Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala I · Causa 36263
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal, mantenido por su Superior Jerárquica, y confirmar la resolución dictada el 18 de septiembre de 2026, mediante la cual se concedió a K.L.G. la suspensión de juicio a prueba, en la causa que corresponde a este incidente.
II. Hacer SABER al Sr. Juez de grado que deberá sumar a las condiciones impuestas: 1) la designación de un familiar responsable a los fines de supervisar el efectivo cumplimiento de rehabilitación; y 2) requerir a la institución Vencer para Vivir informes mensuales donde se de cuenta de la continuidad del tratamiento y su evolución, quedando a su cargo la instrumentación de ambas medidas. Sin costas. (arts. 76 bis y ccs. del CP; 56, 404, 439, 440 párrafo primero, 530 y 531 del CPP).
El recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal, contra la resolución dictada el 18 de septiembre de 2026, mediante la cual se suspendió el proceso a prueba respecto de K.L.G., que fue concedido y mantenido por su Superior Jerárquica ante esta Alzada, respectivamente, los días 22 y 24 de igual mes y año.
I. Que mediante el auto impugnado el Sr. Juez de grado decidió suspender el proceso a prueba en la causa seguida al imputado G.
Para arribar a tal pronunciamiento, en primer lugar consideró que la oposición del Ministerio Público Fiscal no reúne los requisitos que la jurisprudencia vino trazando para que resulte vinculante.
Señaló que, en el caso, lo dictaminado por la Fiscalía aparece como una oposición genérica, sustentada en la calidad funcionarias policiales de dos de las presuntas víctimas, y sin haber explicado los motivos por los cuales la alternativa propuesta por la Defensa resultaría incompatible con los fines de prevención y protección que le corresponde garantizar a ese Ministerio.
Agregó que -a su juicio- no se advierten circunstancias concretas de riesgo de reiteración de incumplimientos previos de medidas judiciales, falta de arraigo, antecedentes penales o cualquier elemento objetivo que permita concluir que el beneficio solicitado resulte inadecuado.
Dijo que las constancias incorporadas a la causa le permitieron vislumbrar una circunstancia en sentido contrario, toda vez que G. se encuentra internado y sometido a un tratamiento de rehabilitación a las adicciones, el que debería realizar por el término de veinticuatro meses.
Luego, destacó que no debía soslayar que las personas presuntamente damnificadas habían sido oídas y consultadas, quienes no se opusieron a la procedencia del instituto.
En ese sentido, expuso que -más allá de que la opinión de quienes habrían resultado víctimas no resulta vinculante-, conforme lo establecido en el art. 404 del CPP, es su deber valorarlas.
Finalmente, adelantó que impondría reglas de conducta por el término de dos años, período coincidente con el estimado por el centro de rehabilitación en el que permanece internado el imputado para finalizar exitosamente su tratamiento.
II. Contra lo resuelto, la señora Agente Fiscal interpuso recurso de apelación, tras considerar que la resolución atacada causa un gravamen irreparable a ese Ministerio Público.
Adujo que, conforme el art. 76 bis del CP, el consentimiento fiscal integra las condiciones legales de procedencia, y que el control jurisdiccional alcanza a la legalidad, la razonabilidad y la ausencia de arbitrariedad del dictamen, mas expuso que ello no autoriza al juez a reemplazar una opción político criminal por otra que estime más conveniente.
Agregó que el Fiscal no invocó una prohibición abstracta derivada exclusivamente de la condición de policías de dos de las víctimas, considerando que el a quo omitió su conexión con la conducta endilgada a G., cuyo propósito habría sido impedir el cumplimiento de la función policial.
Sostuvo que la oposición fiscal fue concreta, razonable y compatible con la ley, pues -a su criterio- la gravedad modal, la pluralidad de bienes jurídicos, el uso de arma, y la finalidad de impedir un acto funcional son datos objetivos y suficientes para considerar necesaria la realización de un debate.
Por otra parte, dijo que no existe contradicción entre haber propuesto una pena condicional en un juicio abreviado y oponerse a la probation , toda vez que son institutos de naturaleza y efectos diferentes.
Adunó también que la decisión no individualiza ninguna reparación del daño por parte del imputado, pese a los daños materiales y afectaciones personales derivados del hecho, señalando que la conformidad de las víctimas no sustituye tal exigencia de la normativa aplicable.
A continuación, expuso que la evaluación de una salida alternativa debe respetar el hecho íntegro sostenido en la acusación pues entendió que aislar la situación de consumo o la posterior decisión de tratarse sin ponderar la violencia desplegada, conduciría a una fundamentación aparente.
Sostuvo que la problemática de consumo y el inicio de un tratamiento terapéutico no eliminan la antijuridicidad, ni neutralizan el riesgo de la conducta y tampoco contemplan medidas específicas de protección para las personas amenazadas, como restricciones de acercamiento o contacto.
Por todo ello, solicitó que se revoque la decisión impugnada para que el proceso continúe hacia el juicio oral. Subsidiariamente, solicitó que se anule el auto atacado para que el a quo dicte un nuevo pronunciamiento que: reconozca el alcance del consentimiento fiscal, examine íntegramente la oposición, verifique la oferta reparatoria, valore técnicamente el riesgo y el contexto familiar, asegure una audiencia informada y autónoma con cada víctima y funde la idoneidad, controlabilidad y proporcionalidad de cualquier regla de conducta. Citó jurisprudencia. Hizo reserva del caso federal.
III. Antes de ingresar al fondo de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, corresponde señalar que K.L.G. está procesado, de conformidad con lo que surge de la requisitoria de elevación a juicio, en orden a los delitos de violación de domicilio, daño y atentado a la autoridad agravado por el empleo de arma todos ellos en concurso real entre si, en virtud de lo normado en los arts. 55, 150, 183 y 238 inc.1°del Código Penal.
Que, de las constancias agregadas a la causa se desprende que el 19 de agosto de 2026 el Sr. Agente Fiscal presentó una propuesta de juicio abreviado, en la cual consideraba justo que se impusiera al nombrado una pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional y costas.
Asimismo, el día 24 de igual mes, la Defensa solicitó la suspensión de juicio a prueba respecto de su defendido, ofreciendo como reparación que su asistido realice un tratamiento para las adicciones en la institución Vencer para Vivir, Centro de Rehabilitación para droga-dependientes y otras adicciones, peticionando que se designe audiencia a tenor del art. 404 del CPP.
Que, en virtud de ello, el a quo dispuso la vista al Ministerio Público Fiscal, quien la contestó con fecha 27 de agosto, oponiéndose a la concesión del beneficio fundamentando que: "... este Ministerio Público Fiscal considera de acuerdo a las características del hecho investigado que lo planteado no puede prosperar, toda vez que las conductas desplegadas por el causante configuran una situación de desconocimiento de las normas que permiten la vida en sociedad y demuestran una falta total de respeto y desprecio hacia la autoridad policial, quien en definitiva vela por la seguridad ciudadana. Quien suscribe, entiende que dichos actos cometidos contra los miembros pertenecientes a cualquier autoridad del estado no deben ser permitidos ni pasados por alto... ".
Luego, consta que el 2 de septiembre de 2026 se celebró la audiencia a tenor del art. 404 del CPP, ocasión en la que la Defensa Oficial solicitó al Sr. Juez que se concediera a G. el beneficio en trato ofreciendo como reparación que su asistido realice un tratamiento para las adicciones en la institución Vencer para Vivir, Centro de Rehabilitación para droga-dependientes y otras adicciones, quinta N°12, sita en la localidad de Campana, sugiriendo que la duración de dicho tratamiento sea de un año.
A su turno el Sr. Fiscal expuso que mantenía lo expresado con fecha 27 de agosto, oponiéndose a la concesión de la probation .
A continuación, consultadas las presuntas víctimas presentes en la audiencia (las dos funcionarias policiales), manifestaron que, en principio, no se oponían a lo pretendido por la Defensa, ello condicionado a lo que la madre del imputado expresara en ese sentido.
Finalmente, el Sr. Juez consideró que para resolver resultaba necesaria la opinión de la totalidad de las presuntas víctimas y -en virtud de la ausencia de la madre del encartado en el acto- difirió su decisión hasta que ésta se exprese.
Que, de acuerdo lo expuesto en el informe del actuario de fecha 4 de septiembre de 2026, E. V. G. -presunta víctima y madre del imputado-, en lo que aquí interesa manifestó que es su deseo que su hijo realice el tratamiento iniciado por considerar que el mismo sería la única posibilidad con la que contaría para lograr recuperarse.
Que, el día 19 de igual mes y año, luego de evaluar las circunstancias del caso, valorando especialmente la voluntad de las víctimas, el Sr. Juez a quo decidió suspender el proceso a prueba en la presente causa, por el término de dos años e impuso una serie de reglas de conducta, entre las cuales continuar y completar el tratamiento de rehabilitación por consumo de estupefacientes que actualmente se encuentra realizando en la institución Vencer para Vivir, Centro de Rehabilitación para drogadependientes y otras adicciones.
IV. El Sr. Juez, Dr. Fabián Cardoso dijo:
Preliminarmente, corresponde destacar que el párrafo cuarto del art. 76 bis del CP establece que: "... Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio ...".
De lo expuesto se colige, que, más allá del encaje legal previsto para el delito en estudio o de las condiciones personales del imputado, resulta necesario, para suspender el proceso a prueba, el consentimiento del Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, lo medular de la cuestión a dilucidar radica en considerar o no razonable la posición del acusador público, para de ese modo descartar la presencia en la voluntad del Estado de algún tipo de arbitrariedad, la que, por definición, no puede ser permitida ni tolerada.
En tal sentido debe ser interpretado el dispositivo del plenario "B.L.E. y otro s/ Recurso de Queja (art. 433, CPP)" del Tribunal de Casación Penal provincial, en tanto argumenta que la anuencia del Fiscal es, en principio, necesaria en todos los supuestos contemplados en la norma del art. 76 bis del aludido cuerpo normativo.
Y en el caso, el representante del Ministerio Público Fiscal negó dicho consentimiento, tras ponderar las características del hecho investigado.
Véase que -tal como fuera expresada aquella oposición- no se advierte motivación por la cual la concesión de la suspensión del proceso a prueba se mostraría incompatible con las finalidades de prevención que el Ministerio Público procura resguardar; y tampoco se desprende una explicación que sustente por qué la proposición de la Defensa resultaría insuficiente.
Es cierto que, al fundar el recurso, la Sra. Agente Fiscal profundizó sus objeciones y destacó aspectos concretos que rodearon el suceso, tales como la utilización de un arma (una cuchilla) y las amenazas atribuidas a G.; sin embargo, esa exposición posterior no permite soslayar que la oposición inicialmente sostenida en la audiencia careció de un desarrollo argumental que vinculara tales circunstancias con la improcedencia de la solución alternativa solicitada.
Que, tales particularidades no permitirían afirmar que el a quo hubiera desplazado el centro del análisis del dictamen, toda vez que su decisión no se fundó únicamente en la carencia de antecedentes del imputado o que se encuentre internado actualmente.
Que, de otra parte, tampoco puede perderse de vista que el Ministerio Público Fiscal, previamente había propiciado la celebración de un juicio abreviado, postulando una pena de ocho meses de ejecución condicional; si bien esa circunstancia -al tratarse de institutos diferentes- no equivale a prestar conformidad con la suspensión del proceso a prueba, se muestra como un dato que podría ser considerado al procurar arribar a una respuesta penal adecuada para el caso.
En ese sentido, nótese que el órgano acusador al presentar la propuesta de juicio abreviado propuso que se le impongan al imputado las reglas de conducta establecidas en los incisos 1° y 3° del art. 27 del CP por dos años, sin solicitar las medidas de prohibición de contacto o acercamiento que ahora reclama.
Por lo demás, sobre la omisión de oferta de reparación del daño, obsérvese que las funcionarias policiales, en su calidad de presuntas víctimas, señalaron en audiencia que no se oponían a la procedencia del beneficio, condicionando lo expuesto a la decisión de la madre de G., también presunta damnificada, quien fue escuchada con posterioridad e hizo saber que su deseo consistía en que su hijo realice el tratamiento iniciado para que así logre recuperarse, es decir que -en el caso- la solución adoptada aparecería como una respuesta reparadora para la resolución del conflicto.
A lo que debe sumarse que lo decidido no importa extinguir o limitar eventuales pretensiones económicas pues -en caso de objeción- la parte damnificada tiene habilitada la vía civil correspondiente.
Que, sin perjuicio de que la opinión de las víctimas no resulta vinculante ni desplaza los restantes requisitos legales, lo cierto es que constituye un elemento que debe ser ponderado, conforme lo establecido en el art. 404 del CPP.
Así las cosas, no se advierte que la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado resulte contraria a los fines del instituto, por cuanto ejerció el control jurisdiccional que le corresponde frente a una oposición que, -en los términos en que fue formulada- no alcanzó a justificar la improcedencia del beneficio.
Finalmente, sin perjuicio de lo antedicho, y a fin de garantizar un adecuado seguimiento de la regla de conducta vinculada al tratamiento de rehabilitación, considero pertinente incorporar a las condiciones impuestas por el Sr. Juez de grado: 1) la designación de un familiar responsable a los fines de supervisar su efectivo cumplimiento; y 2) que el juzgado interviniente requiera a la institución Vencer para Vivir informes mensuales donde se de cuenta de la continuidad del tratamiento y su evolución, quedando a cargo del a quo su instrumentación.
En virtud de lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal, mantenido por su Superior Jerárquica, confirmar la resolución atacada por encontrarse ajustada a Derecho, sumando las condiciones detalladas en el párrafo precedente. Así lo voto.
V. El Sr. Juez, Dr. Fernando Gabriel Bellido dijo:
Por compartir los argumentos de mi colega preopinante, a los que adhiero, voto en igual sentido.
Por lo que antecede y citas legales que contiene, este Tribunal RESUELVE : I) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal, mantenido por su Superior Jerárquica, y CONFIRMAR la resolución dictada el 18 de septiembre de 2026, mediante la cual se concedió a K.L.G. la suspensión de juicio a prueba, en la causa que corresponde a este incidente. II) HACER SABER al Sr. Juez de grado que deberá sumar a las condiciones impuestas: 1) la designación de un familiar responsable a los fines de supervisar el efectivo cumplimiento de rehabilitación; y 2) requerir a la institución Vencer para Vivir informes mensuales donde se de cuenta de la continuidad del tratamiento y su evolución, quedando a su cargo la instrumentación de ambas medidas. Sin costas. (arts. 76 bis y ccs. del CP; 56, 404, 439, 440 párrafo primero, 530 y 531 del CPP).
Regístrese. Cumplido, devuélvase este incidente al Juzgado que lo elevó, quedando a cargo de su Secretaría las notificaciones de esta resolución, debiendo hacer saber a las partes lo establecido en el art. 2 de la Ac. 4011 de la SCBA. Sirva a presente de atenta nota de envío.
Firmado en la ciudad de Morón, en la fecha indicada en las referencias.
Firmas
Funcionario firmante: BELLIDO Fernando Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: CARDOSO Fabian - JUEZ
Funcionario firmante: GOMEZ Griselda Mariana - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1028-2026
Fin de la sentencia