Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 16768
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada y se hace lugar al de la ejecutante, modificando el fallo apelado en cuanto a los intereses que manda a computar, debiendo aplicarse al capital los intereses previstos por el art. 197 de la ley 10.620.
Costas de alzada , a la ejecutada (art. 68 del CPCC).
Causa Nº MO-16768-2017 R.S.: 310/2020
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental con fecha 10 de Octubre de 2019, decidió rechazar el planteo de nulidad y excepción de falsedad de la ejecutoria formulado por la ejecutada, y mandar a proseguir la ejecución en las condiciones que de allí surgen.
2. Ejecutante y ejecutada se alzan contra el fallo, sus recursos se conceden en relación y se los funda con los escritos de fecha 3 de Marzo de 2020 (ejecutante) y 2 de Junio de 2020 (ejecutada), el primero de ellos fue replicado -también- en esta última presentación y el segundo con el escrito electrónico del 25 de Junio de 2020.
Mientras que la ejecutante se alza contra la tasa de interés que manda a aplicarse en el fallo, la ejecutada se queja de que se haya mandado a proseguir la ejecución y de las costas que se le impusieron.
A los términos de cada una de estas presentaciones cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Con fecha 30 de Julio de 2020 se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
3. Circunscripto así el tema, debemos focalizarnos en los agravios traídos, lo que haremos fraccionadamente para dotar al presente de mayor claridad expositiva.
a) El progreso de la ejecución y las costas. El recurso de la ejecutada
Computando el tenor del memorial de la accionada, entiendo que el mismo es notoriamente insuficiente.
Esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).-
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.-
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).-
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.-
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).-
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).-
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).-
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).-
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.-
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.-
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).-
En este sentido, vemos que el fallo apelado contiene diversos fundamentos en virtud de los cuales considera que las defensas opuestas deben repelerse, abrevando -esencialmente- en lo resuelto y analizado por esta Sala, en los obrados principales, cuando mediaron cuestionamientos acerca de las notificaciones.
Ahora bien, tal clara argumentación, es absolutamente soslayada y preterida por la recurrente.
De esta manera, el memorial razona en paralelo a los fundamentos del fallo y ello denota su insolvencia argumental.
Incluso en lo que hace a la imposición de costas, donde solo se remite a lo antedicho en cuanto a que la ejecución no debería haber progresado.
Promoveré, entonces, la declaración de deserción del recurso de la ejecutada.
b) La tasa de interés. El recurso de la ejecutante
Como antes lo indicáramos, se queja la accionante de la tasa de interés que se mandó a aplicar (tasa pasiva) pretendiendo que sea la tasa activa, que es la prevista por el art. 197 de la ley 10.620.
En efecto, dicha norma establece que " habiéndose producido la mora de pleno derecho, el auxiliar de la justicia podrá reclamar su honorario, más el interés mensual que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento a treinta días; el cálculo se efectuará a partir de la fecha en que quede firme el auto regulatorio" .
No es dato menor que dicho precepto haya sido incorporado por la ley 13.750, que data del año 2007.
Y digo esto porque, a mi modo de ver, las consideraciones efectuadas por la Suprema Corte de Justicia en el fallo referenciado por el a quo no devienen aplicables al caso, primero porque se refieren a la ley de honorarios de abogados (aquí se trata de una contadora) y segundo porque en aquel fallo lo que se analiza es lo establecido por el Dec. Ley 8904/77 en su contraste con la ley 23.928; obviamente dicho decreto es anterior a esta última ley. Pero ocurre que, aquí, la ley aplicable es posterior a la ley 23.928.
A lo que se suma el hecho de que no ha mediado planteo de inconstitucionalidad tempestivo al efecto, ni tampoco declaración oficiosa en tal sentido.
Por ello, y desde mi punto de vista, debe aplicarse la ley vigente, porque se trata de intereses establecidos normativamente, retrocediendo entonces -salvo declaración de inconstitucionalidad- la posibilidad de establecerlos judicialmente.
Consecuentemente, y por tales razones, habrá de modificarse la resolución apelada en cuanto a la tasa de interés, debiendo aplicarse al capital los intereses previstos por el art. 197 de la ley 10.620.
Finalmente, y teniendo en cuenta el resultado de los recursos, las costas deberán imponerse a la ejecutada (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada y SE HACE LUGAR al de la ejecutante, MODIFICANDO el fallo apelado en cuanto a los intereses que manda a computar, debiendo aplicarse al capital los intereses previstos por el art. 197 de la ley 10.620.
Costas de alzada , a la ejecutada (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/10/2020 13:03:14 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 13:09:39 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 13:10:46 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia