Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa IE 75 12
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnular la resolución del 3 de marzo de 2023, por los fundamentos expuestos (arts. 106 y 210, CPP; 18, CN); debiendo la “ a quo ” pronunciarse nuevamente sobre el parti- cular conforme los criterios apuntados en los considerandos (art. 169 inc. 10, CPP).
IE-75-12
///mas de Zamora, ...... de Abril de 2023.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor Cesar Albarracín, en su carácter de defensor particular de Mario Manuel Francisco Pelman, contra el auto dictado el 3 de marzo de 2023 en el incidente correspondiente a la causa n° 75-12 que tramita ante el Tribunal en lo Criminal N° 6 Departamental, y;
La integrante del colegiado que lo juzgó (art. 22, CPP -texto ley 13.943-), condenán- dolo a la pena de ocho (8) años de prisión en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal, le denegó ahora la excarcelación en tiempo de obtener la libertad asistida.
Tras reseñar el derrotero procesal recursivo, destacó que el nocente como forma de morigerar la cautelar cumple arresto en el domicilio, modalidad que fuera ordenada en el dis- positivo segundo de la sentencia de condena hasta tanto adquiera firmeza.
Ante el pedido de la defensa, dice haber ordenado la realización de informes psicoló- gico, psiquiátrico y socio ambiental, a través de la Asesoría Pericial Departamental, “… a los fines de determinar sobre la contención, la sujeción de la encartado en caso de concedersele algún beneficio a su actual estado de detención preventiva morigerada y la capacidad de respeto de límites a imponer”.
Considera que es acertado denegar cuanto se solicitara sobre la base del estado procesal que transitan las actuaciones, y “ la pena de ocho años de prisión…impuesta por sentencia no firme, por considerarselo autor penalmente responsable del hecho acreditado en estas actuaciones ” la lleva a presumir que intentará eludir la acción de la justicia; juicio que mantiene inalterable aun ponderando la circunstancia de tener “ residencia fija, la falta de antecedentes y el acatamiento a la medida de morigeración ”.
Argumenta que debe sopesar el derecho a la libertad del imputado como los de la mujer, por cuanto “ El Estado está obligado también a su protección como víctima de esta clase de delitos (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ‘Convención de Belén Do Para’ (1994), ratificada por nuestro país; ley 26.485 y su decreto reglamentario ”.
Abundando al respecto, dice que la “… Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos también se ha expedido en lo relativo al deber de debida diligencia de los Estados en su Informe de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en la Américas del año 2007. No solo se refirió a la importancia de una debida y diligente investigación sino a una debida y diligente actuación en todas las instancias del proceso, ya que las fallas a ese respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a procesar y castigar a los responsables ”, teniendo también presente el caso “ Campo Algodonero ” en el que la Corte IDH dice haber enviado un “ mensaje terminante en cuanto ‘…la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inse- guridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de la administración de justicia ’…”.
Por ello, considera que “ se dan en el caso las previsiones de la norma restrictiva de libertad, ante el pronunciamiento condenatorio dictado …, que si bien no se encuentra firme goza de doble conforme, por lo que podría verse afectado en su ejecución, lo que…, impone el mantenimiento de su cautela (arts. 146 inc. 2°, 148 primer párrafo y 171 del ritual) ”.
En el escrito de fundamentación, el letrado aduce que es incontrovertible que con el tiempo que su asistido lleva detenido provisionalmente -cinco años y dos meses-, ha supe- rado ampliamente el requerido para la excarcelación por la que brega; que “ se encuentra a derecho, cumpliendo voluntariamente los límites y condiciones impuestos en el marco de la medida de morigeración impuesta desde el 12 de julio de 2018, es decir, desde hace casi cinco años”; y que en ese lapso no ha tenido ninguna inconducta procesal “ ni contacto siquie- ra mínimo e indirecto con la supuesta víctima ”.
Aduce que la “ a quo ” dice compartir la opinión de la Fiscalía en el sentido de que no procede la excarcelación sin previa realización de pericias sobre la personalidad del imputa- do, pero es lógico (anota) que “ esa apreciación no puede entenderse como fundamento váli- do, habida cuenta que la Cámara anuló el decisorio previo del TOC que se había fundado en ese motivo ”.
Sobre el argumento del cual hizo derivar la existencia de riesgo procesal, arguye que “ es una afirmación arbitraria ”, porque ello no condice con “ la conducta observada …en forma sistemática e incontrastable durante los últimos cinco años ” por su representado; y reitera que estuvo siempre a derecho y nunca intentó fugarse.
Con base en ello razona que “... [s]i el imputado no se fugó al inicio, cuando tenía por delante la expectativa de varios años de pena por cumplir, no es lógico suponer que lo intente ahora, cuando ya compurgó la mayor parte de la pena…” , agregando luego que al disponerse la detención domiciliaria la judicante “... consideró, acertadamente, que los riesgos procesales derivados de la imposición de una condena no firme a ocho años de prisión podían efectivamente neutralizarse mediante esa alternativa al encierro carcelario... ”; estima- ción que no estuvo errada (dice) porque “ de hecho …se encuentra a derecho y siempre lo estuvo ”.
Arguye que estando en condiciones temporales de obtener la libertad asistida, estimar que subsiste algún riesgo para el proceso es “ insostenible ”.
También expresa que en la resolución se afirma que el Estado debe proteger a las víc- timas, aunque “ no por ello se encuentra autorizado a vulnerar los principios y garantías del imputado ”.
Volviendo sobre su comportamiento, alega que “ no hubo un sólo acto de perturbación hacia la denunciante ” y ella no ha denunciado ninguna situación que merezca alguna medida especial de protección, de ahí que entiende irrazonable intentar justificar la prisión en “ una supuesta necesidad que, en el caso, no concurre …”.
Por último, señala que no “ es pertinente la cita del precedente ‘Campo Algodonero’ de la CIDH, porque en el mismo se habla de impunidad frente al delito comprobado y, en el caso, existen recursos de la defensa tendientes a cuestionar su verdadera existencia ”.
En suma, pide se disponga la excarcelación de su representado (art. 169 inc. 10, CP P).
Antes de abocarnos y brindar una respuesta al planteo, revisaremos nuestra postura acerca del supuesto liberatorio que invoca la parte.
Venimos decidiendo, en casos como el que aquí se pone a estudio, que por tratarse de un delito incorporado al catálogo del art. 100 de la ley 12.256, obsta su concesión.
Al reflexionar en torno al tópico, concluimos que la exclusión que la norma realiza tiene una finalidad diversa a la procesal, que es propia de la pena (fundamentos de la ley 12.543). Su aplicación en este plano además de contradecir la manda del art. 7 de la ley de ejecución penal bonaerense, es violatoria de los principios de inocencia, igualdad y razonabilidad.
El criterio se aparta de las reglas jurídicas que rigen la materia, y constituye una des- viación de la finalidad del instituto reglamentado creando un régimen especial de excarcela- ción que establece, en función de la naturaleza o calidad del delito, una categoría de inculpa- do al que le está vedado el acceso a tal derecho del que puede gozar por estar garantizado constitucionalmente (arts. 18, CN y 21, Const. Pcial.; ver CS “ Napoli ”, Fallos 321:3630); por tanto, lesiona el art. 16 de la CN, que busca y protege que a personas que se encuentran ante una misma situación se las trate de idéntica manera.
La extensión que le reconociéramos a aquella regla, desnaturaliza los criterios de pro- cedencia que recepta la doctrina, porque con plena abstracción de los principios fundamen- tales (art. 18, CN), y aplicando un juicio objetivo absoluto, se prohíbe la libertad caucionada prescindiendo de los fines de simple cautela que fundamentan el instituto.
Ello nos conduce a apartarnos de nuestra anterior posición sobre el particular y estar a la que seguidamente desarrollaremos.
Abordando la cuestión traída en el remedio, es preciso entender que toda medida de coerción que coarte libertades reconocidas y garantizadas por la Constitución Nacional tiene como propósito el resguardo de los fines que persigue el proceso, y no puede perderse de vista que el instituto reclamado, entre otros, reglamenta el principio de proporcionalidad en materia cautelar.
Cabe precisar que la situación se trata de una excarcelación, que no deja de serlo por el título, motivo o razón particular por la cual se requiere, esto es: condenado por sentencia que no adquirió firmeza y encontrarse en tiempo de la libertad asistida. Por ello, es también requisito que hace a su concesión la circunstancia de que no medie peligrosidad procesal por cuanto la ley establece que en ningún caso se otorgará cuando se estimare que aquella concurriese (art. 171, CPP).
Al pronunciarse en lo específico, la “ a quo ” desechó la posibilidad de disponer su liber- tad al arribar a la presunción de que existe riesgo de frustración de los fines del proceso debi- do a la pena que le impusiera.
Ingresando al estudio del motivo de agravio, coincidimos con el recurrente que la valo- ración llevada a cabo en el pronunciamiento interpelado entra en contradicción con la que se efectuara al disponer su arresto domiciliario.
Viene al caso destacar que en el marco de la sentencia dictada, la “ a quo ” decidió ate- nuar la medida de coerción que por entonces pesaba sobre el nocente, escogiendo el tipo de modalidad por considerar que mitigaba el riesgo procesal que podía derivar de la sanción recaída.
Ello así, el razonamiento mediante el cual se le deniega la libertad presenta un quiebre lógico. Aludir a la pena parece válido para arribar a la conclusión de que existe peligro de fuga, pero el juicio no se ve reforzado con un argumento o conjunto de ellos que conduzca a justificarlo, y que explique la razón por la cual ese factor no ha tenido oportunamente la enti- dad obstativa que ahora se le reconoce.
También se omitió analizar la conducta procesal que habría asumido desde que cum- ple con el confinamiento en su vivienda, a los efectos de establecer la viabilidad de lo que se pide.
Por todo lo expuesto, considera el Tribunal que lo que sostiene la estructura argumen- tal de la resolución presenta aristas de arbitrariedad, y tal motivación lógicamente defectuosa la descalifica como acto jurisdiccional válido (art. 106, CPP; cf. SCBA, “ mutatis mutandi ”, P. 121.046 y P. 91.483).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental RESUELVE: Anular la resolución del 3 de marzo de 2023, por los fundamentos expuestos (arts. 106 y 210, CPP; 18, CN); debiendo la “ a quo ” pronunciarse nuevamente sobre el parti- cular conforme los criterios apuntados en los considerandos (art. 169 inc. 10, CPP).
Regístrese y devuélvase al Tribunal de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia