Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 269718 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: se admite la apelación subsidiaria deducida por la Dra. Virginia Marta Eleonora Petronis y, en consecuencia, se revoca el auto de fs. 103 en lo que fuera motivo de recurso y agravio. Se aprueba el ítem c) de la liquidación practicada el 4-II-2019, por su importe total de $10.164 (arts. 772 Cód. Civ. y Com.; 241, 248 CPCC; 9 inc. d, 15 inc. d, 24 y 54 inc. a ley 14.967). Costas a la ejecutada Escudo Seguros S.A. vencida (art. 69 CPCC).
269.718/1 "PETRONIS C/ ESCUDO SEGUROS S.A. S/
INC. DE EJECUCIÓN DE HONORARIOS"
(JUZ. 18)
La Plata, 30 de abril de 2020.
I.1. En lo que interesa destacar del sub lite, la Sra. Jueza a quo desestimó la liquidación practicada por la ejecutante Dra. Virginia Marta Eleonora Petronis, en el aspecto concerniente a la determinación de los estipendios que le fueran regulados en la presente ejecución conforme al valor del jus a la fecha de la mentada liquidación.
Para así decidir, consideró que "la suma determinada en concepto de honorarios en el auto de fs. 55 se efectuó teniendo en cuenta las pautas fijadas por el artículo 24 de la Ley 14.967, es decir, tomando el valor del ius regulatorio vigente al momento de regular los emolumentos profesionales" (fs. 103).
I.2. Contra este pronunciamiento se alza la profesional ejecutante, a través del recurso de apelación subsidiario deducido el 29-III-2019.
En su pieza recursiva, la recurrente alega que la deuda de honorarios resulta ser una obligación de valor, cuya cuantificación definitiva recién debe practicarse en el momento del efectivo pago, a tenor de lo previsto en el artículo 24 de la ley 14.967.
En esa inteligencia, refiere que el cálculo que practicó se ajusta a derecho, pues fue realizado tomando en consideración el valor del ius regulatorio fijado por la Ac. SCBA 3918/18 a la fecha en que los fondos embargados a la compañía ejecutada se encontraron disponibles en la cuenta de autos.
II.1. Por las razones y con el alcance que seguidamente se expondrá, el recurso prospera. Veamos.
II.1.a. Las deudas originariamente pecuniarias o monetarias, están determinadas desde su constitución en una suma de dinero como tal y con prescindencia de su valor intrínseco o "poder adquisitivo". Lo que se debe, entonces, es un quantum (una cantidad) y el dinero constituye el objeto inmediato de la obligación, actuando tanto in obligatione como in solutione.
En las obligaciones de valor, en cambio, la moneda no constituye en rigor el objeto de la deuda, sino que sólo sirve de medio para restaurar en el patrimonio del acreedor un valor o utilidad comprometido por el deudor: un valor abstracto a ser determinado en algún momento en una suma de dinero, pero cuya expresión no habrá de cambiar a tenor de las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda hasta tanto aquella no suceda. En este caso, lo adeudado es un quid, un valor abstracto o una utilidad. De tal modo, el dinero habrá de jugar en el pago (in solutione), pero no constituirá el objeto de la obligación, no estará in obligatione, es decir se pagará dinero pero no porque sea lo debido, sino como un mero mecanismo para liquidar la "deuda de valor" (ALTERINI, J. H. (dir. gral.), Código Civil y Comercial comentado - Tratado exegético, 2a. ed. actualizada y aumentada, La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016, T. IV, comentario al art. 772 del Cód. Civ. y Com.).
Ahora bien, una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones referidas a las obligaciones dinerarias (ALTERINI, J. H., op. cit.; LORENZETTI (dir.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, T. V, op. cit., 155/158).
El Código Civil derogado no regulaba expresamente las deudas de valor, aunque la jurisprudencia y autores inferían su existencia de diversas obligaciones. El Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia en el año 2015 ha sí recetado expresamente esta categoría (LORENZETTI, op. cit., 155).
Así, el artículo 772 del digesto ahora prevé que "si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. (…) Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de [la Sección 1° Obligaciones de dar]".
II.1.b. Sentado lo anterior y a tenor del recurso traído, corresponde dilucidar si, tal como postula la apelante, la deuda por honorarios configura una obligación de valor.
En el año 2017, la ley 14.967 de "Honorarios de abogados y procuradores" derogó su antecedente, el Decreto-Ley 8904/77, e introdujo una serie de previsiones que interesa transcribir.
Por caso, el artículo 15 de la referida norma estatuye que "(t)oda regulación de honorarios deberá ser fundada y cumplimentar, bajo pena de nulidad, los siguientes recaudos: (…) d) El monto deberá estar expresado en la unidad arancelaria Jus, cuyo valor definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago.".
A su turno, el artículo 24 prevé que "(l)a regulación de los honorarios se efectuará en su equivalente a la medida Jus, debiendo así mantenerse, hasta el momento del efectivo pago, a excepción de lo normado en el artículo 54 inc. b).".
Por fin, el indicado artículo 54 norma que "(o)perada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
II.1.c. La interpretación sistemática de estas disposiciones trasluce que la ley 14.967 reguló a la deuda por honorarios como una obligación de valor. Veamos.
Los estipendios no se expresan en dinero, sino que se refieren a un valor o, como lo llama la ley, unidad de honorario profesional: el Jus. La utilidad, valor o quid debido está constituido, de tal modo, por determinada cantidad de Jus.
A fin de poder cancelar esa utilidad comprometida por el deudor y esperada por el letrado acreedor, el artículo 9 de la ley 14.967 contiene determinadas pautas de cuantificación del quid en dinero y determinación de su valor real, de acuerdo a la terminología utilizada por el artículo 772 del Código Civil y Comercial.
Al respecto, el citado artículo 9 refiere que el Jus "representa el uno por ciento (1%) de la remuneración total asignada por todo concepto al cargo de Juez de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires, con quince (15) años de antigüedad, incluido el básico, permanencia, bloqueo de título y todo otro tipo de bonificaciones, compensaciones, gratificaciones o adicionales, cualquiera fuese su denominación y se encuentren o no sujetos a aportes o contribuciones, exceptuando únicamente aquellos rubros que dependan de la situación personal particular del magistrado. // La Suprema Corte de Justicia suministrará mensualmente el valor resultante eliminando las fracciones decimales."
En cuanto al momento que corresponde tomar en cuenta para la evaluación de la deuda (art. 772 Cód. Civ. y Com.), la ley 14.967 sienta como principio general el del efectivo pago (arts. 9 inc. d, 24 y 54 inc. a ley cit.), previéndose como excepción su conversión a la fecha de mora, en el supuesto del art. 54 inc. b.
Ahora bien, no obstante que la ley arancelaria no lo establece de modo expreso, por aplicación de lo expresamente dispuesto por el art. 772 in fin del Código Civil para este tipo de obligaciones, una vez cuantificado el Jus, la deuda por honorarios, originariamente de valor, se transforma en una obligación dineraria. A dicha conclusión se arriba a partir de considerar que mientras el valor real del Jus se mantiene indeterminado, la tasa de interés moratorio es pura (art. 54 inc. a); en tanto que una vez precisado, los accesorios se calculan a una tasa diversa -vgr. activa (art. 552 Cód. Civ. y Com.), en el caso que el profesional optara por el supuesto del art. 54 inc. b- (LORENZETTI, op. cit., 158/158; ALTERINI, J. H., op. cit.).
II.2. Bajo este esquema normativo aplicable al caso -tratándose de derechos de naturaleza patrimonial regidos por normas cuya constitucionalidad no ha sido puesta en entredicho por parte interesada ni sometida a conocimiento de este Tribunal (cf. doctrina de la CSJN, "Mansilla" Fallos 337:179; "Whirpool" 337:1451; Fallos 339:477, 341:250, 342:1170, 341:1768)-, la liquidación practicada por la Dra. Petronis el 4-II-2019 -v. ítem c)- luce ajustada a derecho.
En efecto, la referida profesional calculó el valor del Jus al 28-II-2019 en $1.320 (v. presentación electrónica del 4-II-2019), suma que coincide con la fijada para tal fecha por la Ac. SCBA 3.918/18 (art. 9 ley 14.967).
No se escapa a este Tribunal que la conversión se efectuó a un momento anterior al del efectivo pago (arts. 772 Cód. Civ. y Com.; 9 inc. d, 15 inc. d y 24 ley 14.967). Empero, ello no modifica la conclusión sentada, puesto que -en definitiva- la diferencia resultante al computarse el momento postulado por la acreedora -que, además, coincide con la fecha en que los fondos embargados a la compañía ejecutada se encontraron disponibles en autos- redunda en beneficio de la parte deudora (art. 2 Cód. Civ. y Com.), atento el progresivo incremento que viene experimentando el valor del Jus (Acs. SCBA 3.918/18, 3.935/19, 3.938/19, 3.945/19).
III. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la apelación subsidiaria interpuesta por la doctora Petronis (arts. 241, 242, 248 y cc. CPCC).
POR ELLO: se admite la apelación subsidiaria deducida por la Dra. Virginia Marta Eleonora Petronis y, en consecuencia, se revoca el auto de fs. 103 en lo que fuera motivo de recurso y agravio. Se aprueba el ítem c) de la liquidación practicada el 4-II-2019, por su importe total de $10.164 (arts. 772 Cód. Civ. y Com.; 241, 248 CPCC; 9 inc. d, 15 inc. d, 24 y 54 inc. a ley 14.967). Costas a la ejecutada Escudo Seguros S.A. vencida (art. 69 CPCC).
Regístrese, notifíquese electrónicamente (cf. consid. 22 y art. 3 de la Resolución 480/20 de la SCBA) y devuélvase a la instancia de origen.
Fin de la sentencia