminarmente, corresponde recordar que las cuestiones relacionadas con la interpretación del derecho procesal local (en el sub lite , el análisis de la admisibilidad del remedio de inaplicabilidad local, según lo normado por el art. 280 del CPCC y la aplicación del art. 31 bis de la ley pcial. 5.827 respecto al carril anulativo intentado) no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos de la recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la presente vía (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59 y 310:405, entre otros).
IV.2. Por otra parte, frente a los motivos de arbitrariedad esgrimidos por la interesada: apartamiento de la normativa aplicable y omisión de cuestiones, no se observa que se hayan expuesto razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15 citado).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493, 323:4028, 329:2206, 3761, 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 311:100, 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. Resta decir que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 17, 18, 28 y 31 Const. nac.; v. fs. 299, 303/305 y 308/309), así como la simple mención de los precedentes citados del Tribunal federal (v. fs. 309), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, 2do. párr., 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia