Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 124496
MH
REG. SENT. NRO. 338 /18, LIBRO SENTENCIAS LXXIV. Jdo. 7
En la ciudad de La Plata, a los 20 días del mes de Noviembre de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PETRONIS VIRGINIA MARTA ELEONORA C/ DIAZ LEONCIA Y OTRO/A S/ INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS " (causa: 124496 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 14.967 y del art. 1 de la misma norma?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo :
I. En las presentes actuaciones el Sr. Juez "a quo", en lo que aquí interesa, reguló los horarios de la doctora Melisa Cuomo por su actuación en el presente incidente, en el que se ejecuta la suma de $ 5.600, en la suma de 7 jus.
Esta forma de decidir motivó el alzamiento de la doctora Cuomo -por su propio derecho a fs. 31 y como apoderada de la incidentista a fs. 32- cuestionando por altos los estipendios que le fueron fijados, aduciendo que existe un desfasaje entre el valor del jus y el monto del presente juicio, por lo que los mismos no se ajustan a ningún criterio de razonabilidad, teniendo en cuenta la base regulatoria utilizada, y solicita la aplicación del art. 1255 del CCyC.
II. De la procedencia del examen de Constitucionalidad.
Aún cuando el recurso no ha introducido cuestionamiento constitucional alguno, ello no obsta al análisis que habré de realizar. Empero, estimo adecuado que me expida sobre la pertinencia del examen de constitucionalidad en forma oficiosa.
Esta Nación ha explicitado su norma fundante por escrito, organizando con esmero y detalle el funcionamiento federal y el de las respectivas Provincias. Los jueces juramos respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes dictadas en armonía con ésta. En ese contexto la cuestión parece tener una respuesta obvia. Empero, si la solución afirmativa se impone, no por ello he de omitir la reflexión. Para ello es adecuado referirme a la impecable construcción formulada por la Dra. Bermejo en su voto en la causa “Cosentino” (Esta Cámara, Sala II “Cosentino Eduardo David C/ Cervan Carlos Diego S/Daños Y Perj” L° de sentencias DEFINITIVAS N° LXXII Causa N° 120368, sent. 23/11/16 REG. SENT.: 261 Sala II – FOLIO: 1620) y que transcribo en lo apropiado.
Allí se expidió en armonía con “la postura de la Corte de la Nación, en la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. del 27-XII-2012), y explicó que “el Supremo Tribunal, luego de relatar la evolución jurisprudencial del control de constitucionalidad desde su reconocimiento en los primeros pronunciamientos (Fallos: 23:37; considerando 8vo. del fallo referido), lo cotejó con el control de convencionalidad que de oficio deben realizar los magistrados. Ello, en especial, luego de la reforma constitucional de 1994, al imponerse atender a las directivas emanadas del derecho internacional de los derechos humanos. Recordó ese Máximo tribunal federal en la causa referida que “en el precedente "Mazzeo" (Fallos: 330:3248)... se enfatizó que "la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" que importa "una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (considerando 20).”(Considerando 11, causa cit., publicado en Fallos: 335: 2333).”
Dijo nuestro máximo Tribunal, en el considerando 12 del fallo precitado: “en diversas ocasiones la CIDH ha profundizado el concepto fijado en el citado precedente "Almonacid". En efecto, en el caso "Trabajadores Cesados del Congreso" precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también "de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana ["Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú", del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años mas tarde, expresado en similares términos, en los casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Pefia vs. Bolivia" (del 1° de septiembre de 2010, parágrafo 202); "Gomes Lund y otros ('Guerrilla do Raguaia') vs. Brasil" (del 24 de noviembre de 2010). Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de Justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (Conf. caso "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina H. del 29 de noviembre de 2011).
Otra vez haciendo mías las palabras de la Dra. Bermejo señalo que “la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente normas locales de menor rango.”
Con un criterio más estricto, se ha considerado que el análisis constitucional puede hacerse en determinadas condiciones, tal como lo ha expuesto el Dr. Emilio Ibarlucía recordando lo dicho por la SCJN en el expte. L. 80.156, “Martínez, Jorge c/ Propulsora Siderúrgica” del 31/03/04 en que el Tribunal siguió, por mayoría de sus miembros, la doctrina que se desprende del fallo “Mill de Pereyra” de la Corte Suprema Nacional (La Ley 2001-F-891). El nombrado, apoyando el análisis constitucional dijo: “Por mi parte, adhiero a tal postura que considero la más acorde con el principio de unidad del orden jurídico, cuyo vértice es la Constitución Nacional, y que los jueces deben aplicar en virtud del “iura novit curia”. Ahora bien, no quiere decir ello que la inconstitucionalidad pueda declararse en cualquier circunstancia por la sola voluntad intempestiva de los jueces. Sigue rigiendo el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes y normas estatales y la declaración de su invalidez es – como no se cansa de decir la Corte Nacional – la última ratio del orden jurídico. En función de tales premisas, conforme surge del fallo “Mill de Pereyra” (y a mi juicio, del precedente “Martínez” de nuestro Superior Tribunal provincial), deben darse ciertos requisitos para que proceda la declaración de oficio de inconstitucionalidad: a) que la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación de la norma; b) que la repugnancia a la Constitución sea manifiesta e indubitable, dado que en caso de duda debe estarse por la validez; c) que la incompatibilidad sea inconciliable, o sea que no sea posible una solución adecuada del problema planteado por otras vías; d) que el ejercicio de la facultad en modo alguno suponga admitir la declaración en abstracto de la inconstitucionalidad, sin una causa concreta, lo que implica el carácter incidental de este tipo de decisiones; o sea, que sólo se ejerce para remover un obstáculo que se interpone entre la decisión de la causa y la aplicación directa de la C.N.; e) que la declaración de inconstitucionalidad no vaya más allá de lo estrictamente necesario para resolver el caso; f) que la misma no tenga efecto derogatorio genérico. (Cam. Civ y Com. Mercedes Sala I.- 108783 RSD-171-4 S 17/06/2004 Carátula: Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Terrasa Hnos. S.R.L. s/Incidente de revisión Magistrados Votantes: Ibarlucía-Marcelli-García “ Juba B 600066).
Sin merma de la valoración de tal doctrina restrictiva, considero que la Constitución es la primera norma que habrán de observar los jueces y que, frente a ello, no debe esperarse que la contradicción entre las normas y la constitución sea “manifiesta e indubitable”. Es que por esa vía podría admitirse la aplicación de leyes inconstitucionales a condición de que tal agravio no apareciere “manifiesto e indubitable”. Diré aún más: muchas de las contraposiciones que se advierten entre la Constitución y las normas de menor grado en materia económica, requieren de un delicado y fino análisis. La contradicción no aparece de manera “manifiesta e indubitable”: requiere cuidadoso y profundo análisis y genera muchas dudas al juez. Ello no hace que la incongruencia sea menor. Una norma no es menos inconstitucional porque tal aspecto esté finamente velado. Sólo hace que sea más difícil advertirlo y declararlo, por lo que habrá de exigírsele a los jueces mayor profundidad de análisis, “ojos abiertos y un poco de valor” (“El principio de "realidad": ¿garantía constitucional?”.- Revista del Colegio de Abogados de La Plata Nº 119, Oct/Dic 2005, pp.19/29. punto 8).
Agrego que también cabe realizar esta revisión de constitucionalidad atendiendo las disposiciones de la Constitución de la Provincia cuya supremacía, en armonía con la Nacional, debe ser asegurada y con mayor ahínco o atención cuando se advierta que se encuentran afectados intereses de menores o personas de mayor vulnerabilidad.
Si bien tal tarea debe ejercerse con el mayor cuidado y en el marco de específicas competencias judiciales y de las regulaciones procesales correspondientes" (cfr. casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña" y "Gómez Lundy otros", citados), el control debe ser previo a cualquier otro análisis jurídico y, si se quiere, estricto y severo, en la medida en que la custodia del orden constitucional ha sido delegada, por la Carta fundamental y la Constitución Provincial (art. 3, primer párrafo) , en cada uno de los jueces.
Esta labor presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas y en el cual la eventual descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede demostrado que tal norma genera a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución (SCJN, Fallos 335: 2333 cit. Considerando 13) o bien viole principios de orden público.
A tenor de lo expuesto encuentro expedita la vía, aún ausente la alegación del recurrente, para abordar “ex officio” el análisis que sigue.
III. De la inconstitucionalidad del art. 16 in fine ley 14.967.
La primera norma que habré de analizar es la contenida en art. 16 in fine de la ley 14.967 que prevé como causal de mal desempeño en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13661 el dictado de resoluciones que realicen regulaciones por debajo de los mínimos fijados por la indicada ley de honorarios.
1. De la independencia de los jueces.
Comenzaré por analizar el contenido de esta norma, de claro sesgo represivo, recordando una leyenda con la que la Dra. María Graciela Reiriz iniciaba su memorable trabajo sobre la “Responsabilidad del Estado” (Responsabilidad del Estado, Buenos Aires, Eudeba, 1969): Federico el Grande, rey de Prusia, decidió construir su palacio de Sans-Souci. En el predio elegido, a un costado de sus magníficos jardines, había un viejo molino de madera, ruidoso y sucio. A Federico II le pareció que este molino afeaba su nueva residencia de verano y mandó derribarlo. El molinero, sin embargo, se opuso a la decisión del monarca y llevó el caso ante la justicia, al tiempo que le decía al rey: “Señor, todavía hay jueces en Berlín”. Y cuando los jueces fallaron a favor del molinero, el monarca celebró que hasta él mismo tuviera que acatar la decisión de los jueces de la capital de Prusia.
El visitante de los jardines del castillo, en Potsdam, puede ver todavía el viejo molino, rechinando y en pie, pero lo que se sabe por la historia documentada es que dicho molino fue mandado a construir por Federico II el Grande en sus últimos días de vida con el fin de conmemorar la tradicional forma de vida de los habitantes de Potsdam en la colina, antes de la llegada de los reyes prusianos.
Sin perjuicio de carácter fantasioso, la leyenda señala claramente los valores que los jueces tienen el deber de sostener, en contra de las autoridades y aún en contra de aquellas leyes que vulneren el núcleo fundamental sobre el que se organiza un estado de derecho.
Sin duda, la independencia de los jueces es uno de los pilares de nuestro sistema republicano.
El delicado sistema de pesos y contrapesos que componen los tres poderes del estado republicano moderno debe permitir que los jueces juzguen con absoluta independencia de criterio (Cfr. El Federalista, Hamilton, Madison y Jay, 1780).
En la medida que los integrantes de los otros poderes estén conscientes de que hay un Poder Judicial respetuoso de sí mismo, tendrán que reconocer, valorar y, por consecuencia, respetar su autonomía e independencia. En esa misma medida la confianza ciudadana hacia las instituciones se incrementará de manera notable, trayendo como consecuencia la confianza de la población (Discurso del Dr. Alberto Ítalo BALLADINI, Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas – 150º aniversario de la Constitución Nacional – Ushuaia, Prov. De Tierra del Fuego, http://www.justierradelfuego.gov.ar).
2. De la fundamentación de las sentencias.
Es una facultad y también una obligación de los jueces, hacer prevalecer la vigencia de la Ley de Leyes, y para ello tiene el deber indelegable de ejercer el control de constitucionalidad de todo acto o norma emanada de los poderes políticos y que deba ser aplicada en el caso concreto a resolver (Cámara del Trabajo, Córdoba, Sala 9, “Savid, Luis C. C/Juan Minetti S.A. S/Demanda – Incapacidad”, del 22/02/04.) Y a estos fines están dirigidas las inmunidades de que gozan los jueces durante el tiempo que duren en el ejercicio de sus funciones. De este modo, la Cámara Civil y Comercial Federal, con cita de Ramiro Podetti, “Tratado de la competencia”, tomo I, pags. 189 y 207, ha dicho que: “Dentro de tales prerrogativas se halla la inmunidad que impide que los magistrados sean demandados en materia civil, por hechos cumplidos en ejercicio de sus funciones o, mejor dicho, por actos inherentes a ellas, sin un trámite previo, que suele denominarse "desafuero". Ello garantiza el regular ejercicio de la actividad, sin el temor, para el juez, de ser perseguido ante otros jueces por daños ocasionados en o por sus resoluciones, sin que la causa sea examinada por un tribunal, que concederá o no el desafuero o la suspensión” (Autos: “Marder José C/ Marquevich Roberto y otro S/ Beneficio de litigar sin gastos”, causa N° 8445/94 del 07/04/1995.). Así parece asegurarlo los artículos 60 y 115 de la Ley Fundamental.
Cobra especial relevancia en este aspecto el brocárdico “Iura novit curia”, que significa que el juez conoce del derecho y es quien lo aplica en los casos sometidos a la esfera de actuación. Por ello, “Unidos el conocimiento del derecho, como deber del juez, y el conocimiento del hecho como posibilidad del juez, han de contribuir a que nunca, o raras veces, la ley impida hacer justicia” (Santiago SENTIS MELENDO, “El juez y el derecho” (iura novit curia), Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Año 1957, Pág. 11.).
La principal obligación de los decisores reside en conocer en los casos sometidos a su examen en la órbita de su competencia y decidir fundadamente y con arreglo a derecho en el momento correspondiente. El deber de fundamentar las sentencias tiene sustento en el artículo 18 de la Carta Magna que garantiza el debido proceso y la decisión fundada en ley.
La Constitución de la Provincia de Neuquén en su artículo 238, lo exige expresamente bajo sanción de nulidad. El artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Córdoba es más completo aún: “Los magistrados y funcionarios judiciales están obligados a concurrir a sus despachos en los horarios de atención al público. Deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan, con fundamentación lógica y legal”. La Constitución de la Provincia de B.A., habla reiteradamente de la independencia de sus jueces en el ejercicio de sus funciones, partiendo del principio de libertad (preámbulo y arts. 2,3, 11,12, 13, 14, 15, 18, 25, 56, 161, 171 y 176 C.P.B.A.)
3. Conclusión.
Esta larga introducción sobre la independencia del juez, y su obligación de fundar razonablemente las sentencias, que puede resumirse en lo dispuesto en el art. 3 del nuevo CCCN, pone de relieve la absurda imposición de la norma que analizo.-
De acuerdo a la disposición del art. 16 in fine de la ley 14.967 el juez queda obligado a aplicar los importes que la ley determina como mínimos. y a fundar tal decisión.-
Es llamativo que tanto en los “Fundamentos” con que se acompaño el proyecto de la ley 14.967, como en el breve debate que se dio sobre el particular en la Cámara de Diputados de la legislatura provincial (sesión de fecha 31 de Agosto de 2017, punto 43) se señala, por ejemplo, que con la nueva legislación se evitarían arbitrariedades habituales de los jueces, regulaciones insuficientes y falta de fundamentación de las sentencias (ver “Fundamentos”, párrafos. 10, 1213,15 e intervención de los diputados París y Portos en la sesión indicada) sin tener en cuenta que ello ya estaba previsto en el decreto 8904/77. Ello fue señalado por el Dip. Lissalde que dijo: “…. otro argumento totalmente falaz … es el caso del ejemplo de la regulación de honorarios que tienen que ser fundados por el magistrado al momento de la regulación: en el actual Decreto está contemplado de la misma manera.” .-
Cabe señalar que, sin perjuicio de su reiteración en cualquier de las normas que se dicten, toda resolución judicial debe ser fundada, pues la ausencia de fundamentos la descalifica como tal (art. 3 CCCN y art. 161,163, 164 CPCC).
Sin embargo, la vía pretendida en el art. 16, esto es de disponer que el incumplimiento del mínimo constituya una causal de mal desempeño importa un absurdo: la decisión del juez no puede estar rígidamente preestablecida obligando a éste " bajo pena de Jury" a decidir de tal modo, porque se desnaturaliza la tarea judicial.
La resolución que fija honorarios debe ser, como toda otra decisión judicial, la aplicación al caso del derecho vigente según los hechos probados y el juez debe estar convencido que al hacerlo de tal modo otorga la mejor solución posible a la cuestión en análisis.
Por el contrario, si se ve obligado a decidir en el sentido que la ley exige bajo apercibimiento de sanción, la resolución que dictará estará falta de aquel razonamiento que se le pide al magistrado. Podrá considerarse que ella tendrá una motivación racional (evitar la sanción), pero no razonable. Tan racional como patética, en el sentido más profundo de esta palabra que indica un padecimiento moral que conmueve pr
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