Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75662 bis
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon con fecha 27 de abril de 2021 (conf. arts. 503, 504 y 505, CPCC).
II. No hacer lugar a la citación como tercero del señor Guillermo Raúl Sáenz Saralegui requerida por el ejecutado.
III. Llevar adelante la ejecución de honorarios perseguida hasta tanto se efectúe el íntegro pago de la suma equivalente en pesos a … jus, cantidades a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16 ley 6.716, t.o. dec. 4.711/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de la doctora Carolina Ema Morteo frente al Impuesto al Valor Agregado, conforme lo dispuesto en la resolución de fecha 21 de octubre de 2020, con más intereses (art. 506, segundo párrafo, CPCC).
Costas a la parte demandada, en su calidad de vencida (arts. 68 y 69, CPCC).
B.75.662 bis “MORTEO CAROLINA EMA C/CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS EN AUTOS 'DPTO. EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON C/ CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNIC. DE GRAL. PUEYRREDON S/ CONFL. ART. 196 CONST. PROV.; 261 Y SGTES. L.O.M."
I. Mediante resolución de fecha 21 de octubre de 2020 se regularon los honorarios de los letrados apoderados de la actora, doctor Miguel Héctor Eduardo Oroz y doctora Gilda Mónica Druck y los de la letrada apoderada de la demandada, doctora Carolina Ema Morteo, por su actuación profesional en la causa B. 75.662, “Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Pueyrredon c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon s/ conflicto art. 196 Const. prov.; 261 y sgtes. LOM”.
En lo que aquí concierne, el día 28 de octubre de aquel año -en cumplimiento de lo previsto en el art. 54 de la ley 14.967- la doctora Carolina Ema Morteo adjuntó copia digital de la carta documento N°100285889 remitida al Presidente del cuerpo deliberativo comunal, la cual fuera recibida el 12 de noviembre de 2020, conforme constancia acompañada por la mencionada profesional con fecha 16 del mismo mes y año.
Pese a ello, el día 3 de diciembre de 2020 la aquí peticionante manifestó que, vencidos los plazos legales, la demandada no abonó las sumas que fueran oportunamente reguladas por la labor realizada en los autos principales. Frente a esto, se libró una nueva cédula al Concejo Deliberante, la que fue notificada el 22 de diciembre de 2020 (v. documento adjunto a la presentación electrónica de fecha 23-XII-2020 en la causa B. 75.662, cit.).
II. Ante el incumplimiento incurrido y lo requerido por la doctora Morteo, el día 25 de marzo de 2021, se formó el presente incidente de ejecución de honorarios (conf. arts. 175, 177, 498 inc. 3, 500 y concs., CPCC y 15, ley 14.967).
III. Diligenciado el mandamiento de intimación de pago y efectuada la correspondiente citación al ejecutado, se presenta el Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon y opone excepción de falta legitimación pasiva.
Al respecto, alega que la profesional prestó sus servicios y asesoramiento a requerimiento de por quien entonces presidía el cuerpo deliberativo, mediante un decreto dictado ad referéndum de la aprobación del Concejo. Bajo tal entendimiento, afirma que “no existe constancia alguna que permita inferir que la Comisión de Labor Deliberativa (integrada por los presidentes de cada bloque político conforme art. 34 del Reglamento interno de este Honorable Cuerpo) haya prestado tal consentimiento” (v. punto III.a de la presentación de fecha 27-IV-2021).
Asimismo, sostiene que aún de haber existido cierto apoyo a la propuesta de contratación efectuada, tal circunstancia resultaría insuficiente para darle plena vigencia al acto administrativo de nombramiento y que, de las copias certificadas de las actas labradas en comisión que adjunta, no surgen indicios que puedan hacer presumir la voluntad inequívoca y el consenso de todos los bloques que conformaban en aquel momento el mentado cuerpo.
Frente a la ausencia de convalidación expresa del decreto dictado, manifiesta que no es posible disponer de fondos del erario para afrontar el pago perseguido y que no existe registro alguno en el sistema municipal de compromisos a favor de la doctora Carolina Ema Morteo, conforme fuera informado por la Secretaría de Economía y Hacienda comunal.
Luego de destacar la validez del reclamo entablado y la utilidad de la tarea desarrollada por la aquí peticionante en los autos principales, concluye que la ejecución debe dirigirse contra quien fuera por entonces Presidente del Concejo, por haber sido quien suscribió el acto administrativo -a su entender- incompleto e imperfecto de contratación.
En consecuencia, y a la luz de lo normado en el art. 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, solicita la citación como tercero del señor Guillermo Raúl Sáenz Saralegui (conf. art. 94, CPCC).
Finalmente, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
IV. Ordenado el pertinente traslado de la presentación formulada el 27 de abril de 2021, éste fue contestado por la ejecutante con fecha 4 de mayo del corriente año.
En primer lugar, señala que la excepción de falta de legitimación pasiva no se encuentra prevista entre las defensas admisibles en el trámite de ejecución de sentencia (conf. arts. 504 y 542, CPCC).
Argumenta que habiendo sido debidamente notificado el Concejo Deliberante de la regulación de honorarios efectuada en la causa principal, mal puede oponerse ahora a la prosecución de su cobro, sin incurrir en una evidente conducta contradictoria e incongruente. Esto, según su parecer, importa un claro desconocimiento de la teoría del órgano administrativo y el principio de continuidad jurídica del Estado.
En otro orden, requiere que se desestime la citación como tercero planteada, por improcedente. Sobre el punto, arguye que “el órgano HCD del cual el firmante de la petición que contesto formaba parte, no puede hoy, en buena fe, alegar supuestos incumplimientos de normas reglamentarias internas a su cargo” para oponerse al pago de los emolumentos oportunamente fijados a su favor (v. punto II del escrito electrónico de fecha 4-V-2021).
Por último, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia de remate.
V. Es útil comenzar señalando que, aunque es cierto que el art. 504 del Código Procesal Civil y Comercial restringe la posibilidad de defensa a las excepciones que allí se especifican, no lo es menos que ello no significa una veda al análisis de otras vinculadas de manera directa con la justa composición del litigio y con el ejercicio del derecho de defensa en juicio (doctor. causas Ac. 56.604, "Rasuk”, sent. de 10-III-1998; Ac. 81.274, “Castro”, sent. de 19-II-2002 y Ac. 80.537, “Banco Comercial de Tres Arroyos SA”, sent. de 22-X-2003).
Y si bien -como regla- en el proceso de ejecución de sentencia sólo se consideran legítimas las limitadas excepciones que la mencionada norma prevé, en aquellos casos en que se cuestiona la falta de algunos requisitos del título ejecutorio o de las condiciones exigidas para que proceda ese tipo de ejecución, se ha considerado admisible la inhabilidad de título al asimilarla a la excepción de falsedad ejecutoria, siendo aquélla una defensa que se encuentra implícitamente incorporada en el inc. 1° del mentado precepto (conf. causas 56.649, “Itoiz”, sent. de 7-III-1995 y C. 92.029, “Espósito”, sent. de 21-XII-2011).
De lo expuesto, se desprende que -en circunstancias como las que ofrece el caso- aquél contra quien se dirige la ejecución de sentencia puede oponer la excepción de falsedad de la ejecutoria, cuando ésta se funda en el hecho de no encontrarse obligado al pago por la condena impuesta en el fallo o en la falta de identidad de la persona del obligado con la demandada.
Despejada dicha cuestión, cabe recordar que, pese a que en este tipo de trámite las excepciones deben fundarse en hechos posteriores al dictado del pronunciamiento (conf. art. 505, CPCC), tal principio resulta coherente cuando se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un proceso en el que se debatió una cuestión de fondo. Empero, cuando se trata de una regulación de honorarios en que, por hipótesis, no se resolvió sino sobre su monto y nada se dijo acerca del derecho a percibirlos o su procedencia, parece claro colegir que sólo en el momento de excepcionar puede el obligado aducir aquellos hechos anteriores a la fijación judicial de los emolumentos (conf. causa Ac. 80.537, cit.).
VI. En la especie, el ejecutado manifiesta no ser el legitimado pasivo del crédito que la ejecutante pretende cobrar, por la alegada irregularidad del procedimiento de contratación seguido. Más precisamente, por la presunta falta de convalidación por parte del Concejo Deliberante del decreto dictado por quien entonces fuera el presidente del cuerpo.
Para fundar su postura, se vale de una serie de actas y documentos internos, los cuales acompaña, que reflejarían las tratativas -aparentemente, sin éxito- llevadas adelante dentro del seno del Concejo. Asimismo, solicita se libre oficio a la Secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredon, a fin de que informe “si le fue notificado el Decreto de Presidencia del HCD nº 123/19, si se registró el compromiso de pago a favor de la Dra. Carolina Morteo por honorarios profesionales, o se encuentra comprendido dentro de la deuda flotante de esta Municipalidad” (v. punto VI.b de la presentación electrónica de fecha 27-IV-2021).
Por otra parte, el art. 505 del código de rito determina que las excepciones incoadas “se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio”. Esta restricción probatoria, es dable mencionar, se condice con el limitado ámbito cognoscitivo en este tipo de procesos y con la naturaleza del título que se pretende ejecutar.
Esto, en buena medida, sella la suerte adversa del planteo intentado en esta instancia por la parte aquí ejecutada, toda vez que la prueba ofrecida escapa a los límites fijados en la citada norma y los hechos alegados no resultan subjetivamente imputables a la ejecutante.
En efecto, el Concejo demandado no desconoce ni la labor profesional realizada por la doctora Morteo ni la legitimidad de su reclamo; antes bien, cuestiona quién debe afrontar el pago de los honorarios fijados a su favor en los autos principales, los que tampoco impugnó.
Al respecto, cabe señalar que la regulación efectuada fue notificada el día 12 de noviembre de 2020 al domicilio de la sede del Concejo mediante carta documento N°100285889 (v. constancias adjuntas a las presentaciones electrónicas de fechas 28-X-2020 y 16-XI-2020, en la causa B. 75.662) y, luego, el 22 de diciembre de aquel año se cursó la primera intimación de pago (v. cédula diligenciada adjunta a la presentación electrónica de fecha 23-XII-2020). En ninguna de esas oportunidades la demandada se opuso a la prosecución del cobro perseguido, ni postuló cuestionamiento o impedimento alguno.
Así, se advierte que los honorarios que ahora se pretenden ejecutar se encuentran firmes y consentidos, circunstancia que torna exigible el crédito invocado contra quien -coincidentemente- resulta condenado en costas en la causa principal y, por lo tanto, la resolución dictada por este Tribunal el día 21 de octubre de 2020 constituye un título ejecutorio hábil.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas, las constancias obrantes en los autos principales y la etapa procesal en la que se introduce la cuestión, la excepción de falta de legitimación pasiva deducida no puede ser de recibo.
Lo anterior, sin mella de la facultad de la parte ejecutada de procurar el recupero de las sumas que abone en concepto de honorarios por la vía que estime adecuada a tal fin. Ello por cuanto, como se dijo, el planteo esgrimido excede el acotado ámbito de conocimiento del incidente de ejecución que convoca a esta Corte, por lo que no deviene posible expedirse sobre su mérito en este caso.
VII. Atento el modo en que ha sido resuelta la cuestión relativa a la procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva incoada y por los fundamentos arriba esgrimidos, corresponde desestimar el pedido de citación como tercero del señor Guillermo Raúl Sáenz Saralegui en el marco de este litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon con fecha 27 de abril de 2021 (conf. arts. 503, 504 y 505, CPCC).
II. No hacer lugar a la citación como tercero del señor Guillermo Raúl Sáenz Saralegui requerida por el ejecutado.
III. Llevar adelante la ejecución de honorarios perseguida hasta tanto se efectúe el íntegro pago de la suma equivalente en pesos a … jus, cantidades a la que se deberá adicionar el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16 ley 6.716, t.o. dec. 4.711/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de la doctora Carolina Ema Morteo frente al Impuesto al Valor Agregado, conforme lo dispuesto en la resolución de fecha 21 de octubre de 2020, con más intereses (art. 506, segundo párrafo, CPCC).
Costas a la parte demandada, en su calidad de vencida (arts. 68 y 69, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/06/2021 16:45:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 17:42:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2021 18:35:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2021 21:19:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2021 07:18:44 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia