Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 32038 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución dictada con fecha 4 de febrero del corriente año por la Juez de Garantías Lucrecia M. Bustos, en cuanto deniega la excarcelación peticionada por la defensa de la imputada Sofía Ayelen Luna. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Defensor Oficial Eduardo Carmona a fs. 8/10. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 144, 145, 146, 148, 169 "a contrario", 174, 209, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-32038-1. "LUNA SOFIA AYELEN S/INCIDENTE DE EXCARCELACION".
Mar del Plata, de Febrero de 2019.
Los de la presente incidencia de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-32038-1, y de cuyas constancias,
1. Con fecha 4 de febrero del corriente año la Juez de Garantías Lucrecia M. Bustos resuelve denegar la excarcelación peticionada por la defensa de la imputada Sofía Ayelen Luna.
2. Contra aquél pronunciamiento interpone recurso de apelación el Defensor Oficial Eduardo Carmona a fs. 8/10.
Tras hacer mención a las garantías vigentes conforme nuestra legislación respecto de los sujetos involucrados en un proceso penal, remarcando los principios de libertad e inocencia, critica el resolutorio por sostener que los desconoce, al hacer referencia a que existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Cita diversos antecedentes jurisprudenciales, y sostiene que la magnitud de la pena en expectativa no puede constituirse en un indicador de peligrosidad procesal, por lo que solicita se revoque el resolutorio y se disponga la libertad en favor de su asistida.
Analizadas las constancias de autos adelantamos que la resolución debe confirmarse.
Se advierte que el hecho imputado a Sofía Ayelén Luna ha sido calificado como constitutivo del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. c de la ley 23.737), cuya escala penal va desde los 4 hasta los 15 años de prisión.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se advierte que el hecho imputado no abastece los requisitos para la procedencia de la excarcelación ordinaria por estar expresamente vedado por la norma procesal, en tanto su máximo de pena supera los ocho años, y su mínimo no permite la aplicación de una condena de ejecución condicional (CPP, 169 incs. 1 y 3 "a contrario").
En consecuencia, y aún teniendo como norte una interpretación amplia de los derechos del imputado en virtud de leyes de jerarquía superior al Código Procesal Penal, cierto es que existe un instituto propio para canalizar la petición excarcelatoria para casos como el que aquí se presenta, esto es, la excarcelación extraordinaria contemplada en el art. 170 del CPP.
Así, el legislador provincial en cumplimiento de las facultades reservadas, ha impuesto a la justicia mayores reparos y cautela para otorgarle la libertad a los imputados por delitos de gravedad, escindiendo la situación respecto de aquellos que se le endilgan delitos de menor entidad, sin que ello constituya una limitación o cercenamiento de derechos en forma ilegal, toda vez que por medio de su instituto propio, puede darse igualmente el análisis. Esta normativa no ha sido declarada inconstitucional, por lo que esta sola circunstancia resulta suficiente a criterio de esta Alzada para revocar el resolutorio.
Esta solución no resulta contraria al principio de inocencia, puesto que es indiscutido que el régimen legal de la prisión preventiva instaurado en la ley adjetiva provincial (que se inscribe en el marco normativo delimitado por las disposiciones de la C.N., art. 18; DADyDH, XXV; DUDH, 9; CADH, 7 inc. 2º; PIDCyP, 9.3; CPBA, 16), postula como principio general la libertad del imputado durante la tramitación del proceso (CPP, 144), pero también, conforme a los estándares derivados de dichos bloque constitucional, establece las condiciones -concretadas en pautas generales indicativas de los riesgos procesales que se tiene por objeto prevenir- bajo las cuales aquél derecho fundamental puede verse restringido cautelarmente (CPP, 146, 147, 148 y ccdtes.).
Por demás, atento el estado embrionario de la investigación y el escaso tiempo que lleva la encausada privada de su libertad, la medida resulta proporcional.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar la resolución dictada con fecha 4 de febrero del corriente año por la Juez de Garantías Lucrecia M. Bustos, en cuanto deniega la excarcelación peticionada por la defensa de la imputada Sofía Ayelen Luna. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Defensor Oficial Eduardo Carmona a fs. 8/10. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 144, 145, 146, 148, 169 "a contrario", 174, 209, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia