Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal en lo Criminal Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino. Por Secretaría, y en formato electrónico, se radicarán allí las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
I. Julieta Sofía Caro, por derecho propio, promueve pretensión por cobro de honorarios contra la Fiscalía de Estado, con la finalidad de que se haga efectiva la regulación de honorarios que se fijara por su actuación profesional en los autos "Quagliato, Patricia Inés c/ Amparo-Demandado IOMA" (expte. nº 609/2017), tramitado por ante el Tribunal en lo Criminal Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino y que fuera posteriormente confirmada -de manera parcial- por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás.
Es frente a tal circunstancia que peticiona se decrete el embargo sobre la cuenta bancaria que la demandada posee en el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta cubrir la suma reclamada (véase documento adunado al oficio electrónico de fecha 16-V-2022).
II. A requerimiento de la demandante, en tanto razones de conexidad con el expediente "Quagliato, Patricia Inés c/ Amparo-Demandado IOMA" (expte. nº 609/2017) así lo exigirían, la causa fue iniciada en el mentado órgano jurisdiccional de Pergamino.
Su presidente, tras afirmar que el reclamo que persigue la actora, orientado al cobro de estipendios profesionales contra la Fiscalía de Estado, encontraba mejor acogida por los conductos procesales previstos en el código de rito, decidió rechazar la acción in limine litis. Para fundar esto, adujo que -en esencia- la de autos era una controversia donde se procuraba hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal (cfr. art. 2 inc. 4, ley 12.008; v. sent. interlocutoria de fecha 23-X-2020).
Frente a ello, la actora reformuló su demanda, que fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental -por ser el único juzgado en lo contencioso administrativo perteneciente a esa jurisdicción territorial-.
Cabe señalar que, en su resolutorio de fecha 6-V-2022, el magistrado a cargo se rehusó a conocer en el litigio, pues consideró, en atención al artículo 6 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial como a la doctrina legal de esta Corte, que el órgano jurisdiccional competente en los incidentes es aquél a quien corresponde el proceso principal (según surge de la consulta realizada en la MEV).
Así entonces, devueltos los obrados al organismo que los había remitido, éste mantuvo su postura primigenia y, en consecuencia, planteó la contienda negativa ante este Tribunal para que la dirima (ver despacho electrónico de fecha 11-V-2022).
III. Esta Suprema Corte de Justicia, en varias oportunidades, ha resuelto la competencia del juez del proceso principal para entender en la tramitación y resolución de incidentes promovidos en el, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Ac. 37.036, “Murchison SA”, resol. de 2-VI-1987; B. 68.039, “Falabella”, resol. de 6-X-2004; B. 68.099, “Furnari”, resol. de 22-XII-2004; B. 70.615, "Segade", resol. de 2-XII-2009; B. 73.591 "Bodo SRL", resol. de 15-VII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 76.156, "Salazar", resol. de 30-X-2019 y B. 76.795, "Acosta", resol. de 19-III-2021).
Ello se funda tanto en el principio accesorium sequitur principale como, asimismo, en una razón de conexión y economía procesal que aconseja que sea un órgano judicial único quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes (art. 6 inc. 1, CPCC; doctr. causas B. 70.615, cit.; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014: B. 74.484, cit. y B. 77.497, "Costa", resol. de 26-XI-2021).
Sobre esa base, cabe destacar que la ley 14.967, en orden a lo dispuesto por su antecesora el decreto ley 8904/77, establece que la regulación judicial firme constituye título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas (art. 58). En cuanto a su ejecución, el mismo artículo reza que se sustanciará "...en incidente separado, o a opción del letrado en el mismo juicio en el que se hubieran regulado honorarios".
Y si bien en estas actuaciones el juez del amparo se encuentra a cargo de un tribunal perteneciente al fuero penal, está obligado a regirse por la normativa arriba mencionada, resultando inaplicable al proceso de amparo la regla de competencia civil que el Código Procesal Penal recoge en el artículo 520 para esta clase de ejecuciones (véanse causas B. 68.963, "Biglioti", resol. de 21-II-2007; B. 76.888, "Benítez", resol. de 9-IV-2021 y B. 77.049, "Mentucci", resol. de 9-VI-2021).
De allí que, entonces y toda vez que la ejecución de honorarios judiciales regulados constituye un incidente del proceso donde se han originado, corresponde conocer en ella al juez que los determinó (arts. 6 cit. y 499, CPCC; doctr. causas Ac. 93.271, resol. de 1-XII-2004; Ac. 94.396, resol. de 30-III-2005; Ac. 93.976, resol. de 11-V-2005; Ac. 93.887, resol. de 22-VI-2005; Ac. 93.664, resol. de 22-VI-2005; Ac. 93.664, resol. de 15-X-2005; B. 68.859, “Alderete”, resol. de 13-XII-2006; B. 69.174, “Torniri”, resol. de 8-VIII-2007 y B. 71.636, "Marcos", resol. de 18-IV-2012, e.o.).
IV. En atención a las premisas expuestas, dado que surge con claridad que la parte actora optó por promover la ejecución de honorarios ante el mismo órgano en el que tramitaron los autos principales y por la vía de la ejecución de la sentencia (véase, en ese orden, el apdo. VII de la demanda), resulta competente el Tribunal en lo Criminal Nº1 de Pergamino que intervino en primer término (doctr. causas B. 68.963, "Biglioti", resol. de 21-II-2007; B. 69.278, "Sorrentino", resol. de 19-IX-2007 y B. 77.497, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal en lo Criminal Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino. Por Secretaría, y en formato electrónico, se radicarán allí las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:22:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:39:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:50:00 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:39 hs. bajo el número RR-623-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia