Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: XXI REGISTRO: 014 FOLIO: 161/165
Caleta Olivia, 19 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACION EN AUTOS: DIVISION COMISARIA TERCERA S/ ABUSO DE ARMAS” Expte. N° 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8546/26, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Que mediante interlocutorio de fs. 04/05 el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…DENEGAR LA EXCARCELACIÓN de A. D. P. por los fundamentos expuestos en los considerandos.”
Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la doctora Ximena Paola Villares, Defensora Pública Oficial N° 2 de Caleta Olivia, a fs. 09/14 el que es motivado en dicho acto y a fs. 15 se concede el recurso interpuesto, en relación y a un solo efecto. Recibidos los autos en esta instancia la Sra. Defensora ¨Pública Ofician ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, mantiene formalmente el recurso de apelación a fs.20, y fijada la audiencia prevista por el art. 437 del ritual, no presenta el informe pertinente, quedando luego los autos a despacho para resolver.
II.-Que al motivar la apelación interpuesta la defensa se agravia sosteniendo que la libertad caucionada constituye una garantía de jerarquía constitucional derivada del principio de inocencia y del favor libertatis.
Afirma que la privación cautelar de la libertad debe ser excepcional y operar como última ratio, cualquiera sea la etapa procesal.
Entiende la defensa que la resolución mantiene la privación de libertad sin demostrar, mediante circunstancias objetivas y concretas, la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Sostiene que los riesgos procesales no pueden presumirse ni fundarse en fórmulas genéricas.
La recurrente afirma que la gravedad del delito o la eventual pena aplicable no resultan suficientes, por sí solas, para justificar la prisión preventiva. Invoca los precedentes “Barbará”, “Macchieraldo” y el plenario “Díaz Bessone”, en cuanto descartan que la escala penal permita concluir automáticamente que el imputado intentará sustraerse de la acción de la justicia. La defensa señala diversas circunstancias personales de P. que, a su criterio, neutralizan ese riesgo: se presentó espontáneamente y brindó correctamente sus datos filiatorios; carece de antecedentes penales y de otros procesos en trámite; nunca estuvo rebelde ni gozó de libertades provisorias anteriores; posee domicilio y arraigo en Caleta Olivia; su grupo familiar reside en la ciudad; se encuentra vinculado laboralmente con la UOCRA y habría realizado estudios preocupacionales para ingresar a la actividad minera; y no posee recursos económicos suficientes para solventar una eventual fuga.
La defensa destaca que ya fueron recibidas múltiples declaraciones testimoniales en sede policial, se ordenó recabar secuencias fílmicas y se practicaron diversos allanamientos. Añade que la resolución no individualiza una prueba pendiente respecto de la cual P. pudiera desplegar una conducta concreta de obstaculización.
Crítica a los fundamentos utilizados por el juez respecto de la prueba secuestrada. Se cuestiona que el magistrado haya considerado que, en libertad, P. podría inutilizar evidencia probatoria cuando las armas y el teléfono celular mencionados en la resolución ya fueron secuestrados y se encuentran bajo custodia judicial. Según la defensa, resulta difícil concebir de qué manera el imputado podría interferir en las pericias pendientes sobre elementos que ya están en poder de la autoridad judicial. La recurrente objeta que la posibilidad de que el imputado presione testigos haya sido planteada de manera eventual, sin identificar hechos o comportamientos concretos que permitan sostener ese riesgo.
Afirma que, de considerarse necesario, dicho peligro podría neutralizarse mediante prohibiciones de acercamiento o contacto. Sostiene que las medidas probatorias pendientes o aquellas que pudiera proponer la propia defensa no pueden transformarse automáticamente en fundamento para mantener la detención, pues ello implicaría condicionar el ejercicio del derecho de defensa a la permanencia del imputado privado de libertad.
Con apoyo en los precedentes “Trusso” y “Loyo Fraire”, la defensa sostiene que la resolución debe explicar de qué modo concreto el imputado pone en peligro los fines del proceso. Afirma que el órgano jurisdiccional debe valorar las circunstancias personales aportadas para demostrar la inexistencia de riesgos y, si las descarta, brindar una fundamentación específica y suficiente. Se invocan distintos precedentes y documentos del sistema interamericano para sostener que la prisión preventiva no puede responder a finalidades punitivas, a la peligrosidad atribuida al imputado, a la posibilidad de comisión de nuevos delitos, a la repercusión social del hecho ni exclusivamente a la naturaleza del delito imputado. La defensa afirma que únicamente puede justificarse por necesidades procesales concretas, verificadas en el caso.
Menciona la defensa principios de subsidiariedad, proporcionalidad y excepcionalidad. La defensa considera que, aun cuando se estimara existente algún riesgo procesal, la prisión preventiva resulta desproporcionada porque existen mecanismos menos restrictivos capaces de asegurar la comparecencia del imputado y evitar cualquier interferencia con la investigación. Propone, entre otras alternativas, la fijación de caución real o personal; comparecencias periódicas ante la autoridad; obligación de no ausentarse del domicilio por más de veinticuatro horas sin informar; prohibición de modificar el domicilio; prohibición de salida del país; retención de documentos de viaje; y prohibiciones de concurrencia, comunicación o acercamiento respecto de determinados lugares o personas.
Sostiene específicamente que cualquier eventual riesgo respecto de testigos u otras personas vinculadas con la investigación puede ser cautelado mediante prohibiciones de contacto y acercamiento, sin necesidad de mantener el encarcelamiento. Solicita subsidiariamente la atenuación de la coerción; como ser la comparecencia periódica ante estrados judiciales o comisaría. Así para el supuesto de rechazarse la excarcelación, la defensa solicita subsidiariamente una morigeración consistente en ordenar la libertad de P. bajo la obligación de concurrir a firmar, con la frecuencia que determine el magistrado, ante el tribunal o la comisaría más cercana a su domicilio. Aplicación de dispositivos de vigilancia electrónica. Como alternativa adicional también, plantea la posibilidad de utilizar un dispositivo electrónico de control, entendiendo que permitiría asegurar la sujeción al proceso mediante una medida menos severa que la detención penitenciaria.
Señala el precedente “Arias, Héctor Ricardo”. La defensa cita este precedente para sostener que la prisión preventiva constituye la última ratio y que deben examinarse previamente medidas menos gravosas. Destaca que en aquel caso se admitió una modalidad de restricción domiciliaria con vigilancia electrónica pese a circunstancias personales que, según la recurrente, eran más desfavorables que las de P..
Remarca que P. carece de antecedentes penales, no registra imputaciones anteriores ni excarcelaciones previas, brindó correctamente sus datos personales y no habría incumplido anteriormente reglas de libertad, circunstancias que la defensa contrapone a las verificadas en el precedente “Arias”.
Invoca la defensora pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, entre ellos los relativos a “Milagro Sala” y “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, para sostener que debe elegirse, entre medidas igualmente idóneas, aquella que produzca la menor restricción posible del derecho a la libertad.
Realiza reserva del caso federal. La defensa deja planteada la reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad y en el art. 14 de la Ley 48.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al examen de la resolución atacada en función de los agravios de la parte recurrente. Resulta oportuno recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.).
Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello, la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.).
Entonces se impone la necesidad de establecer en el caso concreto si existen dichos riesgos procesales que ameriten mantener la detención cautelar.
La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena en expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta.
En los autos caratulados: "DIV. CRÍA. 1 S/ INVESTIGACIÓN" Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración. Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación.
(Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VÍCTOR MANUEL Y OTROS S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº: O-705/11/TSJ). - Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo.
Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legítima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr. Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial Abeledo Perrot) Además, débase señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria.
El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390.
Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: "…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme." (Acosta, Jorge Eduardo y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas."
Ahora bien, independientemente de la pena en expectativa y la gravedad del delito endilgado, cabe tener en cuenta todos esos factores que deben ser analizados en forma integral y en el caso concreto.
En el caso de marras el A quo ha dado motivos basados principalmente en que a la fecha se encuentran pendientes de producción, distintas pruebas que resultan ser de relevancia para la presente instrucción, como ser judicializar las declaraciones testimoniales y realizar los informes médico legales de las víctimas, sumado a que conforme surge del resultado del allanamiento efectuado, se han secuestrado armas y artefactos telefónicos sobre los cuales resta efectuar las pericias correspondientes, entre otras. En este sentido, comparto con el A quo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, que podrían tornar ilusorios los fines del proceso. Siendo que el imputado en libertad puede presionar testigos y/o efectuar conductas tendientes a inutilizar evidencias probatorias determinantes.
No coincido con lo expresado por la defensora en relación a que el Juez puede tomar medidas alternativas o de menor restricción, ya que la modalidad del hecho y la violencia ejercida por P., amerita al menos en esta etapa inicial del proceso que se mantenga la medida dispuesta por el Juzgador, ello en consonancia y teniendo presente que el dictamen del Agente Fiscal fs.03 dispone con anuencias la continuidad de la detención.
Como puede observarse, específicamente una eventual interferencia del imputado coaccionando de algún modo a la víctima y/o vecinos del lugar, y ello puede poner en riesgo su participación tanto en la instrucción como en el debate, y por ende afectar negativamente los fines del proceso.
Ello es de vital importancia, toda vez que la restricción de la libertad no solo resulta justificada en la naturaleza delictiva, sino también en protección de las víctimas frente a posibles represalias o influencias externas tendientes a eximir de responsabilidad al encartado.
Así, considero que existen en el caso bajo análisis circunstancias concretas que responden a la necesidad de neutralizar los peligros procesales presumidos por la ley, siendo ellos la gravedad del delito imputado, la investigación aún en desarrollo, y la pena prevista por la ley, surgiendo asimismo de la valoración objetiva de los hechos la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación.
Por ello, entiendo que corresponde confirmar el rechazo de la excarcelación.
Se tiene presente la reserva formulada por la Sra. Defensora. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 04/05 de este incidente en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia