Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 126762
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 126.762, "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen y otra contra Provincia de Buenos Aires. Incidente de ejecución por lucro cesante", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había ordenado llevar adelante la ejecución por la suma de cuarenta y dos millones quinientos un mil ciento cincuenta y un pesos con veinte centavos ($42.501.151,20) en concepto de lucro cesante y desestimado la aplicación de la ley 12.836 al caso de autos (conf. sent. de fecha 6-VI-2023).
Se interpusieron, tanto por la letrada apoderada del Fisco de la Provincia de Buenos Aires como por la de la Municipalidad de Chascomús, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 27-VI-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el expediente principal "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen contra Provincia de Buenos Aires y otro. Cumplimiento de contrato" se resolvió hacer lugar a la demanda por cumplimiento de contrato promovida por Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallegos de Sandoni contra las asociaciones cooperadoras de las escuelas n° 15, 20 y 39 del partido de Chascomús, la Provincia de Buenos Aires y Jorge Naqued, condenándolos para que dentro del plazo de treinta días procedieran a la escrituración de los inmuebles de los cuales fueron acreedoras las actoras como consecuencia de haber salido favorecidas en una rifa, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 510 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, se hizo responsable a la Municipalidad de Chascomús con el alcance establecido en el considerando 4 de dicho fallo, imponiendo las costas a los demandados vencidos. En ese considerando se estableció que, en caso de imposibilidad de cumplimiento del premio de la rifa, la Municipalidad de Chascomús debía responder en la etapa de ejecución de sentencia (art. 511, CPCC; v. fs. 1.159/1.168, expte. principal).
Con fecha 18 de septiembre de 2015 la parte actora inició la ejecución de la sentencia (v. fs. 9/13, expte. n° 43.893).
Posteriormente, a través del acto decisorio del 18 de marzo de 2019 se resolvió desdoblar el conocimiento de los alcances de la condena pretendida, formándose estas actuaciones que llevan el n° 78.363 y el incidente de ejecución por daño emergente (expte. n° 78.373).
En lo que aquí importa, al resolver la presente incidencia el magistrado de origen mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto los accionados -Fisco de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Chascomús, Jorge Naqued y las asociaciones cooperadoras de las escuelas n° 15, 20 y 39 del partido de Chascomús- hicieran a la parte ejecutante íntegro pago de la suma de cuarenta y dos millones quinientos un mil ciento cincuenta y un pesos con veinte centavos ($42.501.151,20) en concepto de lucro cesante.
En punto a la consolidación de deudas prevista en la ley 12.836, destacó que debía estarse a lo resuelto en igual sentido en el incidente de ejecución de sentencia destinado a determinar el daño emergente, en cuyo decisorio se juzgó que el caso no se encontraba alcanzado por las disposiciones de la norma aludida por cuanto el "daño" se había verificado para las demandantes desde que fueron desposeídas del campo objeto de la rifa, en el año 2003. Por análogas razones a las allí expuestas en lo tocante al rubro en análisis -a las cuales cabía remitirse y dar por reproducidas en homenaje a la celeridad y economía procesal- concluyó que toda vez que la desposesión había sucedido con posterioridad a la fecha de corte establecida en la ley antes citada (30 de noviembre de 2001) se imponía declarar que la deuda reconocida en dicho acto decisorio no se encontraba alcanzada por el régimen estatuido por la ley 12.836.
Por último, impuso las costas a los ejecutados vencidos (v. sent. de fecha 27-XII-2022).
II. Apelado dicho fallo por las partes, la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata lo confirmó, imponiendo las costas a los recurrentes en su objetiva condición de vencidos (v. sent. de fecha 6-VI-2023).
III. Frente a este pronunciamiento, los letrados apoderados del Fisco de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Chascomús interponen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley por medio de los cuales denuncian la errónea aplicación de los arts. 68, 69, 71, 165, 384, 500, 501, 506, 511 inc. 4 y 557 del Código Procesal Civil y Comercial; 499, 505, 519, 520, 622, 628, 629, 801, 802, 803, 889 y 1.747 del Código Civil (ley 340); 724, 726, 730, 772, 938 inc. "a" del Código Civil y Comercial de la Nación; 8 de la ley 12.836 y 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional. Asimismo, alegan el vicio de absurdo. Finalmente, hacen reserva del caso federal (v. escritos electrónicos de fecha 27-VI-2023).
En atención a la similitud de argumentos y pretensiones que muestran ambas piezas de alzamiento habré de abordar su tratamiento conjunto.
En rigor, aducen los impugnantes que la sentencia resulta absurda al sostener que las acreedoras tienen derecho a percibir, conjuntamente: a) los intereses fijados sobre el monto por daño emergente y b) una suma en concepto de lucro cesante por la pérdida de utilidad productiva del campo, hasta el momento del efectivo pago. Afirman que tal modo de decidir implica un enriquecimiento indebido para las actoras pues percibirían dos "utilidades" incompatibles entre sí.
Por otra parte, se agravian de la declaración de inaplicabilidad del régimen de la ley 12.836 al caso de autos. En tal sentido, alegan que la condena a pagar daños y perjuicios (a través de la entrega de una cantidad de moneda) tiene como causa fuente exclusiva al contrato de rifa celebrado entre las partes en el año 1996, encontrándose consolidada en virtud de la previsión temporal prevista en la citada normativa.
Por último, cuestionan la imposición de las costas de alzada a los recurrentes, solicitando se distribuyan de acuerdo al vencimiento parcial y mutuo de las partes (art. 71, CPCC).
IV. Los recursos no prosperan.
De manera liminar, cabe señalar que corresponde el tratamiento prioritario de las presentes actuaciones en atención al tiempo transcurrido desde el inicio del expediente principal (13-V-1998; v. autos "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen y otra contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Cumplimiento de contrato") y del incidente de ejecución de sentencia (18-IX-2015; v. autos "Gallegos de Sandoni, Clorinda del Carmen y otra contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Ejecución de sentencia") y a los efectos de que el trámite resulte respetuoso de lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (conf. arts. 1, 2 inc. "n", 4 inc. "b" y 31 -convención citada-; 34 inc. 5, CPCC; ley 27.700; 15 y 36 inc. 6, Const. prov.; 31, 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 1, 2, 8 inc. 1 y 25, CADH).
IV.1. Ingresando así inmediatamente en el análisis de los cuestionamientos esbozados, sostienen los recurrentes que existe incompatibilidad entre los intereses fijados en la ejecución de sentencia por daño emergente y el lucro cesante admitido en la presente incidencia.
IV.1.a. Sobre el punto, sostuvo el Tribunal de Alzada que no se advertía -tal como lo sostenían los apelantes- que al adicionarse intereses al daño emergente no fuera posible otorgar el lucro cesante.
Recordó que una cosa eran los intereses que se debían por la mora en el pago del rubro daño emergente (valor del inmueble) y otra distinta era el rubro lucro cesante (por las ganancias dejadas de percibir por los alquileres del campo), por lo cual no se evidenciaba en el caso una doble indemnización por el mismo rubro.
En dicha inteligencia, precisó -en consonancia con lo ya decidido en el incidente de ejecución por daño emergente- que correspondía confirmar la sentencia de origen en cuanto a la admisibilidad del rubro en cuestión toda vez que había sido introducido el reclamo en la etapa procesal oportuna y no importaba una duplicación del resarcimiento.
IV.1.b. Frente a ello, advierto que los recurrentes a lo largo de sus libelos recursivos solo presentan su disconformidad con la sentencia que les fuera desfavorable.
En efecto, sus argumentos parten de considerar que la reparación de estas "dos utilidades" -el lucro cesante y los intereses por el daño emergente- importa otorgar una doble indemnización por el mismo rubro prohibida por la ley.
Aducen que resulta arbitrario sostener que además de los intereses le corresponda a la parte actora percibir una suma en concepto de lucro cesante por la "pérdida de utilidad" productiva del campo rifado hasta el momento del efectivo pago.
Expresan que no se adeuda una unidad productiva capaz de generar utilidades a través de su alquiler o explotación agropecuaria, sino que el "nuevo objeto" de la obligación es una deuda de valor, donde lo que se debe es un valor cuantificable en dinero, por lo que resulta absurdo condenar al pago del lucro cesante.
Lo dicho denota que no media en sus escritos una crítica adecuada del fallo hoy puesto en crisis, en tanto -reiterando los agravios vertidos ante el Tribunal de Alzada (v. escritos electrónicos de 28-II-2023 y 2-III-2023)- insisten en la improcedencia del lucro cesante por considerar que dicho resarcimiento se identifica con los intereses reconocidos en el incidente por daño emergente, sin hacerse cargo de los sólidos fundamentos vertidos por la Cámara en los cuales se definen y distinguen ambos conceptos, esclareciéndose la finalidad de cada instituto.
Sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, más allá de limitarse en esta Sede a reproducir planteos ya expuestos ante el a quo que lejos están de patentizar los yerros que imputan, no logra conmover los fundamentos centrales del fallo atacado y sus argumentaciones se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante (conf. doctr. causas C. 121.891, "Aguirre Cruzado", sent. de 17-V-2021; C. 124.652, "Dirrocco", resol. de 30-IX-2021; entre muchas).
Ello así toda vez que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales de la decisión comporta un requisito de ineludible cumplimiento para quien la intenta (conf. doctr. causas C. 109.310, "Tascón", sent. de 15-IV-2015; C. 119.870, "Olarán", sent. de 12-XI-2020; etc.), tarea soslayada en la especie, correspondiendo el rechazo de esta parcela de la impugnación.
IV.2. Tampoco puede ser receptado el cuestionamiento vinculado con la declaración de inaplicabilidad al caso de la ley 12.836 y la vulneración de los arts. 499, 505, 519, 520, 617, 619, 622, 628, 629, 801, 802 y 889 del Código Civil (ley 340) y 724, 726, 730, 772, 938 inc. "a" del Código Civil y Comercial de la Nación.
IV.2.a. En lo que aquí interesa, la Cámara refirió que el juez de la primera instancia consideró inaplicable el referido régimen legal por ser la fecha de desposesión del campo el 6 de junio de 2003.
Advirtió que si bien los apelantes alegaban que la rifa había sido anterior y la demanda se había iniciado en el año 1998, ya se había expedido la Cámara en el incidente de ejecución de sentencia por daño emergente sobre esta cuestión (v. sent. de 7-III-2023, causa cit.), correspondiendo estar a lo allí resuelto y rechazar las quejas por los mismos fundamentos en razón de que, como se señaló en aquella incidencia, al existir una novación legal -transformación de la obligación de escriturar en una obligación dineraria cuya causa deja de ser el contrato (rifa) que dio lugar a la primera, el cual se resuelve, para encontrarla ahora en el hecho concreto que imposibilita la ejecución de la escritura pactada- ello resulta posterior a la ley 12.836, por lo que la deuda no se encuentra consolidada (arts. 803, Cód. Civ.; 510 y 511, CPCC).
IV.2.b. Por su parte, los quejosos aducen -aludiendo a los fundamentos esbozados por el Tribunal de Alzada en dicha oportunidad- que la sentencia yerra al considerar que la causa determinante de la presente deuda resultó de la imposibilidad de escriturar ocasionada por el traspaso del dominio del campo rifado al adquirente en subasta -hecho concretado con la aprobación del remate en fecha 6 de junio de 2003- (v. causa "Polito, Eduardo y otros contra Naqued, Jorge. Ejecución Hipotecaria") y que, en atención a dicho hito, quedaba excluida del régimen de consolidación.
Afirman que la obligación tiene su origen en el contrato aleatorio de rifa celebrado en el año 1996 -y, por ende, se encuentra alcanzada por la ley 12.836- sin que pueda sostenerse válidamente que existe una nueva causa toda vez que "la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés" (conf. arts. 505 y concs., Cód. Civ. y 724, Cód. Civ. y Com.).
En este orden de ideas, aducen que la causa del deber -contrato de rifa- jamás mutó, variando exclusivamente el objeto de la prestación debida para satisfacer el interés del acreedor (la obligación de dar una cosa cierta se transformó en la de entregar determinada cantidad de moneda representativa del valor de esa cosa).
A la par, arguyen que el erróneo razonamiento de la Cámara resulta manifiesto cuando afirma que "habiéndose resuelto el contrato aleatorio de rifa en virtud de la imposibilidad jurídica para su cumplimiento" nació por novación "una obligación con causa, objeto y sujetos diferentes a la anterior", pues no puede producirse una novación a partir de la modificación de todos los elementos esenciales de una obligación dado que la novación supone una obligación anterior que le sirve de causa (art. 802, Cód. Civ.).
En suma, expresan que la mutación de la causa fuente de la obligación que declaró la sentencia carece de sustento jurídico porque las partes no han convenido ningún cambio al respecto y la ley dispone exclusivamente que la obligación de hacer o dar una cosa cierta (ante la imposibilidad de cumplimiento por culpa del deudor) se transforma en la de entregar una determinada cantidad de moneda, constituyendo su antecedente -contrato de rifa- la fuente exclusiva de tal obligación.
IV.2.c. El presente agravio tampoco puede ser receptado.
El fallo al cual hace remisión la Cámara comenzó por señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación determina en su art. 777 -para las obligaciones de hacer- en el mismo sentido que lo hacía el Código de Vélez en sus arts. 628 y 629, que el incumplimiento imputable al deudor de la prestación le da derecho al acreedor a: 1) exigir el cumplimiento específico; 2) hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor; 3) reclamar los daños y perjuicios.
Allí sostuvo que el art. 511 del Código Procesal constituye aplicación de la legislación de fondo (en particular del art. 629, Cód. Civ.), cuyas previsiones complementa, regulando las diversas situaciones que pueden plantearse en la práctica.
Precisó que la condena a escriturar es una obligación a cumplir. Tan es así que si no se cumple voluntariamente se cumplirá compulsivamente. Ello resulta de la norma aplicable (art. 510, CPCC). Pero puede ocurrir que el cumplimiento no resulte viable, es decir, que esa condena a escriturar no pueda concretarse, sea el valladar de origen legal o de naturaleza personal.
Cualquiera sea el caso, expresó, se está en presencia de una obligación de cumplimiento imposible, supuesto para el que la ley prevé expresamente el procedimiento a seguir: el establecido en el art. 511 del Código Procesal Civil y Comercial, que justamente dispone que la obligación se resolverá en el pago de los perjuicios resultantes del incumplimiento.
En dicha inteligencia, refirió que si no se cumpliera voluntariamente, sobreviene la etapa de ejecución de sentencia -estadio actual de estas actuaciones- y el juez declarará la resolución del contrato y transformará la condena de hacer en la de pagar los daños y perjuicios provenientes de la inejecución y tramitará como lo dispone el art. 511 cuarto párrafo del Código de rito.
Ello -concluyó- equivale a un supuesto de novación legal: la obligación de escriturar se transforma en una obligación dineraria cuya causa deja de ser el contrato que dio lugar a la primera, el cual se resuelve, para encontrarla ahora en el hecho concreto que imposibilita la ejecución de la escritura (conf. arts. 801, 802 y 812, Cód. Civ.).
Por ese motivo, la Cámara declaró que la causa determinante de la presente deuda resultaba de la imposibilidad de escriturar, ocasionada con el traspaso del dominio del campo rifado al adquirente en subasta -hecho concretado con la aprobación del remate el día 6 de junio de 2003- razón por la que la obligación no se encontraba consolidada, por estar excluida del período que comprende la ley 12.836.
IV.2.d. Pese al esfuerzo argumental desplegado por los recurrentes, advierto que la crítica ensayada no logra demostrar las violaciones legales denunciadas (art. 279, CPCC).
Tal como sostuve en oportunidad de emitir mi voto en la causa C. 126.470, "Gallegos de Sandoni" (sent. de 27-XI-2023), la hipótesis aquí examinada, obligación nacida de un contrato celebrado en el año 1996 cuyo incumplimiento definitivo se produjo en el año 2003 -hechos que arriban incontrovertidos a esta sede extraordinaria- debe regirse por las normas del Código Civil de Vélez, en virtud de tratarse de relaciones y hechos jurídicos consumados bajo la vigencia de dicho ordenamiento legal, sin perjuicio de que sus efectos o consecuencias -en tanto perduren en el tiempo- deban ser analizadas a la luz de las disposiciones de la ley 26.994.
No obstante lo expuesto, entiendo útil -en cuanto sea pertinente- hacer referencia a las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, toda vez que resulta una importante pauta de interpretación y guía en tanto ha receptado la doctrina y la jurisprudencia dominantes en la materia que aquí nos ocupa.
Tal como surge de la reseña antes efectuada, el Tribunal de Alzada sostuvo que el incumplimiento culposo definitivo (no pago) -arts. 628 y 629, Código Civil; 777, Código Civil y Comercial- produce la extinción de la obligación originaria por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla -conforme definición de novación: arts. 801, Código Civil; 777, Código Civil y Comercial-, cuyo objeto modificado convierte a la obligación "en la de pagar una indemnización" -arts. 888 y 889, Código Civil; 955 última parte, Código Civil y Comercial-, encontrándonos ante un supuesto de novación por disposición de la ley, admitido ampliamente por la doctrina y hoy regulado expresamente en el art. 941 -"novación legal"- del Código Civil y Comercial de la Nación.
Los quejosos cuestionan dicho razonamiento afirmando que la obligación originaria se ha perpetuado, haciendo hincapié en la doble instancia que -a su entender-puede existir en toda obligación: a) un primer momento en el que el deudor debe pagar y de ese modo satisfacer el interés del acreedor y b) uno ulterior en el que, de no verificarse el pago de la deuda, se habilita al acr
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