Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118541
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declaran bien concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos por la parte actora. Asimismo, en cuanto a su procedencia, se rechazan, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.541, "Delbes, Cecilia Laura y otros contra Municipalidad del Partido de Puán y otro. Incidente de ejecución", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (sustituidos por los arts. 4 de la ley 25.561 y 5 del decreto 214/02) deducido por la parte actora en el marco del incidente de ejecución de sentencia y honorarios promovida en los autos caratulados autos "Delbes, Cecilia Laura y otro c/ Municipalidad del Partido de Puán y otro s/ Accidente de trabajo" (v. fs. 555/559).
Asimismo, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corte a fs. 638/639, dictó nueva resolución y dispuso que el capital de condena devengue intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigentes en los distintos períodos de aplicación, rechazando la aplicación al caso de las disposiciones del art. 1 de la ley 14.399 (v. fs. 652/653).
Se dedujeron, por los accionantes, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley contra sendas decisiones (v. fs. 561/573 vta. y 660/666 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Han sido bien concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos por la parte actora?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del interpuesto a fs. 660/666 vta.?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el incoado a fs. 561/573 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado ordenó llevar adelante la ejecución de la sentencia hasta que la demandada hiciera íntegro pago a los actores Ana Tubío, Francisco Tubío y Cecilia Laura Delbes de las sumas de pesos que indicó (v. fs. 117 y vta.).
Con fecha 3 de septiembre de 2013, mandó a practicar por secretaría la liquidación de capital e intereses (v. fs. 511). Esta última resolución fue anulada por esta Suprema Corte por carecer de validez como acto jurisdiccional al haberse omitido en ella la firma de uno de los magistrados del tribunal; se dispuso, en consecuencia, que la causa debía volver al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces, dictase nuevo pronunciamiento (v. fs. 638/639).
Hecho así, el a quo resolvió adicionar intereses desde el dictado de la sentencia a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desestimando la pretensión de los accionantes de aplicar al caso la ley 14.399 (v. fs. 652/653). Por otro lado, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, también formulado por los accionantes (v. fs. 555/559).
II. Los recursos han sido mal concedidos.
Esta Corte tiene dicho que los pronunciamientos recaídos en la etapa de ejecución de sentencia, en principio, no son susceptibles de ser recurridos por la vía de los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial pues no reúnen la calidad requerida por dicha norma (causas L. 118.358, "Lipskeir", resol. de 3-XII-2014; L. 119.355, "Cabral", resol. de 21-X-2015 y L. 121.076, "Matitti" resol. de 29-VIII-2017).
En este marco, se observa que al intentar justificar la definitividad de la decisión cuestionada, el recurrente no se encarga de brindar argumentos idóneos que conduzcan a este Tribunal a apartarse de la mencionada regla.
Lo señalado, es suficiente para dar una respuesta negativa al primer interrogante planteado en este acuerdo.
III. Por lo expuesto, corresponde declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos.
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con la respuesta dada a la primera cuestión por el colega que abre el acuerdo.
Ello así pues entiendo que los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos han sido bien concedidos.
Al respecto, corresponde primeramente destacar que este Tribunal reiteradamente ha expresado que las vías extraordinarias solo proceden contra las sentencias definitivas -es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito-, y no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución, las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). En la especie, sin embargo, deberá considerarse la existencia de circunstancias especiales que autorizan la excepción de tales principios. Es que, como no se da en los precedentes citados, en el caso, este Tribunal (con el dictamen favorable del señor Subprocurador General) anuló una resolución y dispuso la remisión de la causa a la sede de origen para que, con distinta conformación, dictase una nueva.
Teniendo en cuenta ese contexto, no hay óbice para concluir que esta nueva resolución tiene el mismo rango que la anterior, o -si se quiere- es su semejante. Luego, una elemental analogía hace que, de la misma manera que a la otra (a la anulada), a esta deba considerársela equivalente a sentencia definitiva y, por ende, susceptible de ser atacada por esta vía.
II. Por esas razones, entiendo que los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados a fs. 561/573 vta. y 660/666 vta. han sido bien concedidos y corresponde brindarles tratamiento.
Voto , pues, por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Considero, por coincidir con los fundamentos expuestos por el doctor Soria, que los recursos han sido mal concedidos.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En atención al resultado obtenido -por mayoría- al abordarse la primera cuestión planteada en este acuerdo, corresponde brindar tratamiento a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos por la parte actora.
II. Contra el pronunciamiento de fs. 652/653, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian absurdo, arbitrariedad, violación del principio de congruencia y errónea aplicación de los arts. 7 y 1.747 del Código Civil y Comercial de la Nación; 3 y 508 del Código Civil (ley 340) y de la doctrina legal que citan (v. fs. 660/666 vta.).
Alegan que, al no aplicar al caso las disposiciones contenidas en el art. 1 de la ley 14.399, la resolución en crisis vulnera la intangibilidad del crédito alimentario y, por ende, su derecho de propiedad, toda vez que la indemnización que les fue reconocida no ha sido aún abonada y, al momento de su eventual pago, lo será en moneda depreciada (v. fs. 663).
Aducen que el decisorio no se ajusta a las prescripciones contenidas en el art. 7 de Código Civil y Comercial de la Nación (anterior art. 3, Cód. Civ., ley 340), en cuanto en ellas se dispuso que "las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". En ese sentido, sostienen que encontrándose insatisfecho el crédito de los accionantes, deviene procedente la aplicación de la ley 14.399 (v. fs. cit.).
Expresan que la solución brindada por el órgano jurisdiccional se contrapone con la doctrina legal de esta Corte emanada de las causas Ac. 37.456, "I.B.M. Arg. S.A." (sent. de 22-X-1991); Ac. 61.992, "Silva" (sent. de 13-II-1996) y Ac. 76.446, "Perilli" (sent. de 19-II-2002; v. fs. 663 y vta.).
Agregan, que la citada ley debe establecer idéntico criterio al de la ley 23.928, en cuanto esta se aplicó a las relaciones jurídicas existentes al momento de su entrada en vigencia (v. fs. 663 vta.).
Señalan que la procedencia de los intereses a la tasa pasiva no pondera la depreciación monetaria sufrida por los actores y citan en apoyo de su postura a las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Torchio, Ernesto y otro c/ Ruíz José" (sent. de 10-VI-1992) y "Delpech, Fernando Francisco c/ Heller, Juan Sebastián y otra." (sent. de 6-VII-1995) -entre otras-, en cuanto en ellas se decidió que correspondía actualizar el importe de la condena cuando los intereses resultaban insuficientes para asegurar la recomposición del capital ante la variación del valor de la moneda (v. fs. 664).
Sostienen que la excepcionalidad de la revisión de la cosa juzgada puede darse en aquellos casos en el que lo írrito no surja de la comisión de un delito o por haber mediado fraude procesal, sino de su manifiesta injusticia, como es el supuesto de autos (v. fs. 664 vta.).
Finalmente, aducen que el pedido de aplicación del art. 1 de la ley 14.399 guarda relación y simetría con el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto dispone la actualización de los créditos en los casos de depreciación monetaria (v. fs. 665 in fine y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Como fuera anticipado, el órgano de grado dispuso en la sentencia recaída en los autos "Delbes, Cecilia Laura y otro c/ Municipalidad del Partido de Puán y otro s/ Accidente de trabajo", que -en caso de incumplimiento- las prestaciones debidas a los accionantes devenguen intereses conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. fs. 454 y vta.).
En el marco del incidente de ejecución de la misma, desestimó la pretensión de los accionantes de aplicar al caso la ley 14.399 y ordenó que se liquiden dichos accesorios desde el dictado de la sentencia (26 de abril de 2001) y hasta esa fecha (3 de octubre de 2017), conforme la alícuota fijada precedentemente (v. fs. 658/653).
De lo expuesto se desprende, que lo requerido por los recurrentes en cuanto a la tasa de interés pretendida importaría la alteración del alcance de la sentencia y, por lo tanto, el avasallamiento de la cosa juzgada, en tanto en el pronunciamiento de fs. 652/653, el a quo se limitó a fijar el plazo en el que correrían los accesorios, utilizando la alícuota determinada anteriormente en el fallo de mérito (v. copia de fs. 438/455), firme y consentido en este aspecto.
Recuérdese que el ámbito de la ejecución de la sentencia se circunscribe -como norma- al cumplimiento de los actos de ejecución procesal forzada tendientes a obtener la satisfacción de la obligación; actúan, pues, los efectos de la sentencia pronunciada en el proceso de conocimiento en los términos que producen la eficacia de la cosa juzgada y la ejecución debe llevarse a cabo en los términos de esta (causas Ac. 53.753, "Cooperativa Agrícola Limitada", sent. de 4-IV-1995 y Ac. 84.325, "Orellano", sent. de 1-IV-2004).
III.2. Luego, se impone señalar -a mayor abundamiento y para satisfacción de los interesados-, que esta Corte -por mayoría- al fallar las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013), declaró la invalidez constitucional de la citada ley provincial 14.399, en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653 y ello, por juzgarla en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 22, 126 y concs.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En atención a la mayoría alcanzada respecto a la primera cuestión planteada, por las razones expuestas por el doctor Soria y con sus mismos alcances, doy mi voto en el mismo sentido.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
En virtud del resultado obtenido, por mayoría, respecto de la primera cuestión cabe abordar las siguientes planteadas.
Al respecto, en la presente adhiero a lo expuesto por mi colega el doctor Soria en su voto y, entonces, también propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído a fs. 660/666 vta.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres , Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo tuvo por interpuesto en debido tiempo y forma el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (sustituidos por los arts. 4 de la ley 25.561 y 5 del decreto 214/02), articulado por los accionantes a fs. 457/469 vta. y con sustento en la doctrina legal establecida por esta Corte en el precedente L. 89.957, "Marino", sentencia de 4-IV-2008, rechazó el planteo, declarando la constitucionalidad de dichas normas (v. fs. 555/559).
II. Contra ese pronunciamiento se alzan los accionantes mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian la violación y errónea aplicación de los arts. 508 del Código Civil (ley 340); 7, 9, 12, 20, 260 y 276 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial; 29, 44 inc. "d", 47, 55 y 63 de la ley 11.653 y la doctrina legal que identifica (v. fs. 561/573 vta.).
Sostienen que se ven perjudicados por la devaluación del peso producida a partir de la vigencia de la ley 25.561 cuya inconstitucionalidad parcial plantearon, en cuanto dispuso en su art. 4 modificar la redacción de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, prohibiendo así todo tipo de mecanismo de actualización de la moneda y que a su vez mantiene derogada toda norma que establezca o autorice la indexación de precios (v. fs. 565 y vta.).
Explican que este último régimen legal constituye "un remedio frente a la injusticia que provoca la inflación (ya que alienta el pago tardío y el pago 'corrompido', puesto que el deudor paga menos de lo que debía abonar)" (fs. 566).
Manifiestan que, en el caso, se dictaron sentencias los días 28 de diciembre de 2000 y 26 de abril de 2001 y que, ante el incumplimiento de la demandada, debieron promover la correspondiente ejecución. Por ello, aducen que ante el proceso inflacionario padecido por nuestro país desde el año 2002, los intereses calculados desde esa fecha a la tasa pasiva resultan irrisorios (v. fs. 566 y vta.).
En este orden, solicitan se decrete la inconstitucionalidad de la normativa citada y se actualicen los montos no satisfechos mediante el índice que mensualmente proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con más la tasa de interés puro (v. fs. 566 vta. y 567).
Señalan que el fallo en crisis no atiende a la verdad jurídica objetiva y vulnera la garantía prevista en el art. 18 de la Constitución nacional, así como también el principio de congruencia, lo dispuesto en el art. 508 de la Ley de Contrato de Trabajo y constituye un exceso ritual manifiesto (v. fs. 568/569).
Aducen infringida la doctrina establecida por esta Suprema Corte en cuanto a que en el caso debió aplicarse el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio protectorio en beneficio del trabajador (v. fs. 570 y vta.).
Por último, denuncian que el juzgador de origen aplicó erróneamente la doctrina legal emanada de la causa L. 89.957, "Marino" (sent. de 4-VI-2008), dado que en dicho precedente la depreciación monetaria fue del año 2002 al 2008 (seis años), mientras que en el caso -aseveran- son doce años de depreciación (571/572 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En efecto, lo resuelto por el tribunal de grado guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (arts. 7 y 10, ley 23.928 -modif. por ley 25.561-; causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; e.o.), sin que la impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.2. A tenor de lo señalado, y toda vez que lo decidido por el sentenciante de grado se ajusta a lo establecido por la consolidada doctrina que este Tribunal tiene elaborado sobre el tópico, la impugnación debe desestimarse, sin necesidad de efectuar consideraciones adicionales.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto, pues, por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud , Pettigiani , Torres, Borinsky y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la tercera cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se declaran bien concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos por la parte actora. Asimismo, en cuanto a su procedencia, se rechazan, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:03:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:54:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:12:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:13:14 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:13:40 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 16:47:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 13:29:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 15:03:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia