Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: CXXV REGISTRO: 007 FOLIO: 138/147
Caleta Olivia, 23 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: V. C. S. S/ LESIONES CALIFICADAS” Expte. Nº 45063/26, N° de Juzgado de Recursos 8611/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 8/14 vta., del presente incidente recibido en formato digital impreso por Secretaría, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “… DENEGAR El PEDIDO DE EXCARCELACIÓN presentado por la Defensa Técnica en favor de su defendido V. C. S., por los motivos vertidos en los considerandos”
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular, doctor Diego Carlos Berniga, interpone recurso de apelación a fs.16 vta./25 vta. del presente, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 26. En esta instancia es mantenido a fs. 34 por el letrado defensor, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal.
A fs. 42 se ordena dar intervención al Cuerpo Médico Forense a los fines de que dictamine en relación al certificado médico obrante a fs. 1 y 39/vta. A fs. 44 el doctor Walter Alvarez, integrante del Cuerpo Médico Forense, cumple con lo requerido, presentando dictamen. A fs. 45pasan los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso, la defensa se agravia sosteniendo que el pronunciamiento impugnado causa a su defendido un gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior, pues mantiene la más intensa medida de coerción personal sobre una persona amparada por el estado constitucional de inocencia y, simultáneamente, lo expone a un riesgo cierto para su salud al negar la producción de las medidas médicas indispensables para conocer y controlar su cuadro de diabetes tipo Il y su afección tiroidea.
Sostiene que desde la primera intervención de esa defensa particular, materializada el día **/**/2026, se informó al Juzgado que el Sr. V. C. S. padece diabetes, necesita medicación diaria, controles periódicos, alimentación adecuada y seguimiento profesional, y se pidió de manera expresa y urgente la realización de un examen médico integral y un informe de la dependencia policial acerca de las condiciones concretas en las que se brindaría su tratamiento.
Que ese requerimiento fue reiterado al promoverse la nueva excarcelación, oportunidad en la cual se acompañó certificado médico extendido el **/**/2026 por la Dra. Vilma A. Castillo, M.P. N° 1955. Que la profesional tratante dejó constancia de que V. C. S. padece diabetes mellitus tipo II, que desde el año 2016 recibe metformina/vildagliptina 50/850 dos veces al día y glimepirida 4mg una vez por dia, y que durante la privación de libertad necesita controles de glucemia mediante HGT, por lo menos dos veces por semana, dicta baja en hidratos de carbono y actividad fisica.
Expresa que, lejos de tratarse de una invocación genérica, la defensa aportó un diagnóstico, un esquema farmacológico determinado, la frecuencia mínima de los controles y recomendaciones concretas de alimentación y actividad. Que también pidió verificar la afección tiroidea referida; requirió al lugar de alojamiento que informara, con registros, la medicación suministrada, los horarios, los controles de glucemia efectuados, los valores obtenidos, la dieta provista, la existencia de glucómetro e insumos y la capacidad de respuesta frentea una descompensación; y solicitó que, mientras se resolviera el planteo, se asegurara la continuidad del tratamiento. Que pese al tiempo transcurrido desde el pedido inicial del 27 de agosto, a la fecha no se ha realizado el examen médico requerido. Que a ello se suma un hecho todavía más grave: el personal de la División Comisaría Primera, dependencia en la que V. C. S. se encuentra alojado, impidió el ingreso de la medicación que consume diariamente para controlar su diabetes. Que premisa utilizada en la resolución -que la atención y el tratamiento se encuentran garantizados- no sólo carece de respaldo objetivo, sino que resulta directamente contradicha por lo sucedido durante la detención.
Que, corrida la vista, el Agente Fiscal, doctor Fabio Ariel Candia manifestó que la petición resultaba procedente. Señaló que la defensa había acreditado fehacientemente el deterioro de la salud de V. C. S. y propició que se concediera arresto domiciliario, con estrictas condiciones de cumplimiento, control habitual, coordinación policial de los traslados por razones médicas e informe socioambiental.
Que, no obstante ello, el Juez de grado afirmó dogmáticamente que todos los cuidados médicos y asistenciales se encuentran garantizados en la dependencia de detención, rechazó incorporar el certificado acompañado,se negó a ordenar los exámenes médicos y mantuvo el encierro sobre la base de una supuesta posibilidad de fuga o entorpecimiento que no vinculó con ningún dato particular de la causa.
La defensa invoca arbitrariedad, fundamentación aparente y falta de tratamiento de los argumentos conducentes.
Expresa que la resolución es arbitraria porque no constituye una derivación razonada de las constancias de la causa. Que reproduce afirmaciones generales sobre la prisión preventiva, la protección de las víctimas y las facultades del juez, pero no responde los planteos centrales y conducentes de la defensa: la novedad y gravedad del cuadro médico documentado; la falta de examen oficial pese a haber sido solicitado desde el 27 de agosto; la imposibilidad concreta de ingresar la medicación; la inexistencia de riesgos procesales individualizados; las alternativas cautelares propuestas; el arraigo y ausencia de antecedentes de V.; y el dictamen favorable del titular de la acción penal.
Que el defecto no es meramente formal. Que una resolución que mantiene privada de libertad a una persona no puede limitarse a expresar que "podría entorpecer" la investigación o influir sobre testigos. Que debe individualizar qué diligencias restan producir, qué elemento podría ser alterado, sobre qué testigo podría ejercerse influencia, qué conducta concreta del imputado permite inferir ese peligro y por qué las prohibiciones, controles y cauciones propuestas no alcanzarían para neutralizarlo. Que nada de ello fue siquiera intentado en la decisión recurrida.
Que la invocación del art. 18 de la Constitución Nacional para afirmar que la libertad puede ser restringida por orden escrita de autoridad competente tampoco brinda fundamento suficiente. Esa norma no consagra una autorización irrestricta para encarcelar preventivamente: exige debido proceso y protege la libertad, la defensa en juicio y el estado de inocencia. Que la existencia material de una orden escrita no zanja su falta de motivación, ni convierte en legítimo un encierro asentado en fórmulas abstractas.
Que el mismo pronunciamiento reconoce que la prisión preventiva sólo se justifica si resulta imprescindible y no sustituible por otra medida de similar eficacia y menor severidad. Sin embargo, inmediatamente después arriba a la conclusión contraria sin analizar una sola de las alternativas ofrecidas. La afirmación de necesidad aparece, así, como una conclusión anticipada y circular:se mantiene detenido a V. C. S. porque se considera necesaria la detención, pero no se explica qué riesgo concreto existe ni por qué las medidas menos gravosas serían ineficaces.
Que se advierte una evidente falta de análisis puntilloso de las presentaciones de la defensa. Que la respuesta jurisdiccional no puede quedar sesgada por un criterio invariablemente restrictivo ni adoptar la forma de un despacho estandarizado. Que la coerción cautelar es dinámica y debe adecuarse a las circunstancias reales de cada caso. Cuando aparece un hecho nuevo, documentado y decisivo -como una enfermedad crónica que requiere tratamiento permanente- el órgano judicial debe reconsiderar la medida con apertura, actualidad y motivación reforzada.
Que la doctrina de la arbitrariedad resulta plenamente aplicable cuando la decisión prescinde de prueba conducente, omite tratar argumentos decisivos, formula afirmaciones dogmáticas o contiene fundamentos sólo aparentes. Que aquí concurren todos esos defectos: se prescinde del certificado médico; se omite el examen solicitado; se ignora el impedimento para ingresar la medicación; no se responde al dictamen fiscal; y se enuncian riesgos procesales sin conexión con hecho alguno atribuible a V. C. S..
Sostiene el apartamiento inmotivado del dictamen del Ministerio Público Fiscal.
Que el Juez se apartó por completo del dictamen del Ministerio Público Fiscal sin brindar una explicación concreta, suficiente y jurídicamente atendible. Que el Fiscal, órgano estatal encargado de promover y ejercer la acción penal y naturalmente llamado a señalar la existencia de riesgos para la investigación, no se opuso a la morigeración: por el contrario, consideró fehacientemente acreditado el estado de salud y propició el arresto domiciliario sujeto a condiciones estrictas. Que, no se desconoce que el dictamen fiscal no obliga mecánicamente al juzgador. Lo que sostiene es que su apartamiento exige una fundamentación especialmente rigurosa, más aún cuando versa sobre el presupuesto cautelar que justificaría la continuidad del encierro. Si el propio titular de la pretensión punitiva entiende que los fines del proceso pueden preservarse mediante arresto domiciliario y controles, el Juez no puede imponer de oficio la medida más gravosa apoyándose en riesgos que el acusador no individualizó y que la resolución tampoco demuestra.
Que, dentro de la estructura procesal inquisitiva que aún conserva la Provincia de Santa Cruz, resulta todavía más irrazonable que el órgano jurisdiccional asuma una postura más restrictiva que la parte acusadora, sin evidencia nueva y sin explicar qué interés procesal concreto pretende tutelar por encima de la solución postulada por el Fiscal. Esta actuación desdibuja la imparcialidad que debe presidir toda decisión cautelar y convierte al magistrado en sostén autónomo de un encierro que ni siquiera el órgano acusador reputó indispensable.
Que la resolución no refuta el dictamen fiscal. No demuestra que el arresto domiciliario sea insuficiente, no cuestiona la posibilidad de los controles propuestos, no ordena el informe socioambiental sugerido y no explica por qué una prohibición absoluta de contacto, un domicilio alternativo, control policial y monitoreo no preservarían adecuadamente a la denunciante y al proceso.Simplemente ignora la solución propuesta y reproduce consideraciones generales sobre violencia de género.
Señala desconocimiento el derecho a la salud u de la posición de garante del Estado.
Expresa que el agravio más urgente reside en el modo en que la resolución aborda la salud de V. C. S.. Que el Juez sostiene que los cuidados se encuentran garantizados "siempre que el interno acompañe el correspondiente certificado médico", pero en el mismo párrafo rechaza la incorporación del certificado médico acompañado. Que la contradicción es insalvable: se exige como condición el instrumento que simultáneamente se rehúsa recibir y valorar.
Que también afirma que no corresponde ordenar exámenes médicos integrales, pese a que no cuenta con una evaluación oficial actual y a que el pedido permanece incumplido desde el **/**/2026. Que el Juez no posee conocimientos médicos que le permitan descartar por sí mismo el riesgo indicado por la profesional tratante ni sustituir su criterio técnico. Que ante una diabetes diagnosticada, medicada desde 2016 y documentada por una médica matriculada,la única respuesta compatible con el deber de cuidado era incorporar el certificado, ordenar la evaluación oficial y verificar efectivamente las condiciones de tratamiento.
Que denegar sin explicación clínica la producción de esos exámenes importa, cuanto menos, una omisión incompatible con los deberes propios de la custodia estatal. Que la jurisdicción fue advertida de un peligro concreto y dispone de los medios para comprobarlo y neutralizarlo. Si, pese a ello, impide la prueba, presupone sin constancias que la atención está garantizada y mantiene el encierro,deberá responder por el deterioro de la salud del detenido y por las consecuencias previsibles que puedan derivarse de la interrupción de su medicación, la falta de controles o una alimentación inadecuada.
Que la realidad contradice frontalmente la premisa judicial. La medicación diaria fue llevada a la Comisaria Primera y su ingreso fue denegado por el personal responsable del alojamiento. No existe constancia de que la dependencia posea y suministre metformina/vildagliptina y glimepirida en las dosis y horarios prescriptos; tampoco registros de HGT dos veces por semana, valores de glucemia, dieta baja en hidratos de carbono, actividad física compatible,supervisión profesional o protocolo frente a una descompensación. Que una garantía estatal no se presume: debe acreditarse mediante prestaciones efectivas y registros verificables. Que la alimentación común de una comisaria no se ajusta, por su propia organización y recursos, a los parámetros específicos que requiere una persona con diabetes. Del mismo modo, la actividad física indicada por la médica tratante resulta materialmente incompatible con la permanencia prolongada en una celda. Las dependencias policiales de Las Heras se encuentran desbordadas de detenidos y no son establecimientos sanitarios ni penitenciarios preparados para asegurar tratamientos crónicos complejos. Que en ese contexto, la afirmación de que "todos los cuidados" están garantizados no es una conclusión probada, sino una ficción peligrosa.
Que toda persona privada de libertad queda bajo la custodia directa del Estado, que asume una posición especial de garante respecto de su vida, integridad y salud. Que V. conserva todos los derechos que no resulten inherentes a la restricción cautelar. Que por ello, la atención médica debe ser oportuna, adecuada, continua y comprobable; no puede quedar supeditada a decisiones informales del personal policial ni a que su familia logre franquear una barrera administrativa para ingresar medicación esencial.
Que incluso si el Tribunal entendiera que el certificado acompañado requiere corroboración-hipótesis que se formula sólo a efectos argumentativos-, la consecuencia jamás podía ser rechazarlo y no examinar al detenido. Que debía ordenarse su reconocimiento, citarse a la profesional, requerirse la historia clínica o practicarse un examen oficial urgente. Que la duda médica imponía producir evidencia y adoptar medidas de prevención, no mantener el encierro ignorando el riesgo. Invoca inexistencia de peligro procesal concreto. Sostiene que el peligro procesal no se presume. Que debe apoyarse en circunstancias objetivas, actuales, verificables y propias del imputado. Que la resolución menciona alternativamente fuga, alteración de pruebas e influencia sobre testigos, pero no identifica ningún comportamiento de V. dirigido a eludir la justicia o a obstruir la investigación.
Que V. C. S. posee domicilio conocido en Las Heras, arraigo familiar y laboral, hijos, obligaciones alimentarias y carece de antecedentes penales o de otras causas en trámite, conforme surge del propio informe actuarial transcripto en la resolución. Que ninguno de esos elementos fue debidamente ponderado. Que tampoco se explicó por qué no serian suficientes la fijación de domicilio, la comparecencia periódica, la prohibición de salir de la jurisdicción, la retención de documentación de viaje, el control policial oel monitoreo electrónico. Que, el hecho de que el Sr. V. C. S. haya ejercido su derecho constitucional a negarse a declarar en la indagatoria no puede ser interpretado en su contra, ni utilizado como indicio de fuga, entorpecimiento o culpabilidad. Que el silencio es una modalidad legítima del derecho de defensa y no releva a la acusación de probar tanto el hecho como la autoría y los riesgos cautelares.
Que, en la causa existe la denuncia formulada contra V. C. S. y un informe que describe lesiones en la denunciante. Que sin embargo, este último sólo puede dar cuenta de hallazgos físicos: no demuestra por sí mismo quién los produjo, en qué circunstancias se originaron ni corrobora automáticamente la mecánica relatada. A esta altura no se ha producido prueba suficiente que permita convertir la hipótesis denunciada -que esta defensa reputa falsa-en certeza, y mucho menos utilizarla para presumir un riesgo procesal distinto del mérito sustantivo.
Que aun la existencia de un auto de procesamiento no convierte a la prisión preventiva en consecuencia automática. El procesamiento constituye un juicio provisional sobre la probabilidad de participación;el peligro de fuga o entorpecimiento es un presupuesto diferente y necesita prueba autónoma. Que confundir ambos planos importa imponer un adelanto de pena. Que, la resolución utiliza expresiones potenciales -"podría entorpecer","posibilidad de fuga", "alteración de pruebas" o "influencia sobre testigos"-sin describir un solo acto preparatorio, amenaza, contacto, incumplimiento o maniobra concreta. Que esas fórmulas servirían indistintamente para cualquier expediente y cualquier imputado, lo que demuestra que no satisfacen el deber de fundamentación individualizada.
Que debe resaltarse especialmente que la sola enumeración de fuga, obstrucción,alteración de prueba e influencia sobre testigos no demuestra la existencia de ninguno de esos peligros. Son categorías jurídicas generales que únicamente adquieren valor cautelar cuando el juez las enlaza con circunstancias comprobables del caso y con una conducta concreta atribuible al imputado. Que repetir el nombre de los riesgos previstos por la ley no equivale a acreditar sus presupuestos.
Que, la resolución no dice que V. C. S. haya intentado abandonar la ciudad,ocultarse, sustraerse de una citación, proporcionar un domicilio falso, incumplir una convocatoria judicial, amenazar a alguna persona, comunicarse con testigos, destruir documentación o realizar cualquier acto destinado a frustrar la investigación. Tampoco individualiza un antecedente objetivo del cual pudiera inferirse razonablemente que intentará hacerlo en el futuro. Que la ausencia de esos datos no puede ser suplida por el uso reiterado del modo potencial.
Que tampoco se identifica cuál sería la prueba todavía susceptible de alteración. Que la denuncia ya fue recibida, la denunciante fue examinada, el informe médico se encuentra incorporado y V. C. S. ya fue indagado. Si existen diligencias pendientes,el Juez debía precisarlas y explicar de qué modo concreto el imputado podría afectarlas desde un domicilio alternativo, con prohibición absoluta de contacto, control policial y monitoreo. Que al omitirlo, la supuesta obstrucción permanece en el terreno de la mera conjetura.
Que idéntico defecto presenta la referencia a una eventual influencia sobre testigos. Que no se menciona quiénes serian esos testigos, si ya declararon o no, qué relación mantienen con V. C. S., qué capacidad real tendría éste para condicionarlos, ni por qué una prohibición de comunicación por sí y por terceros no neutralizaría ese riesgo. Que la expresión "influencia sobre testigos", aislada de toda individualización, es una fórmula vacía y no un motivo constitucionalmente válido para encarcelar.
Que, en cuanto al peligro de fuga, la resolución invoca la gravedad del hecho y la pena en expectativa, pero omite confrontarlas con los indicadores personales que operan en sentido contrario: domicilio conocido, arraigo laboral y familiar, hijos, obligaciones alimentarias, inexistencia de antecedentes y ausencia de todo comportamiento evasivo. Que la expectativa de pena puede ser un elemento a considerar, pero jamás una presunción automática ni suficiente para desplazar la regla de libertad.
Que, la fundamentación cautelar debe permitir controlar el razonamiento judicial. Que en el caso, ello es imposible porque no existe un recorrido lógico desde hechos comprobados hasta la conclusión de riesgo. Sólo so enuncia la conclusión y se la reviste con expresiones legales. Esa motivación aparente impide a la defensa refutar datos concretos-porque ninguno fue proporcionado-y priva al Tribunal revisor de una base real sobre la cual ejercer su control.
Que, aceptar este tipo de fórmulas implicaría que toda persona procesada pudiera quedar encarcelada por los mismos motivos intercambiables, tornando inútiles la presunción de inocencia, la excepcionalidad de la prisión preventiva y el deber de evaluar cada situación individual. Precisamente por ello, el riesgo procesal debe probarse y motivarse; no puede presumirse a partir de la imputación ni construirse mediante posibilidades abstractas.
Refiere a la utilización automática y desproporcionada de la perspectiva de género.
Señala que la defensa reconoce sin reservas el deber reforzado del Estado de investigar con diligencia los hechos denunciados en un contexto de violencia de género y de proteger efectivamente a la denunciante. Que lo que se cuestiona es que esa obligación sea utilizada de manera automática para justificar una prisión preventiva sin riesgos procesales acreditados.
Que, la perspectiva de género no autoriza a suprimir la presunción de inocencia, invertir la carga de la prueba, presumir peligro procesal ni prescindir del examen de proporcionalidad. Investigar seriamente y proteger a la presunta víctima son deberes compatibles con garantizar los derechos del imputado. Ningún instrumento de protección impone que toda denuncia derive necesariamente en encarcelamiento cautelar.
Que, en el caso se ofrecieron medidas directamente orientadas a neutralizar cualquier riesgo de contacto: domicilio distinto del de la denunciante, exclusión del hogar común, prohibición absoluta de acercamiento y comunicación por cualquier medio, prohibición de concurrir a sus lugares habituales, control policial, monitoreo electrónico, sometimiento a evaluaciones y toda otra condición que se estime adecuada. La resolución no explica por qué ese esquema sería insuficiente.
Que, la invocación genérica de políticas de género, desligada de un análisis individual, termina desnaturalizando tanto la tutela de la víctima como las garantías del acusado. Que la protección debe construirse mediante medidas idóneas,específicas y controlables; no mediante el uso simbólico de la prisión preventiva como respuesta anticipada frente a hechos todavía sometidos a investigación.
Invoca afectación de tres estructuras familiares y falta de proporcionalidad.
Expresa que V. C. S. constituye el sostén económico de tres hogares, pues cumple con tres cuotas alimentarias destinadas a sus hijos. Que su encarcelamiento cautelar no sólo lo perjudica a él: priva de recursos a niñas, niños y grupos familiares que dependen regularmente de sus ingresos. Las consecuencias concretas del encierro se proyectan asi sobre personas ajenasal proceso y especialmente vulnerables.
Que, mantener a un trabajador privado de libertad por una imputación aún no demostrada, sin riesgo procesal concreto y existiendo alternativas suficientes, amenaza con provocar la pérdida de su empleo, el incumplimiento involuntario de sus obligaciones alimentarias y el deterioro de tres economías familiares. Tales efectos deben integrar el juicio de proporcionalidad, particularmente cuando el proceso puede asegurarse mediante medidas menos lesivas. Que, la resolución omite toda consideración sobre este aspecto. La medida se presenta como si sólo incidiera sobre la libertad ambulatoria del imputado, cuando en realidad compromete su salud, su trabajo, el sustento de sus hijos y la estabilidad de tres hogares. Que la coerción cautelar no puede producir un daño social y familiar manifiestamente superior al beneficio procesal que se dice perseguir,menos aún cuando ese beneficio no ha sido concretamente demostrado.
Por último se agravia por la desnaturalización local de la prisión preventiva y la necesidad de intervención del Juez de Recursos.
Destaca que en la práctica judicial de Las Heras la privación cautelar de la libertad se ha desvirtuado progresivamente: ha dejado de operar como última ratio para transformarse, con preocupante frecuencia, en la respuesta inicial y ordinaria ante una imputación. Que el caso de V. C. S. refleja esa inversión de principios. Primero se encarcela; luego se presume el peligro; y finalmente se rechazan, sin producción probatoria, las circunstancias personales y médicas que exigen revisar la medida.
Que, el Juez de Recursos posee conocimiento directo de esta realidad y, como órgano revisor, debe restablecer el carácter excepcional de la prisión preventiva. Que la revisión no puede reducirse a convalidar fórmulas repetidas por el Juzgado de instrucción; debe ejercer un control real sobre la existencia, actualidad y suficiencia de los fundamentos del encierro.
Que, resulta particularmente contradictorio que la sobrecarga de trabajo y el cúmulo de expedientes sean invocados para explicar demoras en el despacho de las actuaciones, mientras se sostienen encarcelamientos innecesarios que agravan el hacinamiento policial, multiplican requerimientos de custodia, traslados y atención,y recargan todavía más a las dependencias judiciales y policiales. Que mantener detenido por mero criterio restrictivo a quien puede estar sujeto al proceso mediante controles eficaces no aporta seguridad ni eficiencia: profundiza el problema institucional que luego se utiliza para justificar la falta de respuestas oportunas. Que las comisarias locales se encuentran sobrecargadas de personas detenidas y no están diseñadas para alojamientos prolongados ni para brindar tratamientos médicos crónicos. Que la insistencia en utilizar esas dependencias como regla cautelar expone a los detenidos y al personal, deteriora las condicionesde custodia y desvía recursos que deberían concentrarse en los casos en los que el encierro resulte verdaderamente indispensable.
Invoca el derecho, expresando que recurso se funda en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional;art. 24 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz; arts. 5, 7, 8.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 9, 10 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 299, 300, 301, 302,concordantes y normas recursivas aplicables del Código Procesal Penal de Santa Cruz; art. 10 inc. a) del Código Penal; Ley N°24.660; y demás normativa constitucional y convencional aplicable. Cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: López Álvarez Vs. Honduras", sentencia de fecha 1 de febrerode 2006; y "Bayarri Vs.
Argentina”,sentencia de fecha 30 de octubre de 2008. Cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe N° 35/07,caso "Peirano Basso Vs. Uruguay".
Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad- Reglas de Tokio- Solución Propuesta.
Solicita la inmediata excarcelación de V. C. S. bajo caución juratoria o la que se estime razonable, con fijación y constatación de domicilio alternativo, comparecencias periódicas, prohibición de ausentarse de la jurisdicción, prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la denunciante por cualquier medio, exclusión del hogar común, cumplimiento de las medidas vigentes en el fuero de familia, monitoreo electrónico o dispositivo dual si estuviera disponible, evaluación psicológica o psiquiátrica y toda otra regla pertinente. Subsidiariamente, solicita arresto domiciliario en un domicilio distinto del de la denunciante, sujeto a informe socioambiental, supervisión policial, monitoreo electrónico, prohibiciones de contacto y coordinación de eventuales traslados médicos. Que esta es, precisamente, la solución considerada procedente por el Fiscal y permite compatibilizar el tratamiento de V., la protección integra1 de la denunciante y los fines del proceso. Que, mientras se sustancia el recurso, entiende que deberá ordenarse de manera inmediata el examen médico integral por profesional oficial, con evaluación específica de diabetes y función tiroidea; la provisión sin interrupciones de la medicación indicada; controles HGT al menos dos veces por semana; dieta baja en hidratos de carbono; actividad física compatible; y un informe documentado de la Comisaría III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada en función de los agravios del recurrente.
Analizadas las actuaciones se observa que la cuestión relativa a la detención cautelar de V. C. S. fue resuelta recientemente, tanto por el Sr. Juez de Instrucción, como por el suscripto al confirmar la resolución del a quo que rechazó el planteo excarcelatorio en los autos “INCIDENTE DE EXCARCELACION EN AUTOS CARATULADOS: V. C. S. S/LESIONES CALIFICADAS”
Expte. Nº 45.063/26 I, N° de Juzgado de Recursos 8576/26, mediante resolución registrada alTOMO: XXII, REGISTRO: 007, FOLIO: 082/085, de fecha 01 de septiembre de 2026.
En dicho incidente sostuve: "Ante todo, resulta oportuno recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. Para ello, la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.), imponiendo la necesidad de establecer en el caso concreto si existen dichos riesgos procesales que ameriten mantener la detención cautelar.
La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena en expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta. En los autos caratulados: "DIV. CRÍA. 1 S/ INVESTIGACIÓN" Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración.
Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VÍCTOR MANUEL Y OTROS S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº: O-705/11/TSJ). - Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa.
En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo. Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legítima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr.
Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial Abeledo-Perrot) Además, débase señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria. El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390. Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: "…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme." (Acosta, Jorge Eduardo y otro s/ Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12).
Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas." Bajo estas pautas, analizadas las actuaciones, considero que resulta acertada la decisión del Juez de Instrucción, ya que más allá de la calificación legal de los hechos que se le atribuyen al imputado, y la expectativa de pena prevista por los tipo penales en que subsume su conducta, lo cierto es que surge de autos que el imputado no acata las reglas de conducta que se le imponen, por lo que, encontrándose la investigación judicial en etapa incipiente y en pleno desarrollo, existe riesgo de que sea entorpecida por su accionar. Cabe tener presente, asimismo, que desde el Juzgado de origen se ha informado que en fecha **/**/2026, V.
C. S., fue procesado con prisión preventiva en orden al delito de LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A LA PERSONA CON LA QUE MANTIENE O HA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA Y HABER MEDIADO VIOLENCIA DE GÉNERO, (Arts.89 y 92 en función del Art. 80 inc. 1 y 11, 45 y 55 del C.P). Cabe tener en cuenta que la detención cautelar que se ordena al dictar la prisión preventiva, difiere en la que puede ordenarse al comienzo de la investigación y hasta antes del auto de procesamiento, en que aquí, en este momento procesal, cobra más fuerza lo que se llama “fumus boni iuris” (apariencia de buen derecho), lo que valorado junto a la existencia de peligros procesales llevan a determinar la detención cautelar.
El mayor grado de convicción respecto a la existencia material del hecho investigado y su autoría que implica el auto de procesamiento -probabilidad positiva que excede a la mera sospecha necesaria para recibir declaración indagatoria al imputado-, indica que el “fumus boni iuris” tiene más peso a la hora de evaluar la presunción del legislador fundada en la escala penal como generadora de un riesgo de elusión, por lo tanto al momento de resolver se deben tener en cuenta cuestiones que hacen al fondo del asunto para arribar a ese grado de probabilidad, lo que no es posible que suceda en el acotado margen de este incidente. Así las cosas, y en oportunidad de cuestionarse la situación procesal del imputado en los autos principales, -si así lo entiende la defensa-, podrán plantearse nuevamente las consideraciones que estime oportunas en relación al hecho, las pruebas y lo atinente a la medida coercitiva, contando en el principal, con un marco conceptual y de valoración más extenso.
Las cuestiones de fondo que deben analizarse, requieren un nivel de estudio y valoración más amplio, que el del acotado margen de un incidente, teniendo en cuenta que el análisis de razonabilidad, -cuando la excarcelación se articula antes del auto de mérito-, queda acotado al hecho, antecedentes, subsunción típica provisoria, sin el análisis de la información que pueda constar en la causa. Por ello, entiendo que corresponde confirmar el rechazo de la excarcelación, dejando a salvo el análisis exhaustivo y la valoración de la información producida por la prueba, que permita conocer en profundidad las características del hecho y el contexto de actuación del imputado, para analizar la razonabilidad del dictado del encarcelamiento preventivo, como así de su continuidad, en los autos principales."
Resta definir, en el presente, si la situación de salud denunciada por la defensa con posterioridad al dictado de la resolución del suscripto citada anteriormente, amerita modificar el criterio allí sustentado.
Ya me he expresado en aquel decisorio, hace solo unos pocos días atrás, respecto a los riesgos procesales, y las circunstancias de la causa principal que no corresponde rever en un incidente de excarcelación, por lo que debe estarse a las consideraciones al respecto allí efectuadas por el suscripto, no correspondiendo dar tratamiento nuevamente a cuestiones que ya fueron resueltas en una decisión que quedó firme.
Ahora bien, en relación a las circunstancias anoticiadas por la defensa, referidas a una cuestión de salud del imputado detenido, considero que hubiera sido pertinente y útil que, antes de resolver, el a quo hubiera tenido una opinión médica que permita avalar el criterio sustentado.
De igual manera se observa que el Sr. Agente Fiscal ha dictaminado respecto a las condiciones de salud de una persona y su tratamiento, circunstancias respecto de las que solo pueda brindar una opinión científicamente fundada un profesional médico.
Por ello, entiendo que el Juez de Instrucción debió dar intervención a un médico del Cuerpo Médico Forense o a un médico policial, a los fines de que evalúe al detenido, o cuanto menos que dictamine en función de lo que surge del certificado adjuntado por la defensa, en forma previa a expedirse sobre el planteo de la defensa. Sin perjuicio de ello, habiéndose dado intervención en esta instancia al Cuerpo Médico Forense, el Dr. Walter Alvarez, integrante de dicho gabinete médico, luego de evaluar el certificado médico adjuntado ha dictaminado en los siguientes términos: "La privación de la libertad del Sr. Carlos Sebastián V. no resulta un impedimento para el tratamiento adecuado de su cuadro de salud, descripto en el certificado médico de fs. 39 y vta., pudiendo su dolencia ser tratada debidamente atendida en su lugar de detención"
Siendo ello así, no se corroboran las circunstancias alegadas por la defensa en lo referente a la imposibilidad de tratar la afección de salud de su cliente en el ámbito carcelario, pues el dictamen médico indica lo contrario. Por dicho motivo, entiendo que no existen circunstancias que ameriten modificar el criterio sustentado en el incidente de excarcelación anterior, sin perjuicio del análisis de ésta cuestión, al resolverse el recurso en trámite en el expediente principal incoado en contra del auto de procesamiento con prisión preventiva, en el que el ámbito de conocimiento es más amplio. Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda al Sr. Juez de Instrucción que ordene la evaluación del imputado V. C. S. por el médico policial a fin de determinar cuál es su estado de salud actual, tratamiento médico indicado, y si se está dando estricto cumplimiento al mismo. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto de fs. 8/14 vta., del presente incidente recibido en formato digital e impreso por Secretaría, en todo cuanto fuera materia de apelación. II.-Hacer saber al Sr. Juez de Instrucción la recomendación efectuada en los considerandos.
III.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia