Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa IEJ2-21684-19
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto y por ende, confirmar el auto impugnado de fecha 30/09/26 en los términos del artículo 140 de la ley 24.660 .-
lr. causa nº IEJ2-21684-19 .-
///mas de Zamora.-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal, el cual mantuvo el Fiscal General, contra el auto en el cual se reconoció al condenado Roberto Nahuel Silva un total de tres meses de reducción en los plazos de la progresividad, en los términos del artículo 140 de la ley 24.660, en el presente incidente correspondiente a la causa nº 07-04-21684-19 en trámite por ante el Juzgado de Ejecución Penal n°2 de Avellaneda, y;
Que el nombrado fue condenado a la pena nueve (9) años de prisión, accesorias legales y costas del proceso , por resultar autor penalmente responsable del delito homicidio simple, cuyo vencimiento operará el día 20/03/2031 .
Al expresar sus agravios, el representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó la aplicación del estímulo educativo previsto en el art. 140 de la Ley 24.660, al sostener que dicha disposición carece de operatividad en el régimen de ejecución provincial regulado por la Ley 12.256. Subsidiariamente, objetó la reducción concedida por considerar que fue dispuesta en abstracto, sin vinculación con un instituto concreto de la progresividad y sin determinación del plazo sobre el cual debía proyectarse. Asimismo, cuestionó el reconocimiento del estímulo fundado en el inciso d de la norma citada, al entender que correspondía verificar previamente la autenticidad y validez de la certificación acompañada por la Defensa, mediante los informes pertinentes de las autoridades educativas y penitenciarias. Por último, se agravió de la exención de costas dispuesta en la instancia de origen.
Sin embargo, los agravios expuestos no habrán de prosperar.
En primer término, corresponde señalar que la crítica fiscal parte de una interpretación que no logra desvirtuar los fundamentos de la decisión recurrida. En efecto, la circunstancia de que el ordenamiento provincial contemple, en el art. 41 bis de la Ley 12.256, un sistema de recompensas por actividades educativas o laborales no conduce, sin más, a excluir la aplicación del estímulo educativo previsto en el art. 140 de la Ley 24.660, pues se trata de institutos que responden a consecuencias jurídicas diferentes.
En ese sentido, mientras que el estimulo educativo procura incentivar el esfuerzo académico mediante una reducción de los plazos requeridos para avanzar en las distintas etapas y períodos de la progresividad del régimen penitenciario, el sistema de recompensas provincial contempla una consecuencia específica sobre el tiempo de cumplimiento de la pena. De allí que no resulte válido asimilar ambos mecanismos ni pretender construir un régimen de aplicación conjunta que combine las previsiones de uno y otro ordenamiento, tomando de cada uno aquellas disposiciones que resulten más favorables para alcanzar un mismo resultado.
Cabe recordar, además, que la pretensión sometida a consideración del órgano jurisdiccional fue formulada por la Defensa con sustento en el art. 140 de la Ley 24.660, por lo que correspondía examinar su procedencia dentro de los parámetros propios de ese instituto, sin confundirlo con el sistema de recompensas previsto en la legislación provincial. Por consiguiente, la existencia de este último no constituye un argumento suficiente para desconocer la operatividad del estímulo educativo en el ámbito provincial.
En cuanto al segundo agravio, tampoco habrá de tener favorable acogida al cuestionar el reconocimiento del estímulo educativo por entender que fue concedido en abstracto, sin vinculación con un instituto concreto de la progresividad.
Sobre el punto, cabe señalar que la interpretación propuesta por el recurrente introduce una exigencia que no encuentra sustento en la normativa aplicable, pues el art. 140 de la Ley 24.660 no supedita el reconocimiento del estímulo educativo a la existencia de una solicitud simultánea de algún beneficio liberatorio en particular. Antes bien, su finalidad consiste precisamente en incentivar la formación educativa de las personas privadas de libertad mediante la reducción de los plazos requeridos para avanzar a través de las distintas fases y períodos del régimen de progresividad.
En ese marco, no resulta necesario que el condenado tenga en trámite un pedido de salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional para que pueda examinarse y reconocerse el esfuerzo educativo acreditado. Se trata de una consecuencia jurídica que deriva del cumplimiento de los presupuestos establecidos por la norma y cuyo reconocimiento no debe quedar supeditado a la eventualidad de que se encuentre próximo a resolverse alguno de aquellos institutos.
Por lo demás, el reconocimiento del estímulo no importa, por sí mismo, la concesión anticipada de un beneficio ni supone tener por cumplidos los restantes requisitos legales exigibles para acceder a él, sino únicamente reconocer la reducción temporal que corresponde por la actividad educativa desarrollada, cuya incidencia habrá de ponderarse al momento de examinar el instituto que corresponda.
Continuando con el tercer agravio, tampoco tendrá favorable acogida. Ello así, pues la Defensa acompañó un certificado expedido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, autoridad competente en la materia, del que surge que el condenado culminó sus estudios de nivel secundario. En tales condiciones, la constancia presentada resulta suficiente para tener por acreditada la finalización del trayecto educativo, sin que corresponda exigir mayores recaudos para el reconocimiento del estímulo previsto en el art. 140 de la Ley 24.660.
Tampoco puede prosperar el agravio relativo a la falta de notificación a los familiares de la víctima, en los términos de la Ley 15.232. Ello así, toda vez que la presente incidencia tuvo por objeto exclusivamente el reconocimiento del estímulo educativo previsto en el art. 140 de la Ley 24.660, sin que se haya sustanciado solicitud alguna tendiente a la incorporación del condenado a los institutos de egreso o regímenes preparatorios para la liberación expresamente contemplados en la normativa citada. En consecuencia, al no haberse debatido ni resuelto un beneficio de tales características, la omisión señalada por el recurrente no constituye un motivo que permita descalificar lo decidido.
Finalmente, tampoco habrá de prosperar el agravio relativo a la exención de costas. En efecto, si bien el art. 531 del C.P.P. establece como regla que aquellas sean soportadas por la parte vencida, también faculta al órgano jurisdiccional a eximirla cuando hubiera tenido razón plausible para litigar. En el caso, cabe ponderar que la pretensión defensista obtuvo acogida parcial, con el reconocimiento de una reducción de tres meses, en el marco de una controversia que involucraba cuestiones jurídicas debatibles respecto de la aplicación y alcance del estímulo educativo en el ámbito provincial. Tales circunstancias justifican apartarse de la regla general de imposición de costas, por lo que corresponde mantener lo decidido en la instancia de origen.-
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto reconoció al condenado un total de tres meses de reducción en el marco del estímulo educativo previsto por el artículo 140 de la ley 24.660.
POR ELLO :
Esta SALA PRIMERA de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, RESUELVE : RECHAZAR el recurso interpuesto y por ende, CONFIRMAR el auto impugnado de fecha 30/09/26 en los términos del artículo 140 de la ley 24.660 .-
Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase al Juzgado de origen, donde deberá notificarse al condenado de lo aquí resuelto.
Cúmplase con la resolución de la Presidencia de esta Excma. Cámara del 28/12/2021 en relación a la ley 15.232.
Sirva el presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario firmante: NAVASCUES Miguel Carlos - JUEZ
Funcionario firmante: ALBERDI Miguel Maria - JUEZ
Funcionario firmante: RAMUNDO Diego Nicolás - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 2008-2026
Fin de la sentencia