Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, el Fiscal de Estado, conoce o al menos, tiene la facultad-deber de hacerlo, los trámites que son de su competencia y afectan y/o pudieran afectar, el patrimonio del Estado.
Ello le otorga a las afirmaciones realizadas a la denuncia, allende se corroboren o no los supuestos fácticos en los que se funda la hipótesis delictual, una seriedad que tiene vínculo directo con el órgano administrativo constitucional que desempeña, el cual no puede ser ignorado por los funcionarios y magistrados de este Poder Judicial.
A partir de allí, debemos tener en cuenta la información que aporta la denuncia, valorando las conductas indicadas como presuntamente delictivas, la subsunción de las mismas y el lugar donde se ha cometido el delito, y las personas intervinientes en el mismo, aún cuando existan solo sospechas sobre los sujetos sindicados.
Asimismo, además de tener en cuenta el plan concreto del hecho, el mismo debe ser analizado conforme la estricta información ingresada en la causa, bajo el principio de supremacía de la realidad, partiendo de la misma y circunscribiéndose a ella.
En los escritos de las partes, en éste y en otros casos, teniendo en cuenta su propia teoría del caso y su posición en el proceso, suelen analizarse e interpretarse los hechos a la luz de comparaciones y analogías con fallos de la justicia en otras causas y citas dogmáticas que tratan de ejemplificar criterios para solucionar casos en donde consideran que subsumiría el caso en que intervienen. …
PROTOCOLO ELECTRONICO: C201158I253
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Penal Instancia: Juzgado de Recursos Expediente Nro.: 7945/25.-
Interlocutorio: TOMO: CVIII, REGISTRO: 018, FOLIO: 160/193 Objeto: NULIDAD RELATIVA INICIO INSTRUCCION OFICIO QUERELLA ALCANCE COMPETENCIA TERRITORIAL Imputados: J.C.M Y OTROS.
Fecha: 27 de marzo de 2025.-
TOMO: CVIII REGISTRO: 018 FOLIO: 160/193
Caleta Olivia, 27 de marzo de 2025.-
Estos autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCEPCION DE COMPETENCIA EN AUTOS: SR. FISCAL DE ESTADO S/ Formula Denuncia”, Expte. Nº 84.999/24, N° de Juzgado de Recursos 7945/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 38/44 vta., el Sr. Juez de Instrucción, no hacer lugar a la excepción de incompetencia en razón del territorio de ese Juzgado de Instrucción Nº 1, formulado por el Dr. Matías Solano en representación del Sr. J.C.M., para entender en la presente causa, en razón de los motivos expuestos en los considerandos.
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular, Doctor Matías Ezequiel Solano interpone recurso de apelación a fs. 45 y vta.; el recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 47.
En esta instancia es mantenido a fs. 55 por el Dr. Solano, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, 61/62.
Por su parte el Sr. Fiscal de Estado, Doctor Ramiro Esteban Castillo, en carácter de querellante, con el patrocino letrado del Doctor Emilio José Monzón presenta escrito a fs. 56/57. Quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso el Dr. Solano, en primer lugar se agravia de que se necesita contar con más elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados e identificar a sus autores para pronunciarse sobre la competencia del tribunal.
Asimismo, de que se afirme que la mayoría de las acciones típicas hayan tenido lugar en Cañadón Seco y en El Calafate.
Se agravia que se afirme que su defendido es la única persona que hasta el momento ha sido individualizada como posible investigado, toda vez que se trata de la pretendida administración irregular de los emolumentos pertenecientes al Estado Provincial. Se agravia de que, se afirme que la acción intentada sea prematura y adolezca de suficientes fundamentos jurídicos y fácticos.
Entiende que las consideraciones vertidas por el Ministerio Público Fiscal resultan extemporáneas e inoportunas.
Por último, se agravia de que se afirme que el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia sea el que se encuentra en condiciones de ofrecer una mejor administración de justicia y con la mayor economía procesal.
En esta instancia al ampliar fundamentos el Dr. Solano, expresa que sostuvo la competencia del Juzgado de Instrucción de la ciudad de Río Gallegos, donde se encuentran los organismos públicos que habrían rubricado los Convenios en virtud de los cuales, la Fundación V., recibe sumas dinerarias indispensables para su funcionamiento.
Que es en la sede de dichos organismos donde se presenta la documentación e información insoslayable que determina los montos a recepcionar, y donde se encuentran las autoridades encargadas de llevar adelante el contralor del uso y destino de esas sumas de dinero. Consecuentemente, es claro que en dicha localidad se encuentran los funcionarios que ya sea por acción u omisión posibilitaron el éxito del pretenso accionar perjudicial para las arcas públicas endilgado a su ahijado procesal por el denunciante.
Reseña que, el Sr. Fiscal de Estado, denunciante en autos sostuvo que debía el decisor rechazar el planteo de declinatoria efectuado por esta parte, en razón de que el domicilio real del principal imputado, el Rdo. M., se encuentra en Cañadón Seco, lugar donde se encuentra además la sede central de su creación, la Fundación V., que se ubica dentro de la jurisdicción de Caleta Olivia, y donde se habrían llevado adelante parte medular del accionar delictivo que se investiga en la causa principal a la que el incidente que motivó este recurso se encuentra acollarado.
Agrega que otros accionares habrían tenido lugar en la sede que la fundación posee en la ciudad de El Calafate, también ubicada dentro de la jurisdicción del organismo a su cargo.
Agrega, además como fundamento de significativo peso, que fue el juzgado de Caleta Olivia, quien previno en la investigación habiendo llevado adelante importantes medidas probatorias.
Asimismo, reseña lo dicho por el Defensor Oficial, quien sostuvo en prieta síntesis que el estado embrionario de la investigación, lo lleva a temer una defensa negligente, y toda vez que la cuestión relacionada a la competencia territorial puede ser planteada en cualquier momento del proceso, prefiere esperar a que los eventuales imputados desplieguen en su defensa las excepciones que consideren pertinentes entre las que podría encontrarse la excepción de falta de competencia. Continúa la parte recurrente al manifestar que, habiendo quedado las actuaciones en estado de resolver, se pronuncia el director del proceso, por la negativa a declinar la competencia, toda vez que los distintos accionares que presuntamente se habrían cometido en perjuicio de la Administración Provincial tuvieron lugar en su mayoría en las localidades de Cañadón Seco y El Calafate, ambas ubicadas en el territorio bajo su jurisdicción, apartándose del criterio sustentado por el Ministerio Público Fiscal, pretextando el estado germinario de la investigación, aun cuando aclara que de acuerdo con la descripción de los hechos contenida en la denuncia se podría afirmar que los mismos poseen anclaje jurídico “prima facie” en la figura de Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5to del CPN) e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (art 248 del CPN). Sostiene entonces que solo un importante avance en la investigación permitirá determinar si la competencia le corresponde al Juzgado de Instrucción de la localidad de Río Gallegos, siendo que hasta entonces, la competencia le corresponde al Juzgado a su cargo, por ser el que previno.
A ello agrega que, de la denuncia incoada por el Sr. Fiscal de Estado se desprende que los hechos que se atribuyen a su defendido podrían considerarse atrapados en la figura de Administración Infiel, en su forma agravada por haber sido cometido en perjuicio de una Administración Pública, en el sub lite la maniobra habría perjudicado las arcas de la Provincia de Santa Cruz. Sostiene que, el Fiscal de Estado ha especulado diciendo por momentos que el Rdo. M., habría omitido rendir cuentas de los fondos percibidos o en otras circunstancias que los datos consignados en las rendiciones no responden a la realidad. Estas inconsistencias en el relato incoado dan cuenta de la temeridad de la denuncia.
Y a ello agrega que, en ningún caso describió el accionar que habría tenido lugar en los establecimientos terapéuticos y educativos dependientes de la Fundación V., ubicados en la jurisdicción territorial del Juzgado de Caleta Olivia, sino en la sede donde fueron o debieron presentarse las rendiciones de cuentas omitidas y/o falsas, esto es en la sede donde se ubican las otras partes del Convenio ejecutado por su ahijado procesal, en la ciudad de Río Gallegos.
Además, menciona que, no menos importante resulta la circunstancia de que en cualquiera de los casos, el denunciante ha deslizado que la maniobra pudo involucrar la participación por comisión u omisión de funcionarios pertenecientes a la administración gubernamental cuya sede se encuentra en la ciudad de Río Gallegos.
En tal sentido, cita que se ha dicho; “Cuando el acto perjudicial del deber constitutivo del delito de Administración Fraudulenta consiste en la rendición de una cuenta falsa para provocar el error del administrado y consumar con ello el perjuicio patrimonial, será relevante para determinar la competencia el lugar donde aquella debe rendirse”, Corte Suprema 31/5/1999 Núñez Osvaldo Ramón por sup. retención indebida Santo Tomé, Fallos 322:1146, ídem Ponce Oscar Emilio s/retención indebida Fallos 321:151, Idem Cam. Nac. Criminal y Correccional Sala 5ta, 23/2/1999 “Código Penal de la Nación Horacio Romero Villanueva Ed. Abeledo Perrot Ed. 2015. Y reitera que nuestro Cimero Tribunal ha sostenido en innumerables ocasiones que en aquellos casos donde el iter criminis abarca territorios bajo distintas jurisdicciones debe preferirse aquella que provea de mayor economía procesal y satisfaga más acabadamente la Defensa en juicio. En este caso, la sola lectura de las medidas probatorias solicitadas, la mayoría prueba de Informes, y requerimiento de documentación da cuenta de su ubicación en la ciudad de Río Gallegos, donde se encuentran aglutinados los principales organismos de Gobierno.
Continúa, el pretendido avance de la investigación como requisito previo a la declinación de la competencia que esgrime el autor de la resolución en crisis, solo perpetua y profundiza la afectación de los derechos de su defendido y de los probables coimputados ninguno de los cuales se domicilia en la jurisdicción del Juzgado de Caleta Olivia, conspirando contra el éxito de aquella. Por último señala que la prueba que debía realizarse en esta jurisdicción ya se ha practicado, habiéndose producido sendos allanamientos, en las sedes de la fundación en la localidad de Cañadón Seco y El Calafate, restando las medidas probatorias a materializarse en la ciudad de Río Gallegos, por lo que la declinación de la competencia en el Juzgado de Instrucción de esa localidad, es la que decisión que luce más acertada, por resultar la que honra más acabadamente el principio de economía procesal, por la cercanía con la fuente de prueba, y más adelante la Garantía Constitucional de la Defensa en juicio, por ser el lugar donde se domicilian los funcionarios salientes y actuales de los organismos involucrados.
III.-Por su parte, la parte querellante, en esta instancia presenta escrito, solicitando que se rechace el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado.
Expresando que, se advierte que el escrito de apelación de la defensa técnica del Sr. J.C.M., se limita a enumerar agravios con ausencia de motivación. El recurso interpuesto desde su punto de vista procesal. Sólo se hizo referencias genéricas sobre ciertas situaciones del decisorio, haciendo referencia de fundamentar. Continúa, ante ello es importante tener presente que la exigencia formal prevista en el texto procesal penal, en cuanto establece que los recursos deben ser interpuestos con específica indicación de los motivos en que se basan, pretende que el apelante indique los puntos que reproche y ello determina el ámbito del agravio y el límite del recurso a tratar, pero faltando los motivos del recurso, mal puede la defensa abundar sobre ellos.
Agrega que, la indicación de los motivos no puede sustituirse por el informe previsto en el artículo 437 el Código Procesal Penal, pues ese informe sólo cumple la función de dar abundamiento concreto y razonado con referencia a los motivos enunciados al interponer el recurso. Los motivos del recurso de apelación se diferencian de los fundamentos porque en los primeros concurre la indicación de una censura determinada y la enunciación de las razones que la justifican, mientas que los segundos son, las memorias explicativas de los motivos.
Señala, para que el acto procesal de apelación pueda ser definido como genuina expresión de agravios, es indispensable que el apelante impugne las conclusiones de “hecho y de derechos” en que el juez de primera instancia cimentó su pronunciamiento e individualice las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales tacha de equivocadas las conclusiones del fallo. El combate a la sentencia mediante el recurso de apelación requiere una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derechos, pues “el juicio de apelación, compuesta con esa pieza, expresión de agravios, que hace las veces de la demanda que se abre después de la sentencia. Por ello, el ataque al acto del juez recurrido, la doctrina lo califica como demanda de impugnación” (voto Romero, Adhesión Ronconi), (sumario del fallo, 16 de febrero de 2023, id.
SAIJ: SUIO83932).
IV.A.-De manera preliminar a ingresar en el análisis de la competencia territorial, en base a la información que surge de la denuncia formulada por el Sr. Fiscal de Estado, corresponde realizar el siguiente racconto. A fs. 1/96 se presenta denuncia y documental del Sr. Fiscal de Estado en el Juzgado de Instrucción nro. 1 de Caleta Olivia con fecha 14 de noviembre de 2025; a fs. 97 obra vista conforme lo dispuesto en el Art. 172 del CPP. al Ministerio Público Fiscal; a fs. 98/101 obra averiguación adicional del Sr. Fiscal Nro. 2 de Caleta Olivia y a fs. 102/103 se provee la prueba de la Fiscalía, se tiene como parte querellante al Sr. Fiscal de Estado y se da curso a la querella, proveyendo toda la prueba que solicitó.
De ello surge claramente que el Sr. Agente Fiscal, para poder formular un requerimiento Fiscal de Instrucción o en su caso, y de entender que no existe delito o que no es competencia (en razón de la materia o del territorio, etc.) del Sr. Juez de Instrucción actuante, peticionar en alguno de esos sentidos (conforme lo establece textualmente el art. 172 del CPP.), contesta la vista conferida con una averiguación adicional, en donde solicita una serie de medidas probatorias para contar con información suficiente para poder evacuarla en alguno de los sentidos dispuestos por la ley. Claramente no hay requerimiento Fiscal de Instrucción sino la petición de medidas preliminares, las que fueron ordenadas, para cumplir con la finalidad establecida en mencionado art. 172.
Ahora bien, lo correcto hubiera sido que el a quo, ordenara, como lo hizo, las medidas requeridas por el Agente Fiscal y luego, conforme al resultado de las mismas, volver a correr la vista que establece el art. 172 del CPP., para que el Ministerio Público Fiscal dé cumplimiento con dicha norma.
A partir de allí, sea que hubiese requerimiento, o que se hubiese agotado el procedimiento establecido en el art. 187 tercer párrafo del CPP., el Juez, en ese caso, podría de no compartir el criterio desincriminante, dar curso y trámite a la querella.
A diferencia de ello, el Sr. Juez de Instrucción, en franca vulneración del principio "net procedat iudex ex officio" regulado en los arts. 172, 173, y cc., 180 y y 187 del CPP., ordenó toda la prueba ofrecida por la parte querellante, equiparando, por ende, a la querella con el Requerimiento Fiscal de Instrucción, o si se prefiere, iniciando de oficio, sin el debido requerimiento fiscal, la instrucción del presente sumario.
Hay en ello una clara nulidad, pues debió en primer lugar, agotar el procedimiento para que el Fiscal se expida, allende la forma en que éste lo hiciera, y a partir de ello, proceder, en su caso, con la querella en soledad. El Juez, al disponer toda la prueba que ofreció el querellante, ya sentó su idea sobre la posible existencia de un delito, pues va de suyo que, ante el supuesto desincriminante que pudiera existir por parte del Ministerio Público, el A quo, al ordenar la instrucción de oficio sin requerimiento fiscal de instrucción en franca y directa contravención con lo normado en el artículo 172, primer párrafo, del CPP., en base a la querella, dejo claro su idea sobre el particular.
La prueba ordenada con fundamento en la querella tampoco era urgente.
En este punto, cabe destacar que el denunciante y querellante a la vez, es el propio Fiscal de Estado de la Provincia, órgano de la constitución que tiene entre su competencia esencial la de controlar la legalidad de los actos administrativos y la defensa del patrimonio provincial. (Art. 125 de la Constitución Provincial) Asimismo, la denuncia versa sobre un convenio que viene con una tracto sucesivo en su ejecución, y que, conforme los propios dichos del denunciante, a partir de las sospechas de una estafa o de una administración fraudulenta con concurrencia de funcionarios públicos de varias gestiones políticas, incluyendo la actual ya que no la limita, luego de casi 11 meses, aproximadamente, del comienzo del ejercicio de su cargo, advierte la supuesta anomalía o eventual maniobra delictiva.
No podemos soslayar que la ley orgánica de la Fiscalía de Estado, establece competencias para requerir información sobre cualquier trámite en donde pueda estar comprometido el patrimonio provincial, en especial el artículo 5, que más adelante abordaré.
Toda la prueba del supuesto iter críminis, se basa en documentación, asientos y registros, lato sensu, que obran en lugares estatales o en entidades financieras o bancarias, como así en eventuales comercios registrados o personas monotributistas, etc., razón por la cual no hubo urgencia alguna, allende que la misma ni siquiera fue motivada al ordenarse las medidas propuestas por la querella.
Que el Estado Provincial pueda querellar y que tenga competencias la Fiscalía de Estado, como órgano constitucional para hacerlo en nombre de éste, no implica que la misma adquiera un estatus jurídico procesal diferente a cualquier querellante particular ni que la transforme en un Ministerio Público Fiscal Ad Hoc. Es patente la nulidad en el inicio de la presente investigación. Ahora bien, ¿esta nulidad, es absoluta o relativa?.
Para desentrañar ello, lo primero que hay que clarificar es si, ante el supuesto de haber observado los pasos legales, sin apresuramiento o adelantamiento del inicio de la instrucción de oficio como en el caso, ¿si la postura del Ministerio Público (en ambas instancias, es decir Agente Fiscal y Fiscal de Cámara) hubiese sido desincriminante, podría haber seguido la causa, cuando la posición del Juez (como en el presente caso) concuerda con la querella, resguardando la Fiscalía solo la legalidad del proceso?.
Desde ya adelanto que sí. De haberse seguidos los pasos establecidos en la ordenanza procesal, la nulidad flagrante que impacta en el artículo 159 inc. 2 del CPP. (intervención del Ministerio Fiscal), en la que ha incurrido el A quo por la inobservancia de los mismos, podría haber sido evitada por la continuidad del proceso con el querellante.
Así lo sostuve cuando argumente sobre la posibilidad que el querellante pudiera recurrir el auto de procesamiento.
En los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS: IRIGOYEN LEONEL ADRIEL S/ Homicidio R/víctima” Expte. Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "III.-2.-Ahora bien, la norma cuestionada si bien impediría la apelación del auto de procesamiento por la parte querellante, también haría extensiva esa limitación al imputado respecto del auto de falta de mérito, conforme la exégesis literal del precepto, en una primera lectura y de manera aislada del resto del ordenamiento jurídico procesal y prescindiendo del bloque de legalidad infra y supra constitucional-convencional. En este orden, y como el cuestionamiento hace blanco en la eventual imposibilidad de apelar el auto de procesamiento por el querellante, nos centraremos en su análisis, sin perder de vista siempre que, allende las diferencias, la misma economía deberá aplicarse al imputado respecto de la posibilidad de apelación del auto de falta de mérito.
En la causa "Storchi, Fernando s/ nulidad - homicidio culposo" C. 21229, fallada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal - Sala I - 08/03/2004, el Dr. BRUZZONE, en su voto, ilustra sobre el rol del querellante, historiza su función a lo largo de los años y en la actualidad a la luz de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hace extensivo, a partir de la causa "Santillan" la posibilidad que la parte querellante no solo requiera la elevación a juicio en soledad, sino y además, el requerimiento de inicio de las actuaciones en delitos de acción pública, aún cuando el Ministerio Público Fiscal requiera el archivo o desestimación de la causa. Por la contundencia dogmática del voto, se transcriben las partes que tratan el instituto y la posición del Sr.
Juez de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, sin alterar el desarrollo y análisis argumentativo, al que adhiero por su valor conceptual y didáctico. Sostuvo el Dr. Bruzzone, que: "III.-La situación frente a los supuestos en donde la querella solicito la elevación a juicio y el Ministerio Público fiscal, luego del control interno efectuado, consideran que el caso no debe ingresar en esa etapa.- El problema que se aborda a continuación consiste en poder establecer qué curso de acción seguir cuando: a) los fiscales consideran que el caso debe ser sobreseído; b) los dictámenes en ese sentido reúnen los requisitos de fundamentación correspondientes y; c) hay querella y ya solicitó la elevación a juicio y; d) la fundamentación del pedido de la querella es correcta para ese fin.- III.a) La "actual" posición de la víctima constituida en parte querellante en el CPPN.
Para comprender cabalmente la problemática anunciada, corresponde analizar brevemente la historia de la figura del querellante en el CPPN. En ese sentido, cabe recordar que el mencionado código -ley 23.984- fue proyectado sin la figura del querellante. Existía a nivel internacional una tendencia procesal contraria a admitir, por esa vía, la canalización de la venganza privada, que los fiscales, como funcionarios objetivos, llevarían adelante sin el apasionamiento consecuente. En la misma época se discutía desde ámbitos vinculados a la justificación del castigo, la necesidad de revisar el sistema binario de penas y medidas de seguridad que rigen el catálogo de consecuencias del derecho penal material.
Se comenzaba a hablar de una tercera vía: la composición entre autor y víctima, como superación del modelo existente que se presentaba como insuficiente. De la exposición de motivos de la ley 23.984 surge que se consideraba inadmisible en materia penal, donde predominan conceptos de reducción y defensa social, que el Estado se ponga al servicio del interés pecuniario o de la venganza personal. Dicha exclusión fue allí justificada también en el gran número de querellantes que, bajo distintos pretextos, desistían de la acción penal una vez satisfecho su reclamo económico. En ese sentido también se había expresado que: "Casi siempre el acusador particular es, según la vieja frase, la quinta rueda del carro, destinada a dilatar los términos, demorar los incidentes de excarcelación y, en una palabra, a entorpecer el procedimiento, para prolongar, nada más que por venganza, la detención del acusado.
Limítese la intervención del querellante como parte civil, al solo objeto de obtener la indemnización del daño causado por el delito." (Cfr. Exposición de motivos de la ley 23.984).- No obstante, debido a la presión ejercida y lobby de la corporación de los abogados (ver en ese sentido, Córdoba, Fernando, "La posición de la víctima", en "El nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico", Del Puerto, Buenos Aires, 1993, págs. 81 y ss., en particular, págs. 92 y ss.), y muy especialmente por la población en general, sensibilizada y crítica de los órganos de administración de justicia, la figura del querellante fue introducida por el Dr. León Carlos Arslanian. Cuando el proyecto de código Levene se discutió y se estaba elaborando, se introdujo en los debates parlamentarios la figura del querellante, la que finalmente fue impulsada desde el Ministerio de Justicia, bajo la siguiente motivación: "La primera modificación que sufre este proyecto es la introducción de las normas referentes a la protección integral de víctimas y de testigos.
Es verdad que nos hemos venido preocupando sobre las garantías y el estatuto del procesado. Hemos tratado siempre de concederles los mejores resguardos a sus derechos fundamentales, consagrados por Constitución. Pero nos hemos venido olvidando, hasta el presente, de las víctimas y del testigo. La mayoría de las veces la víctima resulta ajena a los avatares del proceso. Tampoco comprende muy bien el valor que puede tener el enjuiciamiento penal, ni se aprovecha de los resultados de éste. Para atender estas situaciones se prevé la creación de oficinas vinculadas con la asistencia de la víctima en todas sus dimensiones. En los aspectos técnicos, para que pueda tomar parte en el proceso asumiendo el rol de querellante...
Hemos sido receptivos de la demanda efectuada por el foro local en cuanto a la inclusión del querellante o acusador particular en el proceso penal. Ustedes saben que el proyecto del doctor Levene no lo contemplaba. Entonces creíamos que era conveniente hacerlo. Tal vez no lo haya sido en la medida requerida por los colegios, que querían un querellante pleno como el que existe en este momento en el código nacional. Sólo le retaceamos una facultad: la de poder ejercer autónomamente la pretensión penal en el proceso. Lo hemos hecho no porque no creamos en la institución del querellante sino porque su inclusión debe ser respetuosa del régimen de la oralidad (...) No se puede conceder un escenario para que cualquiera ventile sus agravios o pujas personales exponiendo odios y demás.
Hemos querido, entonces, que esa intervención en el proceso oral esté siempre acompañada de la intervención del Ministerio Público Fiscal, que le dé sustento a la pretensión punitiva. Por eso auspiciamos la figura del querellante adhesivo y no autónomo."(Cfr. Informe del Ministerio de Justicia ante el Senado de la Nación, publicado en el CPPN, Ed. Abeledo Perrot, págs. 68/69, sin resaltado en el original).- Tal como se desprende del mencionado informe, la presión social para el control del proceso por las víctimas "a través de la reclamación hecha pública y de la que dieron cuenta todo los diarios de la Capital"-conforme surge del mencionado informe-, tuvo favorable acogida en la introducción del querellante al proceso.- El déficit, no obstante la inclusión de la querella, vino dado por su carácter adhesivo; esto es: siempre vinculado a la opinión y decisión del Ministerio Público Fiscal.
En el caso que nos ocupa ese carácter adhesivo se encuentra expresamente previsto en la norma del 348 que se indicara como de inconstitucional, por los motivos antes desarrollados, de la siguiente manera:"(...) El juez dictará sobreseimiento si estuviere de acuerdo con el requerido. De lo contrario, sea que no esté de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal, o sea que sólo el querellante estimara que debe elevar la causa a juicio, dará intervención por seis (6) días a la Cámara de Apelaciones. Si ésta entiende que corresponde elevar la causa a juicio, apartará al fiscal interviniente e instruirá en tal sentido al fiscal que designe el fiscal de cámara o al que siga en orden de turno".- Lo que se ve reforzado por lo que dispone el art. 349, CPPN al decir: "Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá, en el término de seis (6) días:
1. Deducir excepciones. 2) Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento." Se advierte con claridad que el legislador ha considerado inapropiado, en el ámbito de los delitos de acción pública, que el querellante pueda autónomamente provocar la instancia de juicio si no obtiene el apoyo del representante del Ministerio Público Fiscal que actuó en la instrucción de un caso.- Mientras tanto doctrina y jurisprudencia fueron estableciendo críticas y opiniones acerca de posibles cursos de acción para modificar esa situación frente a una intensa presión de la opinión pública en el sentido de reconocerle a la víctima mayor incidencia en el proceso penal, se llegó incluso a ampliarse criterios tradicionales en cuanto a la capacidad de legitimación para poder intervenir como acusador en asuntos penales a organizaciones no gubernamentales (ONG), por parte de diferentes tribunales del país (Cfr. Slonimsqui, Pablo, "El derecho de la querella en los delitos que protegen bienes jurídicos colectivos", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ad-Hoc, Bs. As., 2000, págs. 311 y ss., y, asimismo: López, Santiago A., "Querellante: nuevos estándares de legitimación", en la misma publicación, págs. 335 y ss.). Asimismo los estudios vinculados a la victimología y la víctimodogmática avanzan en dirección a reconocerle mayores facultades de participación en el proceso penal al afectado, y ya se comienza a hablar de la necesidad de instaurar la figura del querellante popular (como, por ejemplo, ocurre en España). En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pronuncia el fallo más importante en la materia desde la entrada en vigencia de la actual ley procesal nacional: el fallo "Santillan"
(Fallos:321:2021, del 13 de agosto de 1998), que debe ser ubicado en la misma línea de pensamiento... III. c) Curso a seguir cuando hay parte querellante después del fallo Santillán.- Debido a que en el presente caso hay parte querellante (víctima) -ver fs. 123/124-, corresponde analizar la viabilidad de su pretensión -ver fs. 2443/2496- de manera independiente a lo que ha postulado el Ministerio Público fiscal.- La cuestión a resolver se puede sintetizar en el siguiente interrogante: ¿es legalmente posible elevar a juicio una causa donde se debe juzgar un delito de acción pública con la sola acusación del querellante?. La respuesta, a mi criterio es afirmativa: sí, es legalmente posible luego de lo establecido por la CSJN en el fallo "Santillan".
Ahora corresponde que explique por qué, a mi criterio, eso es así.- En efecto, como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esa oportunidad, una adecuada hermenéutica de las normas en juego deben dejar a salvo los derechos asegurados por la Constitución Nacional al particular querellante "a quien la ley le reconoce el derecho a formular acusación en juicio penal, de un pronunciamiento útil relativo a sus derechos", pues una interpretación contraria a ese derecho sería ilegítima (cfr. considerando 15). En consecuencia, de las distintas interpretaciones posibles que el articulado procesal nos propone, se debe estar por aquélla que le permita al particular querellante (a la víctima) tener la factibilidad de ejercitar el derecho de formular acusación en juicio penal y a obtener un pronunciamiento acorde a su pretensión.- Corresponde a Cafferata Nores haber sido uno de los primeros en señalar las consecuencias que se podían derivar de este fallo ("¿Se terminó el monopolio del Ministerio Público Fiscal sobre la acción penal?", en LL, 1998-E, págs. 331 y ss.), lo que luego fue destacado también por Santiago Martínez en esa misma dirección, desarrollando el proceso histórico nacional de la figura del querellante en nuestra legislación ("El querellante en el proceso penal: ... y después de 'Santillán', ¿qué?.
Acerca de las posibles consecuencias del fallo 'Santillán' de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, n° 10-A, págs. 453 y ss.), y, como se advierte, la capacidad de rendimiento del precedente "Santillán" retrotrae sus efectos a todos aquellos momentos previstos en el código donde se requiere el impulso del Estado constituido en la parte acusadora; es decir: al comienzo de la instrucción en relación a lo previsto en los arts. 180 y 188, CPPN; al final de la instrucción en relación a lo previsto en los arts. 346 y 348 de ese cuerpo legal; como fue expresamente resuelto en el fallo en cuestión, al momento de lo dispuesto en el art. 393, CPPN, y, por último, en el ámbito recursivo correspondiente.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en esa oportunidad, recordando una larga línea jurisprudencial, en la que se destaca el conocido y ya citado fallo "Tarifeño", señaló qué es lo que debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la CN, recordando que las formas sustanciales del juicio requerían de acusación, defensa, prueba y sentencia, dictada por los jueces naturales, dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, remarcó la Corte, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (cfr. considerando 9°), reconociendo de esta manera el carácter acusatorio que debe iluminar la legislación procesal penal.
Aclarando también que "la exigencia de acusación, como forma sustancial de todo proceso penal, salvaguarda la defensa en juicio del justiciable, sin que tal requisito tenga otro alcance que el antes expuesto -y esto es lo más relevante-, o que contenga distingo alguno respecto del carácter público o privado de quien lo formula" (cfr. considerando 10°) (lo resaltado me pertenece).- La Corte, como no podía ser de otra manera, no desconoció que sólo incumbe a la discreción del legislador (local), la facultad de regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, pero destacó que "todo aquél a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal, consagrada por el art. 18 de la CN, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma".
(cfr. considerando 11°).- Por estos motivos, y sin perjuicio de lo establecido en el art. 5° del CPPN y del carácter del querellante por adhesión que se le reconoce al particular que interviene en delitos de acción pública (art. 82 y concordantes del CPPN) consideró que, en la etapa prevista por el art. 393 del CPPN, no se puede "privar de jurisdicción al Tribunal Oral para formular un juicio de culpabilidad o inocencia con apoyo en la pretensión punitiva" del querellante particular (cfr. considerando 13°).- Así "frente a los diversos intereses en juego que surgen de la normativa constitucional a aplicarse en el subexamine" las normas de la ley procesal nacional deben interpretarse en forma armónica con el ordenamiento jurídico restante y con principios y garantías de la CN.
Concluyeron afirmando que era no sólo factible, sino un deber jurisdiccional emitir un pronunciamiento frente a la acusación formulada por la parte querellante.- Ahora bien, para poder llegar a ese momento -el del art. 393, CPPN-, los efectos del fallo "Santillán" deben retroceder a las situaciones indicadas más arriba, porque, de lo contrario, lo resuelto por la Corte no tendría los alcances indicados.- Por estos motivos es que, reproduciendo una tradición centenaria que rigió en nuestro país para los delitos de acción pública, es que se debe hacer extensivo el efecto que surge de "Santillán" también al momento en que, al comienzo del asunto, el Ministerio Público Fiscal considera que no se debe impulsar la acción (vgr. cuando se solicita la desestimación por inexistencia de delito, el sobreseimiento, el archivo o reserva etc.) o cuando entiende que no existe mérito para llevar el asunto a juicio, al momento del art. 346, CPPN, como ocurre en este caso.
Cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, sin perjuicio de la opinión del Ministerio Público Fiscal, la jurisdicción se ve obligada a analizar la viabilidad del pedido, correspondiendo a la querella, en forma autónoma, impulsar los procedimientos al comienzo de un asunto, conforme lo establecen los arts. 180 y concordantes del CPPN y, al finalizar la instrucción, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 346 y concordantes del mismo cuerpo legal, para obtener su elevación a juicio, con las limitaciones correspondientes. Por ejemplo: no puede operar la delegación de la instrucción prevista en el art. 196, CPPN, o lo dispuesto en el art. 196 bis o 353 bis, CPPN, ni tampoco tiene facultades para acordar un juicio abreviado en los términos del art. 431, bis, CPPN; pero para el resto de las atribuciones que le son conferidas, sí.- En este sentido, va de suyo, que lo establecido en el art. 349 implica que la defensa deberá responder a la acusación realizada por la querella, porque, ningún sentido tendría argumentar como se hace en relación a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 348, si luego, la acusación particular no surtiera los mismo efectos.- En consecuencia, no resta más que concluir que si el máximo tribunal ha investido al acusador privado de la autonomía necesaria para impulsar al proceso hasta el dictado de una sentencia condenatoria, dicha circunstancia lo habilitaría también para requerir la elevación a juicio de las actuaciones, como sucede en autos respecto de tres imputados -Giraldi, Bugallo y Storchi-, en disconformidad con el representante del Ministerio Público Fiscal, respecto de quienes solicitó el dictado del auto de sobreseimiento, legitimándolo para actuar de esa forma en solitario, desde el comienzo de una causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesaria la intervención del Ministerio Público Fiscal".- Similar postura al voto transcripto ha sostenido nuestro Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, realizando similar argumentación para el supuesto de la elevación a juicio de la causa en donde se investigan delitos de acción pública y/o dependientes de instancia privada, con el solo requerimiento de la parte querellante. En los autos caratulados "Villarreal Ana Sandra Edith s/ Lesiones Culposas" Expte. 3279/08 (V-620/09/TSJ) PROTOCOLIZACION:
TSS2004S.111, TOMO:V-SENTENCIAS- T.S.J.,REGISTRO Nº:010, FOLIO Nº:095/103,
SECRETARIA:2 Publicado en www.jussantacruz.gov.ar, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "...V.-) A la luz de la doctrina y jurisprudencia traídas a colación corresponde analizar el caso en concreto.-En este sentido, a manera de adelanto, este Tribunal Superior de Justicia comparte totalmente los lineamientos seguidos por el Sr. Juez de Instrucción (fs. 215/218) el cual fundándose en la doctrina legal y en los derechos de la víctima, no hizo lugar a la solicitud de sobreseimiento peticionado por el Sr. Agente Fiscal y con fundamento exclusivo en el requerimiento de elevación a juicio -efectuado por la parte querellante-, declaró clausurada la instrucción y elevó los autos a la Excma.
Cámara Penal.- En efecto, a partir de los precedentes tanto nacionales como internacionales, el derecho a querellar aparece como un derecho de naturaleza constitucional.- En este sentido, corresponde tener presente que en la normativa procesal se admite la actuación autónoma de la parte querellante por ejemplo en el segundo párrafo del art. 172 del CPP. Ahora bien, de negarse esa circunstancia también con fundamento en la legislación adjetiva provincial, corresponde traer a colación un artículo de Marcelo Alvero y Cinthia Oberlander los cuales analizan la incidencia que pueda llegar a tener una norma local a la luz del bloque de constitucionalidad, en tal sentido sostienen "...¿Puede un Estado invocar su Derecho Interno para sustraerse al cumplimiento de una obligación internacionalmente asumida? la respuesta es evidentemente negativa.
En primer lugar, y analizado el punto en relación a la estructura jerárquica de la norma, la Constitución Nacional y los Tratados con jerarquía constitucional constituyen el llamado 'bloque de constitucionalidad' que resulta ser superior a las leyes dictadas por el Congreso Nacional. De esta manera, resulta evidente que toda norma de rango inferior que sea contraria a las normas de rango superior son nulas, y, por ello, carentes de validez y eficacia... en segundo lugar en cuanto a que las garantías previstas en los Tratados internacionales no son operativas... el artículo 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino a signar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria o con la omisión de dictar disposiciones que en sus efectos equivalgan al incumplimiento del tratado internacional...
Resulta evidente, entonces, que las garantías previstas en los artículos 8... del Pacto de San José de Costa Rica y 14... del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son operativas habida cuenta de que pueden ser aplicadas automáticamente sin necesidad de reglamentación, y es un deber de la justicia velar por su eficaz cumplimiento..."("El derecho de interrogar a los testigos. Una garantía constitucional" Revista de Derecho Penal. Garantías constitucionales y nulidades procesales -II- Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 174).- A mayor abundamiento sobre el tema, la CSJN en la causa "Ekmekdjian, Miguel G. c/Sofovich, Gerardo" sentencia del 7/7/1992, (LL, 1992-C, 543; DJ, 1992-2- 296), modificó su criterio al reconocer la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, y, en consecuencia, la operatividad de las normas de la Convención.
Y, concluyó que cuando la Nación ratifica un tratado se obliga a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata...".- Siguiendo los lineamientos indicados y la doctrina mayoritaria, resulta evidente que todo lo actuado por ante la Excma. Cámara Penal ha sido contra legem, toda vez que con la resolución adoptada se conculcó los derechos de la víctima como ser entre otros, el derecho a una tutela judicial efectiva, a ser oído, incoar un proceso y el de obtener una sentencia o resolución motivada sobre la cuestión planteada.- Clausurar al presunto damnificado por un delito de acción pública la posibilidad de obtener un pronunciamiento jurisdiccional de mérito en las postrimerías del debate oral y público por decisión irrecurrible de un único funcionario no parece la mejor manera de garantir la libre defensa en juicio, prerrogativa propia del hombre abarcativa de todos sus derechos como ciudadano u habitante de la República, tales como su vida, su honra, su propiedad..." (conf. voto en disidencia Dr.
Hornos, en causa nº 335 'Santillán, Francisco Agustín s/recurso de casación', Reg. nº 585, rta. 15/05/96, en el mismo sentido en ue la CSJN, Fallos: 321:2021).- En otros términos, la Excma. Cámara teniendo en cuenta el requerimiento de elevación a Juicio de la parte querellante, debía obrar conforme el art. 337 del CPP.- En tal sentido, con la decisión adoptada por la Cámara, se coartó el derecho que tiene la parte querellante al acceso a la jurisdicción afectándose sus derechos de parte reconocidos expresamente por la Constitución Nacional y por los Tratados internacionales de Derechos Humanos que conforman el bloque de constitucionalidad.- En el caso sub examine la falta de interés estatal en la prosecución del hecho denunciado, no impide a la víctima impulsar en solitario u autónoma el proceso, es decir por la sola instancia del particular ofendido.- En definitiva, el lesionado por un actuar antijurídico, tiene derecho a obtener un pronunciamiento que conlleve la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada, por lo tanto al conculcarse el mismo se afectó el debido proceso legal.- En función de lo expuesto corresponde decretar la nulidad de todo lo actuado por ante la Excma.
Cámara de la Primera Circunscripción Judicial, por aplicación del art. 159 inciso 2º y 439 inciso 2º del CPP.- En tal sentido Mariano de la Rosa, sostiene "...es que el debido proceso consignado en el art. 18 de la Constitución Nacional, no realiza distingo entre derechos de la víctima o del acusado; razón por la cual puede haberse coartado el acceso a la justicia para el querellante si no se le acuerda derecho a influir en el proceso incoado a raíz de un menoscabo en un bien jurídico propio... y que todo lo que impida ese acceso vulnera la Constitución Nacional..." (La Rosa, Mariano, Art. 167 CPPN, "Código Procesal Penal de la Nación", Miguel Angel Almeira, Director, Ed. LL, Tomo I, pág. 736/737).- VI.-) Que finalmente, le asiste razón al Sr.
Agente Fiscal por ante este Tribunal en cuanto objeta la actuación llevada a cabo por el Sr. Juez de Recursos en la resolución obrante a fs. 199/200.- En el mencionado interlocutorio el a quo con cita en el precedente "Konigseder" ordena al Sr. Fiscal subrogante llevar a cabo el requerimiento de elevación a juicio.- La solución propuesta, no se ajusta a derecho toda vez que el precedente en el cual se basa el distinguido magistrado, a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el precedente "Quiroga", resulta ser totalmente improcedente, toda vez que un representante de la magistratura no puede asumir e indicar funciones que le competen al Ministerio Público Fiscal.- En este orden de ideas, corresponde tener en cuenta la reforma constitucional de 1994, en la cual el Ministerio Público Fiscal se ha constituido en un órgano extra poder con funciones específicas en punto al ejercicio de la acción penal pública y, de esa forma, la función jurisdiccional ha quedado claramente reservada a conocer y decidir sin injerencia alguna.- Bajo el amparo de esta garantía orgánica en ninguna etapa procesal un representante de la Magistratura puede asumir funciones requirentes asignadas al Ministerio Público Fiscal.- VII.-) Por todo lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso de Casación interpuesto por la parte querellante, declarándose la nulidad de lo actuado por ante la Excma.
Cámara, debiéndose imprimir el trámite conforme lo normado por el artículo 337 y siguientes del Código Procesal Penal, correspondiendo desinsacular nuevos magistrados a tal efecto....".-En síntesis, el querellante particular puede requerir el inicio de las actuaciones, la elevación a juicio y pedir pena, en solitario… y el segundo es que el querellante puede y debe ejercer su rol, con las mismas garantías que el imputado, conforme lo normado en los artículos 18 y 33 y cc. de la C.N. No puede perderse de vista que la parte querellante, para ser aceptada en el proceso como tal, debe ser particularmente ofendida por el delito, es decir, víctima directa o indirecta del mismo. (Art. 75 del CPP.) Se ha señalado que: "Es así que se insinúa una evolución del concepto de delito, mirada sólo como un conflicto legal entre un ciudadano y la ley penal (una infracción, una desobediencia), hacia un enfoque que incluye el conflicto humano entre autor y víctima, y que potencia la intervención de ésta en su resolución, y va asignando al derecho penal un rol social diferente al puramente punitivo." (Conforme IMPUGNACIONES EN EL PROCESO PENAL, COORDINADORES CAFURE, JAIME Y AYAN, EDITORIAL ADVOCATUS, CAPITULO 2 "LA FACULTAD IMPUGNATIVA DEL QUERELLANTE PARTICULAR, POR AGUSTIN JEREZ, pág. 21) Por su parte, la ley de DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS, Nro. 27.372, establece que: "ARTÍCULO 2°- Se considera víctima: a) A la persona ofendida directamente por el delito; b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos".
Como parte integrante del segundo fundamento, analizado el proceso penal en sus dos etapas, instrucción y juicio, es clara la posición de nuestro Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de otros tribunales argentinos, en afirmar la posibilidad que el querellante inicie el proceso, requiera su elevación a juicio y alegue en favor de su pretensión punitiva, en soledad. Ello no implica que en la causa no intervenga el Ministerio Público Fiscal, aunque tenga una posición desincriminante, pero lo hará como órgano esencial y encargado de velar por la legalidad "lato sensu" del enjuiciamiento penal…”.
En base a ello, podemos señalar que si bien se afectó el art. 159 inciso 2 como así el 172, 180 y 187, y cc. del C.P.P., lo cierto es que, de haberse seguido el proceso, se podría haber llegado al mismo punto de partida que el utilizado por el a quo.
Con ese fundamento, entiendo que la nulidad que se advierte, es relativa.
Ello así, pues tuve oportunidad de expedirme en una situación similar, puesto que frente a una denuncia, el Sr. Juez de Instrucción omitió cursar la vista dispuesta en el Art. 172, y solo notificó del inicio de oficio de la instrucción a la Fiscalía interviniente.
En los autos caratulados “GALLARDO LAURA DEL CARMEN S/Denuncia ” Expte. Nº 15.587/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Liminarmente débese señalar que el Artículo 160 del CPP. impone el deber general a todos los órganos jurisdiccionales que intervienen en el proceso penal, de analizar la regularidad de los actos del proceso, y en caso de comprobar una causa de "...nulidad tratará, su fuere posible, de eliminarla inmediatamente", actividad que débese realizar de forma oficiosa, siendo además factible declararla a pedido de parte. Es sobre este andamiaje, que surge manifiesto que el Decreto de fs. 3, Punto 1, en el cual se ordena la instrucción del presente sumario, omitió cumplir con la vista que dispone el artículo 172, por lo que el mismo es irregular y corresponde sea declarada su nulidad relativa.
Sabido es que el procedimiento penal de nuestra Provincia admite dos formas de inicio conforme lo regulado en el artículo 178 primer párrafo del CPP., que establece textualmente: “La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o información policial, según lo dispuesto en el artículo 180 y 178, respectivamente, y se limitará a los hechos referidos en tales actos.” (La negrita me pertenece) Este sistema de doble inicio de la instrucción establece, conforme la misma norma dos caminos. El primero de ellos es el que remite al artículo 180 del CPP. que regula el requerimiento fiscal de instrucción, que debe ser iniciado cuando el Agente fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de la comisión de un delito de acción pública, y más específicamente cuando sea por denuncia.
Ahora bien esta norma es de carácter general para la actuación del Ministerio Público Fiscal y debe ser analizada conjuntamente con el artículo 6 del CPP., pero que, y además, debe armonizarse con el artículo 172 del código de rito que establece que una vez recibida una denuncia ante Juez, sea porque este la recepcionó ante los estrados judiciales que preside (art. 166 primer párrafo del CPP.) o porque la denuncia fue recepcionada en sede prevencional (policía de la Provincia de Santa Cruz, Servicio Penitenciario Provincial, Fuerzas de Seguridad Nacionales o Policía Federal, entre otros) y elevada sin actuar el procedimiento establecido en el artículo 178, deberá ser remitida al Sr. Agente Fiscal en vista a los fines que requiera su instrucción, o la desestimación de la misma.
Asimismo, cuando el propio Ministerio Público Fiscal recepcione la denuncia, tal como se adelantara supra, será dicho órgano en virtud del artículo 172, quien deberá tramitar el requerimiento del artículo 180 del CPP. o pedir la desestimación en su caso. La segunda forma de inicio es la que establece el artículo 187 primer párrafo y su reenvío al artículo 178 del CPP., está abarcada por los supuestos en que por denuncia o prevención y/o información policial, el sumario comienza a ser tramitado en “sede policial”, lo que requiere, además de la denuncia o informe de la autoridad policial, una mínima investigación conforme lo normado en los arts. 175 a 179, y cc. del CPP..- Cuando ello sucede el Juez de Instrucción que recibe el sumario decreta de oficio, el inicio de las actuaciones y notifica al Sr.
Agente Fiscal. La discusión sobre la constitucionalidad de la norma y sobre la vigencia del sistema descripto en el código ha sido zanjada tanto en la jurisprudencia nacional como en los pronunciamientos de esta sede Judicial de manera pacífica. (Véase fallos Cámara Nacional de Casación Penal Sala IV causa “Perotti” del año 2009, Sala III causa Cárdenas Castillo” de 2010; Sala I causa “Musimundo”, Sala II causas Avila” y Guillén Varela” y expte. "GOMEZ, JESICA MARIANA S/ DENUNCIA AMENAZAS", Expte. Nº 56.343/13)
doctrina a la que adhiero y remito en honor a la brevedad. Partiendo de la constitucionalidad del sistema instaurado, vemos que en autos el Sr. Juez debió ordenar, como se dijera, la vista del artículo 172 al Ministerio Público Fiscal para que realizara el Requerimiento Fiscal de Instrucción en virtud del artículo 180 del CPP. o requiriera su desestimación, hecho que no sucedió. La pregunta que surge es la siguiente, ¿la violación a la forma procesal señalada, da lugar a una sanción de nulidad absoluta, con la consecuente invalidación de todos los actos generados en su consecuencia o da lugar a una sanción de nulidad relativa y por ende subsanable conforme lo normado en el artículo 164 última parte del CPP.?
Para aproximarnos a una respuesta, lo primero en señalar es que la nulidad se centra en el supuesto del artículo 159 inciso 2 del CPP., es decir en lo que hace a la “intervención…del ministerio público fiscal”. Y sobre esta base, el Ministerio Público Fiscal ha intervenido desde el inicio mismo de las actuaciones siendo notificado de todos y cada uno de los actos. Si la estructura del Código hubiere sido diferente, y solo existiera como acto promotor del inicio de la actuación establecido en el artículo 180 y no existiera la posibilidad de iniciar el procedimiento conforme lo normado en el artículo 178 del CPP., siendo en esta hipótesis sólo el Ministerio Público Fiscal el único autorizado legalmente para ello, podríamos sostener, sin lugar a dudas, que la nulidad es absoluta porque se violó el principio “net procedat iudex ex officio”, porque hace al principio acusatorio y vulneraría el debido proceso adjetivo que se desprende del artículo 18 de la C.N..
Pero este no es el caso, al permitir el código dos sistemas de inicio y uno en cabeza de un órgano integrante del Poder Ejecutivo –Policía- la nulidad se transforma en relativa y el incumplimiento es una forma procedimental pero que no materializa una garantía constitucional. En este sentido “La nulidad relativa esta en relación con las formas simplemente “ordenadoras” de la actividad procesal. La nulidad relativa es una sanción que se impone a un acto procesal por incumplimiento de una forma simplemente ordenadora del Proceso Penal”. (Conforme “La Nulidad en el Proceso Penal. Estudio de los silencios normativos aparentes", tercera edición ampliada y actualizada, Autor Dr. Nelson R. Pessoa, Editorial Rubinzal- Culzoni, pág. 454) Como puede observarse, la intervención dada al Ministerio Público Fiscal, si bien no fue la que establece el artículo 172, estuvo garantizada a lo largo del proceso.
Por su parte, surge claro que dicha irregularidad no puede subsumirse nunca en el supuesto de una nulidad absoluta. El mismo autor en la misma obra citada y misma página, señala que “La nulidad absoluta en el proceso penal está en directa relación con el incumplimiento de formas procesales consagradas para hacer plenamente vigentes mandatos constitucionales. La nulidad absoluta es una sanción que se impone a un acto procesal por incumplimiento de una forma impuesta directamente por la Constitución o de una forma realizadora de una regla constitucional”.- En síntesis, surge claro que la omisión en la que incurrió el Sr. Juez de Instrucción deberá ser saneada ordenando la vista que dispone el artículo 172 del CPP. y que al realizar el Requerimiento Fiscal de Instrucción por parte del Sr.
Agente Fiscal, quedará saneada dicha irregularidad conforme lo normado en el artículo 164 del CPP..".-
Tratándose de supuestos similares, resulta claro que la nulidad que afecta la instrucción de la presente causa, es relativa y puede ser y será saneada con el devenir del proceso, ya sea por el requerimiento fiscal de instrucción, o por el agotamiento posterior de la vía (art. 187 del CPP.), para que el querellante continúe el proceso en soledad.
Otra sería la conclusión si se hubiera sindicado sospecha de intervención en la ejecución del hecho, sobre funcionarios que en la actualidad estuvieran sujetos a privilegio constitucional. (Conf. Arts. 120 de la Constitución Provincial y 181, ss. y cc. del CPP.) Se recomienda al A quo, tener presente para futuros casos, el orden de procedencia en el inicio de las actuaciones a los fines de evitar nulidades que puedan afectar la garantía de defensa en juicio y el deber del Estado de perseguir y reprimir delitos legal y procesalmente acreditados.
IV.B.-Sentado ello, no solo por razones de orden público, sino y en especial por el impacto que tiene en la resolución del presente recurso, corresponde ahora ingresar al análisis del auto recurrido.
El Sr. Juez de Instrucción, en franca contradicción con los propios actos procesales que impulsaron la presente causa de oficio (sin requerimiento fiscal de instrucción), dando curso a la querella, afirmó, para rechazar el planteo interpuesto por la defensa, que en este estadio procesal, hasta que no cuente con Requerimiento Fiscal no puede expedirse.
Si ello fuera así, y el Juez pensara que aún con toda la investigación que llevó adelante, está en un estadio preliminar, lo que cabría preguntarse es si no estamos frente a lo que la dogmática se denomina una "excursión de pesca".-
En los autos caratulados: “DIAZ, CLAUDIO F.
S/DENUNCIA” Expte. Nº 32.247/22, N° de Juzgado de Recursos 7240/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "Debo manifestar que es la información sobre los hechos, en base al análisis de la realidad, la que permite sostener una teoría sobre la determinación del hecho punible, y no la teoría, la que condiciona el ordenamiento de la información con un fin determinado. Una teoría sin información o con información que puede dar lugar a diferentes inferencias, no es más que una especulación o suposición, es decir, algo que no puede ser demostrado ni, a la vez, refutado. Emitir una teoría como conclusión del análisis de la información que se surge de la realidad de los hechos, es razonable; hacerlo, prescindiendo de los hechos, o dándolos por supuestos sin información alguna, o invirtiendo la carga probatoria porque no se encuentra otra explicación razonable a la afectación de un bien jurídico que no sea la eventual e hipotética acción de una persona en su perjuicio, es arbitrario. No se ajustan los hechos a la teoría, es a la inversa, la teoría se calibra teniendo en cuenta el dato óntico y la información con la que se cuenta. En el presente caso, que no hay una hipótesis delictiva clara, y no es suficiente señalar que “a partir de la falta de atención adecuada” se pudo causar la muerte de una persona, sin señalar si existió, entre esta falta de atención y el óbito, causalidad y, además, determinación.
Asimismo, la formulación de una conducta genérica, sin especificar en qué consistió la falta o incumplimiento del deber de cuidado, tampoco puede ser una hipótesis de una conducta delictiva culposa. Ahora bien, estas valoraciones, si bien y como adelanté, pueden ser sostenidas al momento del Requerimiento Fiscal de Instrucción, con la información aportada por la prueba agregada en autos y en esta instancia, conforme sendos informes médicos forenses, estamos ante la misma situación inicial, es decir no se puede formular una imputación alguna. Ello así, pues a partir de la sospecha de la comisión de un delito se inicia una investigación penal, no a la inversa, es decir iniciar una investigación en contra de una persona para ver si de la misma se desprende la comisión de algún delito.
Lo señalado es lo que se conoce en la dogmática penal como la “expedición de pesca”. En este sentido, en la obra “PROCEDIMIENTO PENAL, GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO”, del Dr. Mariano Cúneo Libarona, editorial La Ley, año 2012, págs. 673, 674 y 675, se señala que: “…También resultan ilegítimos los casos en que se sustancia un proceso penal contra una persona sin que exista un hecho punible preciso, determinado, que no presente una base cierta, sustanciado con el solo propósito de comprobar si existió un delito, supuesto que se ha denominado “expedición de pesca”. Una “expedición de pesca” es un proceso dirigido para encontrar y atrapar a “un autor”, que parte de una encuesta iniciada sin un delito concreto hacia la búsqueda de una conducta delictiva.
Un proceso sustanciado para verificar si se puede encontrar un delito y un autor o, expuesto de otra forma, por si acaso existe un delito y un autor. Una investigación practicada en estas condiciones representa una actividad prohibida por nuestra legislación y que debe desembocar en el dictado de la nulidad de todas las diligencias vinculadas a esa línea de promoción pesquisitiva, que es ilegítima e indiscriminada con relación a la parte escogida… Ello es así por cuanto, como ha dicho la Corte: mientras no sea resguardada la defensa de aquel contra quien se dirige la acción, al menos en la medida necesaria para que su esencia no aparezca desconocida, no puede haber juicio constitucionalmente válido dentro del ordenamiento jurídico argentino.
Es que la iniciación de investigación sin una base fáctica y jurídica definitiva y sin respaldo probatorio, fundada en hipótesis, inferencias o conjeturas, está lejos de permitir ceñir el objeto del proceso como la ley procesal lo exige. La “expedición de pesca” es una exploración para buscar un hecho típico y un autor, que evidencia que no existe una conducta determinada a investigar. Se parte prácticamente de la nada, sin la denuncia de un hecho preciso y determinado, sin datos, sin pruebas. Sólo se infiere, conjetura o sospecha. Sólo se busca por si acaso, un delito, lo cual representa la aplicación de una Derecho Penal de autor, descalificado en nuestro sistema jurídico, a efectos de encontrar un hecho (Derecho Penal de hecho).
Estimamos entonces que un proceso penal no puede iniciarse por una denuncia que contiene “meras intuiciones” de que se cometió un delito, sino sólo frente a un hecho típico definido…”.-
Entiendo y sin adelantar opinión sobre este aspecto, que el Sr. Juez, entiende genuinamente que debe iniciar la investigación con el impulso de la querella, allende la modalidad que adoptó, la que está reñida con las normas del rito penal, dando lugar a una nulidad relativa. Ahora bien, ¿esta patente contradicción que viola el principio de congruencia, da lugar a la declaración de nulidad del auto por defecto de fundamentación?. Entiendo que no. Y ello así, pues el análisis de la competencia territorial se realiza en base a la información con que cuenta la causa. La primer fuente de información es la propia denuncia, es decir la “notitia criminis”.
Por supuesto que en la dinámica de investigación habrá casos en los que deberá producirse información para dilucidar este punto, por eso en el orden establecido en la ley procesal, se establece la intervención del Juez que previno y otros criterios legales y jurisprudenciales, que parten de la normativa vigente y que hacen foco en la eficacia de la tarea instructiva.
Allende ello, en autos, la denuncia es más que clara respecto al delito que se denuncia como así a quienes serían los supuestos responsables, por lo que, va de suyo, el Juez de Instrucción tiene elementos más que suficientes en la misma para poder determinar la competencia territorial.
Acto que se adelantó también, porque si el fiscal hubiese entendido que había un problema de competencia territorial o de la materia, etc., al momento de requerir, como señalé (art. 172 del CPP.) debería haberlo expresado, hecho que no sucedió por la inexplicable urgencia que le imprimió el A quo a la presente causa, al ordenar su instrucción de oficio basado en la querella, prescindiendo el Ministerio Público Fiscal. Al tener información suficiente con la sola denuncia realizada, reitero, por el propio Fiscal de Estado de la provincia que tiene como misión fundamental, reitero, cuidar el patrimonio del estado provincial, la violación al principio de congruencia por la debilidad en la motivación, no da lugar a nulidad alguna sino a su confirmación o revocación por el suscripto, en su caso. Por supuesto que, sea que se decida mantener la competencia territorial o atribuirla a otra jurisdicción, ello solo implicará revocar el auto del Juez, que no definió la cuestión, reitero, cuando ya se arrogó la competencia en la investigación de la presente causa e inició la instrucción de la misma, haciendo pié solo en la querella. Hay que partir del siguiente análisis, para no caer el errores en la fundamentación de la competencia territorial, a través de citas de fallos que tuvieron orígenes diferentes a la presente cuestión, y es que cualquier solución que se pueda plantear respecto de la competencia territorial, podrá serlo en caso de falta de determinación clara sobre el lugar de la comisión del delito, pues si no se abriga duda al respecto, deberá intervenir el Juez con competencia en dicho territorio. (Artículo 31 del CPP.)
En este orden, se ha sostenido que: "Nótese que en materia de interpretación de las leyes penales el primer método a corroborar es el gramatical, y únicamente frente a la poca o nula claridad de la letra de la norma corresponde al intérprete indagar otros métodos interpretativos en procura de una correcta adecuación típica, por caso la voluntad del legislador, o el método histórico y el sistemático." (Conforme CASOS DE DERECHO PENAL PARTE ESTECIAL, TOMO I, EDGARDO ALBERTO DONNA - HORACIO DIAS - JOAQUIN OCTAVIO MARCET - GUIDO EZEQUIEL WAISBERG, Ed. Rubinzal-Culsoni, en este caso la cita corresponde al Dr. Horacio Días, Pág. 196)
La norma en análisis no ofrece problema alguno de interpretación, pues es claro el art. 31 del CPP., al establecer la competencia territorial.
Lo que puede ser, en algunos casos, materia de análisis en base a la información con la que se cuenta, es si el lugar del hecho esta determinado o es fácilmente determinable.
Entiendo que en autos no hay dificultades desde el aspecto informativo para sostener en qué lugar se cometió el presunto hecho delictivo.
Ello así, pues las citas que han realizado las partes para fundamentar sus argumentaciones, que han tenido en cuenta otros supuestos de intervención, lo son a partir de una eventual indeterminación del lugar en donde se cometió el delito, pues va de suyo que si la información aportada en la denuncia, es suficiente, entonces éstos criterios son desplazados por la propia letra de la ley, que es y debe ser la primer fuente de interpretación de la función jurisdiccional.
El artículo 31 del C.P.P. estipula que: “Será competente el Tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito. En caso de tentativa, lo será el de la circunscripción judicial donde se cumplió el último acto de ejecución. En el caso de delito de continuado o de delito permanente, será competente el Tribunal de la circunscripción judicial en la que cesó la continuación o la permanencia”.
En este sentido el Dr. Sebastián Rodrigo Ghersi, en el comentario al Artículo 37 del C.P.P.N., en la obra “CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.
COMENTADO Y ANOTADO”, Editorial La Ley, comentado por Miguel Ángel Almeyra, 1º Ed., Buenos Aires, 2007, página 432, sostuvo “Debe entenderse por lugar de comisión del delito, el sitio donde se ven realizados en su totalidad los elementos del tipo penal correspondiente al delito en cuestión. Es decir tanto la acción típica como su resultado, cuando el tipo en particular lo requiere. Para su concreta determinación debe analizarse las características de cada delito en particular… Expresó la Corte Suprema que: “Tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa como aquel en el que se verifica la disposición patrimonial deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial” (CS, Competencia Nº 165, XXII, Fallos: 311:2607, “Giner, Gonzalo…”, rta. 6/12/1988… En los llamados “delitos a distancia”, en los cuales los diferentes pasos del iter criminis, se producen en lugares distintos, debe tenerse por cometido en todos los sitios donde se realizaron parte de las acciones típicas y el resultado… “En los llamados “delitos a distancia”, es decir, en todos aquellos hechos en que los diferentes pasos del iter criminis no se producen en el mismo lugar, la adopción del criterio de ubicuidad para establecer el lugar de comisión de los hechos supone como consecuencia, para los supuestos de tentativa, que el delito deba reputarse cometido tanto en el lugar donde comenzó la ejecución como en el lugar donde se hubiera consumado, y la atribución de competencia se hará atendiendo a exigencias de economía procesal, la necesidad de favorecer la buena marcha de la administración de justicia y la defensa de los imputados” (CS, Competencia Nº 1497 XL, T. 328, “Moraleja, Christian…”, rta. 26/4/2005)… “Por imperativo constitucional, a los efectos de determinar la jurisdicción territorial debe tenerse en cuenta, prioritariamente, el lugar en el cual se consumó el delito, lo que no debe confundirse con el lugar en el que se produzcan los efectos extra-típicos del hecho ilícito” (CS, Competencia Nº 215.
XXI, Fallos: 310:2156, “Poli, Carlos Eduardo…”, rta. 27/10/1987”. Por otra parte el artículo 32 del C.P.P. establece una regla subsidiaria, indicando y ordenando que: “Si se ignora o duda en qué circunscripción se cometió el delito, será competente el Tribunal que previno en la causa”. Al comentar el artículo 38 del C.P.P.N. el Dr. Sebastián Rodrigo Ghersi, en la misma obra precitada, página 434/435, expresó “A efectos de evitar contiendas sin sentido que aletarguen el proceso, atentando así contra el debido proceso y la debida celeridad procesal, la regla del art. 38 determina que el juez que primero conoció en la causa (el que previno) sea el competente para continuar la investigación. Queda claro que si luego de reunir más probanzas del hecho en cuestión, surge en forma evidente que la comisión ocurrió en extraña jurisdicción deberá proceder a declarar su incompetencia.
Por el contrario deberá proseguir con su trámite hasta el final, si la determinación del sitio de comisión resultare imposible… Es por ello que la regla del art. 38 implica que toda declinación de la competencia debe estar precedida de una investigación mínima que permita, aunque sea en forma provisoria, determinar la calificación del ilícito – por la competencia material- y su lugar de ocurrencia, salvo que ello surja claramente desde el inicio de las actuaciones. Una vez establecidos dichos extremos deberá procederse, sin más, con la declaración de incompetencia”.
Cuando existen dudas sobre la determinación del lugar en donde se ha cometido un delito, la dogmática procesal ha explicado las reglas para la determinación de la competencia, y a guisa de ejemplo, en el nuevo Código Procesal Penal Federal fueron reguladas en el art. 45, que al ser comentado, se ha indicado que: “La interpretación del lugar de comisión del hecho debe efectuarse teniendo en cuenta la estructura del tipo o clase de delito en que aquél encuadra. Si se trata de un tipo de omisión (simple o pura), el lugar de comisión es aquel en donde el imputado debió realizar la acción ordenada. En los tipos comisivos de simple conducta, es decir, aquellos que no exigen resultado, el lugar de comisión será aquel en donde el imputado habría realizado el comportamiento o conducta. En los tipos comisivos que no exigen un resultado material de peligro o daño, esto es, los denominados tipos o delitos formales, ellos se cometen en el lugar en donde se ha desarrollado el comportamiento que acarrea el daño potencial al bien jurídico. Los tipos comisivos de resultado material, desde el punto de vista sustantivo, se consuman cuando y donde se produce el resultado de peligro (v.gr., abuso de armas, art. 104, CPen.) o daño (v.gr., homicidio, art. 79, CPen.)…Las dificultades aparecen cuando no coinciden el lugar del comportamiento y el del resultado. Para estas situaciones equiparar lugar de comisión con el de la consumación del delito, a fin de determinar la competencia territorial, aun cuando es una solución que por su claridad minimiza los conflictos de competencia, no siempre resulta satisfactorio desde la óptica de la defensa en juicio y de la eficacia del proceso penal. Para una adecuada protección de estos intereses, la Corte Suprema de Justicia adoptó la llamada teoría de la ubicuidad, conforme a la cual si el hecho o los plurales hechos a investigar fueron cometidos en distintos lugares, porque en algunos de ellos se verificó la acción o una etapa decisiva de ella y en otro el resultado, la determinación del juez competente debe hacerse de acuerdo con lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados.
Compartimos esta solución más flexible… Además, sólo es admisible la continuidad del delito cuando el bien jurídico admite ser afectado por grados. En estos casos, es competente el juez del distrito donde cesó la continuidad…” (Conforme ROMERO VILLANUEVA, HORACIO J. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO - 1A ED. - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: ABELEDO PERROT, 2015, pág. 441 y ss. )
Como puede observarse, la línea de razonamiento que se realiza en el presente auto, tiene en cuenta todas las circunstancias a los fines de una correcta determinación del órgano jurisdiccional que deberá intervenir y continuar con la investigación, pero las partes del proceso deben comprender, que esta cuestión no es de libre disponibilidad de ellas, sino que es impuesta por la propia legislación procesal penal y que si no se respeta el análisis de las distintas reglas establecidas en la ordenanza procesal para la asignación de la competencia territorial, sí puede llegar a afectarse el principio de Juez natural.
Hay que tener presente, conforme lo establecido en el artículo 19 del CPP., que: “La jurisdicción penal es improrrogable, lo que significa que es forzosa, que proviene de la ley misma y no puede, bajo ningún concepto, quedar supeditada a la decisión expresa o tácita de las personas que intervienen en el proceso. Ello, porque excede el interés de los particulares que participan en el proceso.” (Conforme ROMERO VILLANUEVA, HORACIO J. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO - 1A ED. - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: ABELEDO PERROT, 2015, pág. 435)
Cuando se sabe donde se cometió el hecho, el parámetro a aplicar es el que establece la propia ordenanza procesal, no funciona la eventual prórroga de la jurisdicción en la que se pudiera incurrir, a preferencia de las partes en el proceso penal.
Sobre el particular, la dogmática ha señalado que: "Cabe aclarar que el principio general es que las cuestiones de competencia no afectan la garantía. La Corte considera que "...la cuestión de competencias entre los tribunales permanentes del país es cuestión ajena a la garantía de los jueces naturales y extraña al recurso extraordinario..." (CS, "Biham, Víctor H. c/Freschi, Carlos", 7/4/1988, La Ley, 1988-D, 469) y que "la garantía de los jueces naturales es ajena a la distribución de competencia entre los magistrados ordinarios del Poder Judicial..." (1431). Empero, en ciertos casos se ha sostenido que transgrede la garantía del juez natural e importa la nulidad de los actos realizados, la violación del marco de competencia territorial prevista en la Constitución (1432), salvo los que resulten irrepetibles o en los procesos en que haya intervenido un tribunal de mayor competencia.
(1431 CS, Fallos: 303:1510, caso "Cabrera, Juan L. y otro c/Noguera, José B.", 6/10/1981. La Corte Suprema sostuvo: "que la circunstancia de atribuirse a un juez jurisdicción para juzgar un caso dado y no acceder, por consiguiente, a remitir los autos a otro que pretende ser el competente, no importa sacar al reo de sus jueces naturales en el concepto del artículo 18 de la Constitución, ya que las leyes tienen establecidos trámites especiales para dejar fijada la competencia, tales como el usado por el recurrente promoviendo declinatoria a la que no se hizo lugar. Que el objeto del artículo 18 de la Constitución ha sido proscribir los juicios por comisiones especiales nombradas para el caso, sacando a los acusados de la jurisdicción permanente de los jueces naturales para someterlos a tribunales o jueces accidentales o de circunstancias.
Que esa garantía no sufre menoscabo porque sea uno en vez de otro de los jueces permanentes el que conozca de la causa con arreglo a la competencia que se estima corresponderle" (Fallos: 114:89 y jurisprudencia allí citada y 135:190 del 24/10/1921). En lo demás, cfr. doctrina de Fallos: 120:74; 124:225; 130:349; 149:417 y 427 y 154:348 (caso "Laplacette de Gassiebayle y otros c/la Provincia de Buenos Aires"). (1432 En la jurisprudencia véase CNCasación Penal, sala III, causa "Obiol, Gabriel", del 23/12/1994, y JPBA 91-248 y cfr. CNCrim. y Correc., sala IV, causa "Abbas, Claudio", del 10/2/1987; sala V, causa "Nosiglia, Julio E.", del 2/10/2001; sala I, causa Nº 31290, interloc. 17/153, "Goñi Trotti, Guillermo s/procesamiento", del 5/3/2007, en la que se señaló que desde el inicio de las actuaciones resultaba con "absoluta evidencia" que no existía en esta sede territorial una causa en la que pudiese intervenir la justicia nacional y se consideró que " IV.
Todo lo obrado por el Sr. jueza quopor fuera del marco legal citado, tanto en estos autos principales como en el incidente de excarcelación que corre por cuerda, vulnera una expresa manda constitucional. El actual artículo 118, reproduciendo lo anteriormente previsto en el artículo 102, impone la obligación de juzgar los delitos en la provincia donde se cometieron, y en este sentido se ha dicho que el juzgamiento de una infracción penal en un Estado distinto de aquel en el que se la perpetró está prohibido por el artículo 102 de la Constitución Nacional". La Corte Suprema de Justicia, por su parte, se pronunció sobre esta garantía, afirmando que "es un principio de derecho procesal arraigado en el artículo 102 de la Constitución Nacional que el lugar del hecho criminal determina la jurisdicción para juzgarlo, siendo ésta improrrogable".
Por todo lo dicho, siendo que el precepto constitucional citado resulta una garantía tendiente a "evitar que la parte acusada sea arrastrada a enfrentar un juicio en algún Estado distante", la Cámara declaró la nulidad de todo lo actuado por el juez, ordenándole que inmediatamente y sin dilación alguna cumpla con lo establecido por el último párrafo del artículo 8º de la ley 20.711 (artículo 168, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación), y dispuso que el imputado sea conducido y puesto a disposición del tribunal competente y más recientemente sala VI, causa Nº 43095, "B. R.", del 14/2/2012. En la doctrina,D'Albora, Francisco,Código Procesal Penal de la Nación, Ed. LexisNexis, 7ma. edición, 2005, tomo I, p. 116 y sus citas.) (Conforme “PROCEDIMIENTO PENAL:
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO. - 1A ED. - BUENOS AIRES: LA LEY, 2012;
Mariano Cúneo Libarona, Vanesa Verónica Albani Augusto Nicolás Garrido Colaboradores, ISBN 978- 987-03-2418-8, Capítulo XIV El derecho a un juez natural) Para dirimir la presente cuestión, conforme las pautas de hermenéutica señaladas supra, es necesario analizar si la denuncia establece o si permite inferir, además de las conductas y sus resultados y sus respectivas subsunciones típicas, una modalidad o un plan concreto del hecho.
La realización de conductas activas u omisivas, dolosas o culposas, obedecen siempre a un plan que el autor tuvo en mente para concretar la finalidad típica, y desde esta perspectiva, corresponde analizar todas y cada una de las conductas que se desplegaron como parte de ese plan concreto del hecho.
Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación cincela la doctrina de la ubicuidad, tiene en cuenta el plan concreto del hecho para determinar la misma, a partir del cual, y cuando el mismo ha sucedido en diferentes lugares, establecer como principio rector la idea de una mejor administración de justicia, que no es otra cosa que cuidar y preservar la Garantía de Defensa en Juicio.
En este sentido, respecto del plan concreto del hecho, en los autos caratulados “RECARATULADA: MUÑOZ JOSE MIGUEL Y OTROS S/Robo Calificado ”
Expte. Nº M-38.511/14, N° de Recursos 6280/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Es que, y como bien señala el A quo, el hecho no puede ser analizado parcialmente como pretende la defensa. El imputado no actuó con dolo solo de lesionar a la víctima como pretende la defensa técnica, sino que esas lesiones resultantes se inscriben en la violencia necesaria para sustraer la motocicleta y el teléfono celular, habiendo pluralidad de coautores en un lugar poblado. El plan concreto del hecho se infiere de las conductas desplegadas materialmente y el sentido dado a las mismas (léase conductas) se infiere también de dicha circunstancia, mediante un análisis crítico-racional de la prueba producida y agregada en autos. Lo que pretende la defensa es alterar el sentido de la conducta desplegada por el imputado, recortándola del resto de las conductas materializadas en perjuicio de la víctima, hecho que en autos no puede sostenerse de manera racional, con fundamento en la prueba colectada. En autos una pluralidad de sujetos (banda) se apoderó de bienes pertenecientes a la víctima, usando fuerza física sobre la misma, en un lugar poblado. Es decir que en autos se dan todos y cada uno de los requisitos del tipo objetivo sistemático del robo en poblado y en banda, tipificado en el Art. 167 inc. 2 del C.P..-"
El criterio rector, conforme la administración del poder punitivo del Estado, debe ser el equilibrio entre la eficacia de la investigación y la mejor realización de la garantía de la defensa en juicio, tanto técnica como material, y en caso de duda sobre el principio a seguir, debe darse prioridad a la defensa en juicio de la persona y sus derechos.
Ello así, pues el principio de buena fe y pro homine, implica que "...el enunciado de cualquier derecho legalmente consagrado debe interpretarse siempre como límite a la criminalización y nunca como pretexto o justificación de ésta. Nunca puede usarse un derecho perversamente, para limitar o eliminar la vigencia de otros, esto vale como regla para los derechos consagrados en los tratados y por remisión a los de la CN histórica (art. 75 inc. 22 de CN) La supuesta función de protección penal de bienes jurídicos (alquimia jurídica) no puede justificar lesiones al principio de humanidad.(Conforme ESTRUCTURA BASICA DEL DERECHO PENAL, EDITORIAL EDIAR, RAÚL EUGENIO ZAFFARONI, pág. 46)
Súmase a lo expuesto, que “El proceso penal es, junto con el derecho penal, el sector del ordenamiento en que mayores poderes se conceden al Estado para la restricción de los derechos fundamentales que la constitución reconoce a los ciudadanos y que las gravísimas intromisiones de los poderes públicos en el ámbito de los derechos más preciados del individuo, justificado por las necesidades de persecución penal en aras de la tutela de los bienes esenciales de la comunidad protegido por las normas penales, deben ser limitadas en la medida en que su práctica sea útil, necesaria o proporcionada, atendiendo a los intereses en conflicto, según las particulares circunstancias del caso concreto. De aquí que todo el proceso penal deba ser considerado como un conjunto de garantías que tiene por destinatario asegurar al individuo frente al poder del estado, razón por la cual nuestra Corte tiene dicho que "los preceptos adjetivos se presumen sancionados en salvaguardia de los derechos fundamentales de los justiciables insertados en los mandatos de la Constitución Nacional" (Fallos 300:97).
Por eso: "Se trata, en último término, de que el derecho no quede a merced del proceso y de que pueda sucumbir por ausencia o insuficiencia de éste". Por ende, el derecho procesal penal es un estatuto de garantías, sobre todo para quien es perseguido penalmente, garantías que, incluso, se subordinan a las demás funciones que también se le adjudican. Estos límites al derecho de intervención del Estado sobre los ciudadanos, a título de aplicación de su poder penal, ejercido como prosecución penal, que protege tanto al inocente, con miras a una condena injusta, cuanto al mismo culpable, para que no se alcance una condena a costa de su dignidad personal o la imposibilidad de defender sus puntos de vista, caracterizan la judiciabilidad del proceso penal y el legismo procesal en que consiste su regulación.
En definitiva, la idea de garantía del derecho penal puede en sí ser actualizado bajo distintas formas. Pero en lo que aquí concierne destacamos que todo el derecho procesal penal es una transacción entre las funciones de esclarecimiento y las de garantía. Constituye tarea de esta última no solo no condenar inocentes, sino, en cuanto sea posible, evitar la mera prosecución de procedimientos formales contra ellos. Por eso es que reiteradamente nuestra Corte ha dicho que "la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad de defenderse contra el delito sea conjugado con el derecho del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro, procurándose así conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente" (Fallos 272:188 y 311:652).
Es así que también tenemos que reconocer que la norma procesal se presume sancionada en salvaguarda de los derechos constitucionales de los justiciables y que el imputado no es un mero objeto pasivo de la investigación sino un sujeto de la relación procesal y como tal tiene derecho a ser juzgado por su juez natural, de conformidad a los modos prácticos y a los términos que la ley prefija. De tal forma, "el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental" (Fallos 316:479); o en palabras del propio Kant: "El hombre y en general todo ser racional existe como fin en sí mismo, no meramente como un medio para su utilización caprichosa por esta o la otra voluntad, sino que tiene que ser considerado en todo momento como fin en todas sus acciones, tanto en las que se halla en relación consigo mismo como en las que se halla en relación con los demás".
En consecuencia, "el procedimiento es un medio para llegar a la decisión jurisdiccional y no un fin en sí mismo, pues las exigencias procesales no constituyen un ritual vacío en tanto tienen por objeto asegurar la defensa de los derechos" (conf. CNCiv., sala D, 13/7/1971, ED 41- 699, íd., sala C, 31/5/1972, ED 44-233).
Modernamente el imputado es sujeto y no objeto del proceso penal, aunque todavía persistan algunas concepciones inquisitivas; al respecto se sostiene que "el delincuente, el procesado, el condenado, quien de alguna manera resulta inmerso como objeto de la función represiva del sistema penal, tiene derecho a que se respete su dignidad y su condición de sujeto de derecho. Es frecuente, por el contrario, que el sistema funciones de forma tal que al delincuente se le clasifique como no ser humano y a menudo privado de todos sus derechos, desde individuales, hasta los políticos". En definitiva, el pueblo, que se integra de hombres, significa el sujeto y el objeto de toda indagación política. En ese sentido vemos que un Estado totalitario, negador de los derechos y libertades fundamentales, engendra a su vez un derecho penal de esta clase, puramente represivo y perpetuador del status quo del modelo de Estado al que sirve. En cambio, un modelo democrático debe dar lugar a un derecho penal más respetuoso con los derechos y libertades fundamentales y con la dignidad, igualdad y libertad, que son la base de una democracia. De esta forma, la idea de Estado democrático de derecho genera una determinada posición y ciertos límites para la ley penal, no circunscribiéndose a las normas que regulan el procedimiento para la creación y sanción de las leyes sino a las disposiciones constitucionales, que deben reflejar estos principios en prescripciones concretas que conforman el contenido mismo del ordenamiento penal”. (Conforme MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL / Mariano R. La Rosa ; Horacio J. Romero / Villanueva. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2024. Libro digital, Book "app" for Android Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-03-4705- 7).
Concluyendo, cuando existen dudas sobre la determinación -no es este el caso- del lugar de la comisión del hecho, la valoración a realizar impone, por las garantías y potestades en ciernes, una hermenéutica de las normas que surgen del Derecho Constitucional Convencional (art. 75 inc. 22), de la propia Constitución Nacional, de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y del Código Procesal Penal de la Provincia, en la que se debe valorar las condiciones y el desarrollo de la investigación, su posibilidad de éxito, y fundamentalmente las reales y concretas posibilidades del ejercicio de la defensa en juicio, material y técnica de los imputados. Por lo que, cuando exista una confrontación directa entre ambos aspectos (léase garantía de defensa en juicio y potestad punitiva del Estado en la persecución de delitos), la decisión que corresponde adoptar en un estado constitucional-convencional democrático de derecho, es asegurar de la mejor forma y modalidad posible, la defensa en juicio, sobre todo, en la presente causa, donde se han sentado sospechas sobre diferentes personas que desempeñaron o pueden estar desempeñando funciones públicas, a las que se les ha atribuido un rol fundamental en la consumación del hecho en perjuicio del estado provincial y su patrimonio, y en el plan concreto del mismo sin cuyo aporte no podría haberse cometido, sin haber sido aún anoticiadas, allende la defensa técnica oficial, que con buen tino ha sido resguardada por el A quo.
En este sentido, en los autos caratulados “INCIDENTE DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS: JUZGADO S/ INVESTIGA”
Expte.75.753/21, N° de Recursos 6430/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "...La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Wald" Fallos 286:266, sostuvo que: "...La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere de obtener la imposición de una pena y quien se opone a ella... La garantía constitucional de la defensa en juicio asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia previo juicio llevado a cabo en legal forma, ya se trate de un procedimiento civil o criminal...".
De lo sostenido por el cimero tribunal federal, se infiere sin mayor esfuerzo que en los casos en donde surgen intereses contrapuestos, debe garantizarse a cada persona interviniente, allende su carácter y su condición, una indivual, efectiva y eficaz defensa técnica, sin que los intereses del conjunto de los coimputados o de otros coimputados tomados de manera aislada, puedan desfavrorecerla de alguna manera o agravar su situación en el proceso; ello con más razón cuando una parte es acusada y la otra presunta víctima. El ejercicio del derecho de defensa en juicio es multidemnsional y debe ser ejercido de manera que resguarde los intereses de cada persona que se encuentra interviniendo en el proceso, es decir que se aplica a todas y cada una de las partes y de los sujetos intervinientes en el proceso, sean los esenciales o los sujetos eventuales, siempre considerados de manera individual en sus derechos frente al resto de los intervinientes, teniendo especial consideración siempre un análisis interseccional de la propia condición, situación e identidad de la persona; lo que dota de contenido al concepto de "derecho a la tutela judicial efectiva".
(Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) Ello implica que no puede permitirse cualquier riesgo de influencia que pueda establecer sospecha en el ejercicio personal del derecho de defensa en juicio de las personas que son llamadas a intervenir en un proceso, que pudiera traducirse en una pérdida de derechos, o en un entorpecimiento en el reconocimiento de los mismos o en un agravamiento de la situación en el proceso...". Como cuestión preliminar, entiendo que debemos tener en cuenta la autoridad constitucional que radica la denuncia que origina la presente causa.
Como indique, y corresponde aquí precisarlo, el artículo 125 de la Constitución Provincial establece el órgano administrativo "Fiscalía de Estado", imponiéndole la competencia del "control de legalidad de los actos administrativos", y en especial, "la defensa del patrimonio provincial". (sic art. 125 C.P.)
En este orden, la ley 3438, orgánica de la Fiscalía de Estado, le otorga competencias que reglamentan el citado artículo 125 constitucional, en especial en los artículos 3, 4 y 6, y en lo que aquí importa, el artículo 5 de dicha norma lo faculta a requerir informes a cualquier autoridad administrativa sobre cualquier asunto que tramite en sede administrativa.
Textualmente establece dicha norma que: “A requerimiento del Fiscal de Estado, toda las oficinas de la Administración Pública Central u Organismos Autárquicos y descentralizados deberán suministrarle por la vía jerárquica correspondiente los antecedentes, datos o informes que solicite y remitirle los expedientes cuyo conocimiento considere conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones, debiendo darse cumplimiento al pedido dentro del término de cinco (5) días de formulado”.
Es decir que la denuncia realizada lo es de una autoridad constitucional con la facultad-deber de controlar la legalidad de los actos administrativos que son la derivación de los expedientes que le sirven de soportes.
Por ello, el Fiscal de Estado, conoce o al menos, tiene la facultad-deber de hacerlo, los trámites que son de su competencia y afectan y/o pudieran afectar, el patrimonio del Estado.
Ello le otorga a las afirmaciones realizadas a la denuncia, allende se corroboren o no los supuestos fácticos en los que se funda la hipótesis delictual, una seriedad que tiene vínculo directo con el órgano administrativo constitucional que desempeña, el cual no puede ser ignorado por los funcionarios y magistrados de este Poder Judicial.
A partir de allí, debemos tener en cuenta la información que aporta la denuncia, valorando las conductas indicadas como presuntamente delictivas, la subsunción de las mismas y el lugar donde se ha cometido el delito, y las personas intervinientes en el mismo, aún cuando existan solo sospechas sobre los sujetos sindicados.
Asimismo, además de tener en cuenta el plan concreto del hecho, el mismo debe ser analizado conforme la estricta información ingresada en la causa, bajo el principio de supremacía de la realidad, partiendo de la misma y circunscribiéndose a ella.
En los escritos de las partes, en éste y en otros casos, teniendo en cuenta su propia teoría del caso y su posición en el proceso, suelen analizarse e interpretarse los hechos a la luz de comparaciones y analogías con fallos de la justicia en otras causas y citas dogmáticas que tratan de ejemplificar criterios para solucionar casos en donde consideran que subsumiría el caso en que intervienen.
Si se realiza un análisis exhaustivo de cada cita jurisprudencial, allende los criterios que la mismas contengan para resolver una cuestión, que es lo verdaderamente relevante, pues la solución en si depende de cada caso, como del análisis contextual de la dogmática, nos persuadimos que los mismos tienden, lógicamente, el análisis sesgado de cada parte. Ahora bien, ello no es el criterio de razonabilidad que debe imperar en la decisión judicial que debe, por mandato constitucional-convencional y legal, acreditar con grado de certeza, la verdad del hecho y la culpabilidad de una persona.
En autos caratulados “HERRERA MARCOS MIGUEL Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto". Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional. Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdicciónal, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".-
Sobre esta estructura y andamiaje, partimos de la denuncia que individualiza los delitos establecidos en el art. 174 inc. 5 del C.P. que remite tanto a la estafa como a la administración fraudulenta.
Corresponde precisar ambas figuras delictivas a los fines de una cabal comprensión de los hechos denunciados, con el fin de evitar que se sigan produciendo, en autos, errores claros en la instrucción, que terminarán por contribuir a la anulación de las actuaciones, ello tanto por la personas denunciadas, como por el patrimonio estatal eventualmente perjudicado.
El proceso es el método para la construcción de una decisión judicial, pero esta decisión no puede estar guiada por otro criterio que no sea el de la Justicia. Nuestra Constitución Provincial en su artículo 1 establece que la Constitución Nacional y las Leyes nacionales son la ley suprema Provincial. Y en este orden, el preámbulo de la constitución nacional establece el principio de afianzar la justicia, como uno de los elementos centrales de un estado constitucional y convencional de derecho.
La decisión jurisdiccional debe ser una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso y que, va de suyo y por esta circunstancia, además, JUSTA, entendiendo este significante como principio hermenéutico y rector, como valor y como herramienta para la resolución de los casos, siendo ésta, en definitiva, la télesis que debe impregnar un acto jurisdiccional que respete, esencialmente, los principios de la lógica, la racionalidad y la razonabilidad.
Así, la jurisprudencia de nuestro Cimero Tribunal Federal ha señalado, respecto del valor justicia, que: “Las normas de procedimiento y sus reglamentaciones no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad de objetivo, regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia, en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio.” (Conforme Miserocchi, Alejandro vs. Sacreu S.C.A. /// CSJN; 06/12/2005; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; M.1215.XXXIX; RC J 110443/09); y que: “La función del órgano judicial, lejos de ser meramente reproductiva, debe orientarse a formular una interpretación creativa de la norma tendiente a asegurar el valor justicia.
(Conforme Wilner, Eduardo Mario vs. Osswald, María Gabriela /// CSJN; 14/06/1995; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; W.12.XXXI; RC J 109247/09); y además que: “La Corte Suprema debe ponderar cuidadosamente los principios constitucionales a fin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de una norma aislada de su contexto conduzca a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo cual iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.” (Conforme Rocca Clement, Marcelo s.
Asociación ilícita - En concurso real - Causa N° 88394/2000 /// CSJN; 30/09/2003; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; R.629.XXXVII; RC J 102957/09); y que: “El mandato constitucional concerniente a "afianzar la justicia", tiene una connotación que debe ser entendida en el sentido más amplio del valor justicia, es decir, como comprensivo de la justicia conmutativa, distributiva y aun social, así como de consecuencias lógicas de lo anterior, tales como la garantía de la creación de un órgano judicial imparcial e independiente, que se ocupe de administrar justicia y de la facultad irrestricta de los individuos de recurrir a ella en base a un plexo normativo que le brinde suficiente apoyatura.” (Conforme Ingeniero Héctor Francisco Carrera S.A. vs.
Terrenos Golf San Martín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título de dueño /// CSJN; 11/04/2000; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; I 180 XXXV; RC J 102198/09); y finalmente que: “Forma parte de la misión de la CSJN evitar que, por la aplicación mecánica e indiscriminada de la normas, se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto. Lo contrario iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.
(Del voto de los Dres. Maqueda y Zaffaroni.)” (Conforme Itzcovich, Mabel vs. ANSES s. Reajustes varios /// CSJN; 29/03/2005; Rubinzal Online; I.349.XXXIX; RC J 1457/05).-
De la finalidad de la intervención estatal, a través del poder-función jurisdiccional, de afianzar y materializar el acceso a la decisión judicial JUSTA, surge, claramente, la imposibilidad de motivar cualquier acto en dogmatismos o conceptos jurídicos indeterminados, sin establecer el alcance interpretativo y en normas constitucionalesconvencionales, legales y reglamentarias, sin explicar cómo los hechos, subsumen en las mismas.
Cuando la ley resulta clara y los hechos subsumen en la misma, pues entonces la función jurisdiccional debe limitarse a aplicarla y cumplirla.
En base a ello, la denuncia no solo involucra a las personas responsables de la fundación, sino y además a personas que fueron y que en la actualidad son, al menos hasta el momento de la formalización de la denuncia, funcionarios públicos tratándose de obligaciones entre ambas partes de tracto sucesivo y sujetas a rendición de cuentas.
Es en este derrotero, que debe expresarse cuáles son los requisitos de las figuras delictivas en las cuales podrían subsumir las conductas denunciadas para establecer donde es el lugar en el cual se cometieron los hechos.
En primer término, cabe señalar que la subsunción típica que realiza el denunciante, lo es en base al artículo 174 inc. 5) del C.P. que se refiere al que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública, lo que implica que el significante “fraude” no se limita solo al delito de administración fraudulenta, sino que impacta a cualquier estafa o defraudación de las tipificadas en los artículos anteriores.
Sobre el particular, se ha sostenido que: "El artículo 174, inciso 5° dice: "El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública". El último inciso de este artículo agrava cualquier tipo de defraudación por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. La agravante del inciso no tiene como fundamento la calidad del sujeto activo, ni tampoco el sujeto pasivo del delito, sino el ofendido, es decir, en razón de la titularidad del bien jurídico del objeto del delito… El tipo exige que el agente cometa un fraude: aquí, el fraude engloba indistintamente una defraudación, ya sea por estafa el artículo 172 y las existentes en el artículo 173, o alguna otra forma de abuso de situación o abuso de confianza del artículo 173. La acción deberá contener los elementos típicos correspondientes a la defraudación de que se trate, aplicándose la agravante cuando el ofendido resulte ser la administración pública… Sin embargo el tipo exige el perjuicio. Para hablar de fraude en perjuicio de la administración pública, el bien objeto de la defraudación debe pertenecer a la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal… El elemento objetivo del tipo es el perjuicio efectivo, real, causado por el acto defraudatorio. Se trata de un delito de resultado, por lo tanto no admite el perjuicio potencial… El delito se configura cuando se produce perjuicio patrimonial a la administración pública. Ello importa una lesión a la propiedad de algún organismo considerado como persona de Derecho Público…"
(Conforme Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II - B, Segunda Edición Actualizada, Edgardo Alberto Donna, Rubinzal - Culzoni, año 2008, págs. 625, 627 a 630).- En este piso, la denuncia se endereza hacia una administración fraudulenta, pero lo cierto es que, con la información con que se cuenta, tampoco podría descartarse una estafa.
Sobre ésta última figura delictiva, en los autos caratulados “CHOIMAN, JAVIER EMILIANO S/ Denuncia Estafa” Expte. Nº 31746/21-C, N° de Recursos 6384/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Liminarmente, y para analizar el presente caso, la dogmática penal aporta las siguientes herramientas conceptuales para poder establecer, no de modo general, sino en cada caso en particular, si podemos afirmar que una determinada acción puede ser subsumida en el delito de estafa (art. 172 del C.P.) herramientas que se proyectan sobre los tipos especiales de defraudación establecidos en los siguientes artículos del C.P. Estos conceptos, allende las particularidades de cada autor, son coincidentes en general, en señalar que para considerar una conducta subsumible en este tipo penal, los mismos deben ser relevados y analizados conforme dichas pautas hermenéuticas. Respecto al delito de estafa, cabe señalar el alcance dogmático y jurisprudencial que se ha dado al mismo. El delito de estafa implica necesariamente el dolo directo de perjudicar patrimonialmente a una persona a través de la utilización de un ardid que sea suficientemente creíble como para provocar un engaño y hacer incurrir al sujeto pasivo en error. En este sentido se ha entendido que los elementos del tipo objetivo sistemático del delito de estafa son los siguientes: "El concepto de la estafa se estructura, pues, con un ataque a la propiedad, consistente en una disposición de caracter patrimonial perjudicial, viciada en su motivación por el error que provoca el ardid o el engaño del sujeto activo, que persigue el logro de un beneficio indebido para sí o para un tercero... El primer elemento de la definición es el perjuicio, que resulta de un ataque real al derecho de propiedad.... En otras palabras, relación causal entre el ardid y el error que decide la disposición patrimonial."
(Conforme Tratado de Derecho Penal, Parte Especial Tomo III, pág. 17 de Carlos Fontán Balestra y Guillermo a.C. Ledesma, La Ley edición Actualizada y Ampliada del año 2013). Se ha fallado, además, que: "…no toda lesión al bien jurídico "Propiedad"
configura la afectación típica requerida... el patrimonio no es un elemento abstracto, sino un atributo de la personalidad, como tal no debe juzgarse en forma aislada, sino en relación con su titular. Lo que para uno es una afectación nimia e insignificante, para otro puede ser una afectación trascedente. Por ello el análisis de la afectación al bien jurídico no puede hacerse en forma abstracta o meramente formal. Desde el punto de vista de la teoría del delito, la afectación del bien jurídico cumple una función limitante de la tipicidad, no integrándola, de modo tal que una lesión insignificante, resultaría, por ende atípica al no revestir entidad suficiente para demandar la intervención del estado.
En este punto debemos necesariamente recordar el carácter de ultima ratio del derecho penal…". (Conforme Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Sala VI, Causa Nro. 28.348, "Gomez, Justo C." 2006/03/15, Lexis Nro. 10001586). Por su parte, se ha expresado, en términos generales, “…que puede afirmarse que los elementos característicos de la defraudación son: el engaño, el error que provoca la disposición patrimonial, a lo que se agrega también el perjuicio en la propiedad o el patrimonio...Como acertadamente señala Donna, los elementos distintivos de la estafa deben darse en ese orden y vincularse por una relación de causalidad, o si se prefiere, de imputación objetiva, de modo tal que sea el fraude desplegado por el sujeto activo el que haya generado error en la víctima y ésta, en base a dicho error, realice una disposición patrimonial perjudicial para su propiedad...La jurisprudencia ha sostenido que "la estafa genérica o bien las distintas defraudaciones contempladas en la ley sustantiva requieren básicamente como elementos constitutivos, un fraude o abuso de confianza para inducir a error al sujeto pasivo como consecuencia de este yerro, una disposición patrimonial que lo perjudique y por último, un desplazamiento de esta porción o totalidad del patrimonio a favor del agente o bien de un tercero, para lograr de este modo un provecho ilegítimo.
Debe aclararse, sin embargo, que si bien el autor persigue normalmente un beneficio o provecho económico, este último no es un elemento integrante del tipo penal analizado y por ende es indiferente que logre su objetivo. Es por ello que autores como Antón Oneca definen a la estafa como la conducta engañosa con ánimo de lucro, propio o ajeno que, determinando un error en una o varias personas, las induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual sufre un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero. El engaño constituye, en realidad, la característica de la estafa, le da fisonomía propia al delito y lo distingue de las demás formas de agresión al derecho patrimonial. El ardid o engaño también puede producirse mediante una maniobra de ocultación, como en el supuesto de quien oculta al vendedor el monto real de una hipoteca que pesaba sobre un bien inmueble que por acto notarial se transfería, ya que el silencio puede ser el ardid suficiente cuando existe obligación de decir la verdad en tanto existe una posición de garante por parte del vendedor del bien, y en tal caso, el silencio es motivo del error sobre la víctima.
El segundo elemento constitutivo de la estafa es el error. La figura de la estafa es subjetivamente compleja, porque no solamente requiere un elemento psíquico subjetivo ínsito en el ardid, sino además un elemento psíquico objetivo consistente en el error del cual es víctima una persona dotada del poder de tomar una disposición patrimonial viciada. El error representa el resultado del ardid o conducta engañosa y se convierte en causa de la disposición patrimonial. Sin error, no hay estafa, así como no la hay sin ardid...El tercer y último elemento constitutivo de la estafa es el perjuicio patrimonial que sufre la víctima. A él ya hemos referido sucintamente en un acápite anterior, pero de todas maneras es fundamental profundizar su concepto...La estafa requiere la causación de un perjuicio, y que sea real y efectivo.
La necesidad de un perjuicio patrimonial efectivo ha sido requerida por distintos tribunales del país. Sobre esa base se ha reconocido la ausencia de delito por inexistencia de perjuicio…”. (Conf. CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO. PARTE PROCESAL.
Alejandro Tazza. Tomo II. Arts. 162 a 225. Rubinzal- Culzoni. Editores. Págs. 112/113/115/116/118).- Por su parte, el Dr. Edgardo Alberto Donna, en su Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, T. II B, pág. 372 y ss., señala que: “Para determinar la idoneidad del ardid se debe utilizar un criterio objetivo-subjetivo. A) Objetivamente será preciso que el medio engañoso empleado sea adecuado para hacer incurrir en error a una persona normal o media, teniendo en cuenta las reglas y costumbres atinentes al tráfico o actividad en cuestión. Rige aquí lo explicado respecto del sentido social del engaño. Se supone un punto de partida objetivo, de idoneidad general que luego será corregido tomando a la situación particular del caso y de la víctima. B) subjetivamente, se debe atender especialmente a las circunstancias particulares del sujeto pasivo. Como señala Valle Muñiz, el juicio de adecuación normativo sobre la conducta (previsibilidad objetiva) tendrá que tener en cuenta las reales y concretas circunstancias del engañado. Es decir “entran en juego, ya las condiciones personales del sujeto, que por su incultura, situación, edad, o déficit intelectual, es más sugestionable o aparece más indefenso frente a los engaños más burdos, y a las relaciones entre la víctima y ofensor que despiertan una confianza de aquél en éste y que determinan una relajación del cuidado habitual. Obviamente este elemento hace que sea imposible establecer un criterio general, válido para todos los casos, en lo que respecta a los requisitos de idoneidad del ardid, pues siempre habrá que tener en cuenta la situación del engañado.”.- En la misma obra citada en el párrafo anterior, el mismo autor señala en la página 374 que: “La negligencia del sujeto engañado también cobra importancia en lo que hace al análisis de la relación que debe existir entre el fraude y el error…Si el error no es consecuencia precisa del ardid o engaño, sino de la propia negligencia de la víctima, no se habrán cumplido los requisitos exigidos por el tipo penal… No habrá estafa, por tanto, por falta de engaño suficiente, aunque se haya producido un error y, como consecuencia, un perjuicio patrimonial si, con una diligencia adecuada con las circunstancias, el sujeto pasivo hubiera podido descubrir el ardid y poner al descubierto la acción engañosa…”.- Sobre este andamiaje dogmático corresponde abordar el análisis del presente caso".-
Ateniéndonos a la subsunción realizada por el Sr. Fiscal de Estado, respecto del delito de administración fraudulenta, se ha indicado que: "La esencia de este delito es el doloso perjuicio de un patrimonio ajeno, causado desde adentre de éste, ya que es llevado a cabo desde una posición legal de poder, mediante la utilización, de una manera infiel, de la protección que se tenía de esos bienes, que lleva a causar perjuicio a su titular… En cambio en el delito de administración fraudulenta, el ataque no proviene de un sujeto colocado desde fuera del patrimonio de la víctima, sino que por el contrario, se encuentra, por decirlo de alguna manera "dentro de las relaciones de confianza que cuidan al patrimonio".
Ahora bien, los elementos centrales del tipo penal de infidelidad o deslealtad son el dominio o dirección del patrimonio ajeno, y la desconsideración en el ejercicio o desempeño de este poder, frente al patrimonio ajeno. En esta estructura, son el abuso y la fidelidad especies de aquel dominio o dirección del patrimonio… La diferencia entre ambos tipos penales consiste en las distintas especies de la posición de dominio. En el tipo de abuso se ajusta la posición de dominio sobre la percepción, la observación de la relación con terceros, y de ese fundamento se habla en el Derecho Civil de una relación externo en el sentido de una relación con terceros. En el tipo penal de infidelidad es relevante esta diferencia del Derecho Civil, porque se trata en el tipo penal de abuso del ejercicio de una posición jurídica de dominio… Se trata de un delito contra la propiedad a través del mal uso o abuso de una persona, del lugar que tenía como custodio del patrimonio ajeno, y en el cual debía la fidelidad al titular de los bienes.
En el tipo de infidelidad, la lesión es contra de la relación interna existente, del deber de cuidar la propiedad. El tipo de infidelidad encierra un peligro en sí, ya que previamente hay una lesión del deber de cuidado de la propiedad. Sin embargo la interpretación debe ser restrictiva, para no sancionar la pura ruptura del contrato… se trata de una infidelidad, que a través de un actuar doloso causa un daño en bienes ajenos. Esto implica un abuso de la posición que se tiene, o una deslealtad, a través de un deber que se tenía para con los bienes ajenos… La doctrina ha entiendo que el concepto de "administración" es más amplio que el de "manejo", por lo que este último se reservaría al desenvolvimiento de una o varias gestiones o asuntos determinados… Esta hipótesis es la más amplia de las tres relaciones e implica el gobierno del patrimonio ajeno, con la potestad de actuar.
Según las reglas que rijan la relación existente entre administrador y administrado, la conducta del autor podrá exceder o no las facultades otorgadas por la ley, la autoridad o el acto jurídico. Como ejemplo pueden citarse el padre que tiene asignada por la ley de administración del patrimonio de sus hijos; la administración del deudor sometido a juicio concursal asignada al síndico que designe el juez, etcétera… El abuso presupone siempre que se tenga facultad de uso; en este caso, la facultad de obligar al administrador. Obliga abusivamente quien compromete los intereses a él confiados más allá de sus posibilidades económicofinancieras. Consiste en que el autor, violando sus deberes, disponga patrimonialmente u obligue, con exceso, al titular de los intereses patrimoniales que se le han confiado, mediante un acto jurídico, o negocio jurídico, venta, locación.
A esta forma defraudatoria, se llega cuando quien, teniendo a cargo la administración o manejo de bienes o intereses pecuniarios y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido, o para causar daño, y violando los deberes, obliga abusivamente al titular… El tipo de quebrantamiento de fidelidad presupone una lesión al deber, que posee el sujeto activo, consiste en cuidar intereses patrimoniales ajenos. Este tipo penal se basa en la concesión dada a un tercero para la administración de un patrimonio ajeno, situación que crea una especial relación de confianza que confiere al autor importantes y peligrosas posibilidades para lesionar el patrimonio confiado, y romper con ello las llamadas relaciones internas entre mandante u mandatario… Entre los quebrantamientos de la fidelidad se encuentra: a) El abandono; b) destrucción-mutilación; c) forma irregular de actuar; d) inversiones dolosas mal realizadas; e) usar el derecho de forma distinta a la mandada… Se trata de un delito doloso, requiriéndose que el sujeto activo conozca los elementos típicos de cada una de las dos modalidades.
En este sentido, la infidelidad exige el conocimiento de que se viola el deber de cuidado del patrimonio ajeno, y se perjudican los intereses que le fueron confiados. En el abuso, se requiere que el autor conozca que excede las facultades de su actuar respecto del patrimonio ajeno, perjudicando así a su titular… En principio, y esto parece fuera de toda duda, al ser un delito que está dentro de las defraudaciones, se consuma con el perjuicio causado, más aún si éste es efectivo… En los casos en que procede la rendición de cuentas, el perjuicio no se produce cuando el administrador se niega a rendir cuentas, o las rende falsamente, sino cuando efectivamente se produjo el perjuicio. La jurisprudencia ha entendido que "La omisión del imputado de rendir cuentas y desviar para su interés las ganancias ajenas percibidas conforme estaba obligado dentro del marco contractual configura una administración fraudulenta".
Así mismo: "En el delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7°, del código Penal se tiene en mira la totalidad de la gestión del mandatario en el manejo de un patrimonio, por lo que el perjuicio surge de la liquidación de la gestión, cuyo exactos términos son alterados; esa conducta no puede confundirse con los concretos y determinados fraudes del mandatarios, aunque ellos se dirijan sobre el patrimonio del administrado, pues de lo contrario se llegaría al absurdo de considerar cada maniobra, a pesar de la individualidad, importaría siempre el delito de administración fraudulente mencionado" (Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II - B, Segunda Edición Actualizada, Edgardo Alberto Donna, Rubinzal - Culzoni, año 2008, págs. 469,471 a 473, 478, 480, 481, 484, 486, 487).
La denuncia sostiene una serie de irregularidades administrativas que surgen entre lo constatado personalmente por los funcionarios públicos que concurrieron a la sede de la fundación y el convenio firmado entre las partes que posibilita el envío de los fondos públicos.
El Sr. Fiscal de Estado, a través del método mayéutico, se formula diferentes interrogantes frente al elemental confronte entre las obligaciones de derecho administrativo que surgen del convenio y la efectivización de las mismas por parte de la Fundación.
En base a ello, define la denuncia señalando que las irregularidades administrativo-contables señaladas e invocadas por él, en base y con fundamento a la documentación pública que obra en los expedientes que sirvieron de sustrato a los convenios celebrados entre ambas partes, no son más que actos que tienden a encubrir una administración fraudulenta y/o estafa en perjuicio de la administración pública, estableciendo sospechas de autoría sobre las personas responsables de la Fundación y sobre funcionarios públicos encargados del envío de los fondos públicos, pues las rendiciones de cuenta, en este convenio de tracto sucesivo, no serían fiel reflejo de la realidad.
Este es el plan concreto del hecho, que implica, en prieta síntesis, que personas responsables de la Fundación y funcionarios públicos encargados de la recepción de la rendición de cuentas, envío de dinero público, habrían justificado la utilización de los fondos que estaban previstos para una labor mucho mayor de la que en realidad se llevó a cabo, apropiándose de la diferencia monetaria existente, precisando como fecha de finalización de las conductas a partir de la formalización de la denuncia, producto de la inspección realizada. Corresponde poner de manifiesto, sin que ello implique valoración alguna y solo destinado a contextualizar correctamente la denuncia formulada, que desde que el denunciante se presentó ante los estrados judiciales, transcurrió un lapso temporal importante desde que asumió sus funciones.
Lo segundo que debe tenerse en cuenta que la denuncia se formula a raíz de una visita a la sede de la Fundación en el marco de una actuación judicial del fuero de familia, a partir de lo cual surgen los motivos de la misma.
Ello indica que durante el tiempo señalado, no se advirtió desde el órgano constitucional denunciante, (conforme las claras facultades que le otorga el art. 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado, supra citado, competencia que se integra, además, y como decía el maestro Juan Francisco Linares, con lo expreso de la norma y con lo implícito en lo expreso, y que conlleva y comprende, claramente, la facultad de inspeccionar, propia de su función) ningún tipo de maniobra delictiva. Es en este sentido que, si existieron las maniobras delictivas, las mismas, como lo denuncia el Sr. Fiscal de Estado, pudieron contar con la participación de funcionarios encargados de girar los recursos para el cumplimiento del fin público a través de la Fundación, por lo que la sospecha se extiende a las personas que hasta el momento de la denuncia, hubieran tenido competencia funcional en este aspecto, como bien lo deja ver el denunciante, pues, y entiendo que es lo que corresponde, ingresa directamente sospechas sobre toda la ejecución del convenio hasta la actualidad, es decir, hasta la formalización de la denuncia.
En este sentido, podemos señalar que existe un vínculo jurídico establecido por el convenio firmado entre las personas denunciadas de la fundación y el Estado, pues éste, a través de aquella, realiza sus objetivos que tienen por finalidad la ayuda, asistencia y mantenimiento de un lugar para tratar a niñas, niños y adolescentes, que se encuentran sea por cuestiones de índole familiar, o personales, en situación de vulnerabilidad.
Para el cumplimiento de estos fines, el Estado ha girado dinero a través de la Fundación para que ésta materialice los mismos, acordados previamente. Claramente hay una administración y disposición de estos recursos por parte de la Fundación, los que tienen una especificidad otorgada en las pautas establecidas en el convenio, que surgen expresa e implícitamente del mismo, y que no son otras que el cumplimiento del fin público social que debe realizar el Estado a través de ésta, asumiendo la Fundación la obligación de materializar dichos fines y de rendir cuentas de lo realizado.
Lo que se cuestiona es el manejo y administración de los mismos, que son requisitos típicos de la administración fraudulenta, pero este manejo y la administración de los recursos debe ser infiel o abusiva. Para que haya sido así, tratándose de un vínculo jurídico (convenio) mediado por las normas del derecho administrativo, el denunciante señala que las maniobras que supuestamente se habrían cometido en el manejo o administración infiel y/o abusiva, se habrían dado en distintos lugares, pero que, pudieron participar funcionarios públicos para que las mismas se hayan podido consumar.
Ello así, reitero, pues de lo contrario se hubiese advertido de las propias actuaciones administrativas o de las inspecciones que se hubieran realizado.
Es decir que, se trate de administración o manejo, y sean éstos, infiel o abusivo, o de una simple estafa mediante la cual las maniobras de ardid provocaron un engaño que llevó a incurrir en error a la víctima (estado Provincial, agredido en su patrimonio) necesitó de la concurrencia, además, de los funcionarios públicos. El Sr. Fiscal de Estado, al sindicar sospechas sobre los funcionarios públicos encargados de la administración del dinero que se giraba a la fundación, y sostener que los mismos fueron responsables y realizaron un aporte al plan criminal, para poder consumar el hecho, nos habla que tanto sean los manejos o la administración abusiva o infiel, como el ardid necesario para la estafa del art. 172, debió contar, para su consumación con su concurrencia. Es en este piso de marcha, que corresponde señalar que estábamos, como señale ante un convenio de “ejecución continuada” o “tracto sucesivo” en donde había obligación de rendir cuentas.
En este caso, sea, reitero, el supuesto de estafa o de administración fraudulenta, no se consuma el hecho solo con la supuesta disposición que altera el destino para beneficiarse a sí mismo o a otra persona, sino cuando la propia administración recibe la rendición y la aprueba contando con la concurrencia delictiva de los funcionarios.
Ello es el único supuesto posible a tenor de lo denunciado por la Fiscalía de Estado, y lo que marca también es que el tipo de maniobra no habría podido disimularse o encubrirse si no hubiera existido el plan criminal compartido con los funcionarios públicos. Abona ello que para advertir la supuesta maniobra delictiva denunciada, los funcionarios debieron concurrir a la sede de la Fundación, no habiendo advertido hasta ese momento, irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos-contables, que sirvieron de sustento a la ejecución del convenio.
Ello así, pues como expresé supra, el Fiscal de Estado, reitero, tiene facultades para requerir las actuaciones conforme el artículo 5 de la ley orgánica, y si formaliza la denuncia en estos términos a partir de una constatación en una de las sedes de la Fundación, lo es porque la documentación, allende las irregularidades administrativas que se denuncian, no hacía presumir, en principio, el ocultamiento con éstas irregularidades de alguna maniobra delictiva, ello en base al tiempo y la forma en que se denuncian los hechos y que llegan a los estrados judiciales.
Es entonces, claramente, conforme el plan concreto del hecho que, sea que se trate de una estafa o de una administración fraudulenta, pudieron tener intervención no solo las personas sospechadas de la Fundación sino y además, los funcionarios públicos intervinientes, como bien lo señala el denunciante.
En este sentido, no existen ningún tipo de dudas en donde se cometió el delito, pues allende el lugar de algunas de las maniobras realizadas de las cuales, aún, no se conocen los detalles (verbigracia el desvió de los fondos para fines no contemplados en el convenio y que hubieren tenido la télesis típica, lo que será motivo de investigación), lo cierto es que el mismo se cometió con la participación de funcionarios públicos provinciales con asiento en la ciudad capital (artículo 2 de la Constitución Provincial) y sede de la administración pública provincial (art. 117 de la Constitución Provincial) -Río Gallegos-.
Por ello cabe concluir que corresponde declarar la competencia en razón del territorio a favor del Juzgado de Instrucción en turno de Río Gallegos.
V.-Finalmente, respecto de lo manifestado por la parte querellante, entiendo, juntamente con lo resuelto por el Sr. Juez de Instrucción, que la motivación brindada en el líbelo recursivo, mínimamente, cumplió con el requisito establecido en el art. 421 del CPP.
En este sentido, el art. 421 textualmente establece que: “Los recursos deberán ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan, con específica indicación de los motivos en que se basan. La motivación se limitará a la enunciación de los puntos concretos que agravien al recurrente, sin ingresar a la fundamentación de los mismos.”
Sobre el particular, en los autos “SCANDIZZO, MAURICIO S/ DENUNCIA ESTAFA” Expte. Nº 14.447/19, N° de Recursos 6480/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "Por lo que la defensa confunde una causal de atipicidad objetiva conglobante con la irregularidad de un acto procesal que lleva acarreada la sanción de nulidad, lo que son dos institutos jurídicos diferentes, pues uno hace al análisis estratificado de la teoría del delito, y el otro se centra, básicamente, en la forma de producción de los actos procesales en el dintorno del sistema de enjuiciamiento penal. En este orden de ideas, y sin perjuicio que con lo señalado bastaría para su rechazo, corresponde, a fin de garantizar plenamente el ejercicio efectivo de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N.) encarrilar y encaminar el agravio, procediendo a su tratamiento, a los fines de agotar la máxima capacidad revisora que conlleva el derecho al recurso, establecido en la doctrina de la Corte Suprema en el precedente "Casal", que implica, que se deba revisar todo lo que surge de manera expresa e implícita de lo expreso en el agravio, y de lo que se desprende e infiere del mismo, aunque se hubiere artículado de manera errónea, o poco clara, no pudiendo esta alzada, como límite, excederse y analizar lo que no ha sido planteado por la parte."
Asimismo, y en este sentido, en los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS:
IRIGOYEN LEONEL ADRIEL S/ Homicidio R/víctima” Expte. Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "III.-3.-Por su parte, el derecho al recurso se entronca directamente con la garantía constitucional de la defensa en juicio, y surge además, de los derechos implícitos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33 de la C.N.) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos fallos, ha reconocido derechos implícitos en base al artículo 33 de nuestra carta magna. Respecto del derecho a la salud, como responsabilidad primordial del Estado, lo señaló en el caso “CAMPODONICO DE BEVIACQUA, ANA CARINA C/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL”, FALLOS: 323:3229; derecho a la dignidad humana en el caso “SEJEAN C. ZACKS DE SEJEAN”
FALLOS: 308:2268; derecho a la verdad en el caso “GANORA, MARIO Y OTRA S/ HABEAS CORPUS”
FALLOS 322:2139, derecho de reunión en el caso “COMITÉ RADICAL ACCION C/ JEFE DE POLICÍA DE LA CAPITAL” FALLOS: 156:81 del año 1929.
Asimismo, el derecho al recurso surge literalmente del artículo 8°, inciso 2°, apartado h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece: “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 14 inc. 5) establece una norma similar, otorgando la posibilidad de revisar el fallo condenatorio ante un tribunal superior. Es decir que el derecho al recurso, que es un derecho de rango constitucional, pues surge del artículo 33 de la C.N. como un derecho implícito, es además un derecho humano contemplado en la convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La doctrina internacionalista ha hecho una distinción en el análisis de los derechos humanos, partiendo de que su afectación sea realizada por Estados y sus agentes que, en sentido general, actúan al margen de la “ley”, y de Estados que actúan dentro del sistema de derecho. Ello además fue sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, sentencia del 11-05- 2007. En la pág. 197, del Tomo I de la obra DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE NATALIA BARBERO, EDITORIAL RUBINZAL- CULZONI, señaló que: “Dijo la Corte IDH que los hechos del caso constituyeron tortura, lo que “implica la violación por parte del Estado al derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma… Y agregó que: Si bien los actos de tortura perpetrados contra el Señor Bueno Alves han quedado alcanzados por la protección … de la Convención Americana, ello no significa que deban ser calificados per se como delitos de lesa humanidad … debido a que tales actos no formaron parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Sin embargo, aun en este caso, es decir cuando el hecho constituye una violación de derechos humanos que no llega a encuadrar en un delito de lesa humanidad, de todos modos: el deber de investigar constituye una obligación imperativa que deriva del Derecho Internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole…”.- Es decir que el Derecho al Recurso es un derecho humano y los Estados deben respetarlo, garantizando la posibilidad que cualquier parte que esté inmersa en un proceso judicial, puede ejercer el mismo, pues si bien su no observación no implica un incumplimiento calificable como de lesa humanidad, lo cierto es que es una franca violación a un derecho humano, que hace a la garantía de defensa en juicio de las partes.
Sumado a ello, el recurso como derecho, ha sido reconocido por la doctrina procesal, entendiendo su inserción en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.), lo que lo hace, como dije, un derecho humano, y además como derecho constitucional implícito, según el art. 33 de la C.N. Así se ha sostenido por la dogmática procesal actual al entender que: "Llegado a este punto, se debe aclarar que nuestra constitución no formula expresamente el derecho al recurso, lo cual no significa que no ostentara existencia, por considerarse como derecho implícito (art. 33 de la C.N.) y "como derivado de los fines propios de nuestra carta magna, basta recordad que el Preámbulo brinda ciertas pautas orientadoras al respecto cuando expresa como finalidad "afianzar la justicia" y se repite nuevamente la idea en el propio artículo 5....
Así es, como el derecho al recurso pasó a ser, una garantía expresa y autónoma, correspondiente a los derechos civiles y políticos indicada como de primera generación, que se encuentra receptada en instrumentos internacionales que -en las condiciones de su vigencia- poseen jerarquía constitucional. Así, el recurso como garantía es la posibilidad de impugnar errores tanto de hecho como de derecho en una decisión judicial". (Conforme RECURSO DE APELACION FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA LABORAL Y PREVISIONAL, EDITORIAL LA LEY, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL POSRRAS Y JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, págs. 474/477) En los autos caratulados “INCIDENTE DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS: JUZGADO S/ INVESTIGA” Expte.75.753/21, N° de Recursos 6430/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "...La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Wald" Fallos 286:266, sostuvo que: "...La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere de obtener la imposición de una pena y quien se opone a ella...
La garantía constitucional de la defensa en juicio asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia previo juicio llevado a cabo en legal forma, ya se trate de un procedimiento civil o criminal...". De lo sostenido por el cimero tribunal federal, se infiere sin mayor esfuerzo que en los casos en donde surgen intereses contrapuestos, debe garantizarse a cada persona interviniente, allende su carácter y su condición, una individual, efectiva y eficaz defensa técnica, sin que los intereses del conjunto de los coimputados o de otros coimputados tomados de manera aislada, puedan desfavorecerla de alguna manera o agravar su situación en el proceso; ello con más razón cuando una parte es acusada y la otra presunta víctima.
El ejercicio del derecho de defensa en juicio es multidemnsional y debe ser ejercido de manera que resguarde los intereses de cada persona que se encuentra interviniendo en el proceso, es decir que se aplica a todas y cada una de las partes y de los sujetos intervinientes en el proceso, sean los esenciales o los sujetos eventuales, siempre considerados de manera individual en sus derechos frente al resto de los intervinientes, teniendo especial consideración siempre un análisis interseccional de la propia condición, situación e identidad de la persona; lo que dota de contenido al concepto de "derecho a la tutela judicial efectiva". (Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) Ello implica que no puede permitirse cualquier riesgo de influencia que pueda establecer sospecha en el ejercicio personal del derecho de defensa en juicio de las personas que son llamadas a intervenir en un proceso, que pudiera traducirse en una pérdida de derechos, o en un entorpecimiento en el reconocimiento de los mismos o en un agravamiento de la situación en el proceso...".- Concluyendo, el derecho al recurso, y la forma de analizar el mismo, cuando reúne las condiciones de interposición establecidas en las normas procesales, tanto en lo que respecta a los plazos como a la motivación, para que la Alzada pueda intervenir y analizar en cada caso concreto, los mismos, debe ser amplia, conforme la doctrina clara que dimana del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues se está haciendo efectivo la garantía de defensa en juicio y el derecho constitucional al recurso.
En esta etapa del proceso penal, rige el principio de la doble instancia, que puede operar tanto por vía de recurso de apelación ante este Juzgado de Recursos como por vía de Recurso de Casación ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia y que no requiere dos pronunciamientos en el mismo sentido, a diferencia del doble conforme. Aclarado ello, y referido a la doble instancia, pero que también se aplica al doble conforme, la capacidad de revisión de los Tribunales que intervienen en la decisión de los recursos articulados por las partes, siguiendo el precedente "Casal" es del análisis de todas y cada una de las cuestiones que articulan en sus agravios las partes y que surgen de lo expreso de dichos agravios y de lo implícito en lo expreso.
Esta amplitud en la revisión no implica dotar de poder oficioso al Tribunal de alzada, excepción realizada cuando se advierte una nulidad absoluta conforme lo normado en el segundo párrafo del artículo 160 del CPP. Es decir que el principio procesal que establece que el agravio es la medida del recurso, sigue vigente. Una cuestión es revisar todo lo que no se puede suplir por la inmediación de un proceso oral, que es la doctrina que claramente dimana de "Casal" y otra muy distinta es pretender una revisión total de las actuaciones sin que haya agravio mediante. Por supuesto, reitérase, que el derecho constitucional-convencional al recurso se ejerce conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, conforme lo señalado en el artículo 14 de la C.N., pero la reglamentación no puede impedir que el mismo sea ejercido, pues esto viola el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la C.N., que establece que los mismos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
En este sentido, todas y cada una de las normas procesales que establecen requisitos de interposición y plazos deben ser respetadas, pero una cosa es regular un derecho de carácter procedimental y constitucional, que se inscribe en el marco del juicio previo constitucional y que se basa en la preclusión procesal y en esta materia el principio dispositivo de los recursos, y otra muy distinta es negarle la posibilidad de ejercicio ex ante." Como surge claro de lo señalado, la motivación de los recursos debe permitir, sea por cuestiones “in procedendo” o “in iudicando”, un mínimo análisis, debiendo realizar el mayor esfuerzo posible la autoridad jurisdiccional, conforme el derecho al recurso y la doctrina “Casal”, para tratar el mismo, garantizando la defensa en juicio de la persona y evitando un exceso ritual, pues existe un formalismo moderado cuando se trata de personas acusadas de un delito.
Por todo lo expresado, corresponde rechazar los planteos esgrimidos por la parte querellante, en este aspecto.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-Revocar el auto apelado, declarando la incompetencia territorial territorial del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, disponiendo la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Río Gallegos, que por turno corresponda.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, adjuntándose al presente, los autos principales requeridos oportunamente.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia