Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, fundamentalmente por no evidenciarse peligros procesales en el marco de la presente (únicos parámetros para denegar la libertad ambulatoria) y por encontrarse claramente desvirtuados aquellos que sirvieron para la imposición de la primigenia medida de cautela, entiende que corresponde revocar la decisión atacada y otorgar la excarcelación de mi asistido, todo ello de conformidad con lo previsto en el Art.18CN, Arts.9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, quedan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP. Para el caso de que se considere que la excarcelación por algún motivo no fuera viable, como paliativo, sostiene que existen medidas alternativas y entiende que, en el caso puntual del Sr. O. H. F., son de aplicación. Entiende que podrían cautelarse las mismas finalidades procesales, con medidas menos severas que la detención, como lo sería la concurrencia a la comisaría más cercana a su domicilio a firmar.
Cita jurisprudencia.
En torno a la subsidiariedad de todo encarcelamiento (cuando hay medidas igual de efectivas para asegurar las finalidades procesales), cita lo resuelto por la CIDH en “Milagro Sala”
Agrega que no basta probar que una determinada medida cautelar resulta idónea para asegurar la realización de la ley sustantiva, sino que ella no sea sustituible por otro modo de intervención estatal menos intenso, de …
TOMO: CXXIV REGISTRO: 004 FOLIO: 034/038
Caleta Olivia, 19 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS: "DIV. CRIA. 4TA S/Inv.
ROBO” Expte. Nº 42381/26, N° de Juzgado de Recursos 8555/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
I.-Mediante interlocutorio de fs.5/7 vta., el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, decidió: “…DENEGAR la excarcelación solicitada por la Sra. letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nro. 2 Dra. Fabiana Palma en favor del imputado O. H. F., por los motivos que indica en los considerandos.”
Contra dicha resolución la Sra. Defensora Pública Oficial Nro. 2 de Caleta Olivia, doctora Ximena Paola Villares, interpone recurso de apelación a fs. 10/32, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 33. En esta instancia es mantenido a fs. 40 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que la libertad caucionada es procedente con sustento en el principio de inocencia y a la regla de libertad durante el proceso, en tanto exigen que la duda respecto de si corresponde o no aplicar una medida restrictiva de la libertad se resuelva siempre en favor de su no imposición (principio favor libertatis).
Que a tal efecto, no importa la etapa procedimental por la que atraviese la causa, pues la duda en la órbita del favor libertatis tiene idéntica fuerza a lo largo de todo el proceso: sea al momento de indagar, de procesar, de elevar a Juicio o de dictar sentencia. De modo que el favor libertatis, a diferencia del in dubio pro reo, constituye un concepto rígido.
Que fue la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha dicho ya hace tiempo y en forma reiterada que la “excarcelación procede como garantía constitucional y no como simple concesión de la ley de forma” (Fallos 16:88, 54:264, 102:219, 308:1361, 310:1835, 312:185, 316:1934, entre otros).
Cita doctrina.
Señala que las medidas de coerción deben funcionar como un instituto, con sustento y base en el principio de inocencia y pueden justificarse solamente en peligros procesales, no pudiendo en ningún caso ser la regla. (Que así, lo ha afirmado reiteradamente la CIDH, en los párr. 72 y 84 del informe 12/96, también en su informe 35/07 y la Corte IDH en su fallo “Barreto Leiva”, entre otros). Que lo dicho es consecuencia directa de aplicación de normas constitucionales: art. 18 de la Constitución Nacional y convencionales: arts. 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP, todos de aplicación en la materia y que en definitiva sostienen la presunción de inocencia y la libertad como regla.
Que la excarcelación de su asistido deviene procedente, pues hoy día no existe duda alguna frente a un proceso respetuoso de los derechos de los ciudadanos en un Estado de Republicano que la libertad durante el proceso es la regla y no la excepción. Y para el caso de querer mantenerse la privación de libertad y excepcionar la regla de la libertad, deberá acreditarse sin duda la existencia de riesgo procesal real y no presumido. Alude a la inexistencia de esos riesgos, más allá de que incumbe a la acusación acreditarlo, dado que los mismos en modo alguno pueden ser presumidos, sino que deben basarse y fundarse en hechos concretos.
Destaca las condiciones personales de su defendido diciendo que O. H. F., resulta ser una persona joven, quien residía hasta el momento de su detención en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut donde nació y se crio. Que es sostén de familia, desarrollando su oficio como DJ, teniendo a su cargo un hijo de 7 años de edad del cual resulta ser sostén económico.
Que una vez especificadas las condiciones personales de su defendido y destacado el avance de la investigación, trae a colación los lineamientos de los precedentes jurisprudenciales Barbará y Macchieraldo. Que en ambos casos los tribunales rechazaron la idea de que sobre la exclusiva base de la penalidad aplicable, pueda concluirse inexorablemente que el imputado ha de eludir la acción de la justicia.
Que en el fallo plenario Díaz Bessone de la Cámara Federal de Casación Penal, en el que por mayoría los jueces de ese tribunal resolvieron, en la misma línea que los precedentes Barbará y Machieraldo, que las presunciones a que se refiere el CPPN de que un imputado acusado de delitos graves que, por sus topes legales, impiden el dictado de una eventual condena de ejecución condicional, son en verdad presunciones que admiten prueba en contrario.
En torno al peligro de fuga, señala que no se configura en el caso de O. H. F., en función de las siguientes circunstancias:
a) Al momento de su detención aportó sus datos filiatorios correctos/completos. Lo cual muestra una clara intención de someterse al proceso judicial.
b) No registra antecedentes penales conforme certificación actuarial.
c) No tiene otros procesos en trámite, ni estuvo rebelde, ni gozó libertades provisorias anteriores conforme certificación actuarial.
En relación al peligro de entorpecimiento del proceso señala:
a) Se han ordenado múltiples medidas probatorias que incluyen requisa vehicular y personal de los detenidos, la toma de secuencias fotográficas de los detenidos, secuestro de prendas de vestir, etc.
b) Los efectivos policiales, en caso de corresponder que declaren, se encuentran habituados a prestar declaración testimonial en procesos judiciales respecto del accionar policial, lo que permite presumir que su tarea habitual frente a los ciudadanos y personas investigadas y los conflictos abordados le impiden sentirse amedrentados por los dichos de una persona bajo su custodia.
Cita jurirsprudencia de Corte Suprema: fallos “Trusso”, “Loyo Fraire” ; y de Corte IDH fallos “GangaramPandayv.Surinam”, “Chaparro Álvarez y Lepo Iñiguez v. Ecuador”, “Palamara Iribarne v. Chile”, y “Bayarriv. Argentina”.
Agrega que la doctrina de estos pronunciamientos se asienta en la prohibición de detención o encarcelamientos arbitrarios, que–aún calificados de legales- resulten incompatibles con los derechos fundamentales de individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. De modo tal que las normas internas sean compatibles con los instrumentos internacionales y ser razonables en toda circunstancia.
Señala que en relación a los peligros procesales el fallo Loyo Fraire fijó un nuevo estándar porque dispuso que la decisión que impide la libertad deba establecer de qué modo el acusado pone en peligro el proceso y justificarlo en el caso concreto. Que según este precedente, el imputado además debe tener la posibilidad cierta de acreditar la ausencia de peligros procesales, debiendo el Juez hacer una evaluación de ello, y en caso de estar en desacuerdo, deberá fundamentarlo de manera adecuada, teniendo en cuenta el caso concreto, acreditando la existencia real y concreta de los riesgos. Que de esta manera, la Corte se aleja incluso de la presunción iuris tantum, porque al exigir la real fundamentación al órgano jurisdiccional si se decidiera a rechazar los argumentos del acusado cuando acredita la ausencia de peligros procesales, lo que en realidad se le está exigiendo al Juez, es que fundamente como y de qué manera concreta y específica se establece el riego de fuga, más allá de toda presunción.
Recuerda que también que tiene dicho la Corte IDH que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Que, en síntesis, el monto de pena en expectativa no puede ser la única circunstancia a tener en cuenta para evaluar el riesgo de fuga. No es viable ni como presunción iure et de iure ni como presunción iuris tantum. Que el principio de inocencia establecido en nuestra Constitución Nacional impide que se invierta la carga de la prueba en materia de riesgos procesales, ya que ello implica que la regla pase a ser la prisión durante el proceso, pues pareciera que se parte de la culpabilidad del acusado y no de su inocencia, como exige la Constitución Nacional.
Que en igual sentido se expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 35/07, caso 12.553,- Uruguay “Peirano Basso, Jorge José y Peirano Basso, Dante”
En relación al riesgo de entorpecimiento señala que el mismo puede ser también resguardado para el caso de estimarse que exista, con medidas de menor rigor que la detención, pues como fundamentaremos existen medios para evitar que los imputados se contacten con determinadas personas, o concurran a determinados lugares. Ello para el caso de que eventualmente pueda suceder, lo cual tampoco de modo alguno puede presumirse, sino que debe ser acreditado con pautas concretas y no con fórmulas genéricas, dogmáticas y/o abstractas.
Que, en definitiva, ni el tipo de delito ni las calificaciones legales obstan a la procedencia de la libertad, sino solamente la existencia de riesgos procesales.
Para el caso de que se entienda que se debe garantizar la comparecencia al proceso de su defendido O. H. F. con medios alternativos (dado que entiende aquí se está demostrando la innecesariedad de la detención), se podrá:
a) Fijar una caución económica (real o personal) que se estime pertinente y más adecuada para el caso concreto. b) Imponerle a O. H. F. las obligaciones y/o restricciones que se estimen más adecuadas, entre ellas:
1. comparecer periódicamente ante la autoridad que se designe, 2) no ausentarse de su domicilio por más de 24 hs. sin hacerlo saber, 3) no cambiar de domicilio, 4) prohibición de salida del país, 5) retención de documentos de viaje (pasaporte), 6) prohibición de concurrir a determinadas lugares, reuniones, de visitar ciertos comunicarse o acercarse a determinadas personas.
7. o cualquier otra/s que se estimen adecuadas.
Que con todo este panorama la detención no tiene sustento procesal alguno, pues los fines procesales pueden ser resguardados con medios menos invasivos a la privación de libertad lisa y llana, teniendo en cuenta a lo dicho respecto al eventual peligrosismo procesal –que en modo alguno se puede presumir- y frente a la posibilidad que exista mínimamente puede ser resguardado con las referidas cauciones y obligaciones/restricciones sin la necesidad del encierro. Ello frente a la plena aplicación de los principios que rigen la materia: subsidiariedad, proporcionalidad, excepcionalidad, provisionalidad, y favor libertatis. Todo los cuales tienen sustento constitucional y convencional.
Que, en consecuencia, continuar negándole a su defendido la posibilidad a la liberación, no solo iría contra el mandato legal, sino que demostraría la evidente sin razón que se derivaría de impedir a quien no fue todavía condenado, el goce de la innegable atenuación del rigor de su privación de libertad, cuando se trata todavía de un inocente y no existe a su respecto ninguna pauta que permita presumir que no se presentará ante los llamados del Tribunal, única pauta constitucional para denegar la libertad (dado que el peligro procesal como ya se dijo puede ser neutralizado con medidas de menor rigor que la detención).
Reitera que la libertad caucionada procede conforme al principio de inocencia, y a la regla general de la libertad durante el proceso, en tanto exigen que la duda respecto de si corresponde o no aplicar una medida restrictiva de la libertad se resuelva siempre en favor de su no imposición. Cita doctrina.
Que los fundamentos de la resolución no resultan suficientes para fundar la existencia de un riesgo procesal de entorpecimiento o fuga en razón de que existen medidas menos gravosas que la privación de la libertad para garantizar la comparecencia de los testigos e incluso del personal policial a declarar. Por lo demás, sostiene que no registra antecedentes penales su defendido conforme certificación actuarial, tal como lo refiere el informe de actuario y respecto de las calificaciones penales achacadas, es posible afirmar que es viable la aplicación de una pena en suspenso o incluso es posible peticionar la suspensión de proceso a prueba.
Como corolario, por aplicación de lo dispuesto en las normas constitucionales del art. 18 de la Constitución Nacional y arts 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP, de aplicación en la materia y que en definitiva sostienen la presunción de inocencia, entiende procedente el beneficio solicitado.
Por todo ello, fundamentalmente por no evidenciarse peligros procesales en el marco de la presente (únicos parámetros para denegar la libertad ambulatoria) y por encontrarse claramente desvirtuados aquellos que sirvieron para la imposición de la primigenia medida de cautela, entiende que corresponde revocar la decisión atacada y otorgar la excarcelación de mi asistido, todo ello de conformidad con lo previsto en el Art.18CN, Arts.9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, quedan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP. Para el caso de que se considere que la excarcelación por algún motivo no fuera viable, como paliativo, sostiene que existen medidas alternativas y entiende que, en el caso puntual del Sr. O. H. F., son de aplicación. Entiende que podrían cautelarse las mismas finalidades procesales, con medidas menos severas que la detención, como lo sería la concurrencia a la comisaría más cercana a su domicilio a firmar.
Cita jurisprudencia.
En torno a la subsidiariedad de todo encarcelamiento (cuando hay medidas igual de efectivas para asegurar las finalidades procesales), cita lo resuelto por la CIDH en “Milagro Sala”
Agrega que no basta probar que una determinada medida cautelar resulta idónea para asegurar la realización de la ley sustantiva, sino que ella no sea sustituible por otro modo de intervención estatal menos intenso, de menor gravedad para el sometido a proceso. La idea es que, así como el derecho penal funciona como la última ratio del ordenamiento jurídico, las medidas de coerción constituyen también la última herramienta procesal a aplicarse desde la óptica procesal.
Destaca que la CIDH ha señalado en el informe 38/96, que “entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido” (párr. 74).
Cita jurisprudencia de la Corte IDH ("Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista Del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile”)
Solicita que en caso de no considerarse viable la excarcelación, subsidiariamente se haga lugar a la petición efectuada en este punto y se conceda a su asistido la atenuación de la coerción en las condiciones ya expuestas precedentemente, todo ello, por aplicación de lo dispuesto en las normas constitucionales del art. 18 de la Constitución Nacional y arts. 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dan base a lo estipulado en los arts. 1, 3, 299, 300 y 302 del CPP, de aplicación en la materia y que en definitiva sostienen la presunción de inocencia.
Formula reserva del caso federal.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada en función de los agravios del recurrente.
Analizadas las actuaciones adelanto desde ya que comparto la decisión del Sr. Juez de Instrucción. Los agravios esbozados por la defensa no alcanzan a conmover dicho criterio, en razón de que en el caso de autos el riesgo procesal surge de manera evidente al carecer de arraigo en la provincia el imputado, no teniendo en la localidad, ni en la provincia, vínculo alguno que permita concluir la existencia de sujeción al proceso, no avizorándose que una medida menos gravosa sea de utilidad a dichos fines, quedando remante el riesgo de elusión del proceso.
Cabe recordar que como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado de transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 Constitución Provincial, art. 7 CADH). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. Asimismo, que en los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS:
"ALMENDRA, SERGIO EMILIO S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES, AMENAZAS
Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que: "Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal."
Sobre esta base, como lo he sostenido en párrafos anteriores, juzgo que en el caso de autos existe riesgo procesal, por lo que la detención cautelar debe mantenerse.
Nótese que el imputado es oriundo de la vecina provincia de Chubut, habiéndose trasladado desde la ciudad de Comodoro Rivadavia a esta la localidad, únicamente con fines delictivos.
Ello, sumado a lo incipiente de la investigación, que se encuentra en pleno desarrollo, y prueba pendiente de producción, me lleva a concluir que el criterio del a quo se encuentra ajustado a las constancias de autos y a la necesidad de asegurar los fines del proceso, conforme los principios rectores en la materia que emergen del bloque de constitucionalidad que invoca la defensa.
Por otra parte, desde el Juzgado de origen se ha informado a fs. 42 que el 14 de agosto de 2026 se ha ordenado el procesamiento con prisión preventiva de H. F. O. como coautor responsable del delito de robo simple (art. 164 y 45 C.P.).
Siendo ello así, corresponde confirmar la resolución impugnada, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de la situación de detención, ante un eventual recurso de apelación de la defensa en contra del auto de procesamiento con prisión preventiva.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto de fs. 5/7 vta. en todo cuanto fuera materia de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia