Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la providencia de fecha 11 de septiembre de 2026 en todo lo que ha sido materia de agravios y, en consecuencia, disponer que la Sra. Magistrada de grado decrete la medida cautelar solicitada.
2SIN COSTAS en esta instancia, por tratarse de una controversia entre la parte y la judicatura (art. 69 CPCC).
Puerto Madryn, de noviembre de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Estos autos caratulados “ y Otro c/ s/ Incidente de ejecución de honorarios en autos caratulados .” (Expte. N° 403/26) venidos del Juzgado Laboral N° 3 (Expte. N° 20320/26), por haber interpuesto el peticionante recurso de apelación contra la providencia de fecha 11 de septiembre de 2026.
I. La Sra. Jueza de grado, mediante el resolutorio de marras, dispuso: “Sin perjuicio de lo manifestado, a los fines de evitar la traba de embargos múltiples, deberán los peticionantes optar por una de las entidades bancarias/financieras sobre la cual pretende la medida. Ello, a efectos de no desnaturalizar la orden oportunamente dispuesta y evitar un perjuicio innecesario al deudor.”. Explica la apelante que al exigir que su parte “opte” por una sola entidad, la providencia recurrida no provee la ampliación solicitada: la convierte en una sustitución que nadie pidió y que el art. 205 CPCC reserva a la iniciativa del deudor.
Señala que su parte no requirió un embargo genérico ni una orden dirigida a la totalidad del sistema financiero, sino que individualizó una única entidad determinada -Mercado Pago-; la ampliación se peticionó expresamente por el saldo remanente, previa deducción de lo ya trabado, de modo que la suma total cautelada no puede en ningún caso superar la oportunamente fijada; y la medida no se solicita de manera simultánea sino sucesiva: recién se peticionó una vez conocido el resultado del diligenciamiento de la anterior, informado por la entidad y obrante en autos.
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Expresa que la cautelar fue concedida sobre la base del art. 214 inc. 3° el CPCC y del art. 71 inc. b Ley XIV N° 1, esto es, la existencia de sentencia favorable a su parte. Agrega que ninguna norma del ordenamiento limita la cantidad de bienes o entidades sobre los que puede recaer un embargo preventivo en resguardo de un mismo crédito, bastando con que la suma total cautelada no exceda la judicialmente fijada, recaudo que esta parte respetó expresamente.
II. El embargo preventivo resulta del derecho que posee el acreedor sobre los bienes de su deudor afectados al cumplimiento de las obligaciones contraídas. Es una medida procesal de garantía en cuanto un bien perteneciente al deudor queda afectado al pago del crédito ejecutado. Por su parte, cabe recordar que la ampliación de embargo permite acrecentar la cantidad de bienes inmovilizados a un deudor, ante la insuficiencia para cubrir la deuda, intereses y costas, acrecentamiento que puede solicitarse en cualquier momento.
Es dable dejar sentado que la embargabilidad sobre todos los bienes del deudor (cfr. 743 CCyC.) es la regla general, en tanto ellos son la garantía común de los acreedores.
El art. 205 CPCC establece que el acreedor puede pedir la ampliación mejora o sustitución de la medida ordenada, siempre que justifique que la misma no cumple en forma adecuada la función de garantía a la que está destinada. El principio que inspira dicha norma se funda en que se mantenga protegido el crédito garantizado por la disposición aplicada en tal sentido.
En el caso que nos ocupa la ampliación del embargo solicitada exhibe, como soporte de su subsistencia, la exigua suma embargada en el , por lo que queda demostrada la <BANCO_1> insuficiencia del mismo para cumplir la función de garantía para la que fue ordenado.
Por otra parte, como bien lo expresa la recurrente en su libelo, cabe dejar sentado que el pedido impetrado evita la posible multiplicidad de embargos, por cuanto se dirige hacia una única entidad concreta (Mercado Pago) puntualmente individualizada y por el saldo remanente de la suma ya embargada.
En definitiva, de los argumentos de la petición en tratamiento, se dan los supuestos precedentemente indicados para proceder a la solicitud de la recurrente, por lo que corresponde revocar la providencia impugnada en todo lo que ha sido materia de agravios y, en consecuencia, disponer que la Sra. Magistrada de grado decrete la medida cautelar solicitada.
Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, R E S U E L V E:
1. REVOCAR la providencia de fecha 11 de septiembre de 2026 en todo lo que ha sido materia de agravios y, en consecuencia, DISPONER que la Sra. Magistrada de grado decrete la medida cautelar solicitada.
2. SIN COSTAS en esta instancia, por tratarse de una controversia entre la parte y la judicatura (art. 69 CPCC).
3. REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.
La presente causa es firmada por dos vocales por encontrarse el Dr. Julián Emil Jalil en uso de licencia.
REGISTRADA BAJO N° /26 SIL
Fin de la sentencia