Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: CXXV REGISTRO: 012 FOLIO: 184/185
Caleta Olivia, 28 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: B. J. M. Y OTROS S/ROBO CALIFICADO” Expte. Nº 43567/25 E, N° de Juzgado de Recursos 8609/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
I.-Mediante interlocutorio de fs. 6 vta./11, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…Denegar el pedido de excarcelación incoado por la defensa técnica del imputado B. J. M., por los motivos vertidos en los considerandos” Contra dicha resolución la doctora Sabrina Petersen, Letrada Adjunta dela Defensoría Pública Oficial de Las Heras, interpone recurso de apelación a fs. 13/14, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 15. En esta instancia es mantenido a fs. 26 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que, su asistido, se encuentra privado de su libertad desde el día 18 de diciembre de 2025, habiendo sido procesado con prisión preventiva, por considerárselo prima facie autor penalmente responsable del delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, y por la participación de una persona menor de dieciocho años de edad (arts. 167 inc. 2°, 41 quater y 45 del Código Penal); que con fecha 1 de septiembre de 2026, solicitó la excarcelación de su asistido en los términos del art. 300 y ss. del C.P.P., invocando la excesiva duración de la prisión preventiva (a esa fecha, ocho meses y catorce días de detención continua sin condena), la producción sustancial y prácticamente completa de la prueba de cargo, la ausencia de peligros procesales concretos, el arraigo local acreditado, la carencia de antecedentes penales y la disponibilidad de medidas cautelares alternativas menos gravosas.
Continúa diciendo que corrida vista al Ministerio Público Fiscal, el Sr. Agente Fiscal se opuso a la concesión del beneficio, sosteniendo, en síntesis, que la escala penal aplicable al hecho excedería el límite objetivo de ocho años previsto en el art. 299, segundo párrafo, del C.P.P.; que subsistiría un riesgo de entorpecimiento probatorio vinculado a la posible intimidación de las víctimas; y que restarían pericias pendientes de producción.
Expresa que mediante la resolución que se recurre, V.S. denegó el pedido de excarcelación, adhiriendo sustancialmente a los fundamentos del dictamen fiscal y ponderando la gravedad del hecho, la escala penal en expectativa y la existencia de riesgos procesales que, según sostiene, se inferirían de las circunstancias objetivas del caso.
Expresa que la resolución apelada hace pie, en lo sustancial, en que la pena en expectativa superaría el tope objetivo del art. 299, segundo párrafo, del C.P.P., para concluir en la improcedencia de la excarcelación y que esta forma de razonar soslaya que la doctrina plenaria de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de casación” (rto. 30/10/2008) estableció que no basta la referencia a la pena en expectativa o a la calificación legal del hecho para fundar la prisión preventiva o denegar la excarcelación, sino que corresponde siempre valorar, en concreto, la existencia de riesgos procesales reales y actuales. Reseña jurisprudencia.
Señala que no existe en la resolución apelada ni en el dictamen fiscal que la sustenta un solo elemento objetivo y actual que permita sostener, más allá de la mera enunciación genérica, que B. J. M. intentará eludir la acción de la justicia que por el contrario, se encuentra acreditado que su asistido es una persona joven, de 21 años de edad, sin antecedentes penales, con arraigo familiar y social en la localidad de Las Heras, circunstancias que la propia jurisprudencia citada en el expediente (C.N.C.P., Sala II, “Rodríguez”, rto.
08/09/2005) reconoce como indicadores centrales para descartar el riesgo de fuga.
Manifiesta que el pretendido riesgo de entorpecimiento de la investigación por eventual intimidación a las víctimas, se trata de una afirmación genérica, no sustentada en ningún hecho, gesto o circunstancia concreta atribuible a su asistido durante los más de ocho meses que lleva detenido. La mera invocación abstracta de un riesgo de presión sobre testigos, desvinculada de cualquier elemento objetivo que la sustente, no satisface el estándar de fundamentación que exige toda restricción de la libertad personal (arts. 3° y 116° del C.P.P.; art. 18 de la Constitución Nacional). Señala que, a la fecha de la resolución recurrida, su asistido llevaba detenido de manera ininterrumpida más de ocho meses y medio, plazo que se ha extendido aún más con el transcurso de la presente instancia recursiva, sin que exista sentencia condenatoria ni fecha cierta de juicio. Alude jurisprudencia.
Por último, menciona que la resolución apelada prescinde por completo de todo análisis sobre la procedencia de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, pese a que el ordenamiento procesal las prevé expresamente (art. 310° y ccs. del C.P.P.) y a que esa defensa las propuso concretamente: arresto domiciliario con control periódico, prohibición de salida de la jurisdicción provincial, presentación periódica ante el Tribunal y prohibición de contacto con los damnificados. El principio de proporcionalidad, en su faz de necesidad, impone a los magistrados el deber de agotar las alternativas menos lesivas antes de recurrir al encierro cautelar, tal como lo ha sostenido la propia Corte Suprema (Fallos 321:3630; 327:3753).
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución recurrida en función de los agravios del recurrente.
Previamente, debo recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado de transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 Constitución Provincial, art. 7 CADH). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. En el caso de marras, se observa que las causas que dieron origen a la medida cautelar, perdieron virtualidad con el correr del tiempo; los peligros procesales que cimentaron la medida, en el inicio de las actuaciones perdieron virtualidad, convirtiéndose en apreciaciones genéricas fundadas principalmente en la gravedad del delito investigado.
Sumado a ello, al negar la concesión de la excarcelación, el juez de grado hizo hincapié en una organización delictiva que, si bien fue someramente descripta en el acto de indagatoria, quedó descartada en la calificación atribuida en el auto de mérito.
Por otra parte, y teniendo en vista el expediente principal, se observa que los hechos ocurrieron en horario nocturno, sin víctimas presenciales que pudieran ser objeto de violencia, por lo cual cualquier represalia hacia los propietarios, que pudiera inferirse, no tiene anclaje en ninguna constancia del legajo.
Corolario de ello y aun sin adentrarnos en la materialidad del hecho y la calificación provisoria que se haya adoptado, se observa una investigación prácticamente conclusa y condiciones personales del encartado que despejan toda duda en relación a la latencia de peligros procesales de fuga u obstrucción.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-REVOCAR el auto interlocutorio de fs. 6vta/11 y ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD de J. M. B., cuyos demás datos personales obran en autos, debiendo concederse la excarcelación mediante caución juratoria, la que deberá hacer efectiva el Señor Juez de Instrucción mediante acta de estilo. A tal fin líbrese oficio y remítase vía SNE.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia