Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 30547 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución dictada con fecha 6 de julio del corriente año por la Juez de Responsabilidad Penal Juvenil, Silvina Darmandrail, en cuanto no hace lugar al pedido de revisión y rechazo de unificación efectuado por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Saumell, a favor de Nahuel Elias Diagne y remite al Tribunal Oral Criminal nº 4 a los fines de unificar las condenas (arts. 55 y 58 del CP). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la Defensora Oficial, María Fernanda Saumell. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-30547-1. "DIAGNE, NAHUEL ELIAS S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE CONDENA".
Mar del Plata, 7 de Octubre de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-30547-1, y de cuyas constancias,
1. Con fecha 6 de julio del corriente año, la Juez de Responsabilidad Penal Juvenil, Silvina Darmandrail, resuelve no hacer lugar al pedido de revisión y rechazo de unificación efectuado por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Saumell, a favor de Nahuel Elias Diagne y, en consecuencia, firme que sea el presente, remitir al Tribunal Oral Criminal nº 4 Dptal. copia del presente pronunciamiento, junto con testimonio de la sentencia condenatoria firme y del cómputo de pena, a fin que dicho Tribunal tenga a bien dictar la resolución que por derecho corresponda (arts. 55 y 58 del CP).
2. Contra ello interpone la Defensora Oficial, María Fernanda Saumell, recurso de reposición con apelación en subsidio.
Advierte que no se ha dado respuesta al planteo de revisión de la pena impuesta en estos obrados al joven Diagne sino que únicamente se esbozaron los fundamentos a favor de la unificación de penas aplicadas en distintos fueros para propiciar en pos de afianzar dicho trámite en particular.
Recuerda que Diagne se encuentra privado de la libertad en un ámbito institucional, porque ejecuta una pena impuesta por un hecho cometido durante su adultez, donde se ve absolutamente imposible cumplir los objetivos irrestricto de este fuero. Hace alusión a la severa situación de vulnerabilidad del encausado, siendo un joven huérfano, en situación de calle y con problemas de adicciones, habiendo sido expuesto en serias situaciones de riesgo, una de ellos le produjo que por mucho tiempo tuviera ano contra-natura.
Alega que teniendo la facultad de poder revisar la necesidad de pena, a fin de robustecer el estado punitivo en su contra, podría la pena impuesta declararse innecesaria, evitando la composición que pretende el Fiscal, quien quizás no ha realizado aún un análisis que en las condiciones de encierro que advierte la prisiones en la provincia de Buenos Aires - tal como bien lo dijo la SCBA en el fallo P. 133682 - esta sanción motivara mayor daño en la vida de su defendido que bajo ningún punto de vista se corresponde con las finalidades y razones de este fuero.
Entiende que el hecho de que las condenas y penas de distinto fuero puedan o no aplicarse es un litigio que esta en pie pues la palabra final debe ser aquella que emita la CSJN cuando atienda a los compromisos internacionales en las condiciones de su vigencia, es decir, la interpretación que hace la Corte IDH de este tratado en conjunto con la CADH.
Critica que el art. 58 del CP es una norma doméstica e insuficiente para enervar todo el conglomerado de derechos y pautas que surgen de la CIDN de acuerdo a las pautas de la Corte IDH que por ejemplo emitido en el caso "Mendoza vs. Argentina" que nos obliga en todo su contenido, no solo la parte resolutiva por haber sido parte.
Remarca que se dieron sobradas razones de hecho y de derecho que fundamentan la necesidad de que se ejerza el control de convencionalidad sobre la viabilidad de la pretensión fiscal en función de las deficitarias condiciones de detención que viene afrontando el joven en establecimientos del SPB en colisión con los principios y estándares exclusivos de este fuero especializado y cuyos conceptos elementales no pueden escapar de un análisis serio sobre la legitimidad para componer sanciones que encierran distintas finalidades y tratamiento.
Recuerda que el Estado Argentino invoca derecho interno para sortear sus compromisos internacionales (arts. 27 y 31 de la Convención de Viena en relación con lo dispuesto en el art. 1.1 y 2 de la CADH).
Critica que en ningún momento, luego de tres años de haber dictado la sentencia, se hace un análisis de la legitimidad de ejecución de la pena. Se hace un computo y se notifica.
Enfatiza en que se esta solicitando que se revise la legitimidad constitucional de ejecución de la pena que la fuera aplicada a Diagne en el año 2016 por hechos cometidos en la franja temporal del año 2013-2014 cuando era adolescente, y hoy se encuentra privado de la libertad, seguramente, en condiciones inhumanas. Es lógico pensar que esos datos han variado en sentido de desmedro y profundización de la marginalidad en este tiempo de encierro absoluto en el SPBA.
Sostiene que debe darse respuesta a esta nuevo interrogante de la defensa: de qué manera y con qué justificación, ante los hechos nuevos (privación de la libertad en un contexto pernicioso y cruel de acuerdo a la resolución 3342/19 de la SCBA, condiciones previas socio económicas de suma vulnerabilidad y abandono, con una insatisfacción sistemática de derechos, la precariedad e ineptitud de los efectores del poder ejecutivo ante la complejidad acreditada en el año 2016, hoy seguramente asentada con este largo tiempo bajo un cautiverio penitenciario) más la pretensión efectuada por el Fiscal de componer sanciones de otro fuero que se ejecuta en la UP 15, y no haber tenido en consideración - a diferencia de otros supuestos en este instancia y fuero especial - el tiempo que se sufrió detenido en esa causa del Tribunal Criminal Nro. 4, se legitima insistir y continuar con la ejecución de una sanción que se advierte desentendida del Tratados de DDHH en relación a la reacción penal dirigida a personas que responden por ilícitos cometido durante su minoría de edad.
Solicita tal como se expusiera con anterioridad que se forme incidencia de revisión de pena, y conforme todo lo que aquí explicado, previa audiencia del art. 12 de la CIDN con el joven, se decide sobre la eximición de ejecutar el castigo que fuera aplicada por S.S oportunamente, ello de acuerdo a los nuevos hechos, las circunstancias personales de Diagne, el tiempo transcurrido, y la situación - no atendida en este proceso - de estar ejecutando una pena en otro expediente.
Por otro lado, aduce falta de presupuestos del art. 58 del CP. Entiende que el tiempo de encierro cumplido en la otra causa debe computarse en esta, atendiendo que la modalidad de la ejecución de la sanción que aquí le fuera irrogada al joven no es factible que se cumplida en libertad, ello de conformidad con los principios de razonabilidad y proporcionalidad más el plus de derechos exclusivos de este fuero que deben guiar el sentido de las decisiones jurisdiccionales. Cita los principios de ultima ratio y subsidiariedad. Advierte que Diagne está privado de la libertad desde hace un tiempo que excede con creces el término de la condena aquí impuesta y en forma paralela a la sustanciación de este proceso.
Indica que permaneció por un lapso de 2 meses en la medida de morigeración a la prisión preventiva, para luego, el 19 de febrero del año 2015 disponer su cese. Se agravia por cuanto se tuvo conocimiento de su detención en el fuero de adultos y que una interpretación ajustada de las normas superiores conlleva computar aquél tiempo de privación de la libertad en esta causa. Cita jurisprudencia.
Analizadas que fueran las constancias de autos adelantamos que la resolución debe confirmarse. A los fines de un mejor ordenamiento corresponde en primer lugar citar los antecedentes procesales respecto del encausado.
1. Los hechos delictivos que fueron materia de condena en estas actuaciones datan de fines del año 2014, momento en el cual Diagne contaba con 16 años de edad. Es por ello que se declaró su responsabilidad penal el 02 de noviembre de 2015, y se dictó sentencia condenatoria el 30 de noviembre de 2016 (una vez cumplidos los 18 años de edad), la que recién quedó firme el 16 de agosto de 2019. Es dable recordar que se le impuso la pena de un año y seis meses prisión de ejecución condicional, con imposición de reglas de conducta (fijar domicilio y someterse al control del Centro de Referencia), por igual período, en orden a los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y banda (art. 167 inc. 2 del CP), robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda (art. 167 inc. 2 del CP), robo en grado de tentativa (arts. 42 y 164 CP), encubrimiento (art. 277 inc. 1 c CP), robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma cuya actitud para el disparo no puede tenerse por acreditada (art. 167 inc. 2 y 166 inc. 2 último párrafo CP), y robo agravado por efracción en grado de tentativa (arts. 42 y 167 inc. 3 CP).
El período de cumplimiento de las reglas de conducta vencerá el día 14 de diciembre de 2020.
2. Por otro lado, el causante se encuentra condenado en el fuero de mayores a la pena única de cinco años de prisión de efectivo cumplimiento, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de utilería y violación de domicilio y daño, sanción que comprende, asimismo, la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de robo agravado en poblado y en banda, todo ello en causa nº 1402 del Tribunal Oral Criminal nº 4 Departamental, y acumuladas nº 1461, 1478, 1500 y 1506 (IPP 17880/16, 7345/16, 6249/16y 5252/16).
Asimismo, y conforme cómputo obrante a fs. 14, la pena impuesta al imputado en la causa de mención vencerá el 28/12/2021.
3. Lo anterior resulta revelador de la incapacidad de Diagne de respetar las normas sociales y mantener un comportamiento acorde a la ley.
Así, no puede soslayarse que fue condenado por la comisión de seis hechos delictivos durante su minoría de edad, y la sentencia que mereció por ello nunca pudo ser ejecutada, pues durante el tiempo que transitó la etapa recursiva fue detenido y condenado por la comisión de otros hechos, siendo ya mayor de edad.
De este modo, compartimos la postura sentada por la Juez Darmandrail.
Tampoco puede perderse de vista que la condena impuesta en autos a Diagne ya tuvo en cuenta le reducción postulada por el fallo "Maldonado", a la vez que la situación de vulnerabilidad al momento de imponer pena, lo cual luce patente en virtud del escaso monto y bajo la modalidad de ejecución condicional, pese a la multiplicidad y gravedad de los hechos. Aquí, corresponde destacar que la Juez de la instancia sostuvo que "con esa pena y modalidad de cumplimiento, se pretendió brindar al joven una mejor perspectiva resocializadora, en su carácter de delincuente primario a ese momento, teniendo en cuenta el efecto contramotivdor que surge de la amenaza de tener que cumplir efectivamente la pena en caso de reiteración delictiva".
Huelga aquí destacar que el dictado de la sentencia implicó necesariamente el dictado del auto de responsabilidad, y la realización de un tratamiento tutelar por el lapso de dos años, cuyo resultado negativo fue tenido en cuenta al dictarse la necesidad de imponer pena (cfr. art. 4 de la ley 22.278), y que fue confirmada por los Tribunales superiores en la etapa recursiva.
Sin perjuicio de ello, surge a todas luces la incapacidad del joven de internalizar ni aprovechar las oportunidades con las que contó, habiéndose remarcado ya en detalle en la sentencia condenatoria que el Estado sí estuvo presente, y se vio en poco tiempo involucrado en cuatro nuevos hechos delictivos, que derivaron en el dictado de otra sentencia condenatoria unificada por otros delitos de gravedad, reincidiendo en la apropiación de lo ajeno. De este modo, la revisión de la necesidad de imponer pena que propone la Dra. Saumell, en función de su estado de vulnerabilidad y difícil situación de vida no puede prosperar. Los fines de la pena, lejos de constituir un castigo y sufrimiento como sostiene la Defensa, es la readaptación del individuo, brindándose para ello diferentes herramientas tratamentales dentro de las Unidades Penales. Más aún, teniendo en cuenta los fines específicos del fuero, donde se destaca “la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad” (art. 40, inc. 1° de la CDN).
Lejos se está en el caso de incumplir con obligaciones o normativa internacional, como tampoco observamos que estemos ante una situación que amerite un control de convencionalidad o la revisión de la necesidad de imponer pena. Se trata de una pena corta de ejecución condicional por la comisión de seis hechos de gravedad, y donde se ha acreditado el total fracaso del tratamiento tutelar, sin que existan hechos sobrevinientes que ameriten mutar lo resuelto.
Lo anterior, sumado a todo lo señalado por la a quo, sellan la suerte del pedido, a pesar de destacarse el gran esfuerzo de la Defensa.
Ello no implica pasar por alto la normativa específica del fuero, que justamente se tuvo en cuenta en todo momento, como ya se ha remarcado.
4. Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente en favor de la unificación de sentencias del fuero minoril con el de mayores (ver sent. del 20/5/2011 en c. 16818 "Bustamante"), puesto que rige en nuestro ordenamiento jurídico penal el principio de unidad de reacción penal. De allí que "cualquiera sea el número de penas que deban ejecutarse sobre la misma persona, el principio republicano ... hace necesario unificar el trato punitivo conforme las particularidades individuales del sujeto concreto" (ZAFFARONI, Eugenio Raúl y ots. Derecho Penal. Parte General Ed. Ediar, Bs. As. 2002, p. 1006).
A su vez, se remarcó en c. 27061 "Ferreyra" que "a fin de garantizar los extremos relacionados con las especiales características de los derechos del niño que deben trasladarse a la condena única que se impone pronunciar en autos, deberá el sentenciante unificador tener en cuenta bajo la normativa que fue dictada una de las condenas a unir, ello con el objetivo de lograr una respuesta punitiva ajustada a derecho. Luego, teniendo en cuenta esa especial tarea..., nada obsta a que se apliquen las normas emergentes del artículo 58 del CP."
De este modo, y resultando pacífica la jurisprudencia en este punto, habiendo ya la Juez de la Instancia citado abundantes pronunciamientos de todas las instancias, corresponde estar a lo allí resuelto, sin que existan motivos novedosos que permitan variar el criterio ya adoptado por el Tribunal.
5. Por su parte, tampoco asiste razón a la Defensa en cuanto sostiene que, habiendo sido detenido en el fuero de mayores, debió disponerse su detención conjunta. Es dable recordar aquí que la sentencia dictada en el fuero de menores, que imponía una pena de ejecución condicional, se encontraba recurrida, y por lo tanto sus efectos estaban suspendidos hasta tanto adquiriera firmeza, lo que ocurrió recién en agosto del año 2019. Es recién luego de que ésta quedara firme que podía ser ejecutada, y cuando esto sucedió surgió su imposibilidad por el dictado de otra condena en el fuero de mayores, a una pena de efectivo cumplimiento, lo que conlleva ineludiblemente la necesidad de unificarlas, conforme lo dispuesto por el art. 58 del CP.
Esta Alzada ha sostenido reiteradamente que el cómputo de pena debe realizarse en cada causa por separado, independientemente de los períodos de detención que el mismo condenado hubiera cumplido en otros procesos. Las anomalías que pudieran suscitarse en caso de detenciones no comunicadas o que por algún motivo no hubieran generado la revocación de una libertad concedida, encuentran su remedio en el cómputo a realizarse una vez efectuada la unificación pertinente, luego de lo cual sí corresponde considerar la totalidad del lapso de privación de libertad padecido.
6. Encontrándose suspendidas las audiencias en razón de la Pandemia, tratándose de una cuestión técnica, y no habiendo tampoco solicitado la Defensa su celebración, se prescinde de la audiencia prevista en el art. 60 de la ley 13.634.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar la resolución dictada con fecha 6 de julio del corriente año por la Juez de Responsabilidad Penal Juvenil, Silvina Darmandrail, en cuanto no hace lugar al pedido de revisión y rechazo de unificación efectuado por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Saumell, a favor de Nahuel Elias Diagne y remite al Tribunal Oral Criminal nº 4 a los fines de unificar las condenas (arts. 55 y 58 del CP). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por la Defensora Oficial, María Fernanda Saumell. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 07/10/2020 12:34:26 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2020 12:34:39 - POGGETTO Pablo Martin
Funcionario Firmante: 07/10/2020 12:34:48 - LAYA Facundo - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Fin de la sentencia