Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II · Causa 28478-II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en fecha 4/11/2026 por el Defensor Particular, doctor Sebastián B. Martínez y confirmar la resolución dictada el 29/10/2026 por la Jueza en lo Correccional nro. 4, doctora María Laura Pinto de Almeida Castro, en virtud de la cual no hizo lugar al beneficio de excarcelación en términos de libertad asistida por agotamiento de pena, en favor de Gonzalo Alejandro Lari.
" LARI, GONZALO ALEJANDRO S/ INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN (LIBERTAD ASISTIDA POR AGOTAMIENTO DE PENA)-PP N°02-00-014830-25/00 "
Autos y Vistos: El recurso de apelación interpuesto en fecha 4/11/2026 por el Defensor Particular, doctor Sebastián B. Martínez, contra la resolución dictada el 29/10/2026 por la Jueza en lo Correccional nro. 4, doctora María Laura Pinto de Almeida Castro, en virtud de la cual no hizo lugar al beneficio de excarcelación en términos de libertad asistida por agotamiento de pena, en favor de Gonzalo Alejandro Lari.
Voto del señor Juez doctor Guillermo Emir Rodríguez: Analizada la resolución en crisis y evaluadas las constancias que conforman el incidente que se tiene a la vista, así como los agravios expuestos en el recurso de apelación en trato, adelanto que en mi opinión el recurso no debe prosperar.
Entiendo, al igual que la Magistrada de grado, que si bien el condenado Lari se encuentra en condiciones temporales de acceder al beneficio peticionado -según el informe actuarial de fecha 2/10/2026-, no se encuentran dadas las demás condiciones que exigen las normas procesales y de ejecución penal para ello.
Tal como este Cuerpo ha sostenido en numerosos precedentes, el dictamen favorable de las autoridades del establecimiento carcelario constituye un requisito legal insoslayable para conceder el beneficio que nos ocupa, pues permite evaluar el pronóstico del interno acerca de su futura reinserción social. Sin embargo, esa opinión puede ser dejada de lado fundadamente si, como sucede en el caso, la conclusión a la que ha arribado el Departamento Técnico Criminológico no halla sustento en las constancias del legajo remitido por la unidad penitenciaria.
El Tribunal de Casación Penal provincial ha señalado que: "...Los informes de los organismos especializados del SPB no son vinculantes para los jueces, sino que están sujetos a su posterior evaluación y análisis, pudiendo apartarse de lo dictaminado motivadamente..." (TCP, Sala I, causa N° 88.947, caratulada "CUCE Jorge Alfredo s/ Recurso de Casación").
En ese carril, no es posible omitir el análisis y la valoración de la opinión vertida por los profesionales y demás funcionarios a cargo de las distintas áreas del establecimiento carcelario en la cual el procesado ha permanecido privado de su libertad.
En tal sentido, con los elementos objetivos de la temporalidad del encierro y la conducta del sujeto, no alcanza para formar el juicio de valor acerca de si se ha cumplido con los parámetros que lo habilitan a acceder al beneficio (Cfr. TCP, Sala IV, en Causa 104.684, caratulada: "SALAZAR, Ariel Fernando s/ Recurso de Casación", de fecha 26/11/2020).
Descendiendo al caso de autos se advierte que la Magistrada valoró, más allá del buen concepto y la viabilidad dictaminada por el Departamento Técnico Criminológico, las reservas de tenor cautelar que emergen del informe psicológico, en el cual se asentó en relación a su problemática particular, que Lari ha demostrado un limitado registro de su problemática adictiva, tendiendo a minimizar los alcances subjetivos de la misma y que, pese a que se lo ha instado a realizar tratamiento específico, no ha mostrado ningún interés al respecto (Ver informe psicológico de fecha 7/10/2026).
Los argumentos brindados en la instancia de origen para denegar el beneficio avalan a sostener que la resolución impugnada no es arbitraria, como apunta la Defensa, pues es derivación razonada de las constancias del legajo criminológico del causante, así como del derecho vigente.
En relación a las reservas de orden psicológico esta Alzada viene sosteniendo reiteradamente que las mismas pueden resultar consideradas, ya que permiten evaluar la adaptación que ha tenido el imputado en el régimen en el que viene permaneciendo, como también sus posibilidades de readaptación (ver I.P.P. Nros. 13.615/II y 13.641/II entre otras).
Por su parte, el Tribunal de Casación Penal Provincial, Sala I, en causa nro. 56.461 y la Sala IV, en causas nro. 60.703 y nro. 82.198, entre muchas otras, ha destacado la importancia del informe psicológico al momento de evaluar la persistencia de factores que abastecen las mencionadas reservas.
El Tribunal de Casación Penal ha sostenido, haciendo cita de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, que: "...La propuesta negativa elaborada por el consejo correccional, fundamentada principalmente en los rasgos psicológicos y psiquiátricos del condenado, así como su pronóstico desfavorable de reinserción social elaborado, son pautas que deben ser tenidas en cuenta en específica relación a la pena privativa de libertad que viene cumpliendo" (C.N.C.P., Sala IV, c.3405 "C., C. D.", rta. 12/9/02)..." (TCP, Sala IV, 95.908, del 26/09/2019).
Por último, en respuesta a los agravios de la parte mediante los cuales cuestiona la suficiencia del informe pericial en el que se basó el a quo para decidir, cabe aplicar aquí - mutatis mutandis - las consideraciones que este Cuerpo ha efectuado en anteriores precedentes (vgr. IPP nro. 20.858/II, 22.462/II, entre otras), al referirse a las exigencias formales que debe contener el informe elaborado por los profesionales de la Unidad Penal.
En dichos precedentes se dijo que aquel dictamen "...abastece suficientemente las exigencias del informe que prevé el artículo 13 del Código Penal, el cual complementado con la evaluación y el dictamen de las autoridades del establecimiento carcelario, permiten emitir un pronóstico individualizado acerca de las posibilidades de reinserción social del penado..." .
En ese mismo sentido, el Tribunal de Casación Penal provincial ha valorado reiteradamente los informes psicológicos elaborados por los profesionales del servicio penitenciario, que cabe hacer extensivo al caso de autos, señalando al respecto que: "...el citado informe psicológico, resulta sumamente valioso, en razón de su autosuficiencia e ilustratividad, como todo otro elemento pertinente y útil que permita su evaluación en busca de una interpretación armónica y concordante con la finalidad de prevención especial que persigue la ejecución de la pena privativa de libertad según mandato del legislador (Art. 1 de la ley 24.660), reforzada por las directrices contenidas en Tratados Internacionales con jerarquía constitucional incorporadas por la Constitución nacional de 1994 (Art. 75 inc. 22 de la C.N. Art. 10.3 PIDCYP y Art. 5.6 de CADH), en busca de procurar la adecuada reinserción social del penado, concepto éste que resulta de suma utilidad a fin de desentrañar el sentido de las normas de nuestra legislación penitenciaria..." (TCP, Sala IV, Causa Nº 95.318, caratulada "CANTERO, Claudio Adolfo s/ Recurso de casación", del 13/08/2019).
En virtud de todo ello y en función de lo normado en el artículo 169 inc. 10 del C.P.P. en función de los arts. 104 y 105 de la Ley 12.256, concluyo que no están dados al presente los requisitos para que Lari pueda acceder al beneficio.
Propongo al acuerdo no hacer lugar al recurso interpuesto y confirmar el pronunciamiento apelado.
Así lo voto.
El Sr. Juez doctor Petersen, por iguales fundamentos, votó en el mismo sentido.
Por los argumentos dados y teniendo en cuenta el resultado alcanzado en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE : No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en fecha 4/11/2026 por el Defensor Particular, doctor Sebastián B. Martínez y CONFIRMAR la resolución dictada el 29/10/2026 por la Jueza en lo Correccional nro. 4, doctora María Laura Pinto de Almeida Castro, en virtud de la cual no hizo lugar al beneficio de excarcelación en términos de libertad asistida por agotamiento de pena, en favor de Gonzalo Alejandro Lari.
Hágase saber al señor Fiscal General Departamental, al recurrente y al encausado, mediante oficio dirigido a la Unidad Penal en la que se encuentra alojado y devuélvase al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: PETERSEN Guillermo Federico - JUEZ
Funcionario firmante: RODRIGUEZ Guillermo Emir - JUEZ
Funcionario firmante: GABELLA María Clara - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 658-2026
Fin de la sentencia