Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 41060
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada, dejándose sin efecto la regulación de honorarios practicada DEBIENDOSE , en la instancia de origen, EFECTUAR UNA NUEVA LIQUIDACION de conformidad con las pautas aquí indicadas.-
Sin costas , atento el carácter de la resolución (art. 68 2º p. CPCC).
Causa Nº MO-41060-2016 R.S.88/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 14 de Mayo de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "CANNAVO ANTONIO EDUARDO C/ DIRECCION PCIAL DE PERSONAS JURIDICAS DE LA PCIA DE BS AS S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS", Causa N º MO-41060-2016 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental a fs. 86 y vta. procedió a regular los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó el día 7/11/2018 el letrado apoderado del ejecutado interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 87 y se fundó con el memorial cuya ref. es 241200435014683516 replicado con el escrito con ref. 245800435015067458.-
3. A fs. 93vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
De la lectura del memorial de agravios surge con claridad que la recurrente centra los mismos sobre la base regulatoria adoptada por el sentenciante para la regulación de los emolumentos profesionales.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, debo señalar -primeramente- cual es el principio cardinal que tendremos en cuenta para resolver la (atípica) cuestión planteada en autos.-
Así, desde esta Sala se ha dicho que la pauta fundamental para la fijación de la base arancelaria, en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, es su cuantía (arts. 16 inc. 1) y 23 del Dec. Ley 8904/77; causa nro. 45699 R.S. 219/04, entre otras)
Así se ha dicho que: "Para determinar el monto del juicio a los efectos del dec. ley 8904 debe mensurarse en términos económicos, el interés puesto en juego por las partes pues éste -cuando es susceptible de apreciación pecuniaria- constituye la base regulatoria" (Sup Corte de Bs. As. 10/11/1998, "Ido Bentivogli S.A. v Galante D'Antonio s/Daños y Perjuicios", BA B10373).-
Entonces, lo que debe determinarse es cuál ha sido el interés puesto en juego en esta ejecución.-
Dicho esto, y dadas las particularidades del caso, debo ahora decir que la liquidación es la operación numérica que tiene por objeto determinar las sumas debidas con sujeción a las bases indicadas en la sentencia de mérito, transformando en líquido lo ilíquido (esta Sala en causa MO 47198 RSI-59-13 S 25-4-2013).-
Por cierto, las liquidaciones se aprueban en cuanto ha lugar por derecho; con lo cual, no juega aquí el principio de preclusión, ni la cosa juzgada, en aquellos casos en los cuales se evidencie algún yerro claro, evidente o palmario.-
Concretamente: la aprobación de una liquidación no puede llevar a contravenir los alcances mismos de las resoluciones dictadas o trastocar los alcances de las cuestiones introducidas en el proceso.-
Ahora bien.-
A la luz de lo expuesto hasta aquí haré una somera y gráfica reseña de la cuestión que nos toca decidir.-
Así tenemos que a fs. 18/30 el perito contador Antonio Eduardo Cannavo inició el presente incidente de ejecución por intereses compensatorios por la suma de $102.387,74 , con más su actualización por intereses, costas y aportes profesionales y/o por la liquidación que correspondiere realizarse. Cabe destacar que, en aquella presentación, el perito indicaba expresamente que la suma del capital $400.000, había sido depositada y su reclamo se circunscribía a los accesorios (ver fs. 19).-
A fs. 44 y vta. se dictó sentencia de trance y remate.-
A fs. 46 la Fiscalia de Estado informó que se había efectuado el depósito a la cuenta de autos por la suma reclamada.
A fs. 65 se practicó una nueva liquidación en base a las pautas dispuestas en la resolución de fs. 44 arrojando un importe de $137.731,07.-
Del traslado de la misma nació la presentación impugnadora de fs. 70/71.-
Luego, mediante la resolución de fs. 83/84 el Sr. juez de grado procedió a desestimar la impugnación planteada por la apoderada de la Fiscalía de Estado provincial. Como consecuencia de ello aprobó la liquidación por la suma de $875.619,45 .-
A fs. 86 el sentenciante reguló los honorarios tomando como base el importe de la liquidación aprobada.-
Finalizamos así la síntesis de lo actuado.-
De todo ello se puede ver sin mayor esfuerzo que el incidentista inició la presente ejecución por un importe de $102.387,74, importe este que luego ascendió a $137.731,07; y que n unca fue objeto de reclamación aquí el capital , que el mismo ejecutante reconoció depositado al momento de iniciar este reclamo.-
Entonces, mal se podía aprobar una liquidación que incluyera un importe que nunca estuvo involucrado en autos.-
Y, como consecuencia de ello, tampoco se podía computar como base regulatoria dicha liquidación (por mas que el auto que la aprobó hubiera adquirido firmeza) por la sencilla razón de que la base así adoptada no se ajustaría a la real trascendencia económica de la cuestión discutida en este proceso.-
Ello, incluso, independientemente de la sentencia de fs. 44, que hace cosa juzgada formal (nunca material) y que, por todo lo que vengo diciendo, desbordaba los alcances de la pretensión liminar.-
Así las cosas y por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, soy de la idea que se deberá revocar la resolución apelada, dejándose sin efecto la regulación de honorarios practicada y debiéndose -en la instancia de origen- efectuar una nueva liquidación que se ajuste a lo reclamado en autos (y a lo indicado aquí) debiendo luego regular los estipendios de los profesionales intervinientes. Ello sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución apelada, dejándose sin efecto la regulación de honorarios practicada DEBIENDOSE , en la instancia de origen, EFECTUAR UNA NUEVA LIQUIDACION de conformidad con las pautas aquí indicadas.-
Sin costas , atento el carácter de la resolución (art. 68 2º p. CPCC).
REGISTRESE. DEVUELVASE, ENCOMENDANDOSE LAS PERTINENTES NOTIFICACIONES A LA INSTANCIA DE ORIGEN.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia