Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, de acuerdo a los argumentos reseñados, fundamentalmente por no evidenciarse peligros procesales en el marco de la presente (únicos parámetros para denegar la libertad ambulatoria) y por encontrarse claramente desvirtuados aquellos que sirvieron para la imposición de la primigenia medida de cautela, entiende que corresponde revocar la decisión atacada y otorgar la excarcelación de mi asistido, todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 18 CN, Arts. 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP.
En subsidio, para el caso de que se considere que la excarcelación por algún motivo no fuera viable, expresa que existen medidas alternativas que son de aplicación. Como la implementación de la obligación de concurrir a los estrados o la comisaría más cercana a su domicilio a firmar con la frecuencia que lo disponga le magistrado. Con lo cual aún para el caso de que se entienda que todas las medidas previas aludidas para la procedencia de la excarcelación fueran insuficientes (cauciones, obligaciones, restricciones, prohibición de concurrir a determinado sitio o comunicarse o tener contacto con determinadas personas), puede incluso ordenarse una medida menos estricta que la detención penitenciaria. …
TOMO: CXXIV REGISTRO: 017 FOLIO: 188/192
Caleta Olivia, 15 de septiembre de 2026.
En autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACION EN AUTOS: DIV. CRIA. 3RA. S/ INV.
ROBO Y ATTDO Y RESIST. A LA AUT.”, Expte. Nro. 42622/26, N° de Juzgado de Recursos 8603/26, provenientes del Juzgado de Instrucción N°2 de Caleta Olivia, puestos a despacho para resolver.
I.-Mediante auto interlocutorio de fs. 05/07vta., el Sr. Juez de Instrucción subrogante, decidió: “…DENEGAR la EXCARCELACIÓN solicitada por la Letrada Adjunta a cargo de la Defensora Pública Oficial Nro. 2, en favor del imputado V. U. R., por los motivos expuestos en los considerandos”
Contra dicha resolución, la Sra. Defensora Pública Oficial Nro. 2 de Caleta Olivia, doctora Ximena Paola Villares, interpone recurso de apelación a fs. 10/14, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 20.
Recibidos los autos en esta instancia y dentro del término de emplazamiento, la Defensora Pública Oficial de Cámara, doctora María Carolina Costes, mantiene el recurso a fs. 26. Fijada la audiencia establecida por el art. 437 del C.P.P. la defensa no presenta el informe que autoriza dicho artículo; y a fs. 27 pasan los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar la apelación la defensa sostiene la procedencia de la excarcelación como derecho constitucional. La libertad como regla, y la detención cautelar como ultima ratio.
Comienza señalando que la libertad caucionada es procedente con sustento en el principio de inocencia y a la regla de libertad durante el proceso, en tanto exigen que la duda respecto de si corresponde o no aplicar una medida restrictiva de la libertad se resuelva siempre en favor de su no imposición (principio favor libertatis). Que a tal efecto, no importa la etapa procedimental por la que atraviese la causa, pues la duda en la órbita del favor libertatis tiene idéntica fuerza a lo largo de todo el proceso: sea al momento de indagar, de procesar, de elevar a Juicio o de dictar sentencia. De modo que el favor libertatis, a diferencia del in dubio pro reo, constituye un concepto rígido.
Cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 16:88, 54:264, 102:219, 308:1361, 310:1835, 312:185, 316:1934, entre otros.
Cita doctrina.
Sostiene que las medidas de coerción deben funcionar como un instituto, con sustento y base en el principio de inocencia y pueden justificarse solamente en peligros procesales, no pudiendo en ningún caso ser la regla. (Agrega que así, lo ha afirmado reiteradamente la CIDH, en los párr. 72 y 84 del informe 12/96, también en su informe 35/07 y la CorteIDH en su fallo “Barreto Leiva”, entre otros).
Que lo dicho es consecuencia directa de aplicación de normas constitucionales: art. 18 de la Constitución Nacional y convencionales: arts. 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP, todos de aplicación en la materia y que en definitiva sostienen la presunción de inocencia y la libertad como regla.
Destaca que la excarcelación de su asistido deviene procedente, pues hoy día no existe duda alguna frente a un proceso respetuoso de los derechos de los ciudadanos en un Estado de Republicano que la libertad durante el proceso es la regla y no la excepción. Y para el caso de querer mantenerse la privación de libertad y excepcionar la regla de la libertad, deberá acreditarse sin duda la existencia de riesgo procesal real y no presumido. Que a lo largo de esta presentación liberatoria demostrará la inexistencia de esos riesgos, más allá de que incumbe a la acusación acreditarlo, dado que los mismos en modo alguno pueden ser presumidos, sino que deben basarse y fundarse en hechos concretos.
Que no incide sobre ello la pena en expectativa que en definitiva se escoja o resulte, pues dicha circunstancia por sí sola no es suficiente para sustentar una denegatoria de libertad.
Trae a colación los lineamientos de los precedentes jurisprudenciales Barbará y Macchieraldo. Expresa que en ambos casos los tribunales rechazaron la idea de que sobre la exclusiva base de la penalidad aplicable, pueda concluirse inexorablemente que el imputado ha de eludir la acción de la justicia.
Que en el fallo plenario Diaz Bessone de la Cámara Federal de Casación Penal, en el que por mayoría los jueces de ese tribunal resolvieron, en la misma línea que los precedentes Barbara y Machieraldo, que las presunciones a que se refiere el CPPN de que un imputado acusado de delitos graves que, por sus topes legales, impiden el dictado de una eventual condena de ejecución condicional, son en verdad presunciones que admiten prueba en contrario.
Que en el particular, en torno al peligro de fuga, cabe señalar que no se encuentra presente en modo alguno en el caso de V. U. R., en función de las siguientes circunstancias:
a) Al momento de su detención aportó sus datos filiatorios correctos/completos. Lo cual muestra una clara intención de someterse al proceso judicial.
b) No registra antecedentes condenatorios.
c) Posee arraigo en esta ciudad.
d) No tiene otros procesos en trámite, ni estuvo rebelde, ni gozó libertades provisorias anteriores.
e) es una persona de escasos recursos económicos que reside en una vivienda junto a su familiar sin poseer trabajo, de escasos 18 años de edad, con ingresos que no superan la canasta básica familiar, por lo que no existe posibilidad de solventar una posible fuga.
En relación al peligro de entorpecimiento del proceso señala:
a) se ha recepcionado declaración testimonial de la denunciante en la comisaria de Caleta Olivia.
b) Los efectivos policiales, se encuentran habituados a prestar declaración testimonial en procesos judiciales respecto del accionar policial, lo que permite presumir que su tarea habitual frente a los ciudadanos y personas investigadas y los conflictos abordados le impiden sentirse amedrentados por los dichos de una persona bajo su custodia.
c) se ha recuperado el objeto denunciado como sustraído. Cita el fallo “Trusso” de la Corte (CSJN, 12-11-2003, “Trusso, Francisco Javier s/Incidente de excarcelación”, causa 91.833, Fallos: 326:4604).
También “Loyo Fraire” CSJN. Y el fallo plenario “Díaz Bessone”. Asi como fallos de la CIDH tales como “Gangaram Panday v. Surinam”, “Chaparro Álvarez y Lepo Iñiguez v. Ecuador”, “Palamara Iribarne v. Chile”, y “Bayarri v. Argentina”.
Manifiesta que la doctrina de estos pronunciamientos se asienta en la prohibición de detención o encarcelamientos arbitrarios, que –aún calificados de legales- resulten incompatibles con los derechos fundamentales de individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. De modo tal que las normas internas sean compatibles con los instrumentos internacionales y ser razonables en toda circunstancia.
Que en relación a los peligros procesales el fallo Loyo Fraire fijó un nuevo estándar porque dispuso que la decisión que impide la libertad deba establecer de qué modo el acusado pone en peligro el proceso y justificarlo en el caso concreto. Según este precedente, el imputado además debe tener la posibilidad cierta de acreditar la ausencia de peligros procesales, debiendo el Juez hacer una evaluación de ello, y en caso de estar en desacuerdo, deberá fundamentarlo de manera adecuada, teniendo en cuenta el caso concreto, acreditando la existencia real y concreta de los riesgos.
Que de esta manera, la Corte se aleja incluso de la presunción iuris tamtun, porque al exigir la real fundamentación al órgano jurisdiccional si se decidiera a rechazar los argumentos del acusado cuando acredita la ausencia de peligros procesales, lo que en realidad se le está exigiendo al Juez, es que fundamente como y de qué manera concreta y específica se establece el riego de fuga, más allá de toda presunción.
Recuerda que tiene dicho la CorteIDH que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.
Que, en síntesis, el monto de pena en expectativa no puede ser la única circunstancia a tener en cuenta para evaluar el riesgo de fuga. No es viable ni como presunción iure et de iure ni como presunción iuris tantum. El principio de inocencia establecido en nuestra Constitución Nacional impide que se invierta la carga de la prueba en materia de riesgos procesales, ya que ello implica que la regla pase a ser la prisión durante el proceso, pues pareciera que se parte de la culpabilidad del acusado y no de su inocencia, como exige la Constitución Nacional. Cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el citado Informe 35/07, caso 12.553, -Uruguay- “Peirano Basso, Jorge José y Peirano Basso, Dante”, del 1º de mayo de 2007 En relación al riesgo de entorpecimiento cabe señalar que el mismo puede ser también resguardo para el caso de estimarse que exista, con medidas de menor rigor que la detención, pues como fundamentaremos existen medios para evitar que los imputados se contacten con determinadas personas, o concurran a determinados lugares. Ello para el caso de que eventualmente pueda suceder, lo cual tampoco de modo alguno puede presumirse, sino que debe ser acreditado con pautas concretas y no con fórmulas genéricas, dogmáticas y/o abstractas.
Que en definitiva, ni el tipo de delito ni las calificaciones legales obstan a la procedencia de la libertad, sino solamente la existencia de riesgos procesales.
Sin perjuicio de lo dicho, y para el caso de que se entienda que deba garantizar la comparecencia al proceso de su defendido V. U. R. con medios alternativos (dado que entiende aquí se está demostrando la innecesariedad de la detención), se podrá:
a) Fijar una caución económica (real o personal) que se estime pertinente y más adecuada para el caso concreto. b) Imponerle a V. U. R.las obligaciones y/o restricciones que estime más adecuadas, entre ellas:
1. comparecer periódicamente ante la autoridad que se designe, ( se pregunta qué riesgo de fuga puede haber si se por ejemplo cada 48 o 72 hs. se presenta ante la autoridad que se fije).
2. no ausentarse de su domicilio por más de 24 hs. sin hacerlo saber, 3) no cambiar de domicilio, 4) prohibición de salida del país, 5) retención de documentos de viaje (pasaporte), 6) prohibición de concurrir a determinadas lugares, reuniones, de visitar ciertos comunicarse o acercarse a determinadas personas.
7. o cualquier otra/s que VS estime adecuadas.
Que con todo este panorama la detención no tiene sustento procesal alguno, pues los fines procesales pueden ser resguardados con medios menos invasivos a la privación de libertad lisa y llana, teniendo en cuenta a lo dicho respecto al eventual peligrosismo procesal –que en modo alguno se puede presumir- y frente a la posibilidad que exista mínimamente puede ser resguardado con las referidas cauciones y obligaciones/restricciones sin la necesidad del encierro. Ello frente a la plena aplicación de los principios que rigen la materia: subsidiariedad, proporcionalidad, excepcionalidad, provisionalidad, y favor libertatis. Todo los cuales tienen sustento constitucional y convencional.
Ataca los fundamentos expuestos por el magistrado en el auto atacado para denegar la libertad de su defendido, sosteniendo que resulta inaceptable el argumento sostenido por el juez respecto a que aún restan judicializar testimonios como fundamento principal para denegar el pedido excarcelatorio. Que esto es así, puesto que el razonamiento implica comprender que una persona permanecerá privada de su libertad únicamente hasta que puedan recepcionarse judicialmente los testimonios, no por un riesgo procesal concreto verificable en el caso, sino porque la instrucción no pudo recabar los testimonios. Testimonios que en la resolución atacada no fueron siquiera individualizados.
Que negarle a su defendido la posibilidad a la liberación, no solo iría contra el mandato legal, sino que demostraría la evidente sin razón que se derivaría de impedir a quien no fue todavía condenado, el goce de la innegable atenuación del rigor de su privación de libertad, cuando se trata todavía de un inocente y no existe a su respecto ninguna pauta que permita presumir que no se presentará ante los llamados del Tribunal, única pauta constitucional para denegar la libertad (dado que el peligro procesal como ya se dijo puede ser neutralizado con medidas de menor rigor que la detención).
Que la libertad caucionada procede conforme al principio de inocencia, y a la regla general de la libertad durante el proceso, en tanto exigen que la duda respecto de si corresponde o no aplicar una medida restrictiva de la libertad se resuelva siempre en favor de su no imposición. Cita doctrina.
Que, como corolario, por aplicación de lo dispuesto en las normas constitucionales del art. 18 de la Constitución Nacional y arts 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP, de aplicación en la materia y que en definitiva sostienen la presunción de inocencia, entiende procedente el beneficio aquí solicitado.
Por todo ello, de acuerdo a los argumentos reseñados, fundamentalmente por no evidenciarse peligros procesales en el marco de la presente (únicos parámetros para denegar la libertad ambulatoria) y por encontrarse claramente desvirtuados aquellos que sirvieron para la imposición de la primigenia medida de cautela, entiende que corresponde revocar la decisión atacada y otorgar la excarcelación de mi asistido, todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 18 CN, Arts. 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP.
En subsidio, para el caso de que se considere que la excarcelación por algún motivo no fuera viable, expresa que existen medidas alternativas que son de aplicación. Como la implementación de la obligación de concurrir a los estrados o la comisaría más cercana a su domicilio a firmar con la frecuencia que lo disponga le magistrado. Con lo cual aún para el caso de que se entienda que todas las medidas previas aludidas para la procedencia de la excarcelación fueran insuficientes (cauciones, obligaciones, restricciones, prohibición de concurrir a determinado sitio o comunicarse o tener contacto con determinadas personas), puede incluso ordenarse una medida menos estricta que la detención penitenciaria. Por lo que entiende deviene necesario su tratamiento, teniendo presente que los delitos achacados se adecúan perfectamente a su implementación.
En ese andamiaje, cree que podrían cautelarse las mismas finalidades procesales, con medidas menos severas que la detención, como lo sería –según entiendola concurrencia a la comisaría más cercana a su domicilio a firmar.
Cita jurisprudencia de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la compara con el caso de autos.
Cita a la CIDH en “Milagro Sala”.
Señala que no basta probar que una determinada medida cautelar resulta idónea para asegurar la realización de la ley sustantiva, sino que ella no sea sustituible por otro modo de intervención estatal menos intenso, de menor gravedad para el sometido a proceso. Que la idea es que, así como el derecho penal funciona como la última ratio del ordenamiento jurídico, las medidas de coerción constituyen también la última herramienta procesal a aplicarse desde la óptica procesal. Que la CIDH ha señalado en el informe 38/96, que “entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido” (párr. 74).
Cita a la CorteIDH en “Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista Del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile”
Expresa que en función de ello, en caso de no considerarse viable la excarcelación, subsidiariamente solicita se haga lugar a la petición efectuada en este punto y se conceda a su asistido la atenuación de la coerción en las condiciones ya expuestas precedentemente, todo ello, por aplicación de lo dispuesto en las normas constitucionales del art. 18 de la Constitución Nacional y arts. 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP, de aplicación en la materia y que en definitiva sostienen la presunción de inocencia.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al estudio del recurso interpuesto por la defensa oficial, contra la denegación de la excarcelación de su defendido.
Ante todo, cabe recordar que como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la liberad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.) Es así que, independientemente de la pena en expectativa por el delito endilgado al imputado en las presentes actuaciones, cabe tener en cuenta otra serie de factores los que, analizados en forma integral y en el caso concreto, me llevan a compartir la decisión del magistrado de la anterior instancia.
En el caso el a quo ha considerado, y así lo comparte el suscripto, que dado lo incipiente de la investigación en pleno desarrollo, con medidas de prueba que deben sustanciarse, la libertad del imputado conlleva un riesgo de entorpecimiento de la investigación, que no puede ser neutralizado con una medida menos gravosa, al menos por el momento.
Cabe tener en cuenta al grado de organización para la empresa criminal que insumió la participación en el hecho y el concierto de voluntades de tres personas, denotando esa circunstancia de mayor capacidad para cometer el delito, el que logró frustrar la rápida acción policial.
Ello implica valorar, conforme lo determina el art. 302 del C.P.P., las características objetivas del hecho investigado, lo que me lleva a concluir que la libertad de los imputados, podría conspirar contra los fines del proceso.
Por otra parte, el arraigo evidenciado es débil, lo que no permite descartar, asimismo, el riesgo de fuga. Además, cabe señalar que el Sr. Juez de Instrucción ha informado mediante Oficio Nro. 1622/26, que el 14 de septiembre de 2026 resolvió ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de V. U.
R., como coautor penalmente responsable del delito de ROBO AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA, Y POR TRATARSE DE UN VEHÍCULO DEJADO EN LA VÍA PÚBLICA, EN GRADO EN LA VÍA PÚBLICA, EN GRADO DE TENTATIVA (arts. 167 inc. 2°, y 167 bis en función del art. 163 inc. 6°, en función del art. 164, 42 y 45 del Código Penal)
Es así que, a todo evento, podrá analizarse nuevamente la detención cautelar del imputado, en caso de que se recurra el auto de procesamiento con prisión preventiva, momento en el cual, el ámbito de conocimiento es más amplio, y se extiende a la valoración de los hechos investigados y su prueba.
Por todo ello, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 05/07 vta., en todo cuanta fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mí:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia