Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 23230
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, a la apelante (art. 68 del C.P.C.C.).
“ NAVARRO GONZALEZ JUAN ANTONIO C/ A.F.I.P. S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS ”
Causa Nº MO-23230-2017 R.S.264/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 06 de Noviembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "NAVARRO GONZALEZ JUAN ANTONIO C/ A.F.I.P. S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS", Causa N º MO-23230-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6 Departamental a fs. 160/161 vta. resolvió dejar establecido el plazo en que se generaron intereses por mora en el pago de los honorarios del Dr. Juan Antonio Navarro Gonzalez: desde el 02/11/2011 (fecha de incursión en mora de la demandada) hasta el 16/07/2015 (fecha del depósito del capital mas los aportes); asimismo estableció que el interés aplicable es el que corresponde a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento -tasa activa- en los términos del art. 54, ley 8904, Desestimando las liquidaciones que practicaron las partes y aprobando la que se practicó en Secretaría con las pautas mencionadas precedentemente, la que arrojó la suma de $201.045,26 por concepto: intereses sobre honorarios correspondientes al Dr. Juan Antonio Navarro Gonzalez por un total de 1352 días, monto por el que prosperará la ejecución, desestimando el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 introducido por la parte incidentista. Por otra parte no hizo lugar a la excepción de espera articulada por AFIP-DGI e impuso las costas por su orden atento el resultado de la presente resolución salvo en lo que respecta a la excepción aludida, las que se imponen a la ejecutada vencida (art. 68, segundo apartado y 161, inc. 3°, C. Procesal) difiriendo la regulación de honorarios profesionales para una vez que adquiera firmeza la presente resolución.-
Esta resolución fue aclarada a fs. 165.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 164 la incidentada interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 165 y se fundó con el memorial de fs. 166/177vta., replicado electrónicamente el día 30/07/2018.-
3. A fs. 181vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Varios son los agravios que la recurrente introduce en su escrito de fundamentación.-
En primer lugar se queja por haberse desatendido el planteo al oponerse al progreso de la acción; luego lo hace respecto a la fecha de corte de para el computo de los intereses; también se queja por cuanto el a quo expresó que el apelante no evacuó el traslado de la inconstitucionalidad cuando en realidad lo hizo; otro agravio versa sobre la excepción de espera; cuestiona la imposición de las costas y peticiona medida para mejor proveer.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
I. En primer lugar haré referencia al pedido de la medida para mejor proveer
Al respecto diré que es bien sabido que este tipo de medidas son resorte exclusivo del tribunal y no instables por las partes (esta Sala en causa nro. MO 44097 RSI-131-9 fallo del 23-4-2009).-
En tal sentido el decreto de medidas para mejor proveer es una facultad privativa del Tribunal lo cual no veda a las partes sugerirlas o pedirlas lo cual se infiere de lege data y a contrario sensu de lo dispuesto en el Art. 36 del ritual que establece que dichas medidas pueden ordenarse "aun sin petición de parte" pero sin perder de vista que ello no es un "derecho" que la jurisdicción deba necesariamente receptar sino una "facultad" de proponerlo (Cfe. esta Sala en causa N°57.563, R.I. 62/2010: Fassi, "Cod. Procesal Civil y Comercial" I-74; Devis Echandía, "Compendio de Pruebas Judiciales" I-64).-
Por tales rezones, y entendiendo que con las constancias de autos se puede abarcar el estudio de la causa, no es menester decreto de medida alguna.-
Para dar respuesta al agravio respecto del silencio por el sentenciante de grado con relación al pedido del previo y especial pronunciamiento y la excepción de espera, debo señalar que la jurisprudencia viene diciendo que el proceso ejecutivo no contempla la articulación de excepciones de previo y especial pronunciamiento, por lo que, más allá de la necesidad de tratar en primer término una u otra al momento de dictarse la sentencia de trance y remate, no se concibe que se divida el acto en el tiempo y se vaya resolviendo por separado las que fueran planteadas (Cám.Civ.Com. Quilmes Sala I causa nro. 13193 RSI-181-10 I 23/11/2010).-
Véase que las únicas excepciones en este tipo de proceso están señaladas por el art. 504 del CPCC; y ellas tienen que ser claramente opuestas.-
Y con relación al rechazo de la excepción de espera, debo señalar que se entiende por espera el nuevo plazo que en forma convencional o emanada de la sola voluntad del acreedor, es acordado al deudor para el cumplimiento de la obligación, sin que pueda exigirse el cumplimiento de ésta antes de que aquél venza. Por lo tanto para que la excepción de espera sea procedente, por vía de excepción, debe resultar de la documentación acompañada, de manera clara e indubitable, que el acreedor ha prorrogado el plazo de la obligación.(Cám.2da.Civ.Com. La Plata Sala I causa nro.100661 RSD-172-5 S 18/08/2005).-
Entonces, la espera debe acreditarse con prueba documental fehaciente, o mediante confesión del acreedor, debiendo los instrumentos con los cuales se la pretende acreditar bastarse a sí mismos. Es decir que debe nacer de un convenio escrito celebrado entre las partes.-
Y de la simple compulsa de las actuaciones, no surge que la recurrente haya aportado alguna prueba al oponer la excepción, sea o no subsidiaria; por lo demás, no está prevista la "espera por imperativo legal" como excepción oponible en estos procesos.-
A todo evento, ello debería analizarse en el contexto de la exigibilidad de la deuda y, como surge de la propia conducta de la apelante, ella reconoce la mora y la procedencia del devengamiento de intereses (ver fs. 134vta./135).-
Por tales razones, soy de la idea que se deberá confirmar la resolución en tal sentido.-
III. Con relación al agravio de la inconstitucionalidad donde el "a quo" manifestó que no se ha contestado el mismo provocando ello la queja en tratamiento, debemos recordar que tal planteo efectuado por el ejecutante ha sido rechazado por parte del sentenciante.-
En este cuadro de situaciones y rememorando lo dicho por esta Sala II en causa nro. 34835 R.S. 35/18, es menester señalar que como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida del recurso. Es decir que resulta un presupuesto subjetivo de admisibilidad que la decisión recurrida cause al impetrante un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario le faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, que es el interés (esta Sala en causa 46.935, R.S. 622/01).-
Y esto es exactamente lo que ocurren en autos.-
Me explico.-
Solo agravia al recurrente que el juez no lo tuvo por contestado el traslado, que, si la inconstitucionalidad prosperaba, podría haber causado un agravio.-
Pero ello no ocurre en autos .
La desestimación de la misma causaría un agravio al actor, no al recurrente.-
Así las cosas, se deberán rechazar -también- los agravios en tal sentido.-
IV. Es momento de abocarme a la fecha cuestionada de corte del devengamiento de intereses por la mora en el pago de los honorarios.-
El agravio puntualmente se centra en que se haga lugar a la liquidación de intereses practicada desde el día 2/11/2011 hasta la fecha de corte 15/04/2015, fecha esta última en la cual se materializó el ingreso de los fondos en concepto de honorarios de tal profesional a la cuenta bancaria judicial abierta en autos.-
Por tales motivos pide se revoque la resolución apelada.-
En este marco de actuación, surge del análisis de los hechos acontecidos en autos, que el depósito realizado por la parte ejecutada según comprobante de fs. 81 no tiene injerencia alguna en el plazo para el cómputo de los intereses que genera el capital reclamado.-
Ello es así atento que el mismo responde a un hecho voluntario por parte de quien deposita el dinero -en este caso, el ejecutado- en la cuenta judicial de autos a fin de solventar la deuda reclamada pero ello no involucra, de manera alguna, que dicho depósito modifique el cómputo del plazo por el cual se deben calcular los intereses devengados.-
A su respecto, se ha dicho que " ...es sabido que el mero hecho de efectuar un depósito en el expediente no implica que haya existido un pago, ni cesa el curso de los intereses " (esta Sala II, causa nro.53.204, R.S.164/2012).-
Para que las sumas de dinero depositadas en la cuenta judicial, de manera voluntaria (pago) o compulsiva (embargo), tengan efectos extintivos de la obligación cuya cancelación procuran, el accipiens debe encontrarse debidamente anoticiado del depósito y, a su vez, tratarse de fondos que queden efectivamente a su disposición. Recién en el momento en que el acreedor se halle en esa situación, podrá analizarse la posible existencia de mora del acreedor en el retiro. (Cám. Civ. y Com. Mar del Plata Sala II, causa 162644 152-S S 12/06/2018).-
Así las cosas y siendo que recién el 16/7/2015 la recurrente acreditó en autos el deposito efectuado, soy de la idea que se deberán rechazar los agravios que sobre el punto se traen.
El sentenciante de grado las impuso en el orden causado salvo en lo relativo a la excepción opuesta, las que han quedado en cabeza del ejecutado.-
Planteado así la cuestión, es menester decir que las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden, siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (Cfr. Morello-sosa-Berizoncwe "Códigos Procesales", Tº II-B, pág. 59).-
Su objetivo está direccionado a que el vencedor, que obtiene que su derecho controvertido sea reconocido en su integridad, sea resarcido de los gastos que le originó el proceso.-
O sea que el carácter de vencido requiere contradicción, contienda o ejecución forzada.-
En suma, el condenado en costas ha de sufragar la totalidad de los gastos que su contraria haya afrontado para la defensa de su derecho en el juicio más no los de otras partes no vinculadas procesalmente con la quien no ha habido contradicción o contienda sino que también ha sido condenada al pago de las costas en atención al resultado del litigio principal.-
Así las cosas, y volcando tales argumentos al caso concreto de autos, podemos ver -sin hesitación- que la ejecutada ha resultado vencida respecto de la excepción que pretendió oponer; sumado a ello lo relativo a las defensas respecto de la fecha de corte de los intereses.-
Por tales fundamentos se deberá confirmar la resolución en crisis en tal sentido.-
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Ello con costas a la ejecutad en su calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada, a la apelante (art. 68 del C.P.C.C.).
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
si////
///gue una firma.-
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia