Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa IE-21619-26
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, confirmar el decisorio adoptado el día 27 de octubre del año en curso en cuanto no hiciera lugar a los pedidos de excarcelación ó excarcelación extraordinaria solicitado en favor de Alejandro Montenegro, por los motivos expuestos en el considerando.
Arts. 1, 18, 19 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; 21, incisos 1° y 3°, 148, 169 y 170 en sentido contrario, 171 y concordantes del Código Procesal Penal.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Particular, Dra. Rocío Eliana Quinteros, contra la resolución adoptada el 27 de octubre del corriente que denegó la excarcelación y la excarcelación extraordinaria solicitadas en favor de Alejandro Montenegro, en la presente incidencia formada en la causa N° IE-21619-26 proveniente del Juzgado de Garantías N° 3 Departamental, y;
La instancia de grado resolvió mediante el decisorio adoptado el día 27 de octubre del año en curso denegar la excarcelación y la excarcelación extraordinaria solicitadas por la defensa técnica en favor de Alejandro Montenegro, al tiempo que formó incidente de morigeración para su debida sustanciación.
Contra las decisiones que deniegan la libertad a su defendido, se alza la defensa técnica, argumentando en lo sustancial que no se han ponderado por parte del Juez de la instancia, la residencia con que cuenta su defendido, su trabajo estable, el comportamiento que en autos mantuviera frente a las autoridades y su carencia de antecedentes, estando únicamente a la valoración de la pena en expectativa prevista para el hecho imputado.
Agrega que han sido sometidos al test orientativo únicamente tres envoltorios de los incautados, sin que haya sido agregada aún pericia química sobre el material secuestrado, proponiendo se examine si el encuadre legal escogido por la instancia resulta adecuado. Recordando los principios que rigen la materia cautelar, solicita en definitiva se revoque el pronunciamiento recurrido y se conceda la excarcelación a Alejandro Montenegro.
Reseñadas las constancias de autos y encontrándonos en condiciones de resolver, adelantamos que los agravios no serán favorablemente receptados.
Alejandro Montenegro se encuentra cautelado imputado de la presunta comisión del delito de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, en los términos del artículo 5°, inciso "c" de la ley 23.737, encuadre legal que a la fecha resulta adecuado, a partir de la ponderación conjunta de los elementos probatorios agregados a la pesquisa, esto es la denuncia que motivara la formación de la presente, las investigaciones previas practicadas, los resultados del allanamiento realizado en su finca con la incautación de material infraccionario fraccionado, dinero en efectivo y balanzas de precisión entre otros elementos.
Cabe destacar que nuestra Carta Magna en su programa constitucional exige sentencia condenatoria firme para restringir la libertad personal a título de pena. Sin perjuicio de ello, ha de señalarse que ningún derecho es de carácter absoluto, sino de naturaleza relativa y por ello sujeto a limitaciones interpretativas y de aplicación. Limitaciones estas, establecidas por el código de rito, a los fines de garantizar los fines del proceso.
Por eso, si bien la regla es la libertad del imputado durante la sustanciación del mismo, no menos es que tal derecho puede constitucionalmente cercenarse por cautelaridad cuando existan circunstancias excepcionales de extrema necesidad y siempre en aras de asegurar el cumplimiento de la ley sustantiva y afianzar la justicia (conf. Preámbulo C.N.), toda vez que el encarcelamiento preventivo no es pena anticipada ni el incriminado culpable, sino que se presume inocente hasta que una sentencia firme disponga lo contrario (artículos 1, 14, 18 y 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna).
En este estado de cosas, las medidas de coerción presuponen un doble juego de análisis en el que se involucra no sólo el alcance de la imputación, sino también la clara existencia de riesgo para los fines del proceso.
Dicho ello, habremos de evaluar los riesgos procesales como en todo supuesto excarcelatorio; observando que en el presente caso la pena en expectativa, de acuerdo a la calificación en principio atribuida, impide que una eventual sentencia a dictarse en autos resulte de ejecución condicional. Y -si bien la expectativa de sanción no puede imponerse como una causal "iure et de iure" es decir de pleno derecho y lo debe ser "iuris tantum"-, deviene en fundamentación lógica y suficiente para confirmar el decisorio recurrido, no bastando las alegaciones de la Defensa en este punto para neutralizar el riesgo procesal que deviene de la imposibilidad de que la posible pena a imponer sea de cumplimiento condicional, considerando así que se verifican en el caso riesgos procesales que importan exceptuar la regla prevista en el art. 144 del Código de Procedimiento Penal., ni luce de lo actuado que la situación del encausado represente un caso excepcional o extraordinario que amerite la aplicación de las disposiciones del art. 170 del citado Código.
Compartiendo así el análisis realizado por la instancia se impone en el caso la confirmación del decisorio adoptado el día 27 de octubre del año en curso por ajustarse a derecho y a las constancias incorporadas a la causa.
POR ELLO:
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y, en consecuencia, confirmar el decisorio adoptado el día 27 de octubre del año en curso en cuanto no hiciera lugar a los pedidos de excarcelación ó excarcelación extraordinaria solicitado en favor de Alejandro Montenegro, por los motivos expuestos en el considerando.
Arts. 1, 18, 19 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional; 21, incisos 1° y 3°, 148, 169 y 170 en sentido contrario, 171 y concordantes del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Cámaras y a la defensa técnica recurrente y cumplido, remítanse estas actuaciones a la sede del Jugado de Garantías interviniente donde deberán efectuarse las restantes notificaciones de rigor.
Firmas
Funcionario firmante: BRAVO Tomas Alberto - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA DIAZ Martin Andres - JUEZ
Funcionario firmante: CERESETTO Mariela Fernanda - AUXILIAR LETRADA DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1841-2026
Fin de la sentencia