Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 169051
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 509/532 por el ejecutado (arts. 242, 246, 270, 506, 556 y conc. del C.P.C.C.).
II. Imponer las costas de la alzada al recurrente vencido (arts. 68, 556 y conc. del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 del decreto-ley 8904/77).
REGISTRO N ° 331-S FOLIO N° 1748/51
EXPEDIENTE N° 169.051. JUZGADO DE PAZ LETRADO (BALCARCE) .
En la ciudad de Mar del Plata, a los19 días del mes de diciembre de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "CANTO PEDRO DANIEL C/ ORTIZ DALMIRO RUBEN Y OTRO S/ INC. EJECUCION HONORARIOS EN EXP. 4117/00" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 506/508?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En lo que interesa del pronunciamiento cuestionado el juez rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva, falsedad e inhabilidad de título, impuso las costas al accionado y mandó llevar la ejecución adelante hasta tanto se haga al acreedor, íntegro pago del capital reclamado, con más los intereses y las costas.
Para así decidir, explicó que la falsedad opuesta no podía ser fundada en circunstancias ajenas al título que se ejecuta o que debieron discutirse en el juicio que le dio nacimiento y que la inhabilidad de título no prosperaba porque por medio de ella no podía cuestionarse la legitimidad de la causa.
Explicó que en el caso no se había impugnado el título en ejecución, por lo que afirmó que las defensas opuestas debían transitar en todo caso por la vía del proceso de conocimiento posterior.
Transcribió lo resuelto por este Tribunal en casos análogos al de autos (vg. causas de 2° Inst. n° 156.089, 156.359, entre otras) en los que se resolvió el rechazo de las excepciones aquí intentadas, entre las mismas partes y por idénticas razones.
II. A fs. 509/532 apeló la ejecutada.
En el memorial obrante en la misma pieza recursiva alegó, en primer término, que la sentencia debía anularse en los términos del art. 253 del C.P.C., toda vez que el juez no mencionó las pruebas ofrecidas, ni éstas fueron proveídas, ni se declaró la cuestión como de puro derecho, sino que directamente se pasó a resolver en directa violación a la defensa de los derechos de su parte.
Seguidamente, se agravió de la decisión de fondo, afirmando que el Dr. Canto pretende ejecutar los honorarios regulados en el expediente principal, cuyo cobro fue renunciado en el convenio suscripto con fecha 15 de julio de 2002, entre el nombrado y los Dres. Iglesias Victorín y Pascualini, quienes habrían intervenido en virtud de un contrato anterior con Sedesa para gestionar la cartera correspondiente a los fideicomisos Balca y Beo.
Afirmó que la renuncia alegada se extendía a este juicio, habida cuenta que concernía no solo a los juicios detallados en el anexo sino a todos los casos que le fueran asignados y que se encuentren relacionados con activos rescatados por Sedesa del Fideicomiso Balca.
Explicó que si bien el Dr. Canto firmó el referido convenio con los letrados nombrados, jamás podía desconocer que el objeto del acuerdo era mantener indemne de cualquier reclamo a Sedesa y no al fiduciario.
Manifestó que amén de las formalidades registrales en torno al anexo, el convenio firmado con fecha 15 de julio de 2002 sí fue registrado, documentación que sumada a las demás constancias agregadas a la causa, constituyen elementos de hecho que explican la negociación llevada a cabo entre Canto y los letrados nombrados.
Expuso que éste es el momento de discutir la aplicación del convenio en cuestión, puesto que se están ejecutando honorarios que exceden lo pactado.
Peticionó que se revoque la sentencia, con costas.
III. En la contestación del memorial obrante a fs. 534/555 el ejecutante solicitó el rechazo del recurso intentado y la consecuente confirmación de la resolución en crisis, en la medida que la demandada no acreditó la existencia del convenio ni del anexo al que hizo referencia, como tampoco que el juicio que dio origen al crédito aquí ejecutado, estuviera expresamente allí renunciado, es decir, alcanzado por dicho acuerdo.
Adujo que en el convenio que suscribió con los Dres. Iglesias Victorín y Pascualini, éstos actuaron por sí y no en representación de Sedesa y que a todo evento, el convenio en cuestión fue desconocido por su parte.
IV. Adelanto que el recurso no prospera.
Observo que el presente guarda similitud con lo resuelto por este Tribunal en otras causas entre las mismas partes (vg. causas nº 156.359 RSD 146 del 27-5-2014; 156.089 RSD 147 del 27-5-2014, 157.534 RSD 284 del 16-10-2014; 158.209 RSD 15 del 19-2-2015, 158.224 RSD 29 del 26-2-2015, 158.215 RSD 26 del 26-2-2015, 158.232 RSD 31 del 3-3-2015, 158.219 RSD 59 del 7-4-2015, 159.087 RSD 174 del 16-7-2015, 159.084 RSD 178 del 17-7-2015) que, en lo sustancial, habré de seguir.
IV.1. En lo referido al primer planteo, recuerdo que " el ataque de nulidad previsto por el art. 253 del CPC (comprendido en el de apelación), se refiere exclusivamente a aquellos supuestos en los cuales la decisión final del juez de grado no ha cumplido con alguno de los requisitos formales establecidos en el art. 163 del CPC. Por ejemplo, cuando no precisa los fundamentos del fallo, viola el principio de congruencia otorgando más o menos de lo que fue solicitado en la demanda, no indica el lugar ni la fecha del pronunciamiento, etc. En definitiva, la nulidad de la sentencia puede articularse cuando existe violación de las formas extrínsecas, es decir, de los que se llaman requisitos de tiempo, lugar y forma " (esta Cám. sala I en causas n° 126.631 RSD 64 del 1-3-2005, 121.141 RSD 30 del 25-2-2003 y esta sala en causas n° 118.339 RSI 16 del 14-2-2002, 113.309 RSI 578 del 20-6-2000, entre otras).
A la luz de la premisa expuesta, concluyo que la nulidad pedida no tiene andamiaje (art. 253 del C.P.C.).
En efecto, en primer lugar observo que no es cierto que el judicante haya omitido referirse a la prueba ofrecida, en tanto de la sentencia en crisis se desprende la decisión de declarar la cuestión de puro derecho (v. fs. 506, tercer párrafo).
Observo también que el juez señaló el argumento jurídico por el cual resolvió de tal modo (referido a que la prueba ofrecida estaba orientada a la causa de la obligación lo que está vedado en este tipo de procesos) efectuó la cita legal en la que cimentó su razonamiento y cumplió con los requisitos legales pertinentes (arts. 34 inc. 4°, 160, 161 y 253 del C.P.C.).
Finalmente, entiendo que era la decisión acertada en la medida que el art. 505 del C.P.C.C. es claro en lo referido a las pruebas que en juicios como el impreso al de autos (ejecución de sentencias) pueden ofrecerse.
IV.2. A propósito de lo expuesto en el párrafo precedente, y ya entrando al tratamiento de la defensa de fondo interpuesta, cabe recordar que en virtud del trámite acordado a este proceso, conforme el proveído que le dio inicio obrante a fs. 9, la pretensión de cobrar los honorarios regulados en el expediente principal, fue encauzada bajo las normas previstas por los arts. 500 y sstes. del C.P.C. (ejecución de sentencia).
Este proceder fue consentido por la ejecutada (a fs. 420, pto. III.a), aun cuando a su respecto, la pretensión se fundó en la solidaridad prevista en el art. 54 del decreto-ley 8904/77, por ser el aquí ejecutante Dr. Canto ex apoderado de aquélla (v. fs. 6 vta.).
Hitters señala que la posibilidad de reclamar los honorarios por vía de ejecución de sentencia sólo es admisible cuando los emolumentos se encuentran impuestos en concepto de costas, ya que la norma del art. 58 del decreto-ley 8904/77, debe conjugarse con la exigencia contenida en los arts. 497 y 498 del C.P.C.C., que se refieren únicamente a esa posibilidad (Hitters Juan Manuel, Cairo Silvina, “Honorarios de abogados y procuradores”, Ed. Lexis Nexos, pág. 666).
En cuanto al juicio ejecutivo (art. 521 inc. 7° del C.P.C.C.), considera que puede usarse tanto para perseguir el cobro contra el beneficiario del trabajo profesional, como contra el cargado en costas, lo que importa que si la acción de cobro se promueve contra la condenada en costas (contraparte), el abogado podrá escoger, o bien imprimirle el trámite de ejecución de sentencia o el del juicio ejecutivo.
“ En cambio, si el legitimado pasivo de los aranceles fuera únicamente su cliente y el cargado en costas haya sido el contrario, sólo cabrá el juicio ejecutivo (principio de solidaridad) ; pero si se impusieron por su orden, se podrá elegir entre una y otra vía ritual, ya que en este último supuesto, la causa de la obligación, es a su vez, legal (art. 498 del CPCC) y contractual (art. 58 LHP)” (el sub. no es de origen; Hitters, ob. cit., pág. 666).
Pero, habiendo consentido el trámite de ejecución de sentencia, las defensas están acotadas, y limitadas a causas posteriores al dictado de la sentencia (Falcón Enrique, “Procesos de ejecución. Juicio Ejecutivo”, Ed. Rubinzal Culzoni, 1999, Tomo I-A, págs. 10 y sgtes.).
Bajo tal explicación, y visto el consentimiento del aquí ejecutado Seguro de Depósito S.A. al trámite impreso a este juicio a fs. 9 (ejecución de sentencias) cabe recordar que “( ….) como principio de orden procesal es indiscutible que en el trámite de ejecución de sentencia no pueden oponerse defensas fundadas en hechos anteriores al fallo, ya que de lo contrario importaría reabrir la discusión y desvirtuar los efectos del fallo definitivo” (esta Sala, causa N*74.335, RSI 489/89 del 7-7-1989; ídem causa 135.197, “Imepho SAIC c. Pérez de Zumpano Defina y otros s. Ejecución de sentencia”, marzo de 2006).
De modo que en el caso, las excepciones planteadas fueron correctamente desestimadas por el juez en tanto pretende sostenerse en hechos anteriores a la regulación de honorarios que aquí se ejecuta (v. fs. 1)
En efecto, obsérvese que la ejecutada cimentó su defensa en el convenio suscripto el día 15-7-2002 (v. fs. 54/57) mediante el que surgirían los términos de la renuncia alegada, sosteniendo la excepción, a su vez, en los términos del convenio que le precedió suscripto en mayo del mismo año (v. copia fs. 59/64) con más la secuencia de antecedentes que relató en su contestación, los documentos y demás pruebas ofrecidas (v. 428/432).
De modo que, sin perjuicio de que el relato fuera cierto, requiriendo de un profundo proceso de investigación, sólo podría ventilarse en juicio ordinario donde podrán alegarse y probarse las irregularidades denunciadas que no surgen del título que aquí se ejecuta, de fecha posterior a los hechos en los que fundó la defensa.
En suma, la pretensión probatoria propuesta por el excepcionante resulta excesiva en procesos como el impreso a estos autos (ejecución de sentencias, v. fs. 9) amén de encontrarse expresamente vedada conforme lo normado por el art. 505 del C.P.C.C. (argto. art. 542 inc.4° del C.P.C. y esta Cámara y Sala en causas n° 125.528, 127.053; entre otras).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA .
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 509/532 por el ejecutado, e imponer las costas de la alzada su cargo (arts. 68, 242, 246, 270, 506, 556 y conc. del C.P.C.C.).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 509/532 por el ejecutado (arts. 242, 246, 270, 506, 556 y conc. del C.P.C.C.). II) Imponer las costas de la alzada al recurrente vencido (arts. 68, 556 y conc. del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 del decreto-ley 8904/77). Regístrese. Notifíquese (art. 135 del C.P.C.). Devu élvase.-
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia