Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: XXII REGISTRO: 013 FOLIO: 125/129
Caleta Olivia, 15 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: L. A. A. S/ LESIONES CALIFICADAS” Expte. Nº 45103/26-E, N° de Juzgado de Recursos 8592/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 5/8 vta., el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…1.-DENEGAR EL PEDIDO DE EXCARCELACION presentado por la defensa Técnica Dra. Sabrina Petersen letrada Adjunta de la Defensoría Oficial Las Heras, en favor de su defendido Angel Alejandro Lastiri, titular del DN.I. n° **.***.***, de demás circunstancias personales obrantes, por los motivos vertidos en los considerandos que anteceden, conforme lo normado en el art. 299,300 y 302 del C.P.P.”
Contra dicha resolución la Sra. Letrada Adjunta de la Defensora Pública Oficial de Las Heras, doctora Sabrina Petersen, interpone recurso de apelación a fs. 10 vta/13, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 13 vta. En esta instancia es mantenido a fs. 21 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que, la resolución, incurre en fundamentación aparente: enuncia el riesgo de entorpecimiento mediante una fórmula ritual, sin identificar un solo dato concreto del caso.
Esa defensa expresa que la denegatoria descansa en la afirmación de que, de ser liberado, su asistido “podría entorpecer el normal desarrollo de la investigación, comprometiendo la eficacia de las medidas probatorias en curso”. Se trata de una proposición formulada en potencial y en términos absolutamente genéricos: no se indica cuáles serían esas medidas probatorias en curso, qué elemento de prueba se hallaría en riesgo, sobre qué testigo podría influirse, ni qué conducta concreta de su defendido permitiría inferir semejante propósito. Refiere que la resolución se contradice a sí misma: enuncia el estándar constitucional aplicable y luego resuelve prescindiendo de él, no efectúa juicio de necesidad alguno, no examina si existen medidas menos severas de similar eficacia (pese a que fueron concretamente propuestas) y resuelve el encierro sin verificar ninguno de los presupuestos que ella misma declara exigibles. La contradicción entre los fundamentos invocados y la solución adoptada constituye un vicio lógico que priva de sustento a la decisión.
Argumenta esa defensa que la Resolución omite el tratamiento de las medidas alternativas propuestas, indicando que no se solicitó una libertad lisa y llana. Propuso reglas de conductas concretas y verificables. La resolución no analiza ninguna de ellas. No explica por qué resultarían insuficientes para neutralizar el riesgo que invoca, siendo que precisamente ese análisis constituye el núcleo del juicio de necesidad que la propia decisión declara aplicable. Indica que la omisión de tratamiento de planteos conducentes y oportunamente introducidos configura un vicio de fundamentación autónomo y vulnera el derecho de defensa en juicio.
Sostiene que la denegatoria se apoya en un juicio de peligrosidad del imputado, criterio sustantivista ajeno a los fines cautelares y además carente de todo respaldo pericial reconocido como necesario por el propio acusador. La resolución adhiere expresamente al dictamen fiscal, que califica a su asistido como “una persona violenta y peligrosa”. La peligrosidad del imputado constituye un criterio de derecho penal de autor, ajeno por completo a los únicos fines que legitiman la medida cautelar (el peligro de fuga y el de entorpecimiento), y su invocación importa anticipar un juicio de culpabilidad y de prevención especial vedado durante el proceso.
Indica que el propio Sr. Agente Fiscal reconoció expresamente la necesidad de una profunda pericia psicológica o psiquiátrica que permitiera conocer el perfil del imputado y extraer elementos concretos respecto del alcance del riesgo que representa, señalando que dicha pericia podría ser un elemento a tener en cuenta a los fines de otorgar el beneficio solicitado.
Esa pericia no se produjo. La resolución, sin embargo, tiene por configurada la peligrosidad y deniega la excarcelación, prescindiendo del elemento que el propio acusador consideró indispensable para efectuar esa valoración. Se sustituye así la prueba por la conjetura, con directa afectación del principio in dubio pro reo que la misma resolución declara aplicable.
Por otra parte esa defensa refiere a que no se ponderaron las circunstancias personales acreditadas en el propio incidente. La resolución no dedica una sola línea a las circunstancias personales de su defendido, pese a que se encuentran corroboradas en el expediente. El informe actuarial de fs. 03/vta. es categórico: compulsados los libros de Mesa de Entrada, su asistido no registra causa alguna en trámite ante la Secretaría de Instrucción N° 2, y ante la Secretaría de Instrucción N° 1 se encuentra involucrado únicamente en la causa que motiva su detención. Vale decir que el propio Juzgado cuenta con constancia de que se trata de una persona sin otras causas penales.
A ello se suma que cuenta con domicilio fijo y conocido en xxxxx N° *** de la localidad de Perito Moreno (distinto de aquel en que ocurrió el hecho) y que posee arraigo en la región. Si bien su asistido se encuentra actualmente desocupado, tal circunstancia no puede erigirse en fundamento del encierro.
Agrega que la protección de la denunciante se encuentra asegurada por una medida vigente y puede reforzarse por vías menos lesivas que el encierro, entendiendo esa defensa que conforme surge de fs. 17/vta. de los autos principales, ya se encuentra vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de comunicación y/o contacto dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, Secretaría Multifuero de Perito Moreno, a cuyo estricto cumplimiento quedará subordinada la eventual soltura. La protección de la víctima y la libertad durante el proceso no constituyen términos excluyentes: el ordenamiento exige armonizar ambos deberes mediante medidas eficaces y proporcionadas, y no mediante el recurso automático al encierro.
Cita jurisprudencia aplicable.
Cita reglas de conducta oportunamente propuestas:
1. Fijación de domicilio en xxxxx N° *** de la localidad de Perito Moreno, previa constatación, con obligación de informar de inmediato todo cambio de residencia. 2) Prohibición absoluta de acercamiento a la denunciante y a su grupo familiar, y de todo contacto o comunicación por cualquier medio, sea directo o por interpósita persona, quedando la libertad expresamente subordinada al estricto cumplimiento de la medida cautelar vigente dispuesta por el fuero de familia de Perito Moreno. 3) Prohibición de concurrir al domicilio sito en xxxxx N° *** de la localidad de Perito Moreno y a sus inmediaciones. 4)
Comparecencias periódicas ante la dependencia policial o el organismo que se determine. 5) Prohibición de ausentarse de la jurisdicción sin previa autorización judicial, con retención de documentación de viaje si correspondiere. 6) Abstención de todo acto de intimidación, hostigamiento o perturbación respecto de la denunciante y de los testigos de la causa. 7) Sometimiento a evaluación y, de resultar indicado, a tratamiento o programa especializado en violencia de género, acreditando periódicamente su cumplimiento. 8) Concurrir cada vez que sea citado por el Tribunal.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al examen de la resolución atacada en función de los agravios de la parte recurrente.
Analizadas las presentes actuaciones, se advierte claramente que los hechos se insertan en una problemática de violencia de género.
El Estado detenta un único poder -imperium-, el que es necesario para el cumplimiento de sus fines constitucionales. Como bien señala Marienhoff en su Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág. 42, "Pero adviértase que el "Poder" del Estado es único; las "funciones" son múltiples." y dentro de cada una de estas funciones existen distintas materias y grados que definen competencias, pero la que actúa siempre es la persona jurídica de derecho público, es decir, el Estado Provincial. (Conf. Art. 146 del Código Civil y Comercial de la Nación) Por dicha circunstancia, tanto a nivel constitucional convencional como legal, existen varias normas que no pueden perderse de vista a la hora de analizar el hecho que se juzga en el presente expediente, y que si no se las considera o valora, genera una cuestión federal suficiente. La violencia de género tiene, entre otras características y modalidades, un claro contenido de discriminación contra la mujer y otras diversidades sexuales por su condición. Los derechos de la mujer implican la obligación del Estado a brindar protección: no solo son normas de orientación y hermenéutica, son verdaderas garantías y derechos que los estados deben respetar y hacer cumplir, pues su declamación, si bien es siempre un adelanto, de nada sirve si el Estado a través de cualquiera de sus tres poderes-funciones no efectiviza, materializa ni garantiza su cumplimiento en cada caso concreto. (CEDAW, BELEM DO PARA, LEY 26.485 Y SU REGLAMENTACIÓN, ETC.).
El Estado Argentino y los estados Provinciales, deben honrar los compromisos asumidos ante otros Estados y además deben cumplir con la propia legislación que generan.
El Estado debe intervenir en aquellos casos en que por sus características la víctima, sometida a la violencia, de cualquier naturaleza que sea, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, porque, en un gran número de casos la inacción, negación o minimización de los hechos, obedece, precisamente, a la violencia a la que se encuentra sometida.
Existen circunstancias concretas, que responden a la necesidad de neutralizar los peligros procesales, siendo en primer lugar que, el imputado con su accionar, puede entorpecer el curso de la investigación, esto es, coaccionando a la Sra. B., la cual, reviste la calidad de víctima y testigo a fin que esta cambie su declaración. Resulta oportuno recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello, la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.). Entonces se impone la necesidad de establecer en el caso concreto si existen dichos riesgos procesales que ameriten mantener la detención cautelar.
La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena en expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta.
En los autos caratulados: "DIV. CRÍA. 1 S/ INVESTIGACIÓN" Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración. Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA:
30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VÍCTOR MANUEL Y OTROS
S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº: O-705/11/TSJ). - Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo.
Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legítima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr. Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial Abeledo Perrot) Además, débase señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria.
El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390.
Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: "…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme." (A. J. E. y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas."
Ahora bien, independientemente de la pena en expectativa y la gravedad del delito endilgado, cabe tener en cuenta todos esos factores que deben ser analizados en forma integral y en el caso concreto.
En el caso de marras el A quo ha dado motivos basados principalmente en que a la fecha se encuentran pendientes de producción, distintas pruebas que resultan ser de relevancia para la presente instrucción, como ser judicializar las declaraciones testimoniales entre otras. En este sentido, comparto con el A quo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, que podrían tornar ilusorios los fines del proceso. Siendo que el imputado en libertad puede presionar testigos y/o efectuar conductas tendientes a inutilizar evidencias probatorias determinantes.
No coincido con lo expresado por la defensora en relación a que el Juez puede tomar medidas alternativas o de menor restricción, ya que la modalidad del hecho y la violencia ejercida por L. A. A., amerita al menos en esta etapa del proceso que se mantenga la medida dispuesta por el Juzgador, ello en consonancia y teniendo presente que el dictamen del Agente Fiscal fs.4/4vta, señala claramente que debe continuar la detención cautelar. Como puede observarse, específicamente una eventual interferencia del imputado coaccionando de algún modo a la víctima y/o familiares, y ello puede poner en riesgo su participación tanto en la instrucción como en el debate, y por ende afectar negativamente los fines del proceso.
Ello es de vital importancia, toda vez que la restricción de la libertad no solo resulta justificada en la naturaleza delictiva, sino también en protección de las víctimas frente a posibles represalias o influencias externas tendientes a eximir de responsabilidad al encartado.
Así, considero que existen en el caso bajo análisis circunstancias concretas que responden a la necesidad de neutralizar los peligros procesales presumidos por la ley, siendo ellos la gravedad del delito imputado, la investigación aún en desarrollo, y la pena prevista por la ley, surgiendo asimismo de la valoración objetiva de los hechos la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación.
Por ello, entiendo que corresponde confirmar el rechazo de la excarcelación, sin perjuicio que dicha decisión sea revisada oportunamente en los autos principales, donde la información sobre el hecho punible y su alcance, es más amplia y pormenorizada.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 5/8 de este incidente en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad de Las Heras.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia