Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126762
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar los recursos federales interpuestos, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.762 "GALLEGOS DE SANDONI CLORINDA DEL CARMEN Y OTRA C/ FISCALÍA DE ESTADO-PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN POR LUCRO CESANTE"
I. Contra la sentencia de esta Corte que rechazó los remedios de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 16-II-2024), deducen sendos recursos extraordinarios federales, por un lado, la apoderada de Fiscalía de Estado y, por el otro, la apoderada de la Municipalidad de Chascomús (v. trámites titulados "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 4-III-2024 y su archivo adjunto identificado como "escrito.pdf" y "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 18-III-2024 y su archivo adjunto identificado como "Interpone...").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de primera instancia que, a su turno, había ordenado llevar adelante la ejecución por la suma que fijó en concepto de lucro cesante y desestimado la aplicación de la ley 12.836 al caso de autos (v. sent. de 27-XII-2022 y sent. de 6-VI-2023, junto con su aclaratoria de fecha 16-VI-2023).
II.1. En forma liminar, se hace saber que, en atención a la similitud de argumentos y pretensiones que muestran ambas piezas recursivas, se abordará su tratamiento de manera conjunta.
II.2. En las vías ahora intentadas, las impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de razonabilidad, debido proceso, defensa en juicio, legalidad, propiedad y tutela judicial efectiva (arts. 17, 18 y 19, Const. nac.; v. págs. 2, 4/5, 18/19 y 30/33, adjunto "escrito.pdf" cit. y págs. 2/3, 5/6, 22/23, 36/37 y 39, adjunto "Interpone..." cit.).
II.3. Sostienen que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó los remedios locales al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que los remedios de inaplicabilidad de ley estaban insuficientemente fundados y que la prestación adeudada no se encontraba alcanzada por el régimen de consolidación de deudas. Afirman que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 320:607; 329:432; 343;156; 342:1621; 329:432; entre otros).
En tal sentido, aducen que el fallo objetado omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en las mentadas vías de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos a la normativa aplicable y la revisión de las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio. Y aseveran que dichos cuestionamientos resultaban idóneos para acreditar la incompatibilidad de fijar de manera conjunta intereses sobre el monto por daño emergente y el pago del lucro cesante por la pérdida de utilidad productiva. Ello, además de evidenciar que la ley 12.836 abarca el presente caso y que el Tribunal de Alzada realizó un estudio equívoco de las constancias de autos. En efecto, afirman que la causa fuente de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios se ubica en el contrato de rifa celebrado en el año 1996, cuya prestación definitiva consistía en la entrega a las actoras de un campo. De allí que, concluyen que la obligación que deriva de la sentencia ejecutada resultó consolidada en virtud de la previsión temporal reglada por la ley 12.836. En ese sendero, reiteran que tales fundamentos -volcados en las vías locales- resultaban aptos para refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo y la arbitrariedad de su fallo (v. págs. 17/30, adjunto "escrito.pdf" cit. y págs. 21/39, adjunto "Interpone..." cit.).
Aducen, además, que esta Corte interpretó y aplicó equivocadamente el instituto de la novación y explicitan que la sentencia aquí dictada rebasa el interés individual de las partes al verse afectada directamente una ley de orden público -la mencionada ley de consolidación de deudas- que resulta de aplicación aún de oficio para los Jueces, circunstancia que exhibe -según su punto de vista- la trascendencia del caso (v. págs. 3/4 y 27, adjunto "escrito.pdf" cit. y págs. 4/5 y 32/33, adjunto "Interpone..." cit.).
Y arguyen, que, si bien las cuestiones de hecho y de derecho procesal y local no son, en principio, revisables en la instancia extraordinaria, ello reconoce una excepción cuando -como en el presente supuesto- lo resuelto implicó una arbitrariedad no susceptible de ser considerada una derivación razonada del derecho vigente en orden con las circunstancias acreditadas en la causa y eludió -mediante fundamentos aparentes- el tratamiento de cuestiones conducentes para una adecuada solución del litigio (v. págs. 2, 18, 30 y 32, adjunto "escrito.pdf" cit. y págs. 2, 21, 36 y 38/39, adjunto "Interpone..." cit.).
Cuestionan, finalmente, los argumentos utilizados "a mayor abundamiento" por el Ministro que votó en tercer término. Aseguran que aquellos contradicen las constancias de la causa y la normativa aplicable (v. págs. 28/30, adjunto "escrito.pdf" cit. y págs. 34/36, adjunto "Interpone..." cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 20-III-2024), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. trámites titulados "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO" ambos de fecha 4-IV-2024).
IV.1. En lo que refiere a los remedios federales intentados, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y público y procesal local (en el presente, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias para la fijación del rubro indemnizatorio, la aplicación de lo normado por el art. 511 y concs. del CPCC y por la ley 12.836, y la suficiencia de la fundamentación de los remedios extraordinarios locales), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. Así, en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 2672, entre otros).
En el caso, no se advierte que en las piezas recursivas se satisfagan dichos extremos, desde que los motivos formulados por las recurrentes sólo trasuntan sus personales discrepancias con la sentencia atacada, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, dogmatismo, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos presuntamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN; F. 1792. XL, RHE, sent. de 28-VIII-2007 y Fallos: 329:2206; 330:133 y 329:3761; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que las interesadas se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos de inaplicabilidad de ley intentados, reiterando cuestionamientos expuestos en los referidos remedios locales, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 7/17 y 10/19 de los escritos electrónicos de fecha 27-VI-2023, a las 9:44:52 hs. y 13:55:05 hs. -respectivamente-; v. págs. 17/30, adjunto "escrito.PDF" cit. y págs. 21/39, adjunto "Interpone..." cit. y sent. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 17, 18 y 19, Const. nac.; v. págs. 2, 4/5, 18/19 y 30/33, adjunto "escrito.pdf" cit. y págs. 2/3, 5/6, 22/23, 36/37 y 39, adjunto "Interpone..." cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que citan, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco SA", resol. de 11-VI-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 116.233, "Suparo", resol. de 29-X-2021; C. 122.386, "Agrogamen S.A.", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.952, "Sandez", resol. de 19-II-2024; entre otros).
IV.4. Resta decir que tampoco se observan motivos de importancia que evidencien la trascendencia del caso invocada por las recurrentes y con ello habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios, en tanto se descartó que la ley 12.836 resulte aplicable al caso en examen por exceder su marco temporal (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas y 333:1218 y 338:699; v. págs. 3/4, adjunto "escrito.PDF" cit. y págs. 4/5, adjunto "Interpone..." cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar los recursos federales interpuestos, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:54:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/05/2024 18:46:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:24:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 12:25:13 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 13:08:24 hs. bajo el número RR-350-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia