Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 126470
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 126.470, "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen y otra contra Provincia de Buenos Aires. Incidente de ejecución por daño emergente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había ordenado llevar adelante la ejecución por la suma de trescientos doce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochenta y nueve pesos ($312.485.089) en concepto de daño emergente y desestimado la aplicación de la ley 12.836 al caso de autos. Así también confirmó la providencia de fecha 25 de octubre de 2022 que había decretado la medida cautelar solicitada por las accionantes, destacando el carácter ejecutorio del embargo trabado en dicha oportunidad (conf. sent. de fecha 7-III-2023).
Se interpusieron, tanto por la letrada apoderada del Fisco de la Provincia de Buenos Aires como por la de la Municipalidad de Chascomús, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 28-III-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el expediente principal "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen contra Provincia de Buenos Aires y otro. Cumplimiento de contrato" se resolvió hacer lugar a la demanda por cumplimiento de contrato promovida por las señoras Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallegos de Sandoni contra las asociaciones cooperadoras de las escuelas n° 15, 20 y 39 del partido de Chascomús, la Provincia de Buenos Aires y el señor Jorge Naqued. Así, se condenó a estos últimos para que dentro del plazo de treinta días procedieran a la escrituración de los inmuebles de los cuales fueron acreedoras las actoras como consecuencia de haber salido favorecidas en una rifa, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 510 del Código Procesal Civil y Comercial. A su vez, se hizo responsable a la Municipalidad de Chascomús con el alcance establecido en el considerando 4° de dicho fallo, imponiendo las costas a los demandados vencidos. En ese considerando se estableció que, en caso de imposibilidad de cumplimiento del premio de la rifa, la Municipalidad de Chascomús debía responder en la etapa de ejecución de sentencia (art. 511, CPCC; v. fs. 1.159/1.168, expte. principal).
Con fecha 18 de septiembre de 2015 la parte actora inició la ejecución de la sentencia (v. fs. 9/13, exp. n° 43.893).
Posteriormente, a través del acto decisorio del día 18 de marzo de 2019 se resolvió desdoblar el conocimiento de los alcances de la condena pretendida, formándose estas actuaciones que llevan el n° 78.373 y el incidente de ejecución del lucro cesante (expte. n° 78.363).
En lo que aquí importa, al resolver la presente incidencia el magistrado de origen mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto los accionados -Fisco de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Chascomús, el señor Jorge Naqued y las asociaciones cooperadoras de las escuelas n° 15, 20 y 39 del partido de Chascomús- hicieran a la parte ejecutante íntegro pago de la suma de trescientos doce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochenta y nueve pesos ($312.485.089) en concepto de daño emergente (v. sentencia y aclaratoria de fecha 19-X-2022).
De otra parte, sostuvo que la ley 12.836 resultaba inaplicable en la especie toda vez que la causa del crédito que se reconocía a los demandantes se había verificado ante la imposibilidad de cumplimiento de la obligación de transferir el campo sorteado en virtud de la adquisición por subasta del inmueble con fecha 6 de junio de 2003 (conf. autos "Polito, Eduardo y otros contra Naqued, Jorge. Ejecución Hipotecaria") -momento en el cual había nacido en cabeza de los acreedores el derecho a la indemnización aquí pretendida-. Por ende, concluyó que al tratarse de una obligación posterior al día 31 de diciembre de 1999 no resultaba alcanzada por el régimen de consolidación de deudas.
Con relación a la tasa de interés, con sustento en la doctrina legal de esta Suprema Corte estableció que cuando -como en el caso- la sentencia había determinado el quantum indemnizatorio en valores actuales, debía emplearse, a fin de evitar distorsiones en el cálculo, en principio el denominado interés puro, establecido en el seis por ciento (6%) anual, desde el día 6 de junio de 2003 y hasta la fecha de dicho pronunciamiento, momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ y Com.). De allí en más, correspondía adicionar la tasa de interés pasiva más alta publicada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para pagar los depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcanzaran a cubrir el lapso señalado, el cálculo debía ser diario con igual tasa (conf. causa. C. 122.687, "Rodríguez", sent. de 17-XI-2020; e.o.).
II. Apelado dicho fallo por las asociaciones cooperadoras de las escuelas n° 15 y 39, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Chascomús, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata lo confirmó; como así también la providencia de fecha 25 de octubre de 2022 que había decretado la medida cautelar solicitada por las accionantes, destacando el carácter ejecutorio del embargo trabado en dicha oportunidad (conf. sent. de fecha 7-III-2023).
III. Frente a este pronunciamiento, los letrados apoderados del Fisco de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Chascomús interponen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley por medio de los cuales denuncian la errónea aplicación de los arts. 165, 195, 212 inc. 3, 384, 500, 501, 506, 511 inc. 4 y 557 del Código Procesal Civil y Comercial; 499, 505, 519, 520, 617, 619, 622, 628, 629, 801, 802 y 889 del Código Civil (ley 340); 724, 726, 730, 772, 938 inc. "a" del Código Civil y Comercial de la Nación; 8 de la ley 12.836; 1 y 2 de la ley 11.684 y 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional. Asimismo, alegan el vicio de absurdo. Finalmente, hacen reserva del caso federal (v. escritos electrónicos de fecha 28-III-2023).
En atención a la similitud de argumentos y pretensiones que muestran ambas piezas de alzamiento habré de abordar su tratamiento conjunto, sin perjuicio del análisis específico que pudiera requerir alguno de los planteos articulados por los impugnantes.
En rigor, los agravios traídos a esta sede extraordinaria se circunscriben, por un lado, a la declaración de inaplicabilidad del régimen de la ley 12.836 al caso de autos; y, por el otro, a la compatibilidad establecida en el fallo entre los intereses fijados en la sentencia y el lucro cesante solicitado por privación de las utilidades derivadas de la explotación del campo rifado, hasta la fecha del efectivo pago.
Por su parte, el Fisco provincial cuestiona el mantenimiento del embargo decretado en la instancia de origen.
IV. Los recursos no prosperan.
De manera liminar, cabe señalar que corresponde el tratamiento prioritario de las presentes actuaciones en atención al tiempo transcurrido desde el inicio del expediente principal (13-V-1998; v. autos "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen y otra contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Cumplimiento de contrato") y del incidente de ejecución de sentencia (18-IX-2015; v. autos "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen y otra contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Ejecución de sentencia") y a los efectos de que el trámite resulte respetuoso de lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (conf. arts. 1, 2 inc. "n", 4 inc. "b" y 31, Convención cit. y 34 inc. 5, CPCC; ley 27.700; arts. 15 y 36 inc. 6, Const. prov.; 31 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 1, 2, 8 inc. 1 y 25, CADH).
IV.1. Ingresando así inmediatamente en el análisis de los cuestionamientos esbozados, sostienen los quejosos que el fallo en crisis, al declarar inaplicable al caso la ley 12.836, ha vulnerado los arts. 499, 505, 519, 520, 617, 619, 622, 628, 629, 801, 802 y 889 del Código Civil (ley 340) y 724, 726, 730, 772, 938 inc. "a" del Código Civil y Comercial de la Nación.
IV.1.a. En tal sentido, aducen que el Tribunal de Alzada yerra al considerar que la causa determinante de la presente deuda por pago del daño emergente fue la imposibilidad de escriturar ocasionada por el traspaso del dominio del campo rifado al adquirente en subasta -hecho concretado con la aprobación del remate en fecha 6 de junio de 2003- (v. causa "Polito, Eduardo y otros contra Naqued, Jorge. Ejecución Hipotecaria") y a que, en atención a tal fecha, quedaba excluida del régimen de consolidación.
Afirman que la obligación tiene su origen en el contrato aleatorio de rifa celebrado en el año 1996 -y, por ende, se encuentra alcanzada por la ley 12.836- sin que pueda sostenerse válidamente que existe una nueva causa toda vez que "...la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés" (conf. arts. 505 y concs., Cód. Civ. y 724, Cód. Civ. y Com.).
En este orden de ideas, aducen que la causa del deber -contrato de rifa- jamás mutó, variando exclusivamente el objeto de la prestación debida para satisfacer el interés del acreedor (la obligación de dar una cosa cierta se transformó en la de entregar determinada cantidad de moneda representativa del valor de esa cosa).
A la par, arguyen que el erróneo razonamiento de la Cámara resulta manifiesto cuando afirma que "...habiéndose resuelto el contrato aleatorio de rifa en virtud de la imposibilidad jurídica para su cumplimiento" nació por novación "...una obligación con causa, objeto y sujetos diferentes a la anterior", pues no puede producirse una novación a partir de la modificación de todos los elementos esenciales de una obligación, dado que la novación supone una obligación anterior que le sirve de causa (art. 802, Cód. Civ.).
En suma, expresan que la mutación de la causa fuente de la obligación que declaró la sentencia carece de sustento jurídico porque las partes no han convenido ningún cambio al respecto y la ley dispone exclusivamente que la obligación de hacer o dar una cosa cierta (ante la imposibilidad de cumplimiento por culpa del deudor) se transforma en la de entregar una determinada cantidad de moneda, constituyendo su antecedente -contrato de rifa- la fuente exclusiva de tal obligación.
IV.1.b. El presente agravio no puede ser receptado.
En efecto, la Cámara comenzó por señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación determina en su art. 777 -para las obligaciones de hacer- en el mismo sentido que lo hacía el Código de Vélez en sus arts. 628 y 629, que el incumplimiento imputable al deudor de la prestación le da derecho al acreedor a: 1) exigir el cumplimiento específico; 2) hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor; 3) reclamar los daños y perjuicios.
Sostuvo que el art. 511 del Código Procesal constituye aplicación de la legislación de fondo (en particular del art. 629, Cód. Civ.), cuyas previsiones complementa, regulando las diversas situaciones que pueden plantearse en la práctica.
Precisó que la condena a escriturar es una obligación a cumplir. Tan es así que si no se cumple voluntariamente se cumplirá compulsivamente. Ello resulta de la norma aplicable (art. 510, CPCC). Pero puede ocurrir que el cumplimiento no resulte viable, es decir, que esa condena a escriturar no pueda concretarse, sea el valladar de origen legal o de naturaleza personal.
Cualquiera sea el caso, expresó, se está en presencia de una obligación de cumplimiento imposible, supuesto para el que la ley prevé expresamente el procedimiento a seguir: el establecido en el art. 511 del Código Procesal Civil y Comercial que, justamente, dispone que la obligación se resolverá en el pago de los perjuicios resultantes del incumplimiento.
En dicho orden de ideas refirió que si no se cumple voluntariamente y no se pudiera hacer cumplir por el juez, sobreviene entonces la etapa de ejecución de sentencia -estadio actual de estas actuaciones- y el magistrado declarará la resolución del contrato y transformará la condena a hacer en la de pagar los daños y perjuicios provenientes de la inejecución y tramitará como lo dispone el art. 511, cuarto párrafo del Código de rito.
Ello -concluyó- equivale a un supuesto de novación legal: la obligación de escriturar se transforma en una obligación dineraria cuya causa deja de ser el contrato que dio lugar a la primera, el cual se resuelve, para encontrarla ahora en el hecho concreto que imposibilita la ejecución de la escritura (conf. arts. 801, 802 y 812, Cód. Civ.).
A la luz de dichos conceptos juzgó que se configuraba la hipótesis sostenida por el señor juez de grado, quien si bien no había hablado expresamente de "novación" la había descripto claramente al señalar que la relación jurídica que unía a las partes, en razón del contrato de rifa, se había extinguido -por imposibilidad de cumplimiento- dando nacimiento a una nueva con una mutación esencial en su prestación primitiva.
Con motivo de ello, la Cámara declaró que la causa determinante de la presente deuda por pago de daño emergente resultaba de la imposibilidad de escriturar, ocasionada por el traspaso del dominio del campo rifado al adquirente en subasta -hecho concretado con la aprobación del remate el día 6 de junio de 2003- razón por la cual la obligación no se encontraba consolidada, por encontrase excluida del período que comprende la ley 12.836.
IV.1.c. Pese al esfuerzo argumental desplegado por los recurrentes, advierto que la crítica ensayada no logra demostrar las violaciones legales denunciadas (art. 279, CPCC).
En primer lugar, debo señalar que la hipótesis examinada, la obligación nacida de un contrato celebrado en el año 1996 cuyo incumplimiento definitivo se produjo en el año 2003 -hechos que arriban incontrovertidos a esta sede extraordinaria-, debe regirse por las normas del Código Civil de Vélez, en virtud de tratarse de relaciones y hechos jurídicos consumados bajo la vigencia de dicho ordenamiento legal, sin perjuicio de que sus efectos o consecuencias -en tanto perduren en el tiempo- deban ser analizadas a la luz de las disposiciones de la ley 26.994.
No obstante lo expuesto, entiendo útil -en cuanto sea pertinente- hacer referencia a las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que resulta una importante pauta de interpretación y guía en tanto ha receptado la doctrina y la jurisprudencia dominantes en la materia que aquí nos ocupa.
Tal como surge de la reseña antes efectuada, el Tribunal de Alzada sostuvo que el incumplimiento culposo definitivo (no pago) -arts. 628 y 629 del Código Civil y 777 del Código Civil y Comercial- produce la extinción de la obligación originaria por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla -conforme la definición de novación: arts. 801 del Código Civil y 777 del Código Civil y Comercial-, cuyo objeto modificado convierte a la obligación "en la de pagar una indemnización" -arts. 888 y 889 del Código Civil y 955 última parte del Código Civil y Comercial-, encontrándonos ante un supuesto de novación por disposición de la ley, admitido ampliamente por la doctrina y hoy regulado expresamente en el art. 941 -"novación legal"- del Código Civil y Comercial de la Nación.
Los quejosos cuestionan dicho razonamiento afirmando que la obligación originaria se ha perpetuado, haciendo hincapié en la doble instancia que -a su entender-puede existir en toda obligación: a) un primer momento en el que el deudor debe pagar y de ese modo satisfacer en interés del acreedor y b) uno ulterior en el que, de no verificarse el pago de la deuda, se habilita al acreedor a obtener la satisfacción de dicho interés forzadamente por medio de una indemnización.
Sin embargo, como se verá a continuación, el derecho del acreedor a una "indemnización" no nace de la obligación originaria, sino que es el incumplimiento culposo definitivo del deudor equiparado a la imposibilidad subjetiva definitiva de pago (caso de autos; arts. 888 y 889, Cód. Civ. y 955 última parte, Cód. Civ. y Com.) el hecho idóneo configurativo de la responsabilidad civil que da lugar a la obligación de reparar (en la órbita contractual, denominada indemnización sustitutiva de la prestación primigenia). Imposibilidad que, en la especie, acaeció el día 6 de junio de 2003 cuando se perfeccionó la subasta realizada sobre el inmueble.
Esto es así pues la obligación otorga al acreedor un "derecho al pago" -que incluye tanto la posibilidad de exigir su cumplimiento específico o hacer cumplir la prestación por terceros a cargo del deudor, conforme los arts. 628 a 630 del Código Civil y 777 del Código Civil y Comercial- pero no, como afirman los quejosos, un crédito indemnizatorio, el cual nace únicamente ante el incumplimiento culpable y definitivo de la prestación.
Esta conclusión no es sino la derivación de las normas que resultan aplicables en la especie y de los institutos jurídicos en juego.
En efecto, el Código Civil regulaba en el Libro II -De los derechos personales en las relaciones civiles- Sección Primera, Parte Segunda -Extinción de las obligaciones- Título XXIII -De la imposibilidad de pago- en el art. 889: "Si la prestación se hace imposible por culpa del deudor [...], la obligación primitiva, sea de dar o de hacer se convierte en la de pagar daños e intereses".
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación de manera concordante y también dentro del título dedicado a los modos de extinción de las obligaciones en general dispone expresamente en el art. 955 in fine que "Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados".
Ahora bien, el quid de la cuestión a dilucidar consiste en determinar si dicha imposibilidad es fuente de una nueva obligación o simplemente un nuevo tramo de la preexistente como afirman los impugnantes. Para ello debemos analizar si esta "conversión" a la que hacen referencia las normas aludidas importa en rigor una novación.
El Código de Vélez entendía a la novación como "la transformación de una obligación en otra" (conf. art. 801, Cód. Civ.). Sin embargo, doctrinariamente se sostenía que ese concepto era incorrecto y se acudía a la idea del reemplazo de una obligación preexistente por otra nueva que la sustituía (Bueres, J. Alberto J; Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y concordado, Hammurabi, 2015, art. 801 y sigs.).
Actualmente el Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 933, define a la novación como "...la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla", recogiendo de tal modo las críticas doctrinarias referenciadas.
Por lo tanto, tomando este concepto como pauta fundamental de hermenéutica como así también la ubicación del precepto que aquí nos ocupa en el marco de los modos de extinción de las obligaciones, no puede sino concluirse que la "conversión" de la obligación primigenia en la de pagar una indemnización por daños (conf. arts. 889, Cód. Civ. y 955, Cód. Civ. y Com.) -hipótesis de autos- importa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.