Abriendo la norma
TOMO: CXXIII REGISTRO: 014 FOLIO: 143/145
Caleta Olivia, 07 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS: A., M. S. S/ DAÑOS ”
Expte. Nº 89.749/26, N° de Juzgado de Recursos 8539/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
I.-Mediante interlocutorio de fs.7/9, el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, decidió denegar la excarcelación solicitada por el imputado Sr. A. M. S., por los motivos que expone en los considerandos.
Contra dicha resolución el Sr. Defensora Pública Oficial Ah Hoc, doctor Pedro Mercado, interpone recurso de apelación a fs. 12/13, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 14. En esta instancia es mantenido a fs. 20 por el Sr. Defensor Público Oficial ante las Excmas. Cámaras Subrogante, doctor Solano Gabriel Borquez.
Posteriormente, fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., la defensa no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa, se agravia invocando:
A) ARBITRARIEDAD EN LA VALORACIÓN DEL RIESGO PROCESAL Y VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INOCENCIA
La defensa se agravia por la arbitrariedad en la valoración del peligro procesal efectuada. Dice que la resolución recurrida sostiene la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación en base a argumentos meramente conjeturales y genéricos -tales como la posibilidad de presionar testigos, ocultar o inutilizar prueba material, o borrar huellas y rastros del delito-, sin individualizar de qué manera concreta mi asistido podría influir sobre dichas diligencias. Señala que específicamente, dada la situación de vulnerabilidad, de salud y económica del Sr. A. M. S., así como los nulos medios con los que cuenta, no se explica qué métodos o actos probables podría realizar para entorpecer la investigación.
Agrega que no se valoran adecuadamente las condiciones personales de su asistido, quien no registra antecedentes condenatorios con sentencia firme, ni se individualiza conducta alguna que permita inferir un riesgo cierto de fuga o entorpecimiento. Expresa que la sola invocación del estado incipiente de la investigación no constituye fundamento suficiente para restringir la libertad personal, siendo exigible la acreditación de riesgos procesales reales, actuales y concretos. Que, en consecuencia, la resolución incurre en una fundamentación aparente, sin correlato con las circunstancias objetivas del caso.
Que, sumado a lo expuesto, el a quo presume peligros procesales sin sustento fáctico suficiente, contrariando el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva establecido en los artículos 3 y 4 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, el artículo 25 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Entiende que la resolución que se impugna desnaturaliza el verdadero fin de la prisión preventiva y la libertad como regla, y vulnera de manera flagrante el principio de inocencia (art. 18 de la C.N.) y la doctrina de la CSJN en fallos como “Salas, Milagro” y “Díaz Bessone”, transformando la prisión preventiva en una herramienta de investigación y en un anticipo de pena, y no en una medida cautelar excepcional.
Sostiene que la excepcionalidad de la coerción real exige la demostración de un peligro procesal concreto y no meras conjeturas basadas en el estado primigenio de la causa. Que en el presente caso, su pupilo carece de condenas previas firmes y se le imputa el delito de daños (art. 183 del Código Penal), cuya escala penal permitiría, ante una eventual condena, que la misma sea de ejecución condicional (art. 26 del Código Penal). Que mantenerlo privado de su libertad implica un anticipo de pena que el ordenamiento jurídico proscribe.
Expresa que el pedido que se insta se funda en el principio constitucional de inocencia derivado del art. 18 de la Constitución Nacional, el cual impide que se trate como culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, hasta tanto se pronuncie una sentencia firme que declare su culpabilidad y se la someta a pena. Que tal principio determina que la detención preventiva debe asumir un carácter absolutamente excepcional, por lo cual la interpretación de las normas que coartan la libertad personal debe ser de carácter restrictivo (arts. 3 y 4 del C.P.P., art. 25 de la Constitución Provincial, art. 18 de la Constitución Nacional y art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Que de ahí que se mantiene inalterada la presunción de inocencia de la que goza toda persona sometida a proceso, pilar sobre el cual se afianza nuestra Constitución Nacional y sobre el cual debe basarse cualquier pronunciamiento jurisdiccional. Cita antecedentes de este Juzgado, correspondientes al Juez de Recursos predecesor.
Recuerda las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7), en cuanto sientan los principios de que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe legalmente su culpabilidad, y que la prisión preventiva no debe ser la regla general; normas todas con jerarquía constitucional a partir de su recepción en el art. 75 inc. 22 de nuestra Ley Fundamental.
Cita doctrina y jurisprudencia.
B) INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL Y AUSENCIA DE PRUEBA DIRECTA.
Destaca que conforme a lo manifestado por su asistido en su declaración indagatoria, el día miércoles 22 de julio de 2026, el Sr. A. M. S., habiendo salido del puerto, caminaba cerca del monumento El Gorosito cuando se encontró con conocidos que lo invitaron a celebrar haber recuperado la libertad con fecha martes 21 de julio de 2026. Que en dicha ocasión ingirió bebidas alcohólicas, sufriendo un cuadro de intoxicación severa. Posteriormente, manifiesta no recordar lo sucedido después hasta despertarse en la sede policial con gran parte de sus prendas manchadas con sangre, un corte en un dedo y una lesión en su pierna izquierda, sin recordar cómo se produjeron tales heridas.
Expresa que de las actuaciones y del informe policial surge que se constataron vidrios rotos en un local comercial, sin que se hayan sustraído mercaderías, lo cual fue ratificado por la propietaria de dicho comercio. Asimismo, el personal policial informó que al momento de la aprehensión de mi defendido, este no poseía en su poder ningún elemento u objeto perteneciente al local comercial.
Alega que en el estado actual del expediente no existe prueba directa ni indiciaria fehaciente que vincule material ni subjetivamente la rotura de los vidrios del local comercial con mi defendido. Que de las declaraciones testimoniales obrantes en la causa no surge ningún testigo que manifieste haber visto a mi defendido provocando daños a la propiedad (art. 183 del Código Penal). Que por ende, no se configuran los requisitos previstos en los artículos 295, 299 y 302 del C.P.P. para denegar la libertad procesal.
C) SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y AFECTACIÓN A LA SALUD DEL SR. A. M. S.
Manifiesta que actualmente, el Sr. A. M. S. se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, no solo por estar privado de su libertad, sino también por su delicado estado de salud y su precariedad laboral, económica y habitacional.
Que el Sr. A. M. S. debe ingerir medicación prescrita de forma diaria debido a una afección de salud preexistente, a lo que se suman la medicación y las curaciones necesarias por los cortes y lesiones que presentó al momento de su detención (tratamiento médico indicado por el profesional actuante del Hospital Zonal). Que asimismo, el Sr. A. M. S. necesita de manera urgente trabajar para aportar a la manutención de su hija menor y para su propio sustento alimentario. Que esto es lo que se propuso realizar inmediatamente después de recuperar la libertad el pasado 21 de julio. Que en ningún momento tuvo la intención de provocar un hecho que pudiera generar una nueva detención, y mi defendido no cuenta con otros ingresos económicos.
Que dado que no pudo regresar al domicilio de su pareja, debió alojarse transitoriamente en un establecimiento alquilado, agotando sus escasos recursos económicos y dependiendo de forma directa de su trabajo como estibador en el puerto. Que mantener la privación de su libertad le impedirá afrontar los gastos de alojamiento, dejándolo en inminente situación de calle al egresar, circunstancia que, sumada a lo anterior, agravaría seriamente su estado de salud psicofísico.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución recurrida en función de los agravios del recurrente.
Previamente, debo recordar que como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado de transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 Constitución Provincial, art. 7 CADH). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. Analizadas las actuaciones, surge en forma evidente la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación, en razón de que el imputado resulta una persona con nula constricción a las normas, prueba de lo cual es la cantidad de procesos en los que se encuentra involucrado, en los que ha sido excarcelado.
Nótese que la última excarcelación le fue concedida el día 21 de julio del corriente, incumpliendo las reglas de conducta impuestas apenas al segundo día de haber obtenido la libertad.
Su actitud pone en evidencia que no cumplirá cualquier medida menos gravosa o regla de conducta que pueda imponérsele, por lo que atento lo incipiente de la investigación, corresponde mantener por el momento la detención cautelar del imputado.
Los agravios relativos a los hechos y su prueba, como lo he sostenido en forma reiterada, exceden el estrecho margen de consideración del presente incidente, pues y va de suyo, la prueba y la valoración de la misma, como así de la situación de mérito se realizará en los autos principales, por lo que los mismos deben ser rechazados por improcedentes en el ámbito del presente incidente de excarcelación.
En lo referente a las cuestiones de salud del imputado aludidas por la defensa, las mismas han sido tenidas en consideración por el Sr. Juez de Instrucción en la resolución apelada, quien ha dispuesto órdenes a la autoridad del lugar de detención a fin de que se brinde al Sr. A. M. S. la correspondiente atención médica, en resguardo de su derecho a la salud.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR la resolución de fs. 7/9 en todo cuanto fuera materia de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia