Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa IEE-10771-26
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la decisión impugnada y devolver estos actuados a la instancia de grado, a fin que el Juez de Garantías disponga la excarcelación de Jonathan Brian Miguel, bajo la caución y obligaciones de rigurosidad que estime aplicables al caso; en virtud de los fundamentos tratados en el considerando.
II. Encomendar al Magistrado y al titular de la UFI interviniente que, de corresponder, se dé cumplimiento con la ley 26.657 y las previsiones en la materia que contiene el C.P.P.
Arts. 21 inc. 1º, 144, 148, en sentido contrario, 159, 169 inciso 1°, 171, 177, 179, 180, 421, 433, 434 y concordantes del C.P.P.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Juan Ramón Villalba, contra la resolución del 6 de noviembre del año en curso, mediante la cual se denegó la excarcelación extraordinaria a Jonathan Brian Miguel, en la presente causa N° 07-01-10771-26 de trámite por ante el Juzgado de Garantías N° 7 Departamental, y;
El Defensor Particular se alza contra la decisión del Juez Garante de no hacer lugar a la excarcelación extraordinaria solicitada en favor de Jonathan Brian Miguel, por los fundamentos que expone en el escrito recursivo.
En lo sustancial, cuestiona que no se hayan ponderado debidamente las circunstancias personales y de salud mental de su defendido, como la contención familiar ofrecida. Agrega que se efectuó una errónea interpretación del art. 170 del C.P.P. y que no se brindó fundamento suficiente sobre la concurrencia de peligros procesales en el caso. Denuncia la vulneración de los principios de la Ley Nacional de Salud Mental y la afectación del principio de proporcionalidad y excepcionalidad. Promueve la realización de una evaluación psiquiátrica y psicológica, y la adopción de una medida menos gravosa. En suma, solicita se conceda la excarcelación extraordinaria requerida.
Los agravios serán receptados favorablemente.
En referencia al mérito procesal del encierro del causante, debe recordarse que la regla durante la sustanciación del proceso criminal es la libertad de todo imputado hasta tanto una sentencia de condena firme destruya el estado de inocencia del cual goza; sin embargo, tal derecho a la libertad constitucionalmente puede limitarse al darse las circunstancias de excepción que hacen al cumplimiento y efectiva aplicación de la ley penal sustantiva con un norte afianzador de la idea de justicia (conf. Preámbulo C.N.).
En efecto, la privación de libertad anterior a la sentencia resulta constitucionalmente admisible cuando se verifique la existencia de peligros procesales ciertos (cfr. art. 14, 18, 31 y 75.22 de la Constitución Nacional; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH, 9 ap. 1º y 3º PIDCyP, 3º y 11 ap.1° DUDH, I, XXV y XXVI DADyDH, 10, 11, 21 Const. Provincial, 144, 146, 148 y 171 del Código de Procedimiento Penal).
En el caso concreto, Jonathan Brian Miguel se encuentra cautelado en orden al delito de hurto simple en grado de tentativa, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 42, 45 y 162 del Código Penal; y, conforme fuera valorado por el juzgador, registra un antecedente de condena ante el Juzgado en lo Correccional N° 8 Departamental, donde se le impuso la pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional y las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer con la que mantuvo una relación de pareja mediando violencia de género y daño, violación de domicilio, lesiones leves, amenazas agravadas por el empleo de arma, todo en concurso real entre sí; pena que se tendrá por no pronunciada el 2 de julio de 2028.
De tal modo, aun contemplando que la pena que eventualmente se le imponga en la presente sea unificada con aquella que registra, su situación es alcanzada por las previsiones del artículo 169 inciso 1° del C.P.P., imponiéndose, en consecuencia, la concesión de su excarcelación al no vislumbrar circunstancia alguna que amerite denegar el derecho constitucionalmente reglado.
Pues, estimamos que el riesgo procesal que fue valorado por la Juez puede atemperarse a través de la imposición de obligaciones especiales que estime aplicables al caso (art. 180 del C.P.P.), toda vez que los extremos en que fundó los peligros que motivaron el rechazo de la excarcelación -los que refieren, en esencia, al antecedente de condena que registra el imputado-, a juicio de los Suscriptos, no resultan suficientes en su caso para obliterar la manda del art. 144 del C.P.P., considerando la existencia de arraigo, la pena que se espera como resultado del procedimiento y el comportamiento asumido por aquél.
En efecto, existen medidas menos lesivas a implementarse para asegurar la comparecencia del imputado al proceso y, con ello, el cumplimiento de los fines del mismo.
Debemos señalar aquí que la CIDH en su Informe 86/09 ha sentado que al realizar el pronóstico de pena para evaluar el peligro procesal, siempre se debe considerar el mínimo de la escala penal o el tipo de pena más leve prevista. De lo contrario, se violaría el principio de inocencia porque, como la medida cautelar se dispone con el único fin de asegurar el proceso, ella no puede referir a una eventual pena en concreto que suponga consideraciones relativas a la atribución del hecho al imputado.
Por lo demás, resta citar nuevamente la preocupación manifestada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ante la falta de establecimientos para contener el aumento de la población carcelaria y, muy en particular, el alojamiento de detenidos en seccionales policiales clausuradas, por decisiones judiciales o por propias resoluciones ministeriales; sobre todo en vista de los gravísimos hechos de público y notorio conocimiento (SCBA - Resolución 2301/18- 22/11/2018) lo cual debe también ser conjugado con el marco legal de excepcionalidad de las medidas cautelares y la necesidad de extender el alcance de la aplicación de medidas menos gravosas a las privativas de libertad como así con el principio de proporcionalidad (art. 146 inc. 3° del ritual).
En consecuencia, teniendo en cuenta la directa manda del art. 144 del ritual y las demás circunstancias evaluadas y señaladas, corresponderá hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la decisión impugnada y devolver estos actuados a la instancia de grado, a fin que el Juez de Garantías disponga la excarcelación de Jonathan Brian Miguel, bajo la caución y obligaciones de rigurosidad que estime aplicables al caso.
Finalmente, teniendo en cuenta que la defensa invocó cuestiones relativas a la salud mental de su asistido, corresponderá encomendar al Magistrado y al titular de la UFI interviniente que, de corresponder, se dé cumplimiento con la ley 26.657 y las previsiones en la materia que contiene el C.P.P.
POR ELLO:
Esta Sala de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, revocar la decisión impugnada y devolver estos actuados a la instancia de grado, a fin que el Juez de Garantías disponga la excarcelación de Jonathan Brian Miguel, bajo la caución y obligaciones de rigurosidad que estime aplicables al caso; en virtud de los fundamentos tratados en el considerando.
II. Encomendar al Magistrado y al titular de la UFI interviniente que, de corresponder, se dé cumplimiento con la ley 26.657 y las previsiones en la materia que contiene el C.P.P.
Arts. 21 inc. 1º, 144, 148, en sentido contrario, 159, 169 inciso 1°, 171, 177, 179, 180, 421, 433, 434 y concordantes del C.P.P.
Regístrese, notifíquese electrónicamente al Fiscal General, a la Defensa Particular, y remítase al Juzgado interviniente a fin que se cumplimente lo ordenado y se practiquen las restantes notificaciones de rigor.
Firmas
Funcionario firmante: GARIBALDI María Soledad - JUEZA
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: TROMBETTA Sofia - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1825-2026
Fin de la sentencia