Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 119870
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 119.870, "Olarán, Zulma Anahí y otra contra Pereyra, Nancy Noemí. Incidente de exclusión heredero" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria , Pettigiani.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la incidencia promovida por Zulma Anahí e Ivana Edith Olarán, determinando la exclusión de Nancy Noemí Pereyra de la declaratoria de herederos dictada en el expediente sucesorio (v. fs. 276/289 vta.).
Se interpuso, por los letrados apoderados de la incidentada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 295/302).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos, corrido traslado a las partes en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (v. fs. 352) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
I. Zulma Anahí e Ivana Edith Olarán iniciaron el presente incidente contra Nancy Noemí Pereyra -madre de las actoras y cónyuge del causante- a los fines de que esta última fuera excluida de la declaratoria de herederos dictada el 2 de julio de 2004 en los autos principales "Olarán, Mario Oscar. Sucesión Ab intestato" (v. demanda: fs. 32/41).
Fundaron su pretensión en el art. 3.575 del Código Civil, sosteniendo que sus padres se encontraban separados de hecho, sin voluntad de unirse, desde diciembre de 1999 hasta el fallecimiento de Mario Oscar Olarán, acaecido el 5 de enero de 2005 (v. fs. 34 y sigs.).
El magistrado de origen rechazó la incidencia promovida (v. fs. 223/226 vta.).
Para así decidir, sostuvo que había caducado el derecho en cabeza de las accionantes de obtener la pretendida modificación de la declaratoria de herederos, pues desde el inicio del sucesorio habían solicitado su inclusión -resolución que así lo dispuso- para luego, un año y cuatro meses después de su dictado, pretender su exclusión. Así las cosas, concluyó que habiendo consentido las actoras la declaratoria, había precluido para ellas el derecho a solicitar la exclusión hereditaria de su madre (v. fs. 225).
A mayor abundamiento, señaló que si bien el art. 3.575 del Código Civil enunciaba a la separación de hecho como causal de cese de la vocación hereditaria del cónyuge supérstite, esta circunstancia no era absoluta, sino que tenía alcance relativo (v. fs. 225 vta.).
En tal sentido, advirtió que, demostrada la calidad de heredera forzosa, la inclusión de la cónyuge supérstite resultaba válida e inmodificable, a menos que se acreditara la existencia de la separación y su culpabilidad, extremos no corroborados en la especie (v. fs. 225/226 vta.).
II. Apelado dicho pronunciamiento por Zulma Anahí e Ivana Edith Olarán, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul revocó la decisión y, en consecuencia, hizo lugar a la incidencia promovida, determinando la exclusión de Nancy Noemí Pereyra de la declaratoria de herederos (v. fs. 276/289 vta.).
III. Contra tal forma de decidir, se alza esta última mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual denuncia la violación del art. 3.575 del Código Civil y de la doctrina legal que cita. Asimismo, alega el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 295/302).
Aduce que el Tribunal de Alzada ha aplicado erróneamente la teoría de los propios actos, interpretando las conductas contradictorias de las incidentistas como favorables a la exclusión pretendida, ignorando el hecho de que fueron las propias solicitantes quienes consintieron la declaratoria de herederos oportunamente dictada (v. fs. 297/299 vta.).
Afirma que resulta arbitraria la interpretación de la ley a la que arriba la Cámara en tanto admite como causal de exclusión de la declaratoria de herederos a la eventual cesión de derechos hereditarios instrumentada en documento privado, hipótesis no contemplada en la norma (v. fs. 299 vta. y 300).
De otra parte, arguye que las incidentistas se encontraban imposibilitadas de impugnar la declaratoria de herederos habida cuenta de que habían intervenido en el proceso sucesorio, siendo alcanzadas por los efectos de la cosa juzgada material (v. fs. 300/301).
Finalmente, aduce que más allá de las diferentes posiciones doctrinarias existentes en torno al art. 3.575 del Código Civil, lo cierto es que las actoras no acreditaron la separación de hecho sin voluntad de unirse de los cónyuges y, menos aún, la culpabilidad de la cónyuge supérstite (v. fs. 301 y vta.).
IV. El recurso no prospera.
Antes de ingresar en el concreto examen de los agravios planteados, en atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), corresponde dejar sentado que, en el caso, tratándose de un incidente de exclusión de heredero en el marco de un juicio sucesorio, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado en la legislación vigente al momento de la muerte del causante (5-I-2004; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.1. Ahora bien, la Cámara comenzó por señalar que la doctrina que constituía el basamento jurídico de la sentencia apelada según la cual caducaba el derecho a impugnar la declaratoria de herederos por quienes en el curso de la sucesión reconocieron el derecho de determinadas personas a ser declaradas herederas sin promover oposición, no resultaba aplicable en el caso en atención a las especiales particularidades de la causa (v. fs. 281 y vta.).
En dicho trance, advirtió que, a la luz de la doctrina de los actos propios, efectuando una valoración integral de lo actuado por las partes en el juicio sucesorio e indagando la verdadera intención que las mismas tuvieron al concretar sus diferentes actos procesales, se arribaba a una solución diametralmente opuesta a la plasmada en la sentencia apelada (v. fs. 282 y vta.).
En base a tales premisas, analizó las actuaciones concretadas en el proceso sucesorio, destacando que:
La sucesión de Mario Oscar Olarán fue iniciada con fecha 25 de marzo de 2004 por quienes revestían el carácter de partes en el presente incidente, esto es, Zulma Anahí e Ivana Edith Olarán (hijas del causante), conjuntamente con la aquí incidentada Nancy Noemí Pereyra de Olarán (cónyuge del causante), dejando expresa constancia de que "desde diciembre de 1999 hasta el deceso del causante, ambos cónyuges estuvieron separados de hecho, sin voluntad de unirse, en forma ininterrumpida, no habiendo alcanzado a formalizar el trámite de divorcio vincular" (v. fs. 10 y vta., expte. sucesorio n° 33.234; fs. 282 vta. y 283).
Con anterioridad al dictado de la declaratoria de herederos (22-VI-2004), mediante instrumento privado con firma certificada, Nancy Noemí Pereyra de Olarán cedió y transfirió gratuitamente a favor de sus hijas Zulma Anahí Olarán e Ivana Edith Olarán la totalidad de los derechos y acciones hereditarios que le correspondían en los autos "Olarán, Mario Oscar. Sucesión ab intestato", habiéndose obligado a llevar esa cesión a escritura pública, en caso de ser necesario y a simple requerimiento (v. fs. 58/59, expte. cit.; fs. 283 y vta.).
Frente a este cuadro de situación, destacó que la manifestación volcada al inicio del juicio sucesorio relativa a la separación de hecho de los cónyuges (25-III-2004) debía relacionarse y armonizarse con la cesión de derechos y acciones hereditarios que otorgó la cónyuge supérstite poco tiempo después (22-VI-2004), todo lo cual revelaba la voluntad real de las partes consistente en excluir a la cónyuge de la herencia (v. fs. 284).
Por lo expuesto, concluyó que esta era la interpretación que correspondía dar a las actuaciones procesales referidas, pues de esta manera se lograba develar la intención común de las partes, trasuntada en las conductas inequívocas que las mismas habían puesto de manifiesto (v. fs. 284 vta.).
Despejada esta cuestión, se adentró en el examen de la hipótesis aprehendida por el art. 3.575 del Código Civil, esto es, el cese de la vocación hereditaria del cónyuge supérstite separado de hecho (v. fs. 285).
Sobre el punto explicó -sin dejar de reconocer que la cuestión distaba, en mucho, de ser pacífica- que la sentencia apelada había adoptado una postura que no se ajustaba a la doctrina legal de esta Corte que establecía que si el cónyuge supérstite que se encontraba separado de hecho del causante pretendía derechos en la sucesión del cónyuge fallecido, debía probar que fue inocente, que no dio causa, o al menos que fue su cónyuge el exclusivo responsable de la separación de hecho (conf. causa Ac. 49.701, "Masi", sent. de 9-XI-1993; v. fs. 287 y vta.).
A la luz de estas consideraciones -luego de examinar las constancias probatorias existentes en la causa- advirtió que se encontraba plenamente acreditada la separación de hecho sin voluntad de unirse desde el año 1999 hasta el fallecimiento del causante, sin haber acreditado la cónyuge supérstite su inocencia, razón por la cual estimó procedente la acción incoada (v. fs. 288 y vta.).
IV.2. Tales fundamentos no resultan conmovidos con los agravios desarrollados en la pieza recursiva bajo estudio (art. 279, CPCC).
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura básica del fallo al desprender el impugnante conclusiones distintas de las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y no teniendo en cuenta que, para estudiar el asunto desde otra perspectiva, debe indicar a esta Corte (y no a través de una mera discrepancia de criterio) por qué el encuadre es como él pretende y por qué promedia error en el modo en que el tribunal de la causa ha resuelto la controversia (conf. causas C. 117.341, "Mizrahi", sent. de 22-IV-2015; C. 121.445, "Guarella", sent. de 19-XII-2018; e.o.).
IV.2.a. En primer lugar, la recurrente manifiesta su disconformidad con lo resuelto por la Cámara argumentando que la sentencia aplicó erróneamente la teoría de los actos propios, pues las hijas del causante participaron en el proceso sucesorio y consintieron la declaratoria de herederos, motivo por el cual no podían pretender ahora su exclusión, sin ponerse en contradicción con sus comportamientos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (v. fs. 297/300).
Al respecto, cabe señalar que determinar si la señalada doctrina resulta aplicable al caso o no, constituye una cuestión de hecho ajena, en principio, a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes salvo, claro está, la existencia del vicio de absurdo (causas L. 106.708, sent. de 12-VI-2013; A. 72.157, sent. de 6-XI-2013 y A. 71.594, sent. de 9-IX-2015), extremo que no se aprecia configurado en autos.
El Tribunal de Alzada puntualizó los actos procesales desplegados en el expediente sucesorio -particularmente, el escrito de inicio y la cesión de derechos hereditarios instrumentada en documento privado- señalando que, analizados conjuntamente, permitían develar que la voluntad real de las partes había consistido -desde un principio- en excluir a la cónyuge supérstite de la herencia (v. fs. 283). Así concluyó que la conducta desplegada por Zulma Anahí e Ivana Edith Olarán, lejos de resultar contradictoria, aparecía como razonable y coherente con el resultado que aquí las incidentistas pretendían obtener (v. fs. 284).
Llegados a este punto, es necesario recordar que es requisito indispensable del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la adecuada fundamentación, es decir la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el impugnante se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, omitiendo refutar argumentos decisivos del fallo (conf. causas C. 99.620, "Carnevalli", sent. de 7-X-2009; C. 109.310, "Tascón", sent. de 15-IV-2015; entre muchas), tal como acontece en la especie.
La recurrente se limita a denunciar -sin efectuar un desarrollo posterior- que la sentencia otorga relevancia jurídica y eficacia a actos procesales que de por sí no lo tienen (v. fs. 300), insistiendo en el instituto de la cosa juzgada y la caducidad del derecho de las incidentistas para impugnar la declaratoria de herederos (v. fs. 300 vta. y 301); todo ello sin hacerse cargo de los pilares fundamentales sobre los cuales el fallo se asienta.
Asimismo, resulta inatendible la crítica vinculada con la supuesta admisión de la cesión de derechos hereditarios como causal de exclusión de la declaratoria de herederos (v. punto B, fs. 299 vta. y 300), pues de la mera lectura de la sentencia se advierte que tal no ha sido la conclusión a la que arribó el Tribunal de Alzada, circunstancia que evidencia una errónea y sesgada lectura del pronunciamiento por parte de la impugnante y obliga a descartar -sin más- esta parcela del recurso.
IV.2.b. Idéntica suerte adversa debe correr la denuncia de absurdo en la apreciación de la prueba, en tanto asevera que no ha sido probada la separación de hecho (v. fs. 301).
La Cámara -en función que en principio se le reconoce como privativa- ponderó que había quedado plenamente acreditada la separación de hecho acaecida entre los cónyuges, siendo inaudibles los argumentos defensivos esgrimidos por Nancy Noemí Pereyra. Al respecto destacó, como elemento gravitante, la manifestación conjunta efectuada en el inicio del proceso sucesorio donde la incidentada admitió que "desde diciembre de 1999 hasta el deceso del causante, en forma ininterrumpida, se encontró separada de hecho sin voluntad de unirse", circunstancia que se encontraba corroborada con la prueba de testigos aportada a la causa (v. fs. 288).
A ello agregó que habiendo quedado demostrada la separación de hecho que medió entre los cónyuges, cabía precisar que la incidentada no había probado que fue inocente, que dio causa, o al menos que fue su cónyuge el exclusivo responsable de la ruptura (v. fs. 288 vta.).
Recuerdo que esta Corte tiene dicho que resulta ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a oponer a la valoración de la prueba efectuada por el juzgador argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas del interesado, insuficientes para conducir en la instancia extraordinaria a la revisión de conclusiones derivadas de la apreciación de circunstancias de hecho y prueba (conf. causas C. 101.286, "Fernández", sent. de 2-III-2011; C. 116.975, "Yacopini", sent. de 4-III-2015; e.o.).
En el discurrir de su argumentación la impugnante no controvierte eficazmente la decisión adoptada por la Cámara con la mera alusión a la existencia de la escritura pública n° 516 de fecha 22 de agosto de 2003, en la cual comparecieron ambos esposos, denunciando que se encontraban domiciliados en calle Constitución 1.523 de la Ciudad de Tandil (v. fs. 301 vta.), pues tal manifestación de las partes (v. copia escritura: fs. 81, expte. principal) se ha visto luego seriamente controvertida por la declaración posterior efectuada por la incidentada en el juicio sucesorio y la prueba testimonial obrante a fs. 123, 124, 125, 199/200 y 201/203 vta., constancias todas ellas que -de manera unívoca y concordante- dan cuenta del cese de la convivencia conyugal.
En suma, a pesar de la denuncia efectuada no aprecio configurado el vicio de absurdo con las manifestaciones ensayadas por quien impugna (conf. art. 279, CPCC), toda vez que se entiende por tal el error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas C. 95.701, "Banco Crédito Provincial S.A.", sent. de 29-IV-2009; C. 105.169, "Cruz", sent. de 2-VII-2010; e.o.), extremo no evidenciado en autos.
IV.2.c. Finalmente, en lo que respecta a la alegada falta de acreditación de culpa en la separación (v. fs. 301), resta señalar que la recurrente se desentiende una vez más del fundamento central del fallo vinculado con la carga probatoria que -siguiendo los lineamientos vertidos por esta Corte en la causa Ac. 49.701, "Masi", sentencia de 9-XI-1993- sostuvo que quien pretendía derechos en la sucesión del cónyuge fallecido debía acreditar que no fue responsable de aquella situación (v. fs. 288 y vta.), tarea que no había sido cumplida con éxito por la incidentada y determinaba definitivamente el cese de su vocación hereditaria (conf. art. 3.575, Cód. Civ.).
V. Por las razones expuestas, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 343/348), no habiéndose demostrado las infracciones legales denunciadas ni el absurdo invocado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a los argumentos dados para rechazar el recurso por parte del colega que abre el acuerdo en los puntos IV.2. y IV.2.a. por resultar a mi criterio suficientes para decidir la presente cuestión.
II. Con ese alcance, doy mi voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2020 18:28:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2020 10:23:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:13:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2020 15:19:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2020 13:38:04 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia