Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala I · Causa 36300
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por H.C.M. y su Defensa Particular, contra el auto de fecha 17 de julio de 2026, el cual se confirma en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención del nombrado. Sin costas.
2Hacer SABER al organismo jurisdiccional a cuyo cargo tenga al detenido que deberá actuar lo que corresponda en relación al pedido de morigeración de la defensa, conforme lo expuesto en el considerando V.
Rigen los arts. 144, 148, 157, 169, 171, 434, 440 primer párrafo, 530 y 531 del C.P.P.
Los recursos de apelación interpuestos por H.C.M. y su Defensa Particular, a cargo del Dr. Bruno Héctor Waidkuns, contra el auto de fecha 17 de julio de 2026, mediante el cual se convirtió en prisión preventiva la detención del nombrado; y que fue concedido el día 6 de octubre de 2026.
I. Que el señor Juez a quo , Dr. Roberto Maximiliano Carletti, a cargo interinamente del Juzgado de Garantías N° 1 Departamental, tuvo por acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la materialidad ilícita atribuida a H.C.M., estableciendo que entre el mes de julio de 2024 y el mes de septiembre de 2025, en el interior de la vivienda sita en la calle .......... N° ........ de la localidad de ........., partido de..........., el nombrado abusó sexualmente de su sobrina A. A. M. -quien para esa fecha contaba con trece años de edad, dado que nació el 5 de julio de 2011-, realizándole tocamientos en los senos por encima de la ropa mientras la obligaba a tomarse fotografías del tipo "selfie", aprovechándose de la situación de convivencia preexistente entre ambos; y que, entre el mes de febrero y el mes de septiembre de 2025, ejecutó actos de exhibiciones obscenas, masturbándose frente a ella y exponiéndola a ello, mientras además miraba videos pornográficos que la niña oía por encontrarse en el mismo espacio del hogar.
Asimismo, la imputación consideró que, por las circunstancias de la realización de los hechos, por la diferencia de edad entre la víctima y víctimario, por la calidad del autor que resultaba ser su tío, por la cantidad de hechos perpetrados, la prolongada continuidad temporal y por lo prematuros que fueron dada la corta edad de la niña al ser iniciada sexualmente, implicaban una irrupción notoriamente precipitada de aspectos de su sexualidad y fueron idóneas para interferir en su libre crecimiento y desarrollo sexual, corrompiéndola.
Que, calificó tales hechos como abuso sexual agravado por haber aprovechado el autor la situación de convivencia preexistente con la niña, en concurso real con el delito de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas por una menor de dieciocho años de edad, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada por tratarse de una persona conviviente de la niña , previstos y reprimidos en los arts. 54, 55, 119 párrafos primero, cuarto -acápite "f"-, y quinto, 125 párrafos primero y tercero, y 129 párrafos primero y segundo del Código Penal.
Que, para sostener la probable autoría y responsabilidad penal de M., el Magistrado valoró la denuncia formulada por L. A. D. C. y su posterior ampliación y ratificación ante el Ministerio Público Fiscal; las declaraciones testimoniales de S. A. B. y de R. E. M.; el relato brindado por la niña víctima en Cámara Gesell; el informe de la perito psicóloga oficial, Lic. Paula María Alí, que concluyó que la adolescente presentaba un relato coherente en su estructura, con indicadores de verosimilitud y múltiples indicadores de sufrimiento subjetivo compatibles con las vivencias y secuelas propias de intromisiones sexualizadas intrafamiliares; y la videofilmación en la que se observa al encausado presionando el pecho de la niña, por encima de la ropa, con una de sus manos. Todo ello sin perjuicio de que, al realizarse la audiencia prevista por el art. 308 del C.P.P., el imputado optó por hacer uso de su derecho constitucional a negarse a declarar.
Que, en cuanto a la procedencia de la medida de coerción, el a quo sostuvo que la escala penal prevista para el concurso de delitos atribuido no permitía encuadrar la situación procesal de M. en ninguna de las hipótesis excarcelatorias previstas por el art. 169 del C.P.P.; ponderó, asimismo, el antecedente penal del nombrado, consistente en una condena a la pena de cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de hurto simple , dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 5 Departamental en la causa N°1487; analizó el caso desde una perspectiva de género y a la luz del Interés Superior del Niño y de las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado; y concluyó que concurrían los peligros de fuga y de entorpecimiento procesal contenidos en el art. 148 del C.P.P., los que no podían razonablemente evitarse mediante la aplicación de otra medida menos gravosa que el encarcelamiento preventivo.
II. La Defensa Particular de H.C.M. fundó el recurso de apelación interpuesto in pauperis por su asistido, solicitando que se revoque la prisión preventiva y se disponga su libertad bajo las condiciones que se estimen pertinentes o, subsidiariamente, que se sustituya el encarcelamiento preventivo por una medida de coerción de menor intensidad.
En primer término, dejó aclarado que no procura anticipar una discusión sobre la responsabilidad penal de su asistido ni controvertir la materialidad, la autoría o la calificación legal provisoria, sino que circunscribe su agravio a la cuestión cautelar.
Sostuvo así que la resolución convirtió la detención en prisión preventiva a partir de la calificación legal, la expectativa de pena, el antecedente penal y la naturaleza de los hechos, incorporando consideraciones vinculadas con la perspectiva de género y la especial situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad, pero sin exteriorizar suficientemente el razonamiento que vincula tales circunstancias, respecto de su asistido en particular, con la existencia concreta de los peligros de fuga y de entorpecimiento y con la necesidad de mantener la medida de coerción de mayor intensidad.
Añadió que el pronunciamiento no individualiza incumplimientos, intentos de sustraerse a la actuación judicial, presiones sobre testigos ni alteraciones de elementos probatorios que, integrados con los indicadores objetivos, permitan comprender por qué se infiere concretamente que M. podría eludir la acción de la justicia o interferir en el desarrollo del proceso.
Cuestionó, asimismo, la concreta aptitud cautelar del antecedente penal valorado -una condena de cuatro meses de prisión por hurto simple, íntegramente compurgada-, señalando que no se explica de qué manera aquella condena permite inferir actualmente el riesgo de fuga o de entorpecimiento.
Sostuvo que los estándares nacionales e internacionales vinculados con la perspectiva de género y con la especial protección de niñas, niños y adolescentes, cuya vigencia no discute, no desplazan el régimen jurídico propio de la coerción personal ni sustituyen la necesidad de justificar los peligros procesales que habilitan a restringir cautelarmente la libertad de una persona que conserva su estado de inocencia.
Reprochó que no se hubiera fundado por qué ninguna medida menos gravosa resultaría idónea para neutralizar los riesgos y destacó que, desde el dictado de la prisión preventiva, el proceso avanzó hasta el requerimiento fiscal de elevación a juicio, circunstancia que -sin determinar por sí sola la desaparición de los riesgos procesales- resulta relevante para examinar la subsistencia y entidad del peligro de entorpecimiento. Finalmente, dejó planteada la reserva del caso federal.
III. Antes de comenzar el análisis sobre los motivos de agravio, estimamos pertinente destacar ciertas pautas analíticas e interpretativas específicas y particulares a las circunstancias del caso; es decir, el marco conceptual desde el que consideramos que debe abordarse el conflicto de relevancia penal ventilado en autos.
En primer lugar, cabe poner de relieve la doble condición de la niña presuntamente víctima, tanto de menor de edad como de mujer, que la vuelve particularmente vulnerable a la violencia (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Caso González y otras 'Campo Algodonero' vs. México", sentencia del 16 de noviembre de 2009; y "Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala", sentencia del 19 de mayo de 2014).
Entonces, corresponde prestar especial atención al Interés Superior del Niño, que se reconoce en las normas internacionales en la materia (artículos 3, 9 y concordantes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ostenta jerarquía constitucional desde 1994).
En esa dirección, no sólo la Convención sobre los Derechos del Niño formula una clara directiva general en orden a la preservación del interés superior del menor (art. 3.1), sino que ha previsto en particular que "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales." (art. 16) y que deben adoptarse las medidas apropiadas "para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual." (art. 19.1), entre cuyas medidas de protección no sólo se enumera la "investigación", sino la "intervención judicial". Por eso también deben adoptarse ".todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física o psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier abandono, explotación o abuso. Esta recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño." (art. 39).
A su vez, la necesidad de evitar cualquier daño que pueda sufrir el menor ha sido señalada también por la Corte Federal (Fallos: 325:1549), así como que "corresponde a un incuestionable dato óntico que éstos [los menores] no tienen el mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y exigirse en los adultos, lo que es verificable en la experiencia común y corriente de la vida familiar y escolar." (Fallos: 328:4343, considerando 37°), doctrina que se compadece con la locución de la ley, que pondera el "estado emocional del niño/a".
Se ha dicho, también, que la Ley N° 26.061, cuando refiere al Interés Superior del Niño, señala que debe entenderse como la máxima satisfacción, integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos en la ley (cfr. CSJN, 26/03/2008, «A., M.S.»).
Además, estimamos que lo concerniente al ámbito probatorio debe ser analizado a la luz de lo previsto por los arts. 209 y 210 del C.P.P., pero también considerando el derecho de amplitud probatoria que los distintos organismos estatales deben promover en el marco de este tipo de procesos penales, lo cual importa extremar las medidas para realizar una investigación completa y profunda que permita una valoración integral de todos los elementos probatorios; necesariamente, bajo la debida observación de las garantías constitucionales del imputado, sin menoscabar el principio de inocencia que rige en su favor.
IV. Dicho ello, adelantamos que el recurso no habrá de prosperar.
En efecto, del análisis de las constancias incorporadas al legajo y de los agravios introducidos por la defensa, no se advierte que la resolución recurrida haya efectuado una valoración arbitraria o irrazonable de los elementos de convicción reunidos, ni que los argumentos expuestos por el recurrente resulten suficientes para conmover, en esta etapa procesal, la existencia de los presupuestos exigidos para el mantenimiento de la medida cautelar dispuesta. Veamos.
El agravio central de la defensa -esto es, que la resolución no exterioriza el razonamiento que vincula las circunstancias valoradas con la concreta existencia de los peligros procesales respecto de M.- no habrá de tener acogida favorable, pues, examinadas las constancias del legajo, los riesgos de fuga y de entorpecimiento no sólo fueron ponderados por el a quo , sino que encuentran sustento en elementos concretos de la causa que esta Alzada se encuentra habilitada a integrar y explicitar en el marco de la revisión, sin que ello importe suplir una fundamentación ausente, sino completar la ya desarrollada a la luz de las probanzas colectadas.
En lo que respecta al peligro de fuga, cabe recordar que si bien la sola gravedad del delito o el monto de la pena en expectativa no pueden constituir, por sí solos, fundamento suficiente del encarcelamiento preventivo, ello no significa que deban ser ignorados, ya que el propio art. 148 del C.P.P. incluye entre las pautas para valorar dicho peligro la pena que se espera como resultado del procedimiento, y lo que la doctrina veda es su utilización como presunción automática y exclusiva, no su ponderación junto a otras circunstancias concretas del caso. En autos, la escala penal resultante de los delitos atribuidos a M. impide una eventual condena de ejecución condicional y excluye su situación de las hipótesis excarcelatorias previstas por el art. 169 del C.P.P., configurando una expectativa de pena de efectivo cumplimiento que opera como un indicador objetivo de riesgo. A ello se adiciona el antecedente condenatorio que registra el nombrado -cuya valoración se abordará seguidamente- y el carácter intrafamiliar de los hechos atribuidos, desarrollados en el marco de una relación de convivencia y de poder sobre la niña.
En cuanto al agravio dirigido específicamente al antecedente penal, la defensa delimita su aptitud cautelar; sin embargo, su consideración no resulta arbitraria. El art. 148 del C.P.P. habilita expresamente la ponderación de la conducta anterior del imputado, y una condena previa de efectivo cumplimiento -aunque compurgada- constituye una pauta legítima que, lejos de valorarse de manera aislada o automática, se integra con la gravedad de los hechos, la expectativa de pena y las restantes circunstancias concretas de la causa, reforzando el juicio del riesgo.
No se trata, pues, de atribuir al antecedente, por su sola existencia, entidad autónoma para fundar la medida, sino de ponderarlo -como lo hizo el a quo- como un elemento más del cuadro integral. Y las pautas de arraigo que pudieran invocarse, en el particular, no alcanzan a neutralizar, frente a ese cuadro, el riesgo procesal verificado.
Tampoco puede prosperar el agravio relativo al peligro de entorpecimiento. La defensa sostuvo que la posibilidad de que el imputado interfiera en el proceso resulta meramente conjetural y que el avance de las actuaciones hasta el requerimiento de elevación a juicio, con la producción de las principales medidas probatorias, habría disipado el riesgo. Sin embargo, el riesgo no ha sido afirmado en abstracto, sino que encuentra sustento en elementos concretos de la investigación. Por un lado, los elementos reunidos dan cuenta de que M. desplegó sobre la niña conductas de maltrato y amedrentamiento en el marco de la convivencia -la propia denunciante refirió que el nombrado la maltrataba y que "un día le levantó la mano porque ella no quería cocinar", así como que la víctima padecía temor y no lograba conciliar el sueño-, lo que revela una dinámica de control e intimidación idónea para influir sobre quien resulta, a la vez, víctima y principal órgano de prueba. Por otro, el carácter intrafamiliar del conflicto le confiere vías concretas de contacto o de presión sobre la víctima y su grupo familiar.
En cuanto al planteo vinculado con la perspectiva de género, asiste razón a la defensa en que las obligaciones estatales en la materia no desplazan el régimen jurídico de la coerción personal ni relevan de justificar los peligros procesales. Mas no es ello lo que ocurre en autos desde que la protección reforzada que corresponde a la niña víctima -en su doble condición de menor y mujer- y la valoración contextual de la imputación no han operado como fundamento autónomo de la medida, sino que coexisten con el examen individualizado de la necesidad cautelar desarrollado en los párrafos precedentes. La perspectiva de género, en el caso, no sustituye la motivación cautelar puesto que viene a iluminarla, al permitir comprender la dinámica de sometimiento intrafamiliar que sustenta, también, el riesgo de entorpecimiento.
Por lo demás, lo decidido en origen no erosiona la presunción de inocencia, pues, de conformidad con lo establecido por el art. 144 del C.P.P., la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley, como ocurre en el caso de autos.
En síntesis, la prisión preventiva dictada aparece razonable y proporcional, tal como lo requieren la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 7 inc. 2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.1) para su procedencia, instrumentos internacionales éstos que integran nuestra legislación a la luz de lo normado en el art. 75inc. 22 de la C.N., pues se da en la especie el estado excepcional que permite, por los argumentos vertidos, mantener de momento el encierro del encausado.
En consecuencia, y toda vez que los agravios introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos esenciales de la resolución recurrida, corresponde rechazar los recursos de apelación y confirmar la prisión preventiva dispuesta respecto de H.C.M..
V. Y, en relación al reclamo de la recurrente que solicitó, a modo subsidiario, la morigeración de la medida de coerción, cabe hacer saber al organismo jurisdiccional a cuyo cargo tenga al detenido que deberá darle el trámite correspondiente en origen, en caso de no haberlo hecho aún, ello con fundamento en la salvaguarda del doble conforme judicial.
Por todo lo que antecede, y citas que contiene, este Tribunal RESUELVE: 1) RECHAZAR LOS RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por H.C.M. y su Defensa Particular, contra el auto de fecha 17 de julio de 2026, el cual se confirma en cuanto convirtió en prisión preventiva la detención del nombrado. Sin costas. 2) HACER SABER al organismo jurisdiccional a cuyo cargo tenga al detenido que deberá actuar lo que corresponda en relación al pedido de morigeración de la defensa, conforme lo expuesto en el considerando V.
Rigen los arts. 144, 148, 157, 169, 171, 434, 440 primer párrafo, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese. Cumplido, devuélvase al Juzgado de Garantías N° 1 Departamental, quedando a su cargo la notificación de esta resolución a la Fiscalía General Departamental, al imputado y a su Defensa, como así también deberá ponerse en conocimiento de la víctima de autos, en caso de corresponder, debiendo hacer saber en dichas diligencias lo dispuesto en el art. 2, párrafo segundo, del Acuerdo 4011 de la SCBA. Sírvase atribuirle a este resolutorio el carácter de muy atenta y respetuosa nota de envío.
Firmado en la ciudad de Morón, en la fecha indicada en las referencias.
Firmas
Funcionario firmante: BELLIDO Fernando Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: CARDOSO Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: GOMEZ Griselda Mariana - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1027-2026
Fin de la sentencia