Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129128 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica el decisorio apelado, estableciendo que en caso que la cuota que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires exceda el 30% del sueldo del señor Risso, la misma sea limitada de forma tal que no supere dicho porcentaje. Asimismo, se establece una caución juratoria como contracautela, la que deberá efectivizarse en la instancia de origen; se ordena que en primera instancia se lleve a cabo una medida para mejor proveer a efectos de establecer cuál es efectivamente el salario real que percibe el accionante y se confirma el decisorio atacado en todo lo demás que fue motivo de recurso y agravio. Las costas de Alzada se imponen al recurrente dada su esencial condición de vencido (conf. art. 68, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129128-1; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº17 - LA PLATA
RISSO MARIANO JOSE C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ INCIDENTE LEGAJO ART.250 DEL CPCC (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 11 de Mayo de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado por el letrado apoderado del Banco de la Provincia de Buenos Aires con fecha 17 de diciembre de 2020, contra la resolución del día 27 de octubre de 2020. El 29 de enero de 2021 se presentó el respectivo memorial de agravios, el que mereció réplica de la contraria con fecha 11 de febrero de 2021. Finalmente, el señor Adjunto del Fiscal de Cámaras presentó su dictamen con fecha 3 de mayo de 2021.
Liminarmente, cabe referirse al planteo introducido por la demandada al contestar agravios, quien refiere que el memorial de la contraria carece de una crítica concreta y razonada de las partes del fallo dictado por la juez de grado (v. esc. eléc. del 11/2/21).
Acorde establece el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC- “el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas", no bastando remitirse a presentaciones anteriores.
Así, teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso, se ha interpretado dicha norma con criterio restrictivo, favorable a la recurrente y en resguardo de su derecho de defensa (art. 260 del C.P.C.C..; Morello y otros "Códigos..." T. III, pág. 445 y sgtes.; esta Sala, causa 94813, sent. del 7-2-2002, RSD 5/2002; causa 115784, sent. del 29-08-13, RSD 135/2013; causa 124507, sent. del 21-2-19, RSD 27/19).
Sobre la base de lo precedentemente establecido y habiendo analizado el contenido del escrito fundante del recurso interpuesto, corresponde desestimar el planteo del accionante (conf. art. 260 CPCC).
3. A. El decisorio cuestionado hizo lugar a la medida solicitada -cautelar anticipada innovativa-, disponiendo que en caso de que la cuota del préstamo bancario exceda el 25% del sueldo de su titular, la misma sea limitada de forma tal que no supere dicho porcentaje. A su vez, refirió que la parte requirente contaba con 30 días hábiles desde que la medida cautelar quede firme para promover la acción principal, bajo apercibimiento de caducidad (v. decisorio del 27/10/20), siendo esta resolución la que viene cuestionada por la aquí demandada (v. escrito del 17/12/20).
B. Es agravio de la accionada la naturaleza de la medida dictada, toda vez que si bien fue ordenada bajo ropaje de cautelar, señala, viola los términos y obligaciones contraídas entre las partes en el contrato celebrado, teniendo naturaleza de definitiva en los hechos. Explica que, además, se resolvió de manera incompleta, ya que se limita la percepción de las cuotas sin indicar el destino del saldo -deudor o acreedor- en cada período y por el tiempo que dure la medida, dejándolo en estado de incertidumbre. Indica, asimismo, que al momento de solicitar el préstamo, en el mes de octubre de 2017, el ingreso computable del actor era de $43.196, en total, arrojando ya en ese momento el 30% la relación cuota/ingreso. Aclara que, independientemente del planteo cautelar, el actor solicitó la bonificación transitoria de cuotas, las cuales se hicieron operativas mediante el convenio suscripto, finalizando en el mes de febrero de 2020 (v. memorial del 29/1/21).
Señala, a su vez, que se debió dar traslado al Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Banco Central de la República Argentina y que no se cumplieron los recaudos previstos en la normativa procesal para su procedencia, a saber, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contracautela, dando sus fundamentos en torno a ello (v. memorial del 29/1/21).
Menciona que de los antecedentes laborales del actor obrantes en el Anses -Consulta Historia Laboral- surgen ingresos altamente superiores a los denunciados en el escrito inicial; que no se acreditó que no pudiera sostener el alimento o la salud del grupo familiar o que el impedimento alegado pudiera ser sostenible en el tiempo y que el actor no optó por lo dispuesto en la cláusula III.2.3 de la escritura hipotecaria, es decir, que el deudor tendría la posibilidad de optar por extender hasta un 25% el plazo originalmente previsto, cuando el importe de la cuota a pagar supere el 10% el valor de la cuota que resultaría de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por Coeficiente de Variación de Salarios desde su desembolso, lo que le hubiera permitido haber visto reducido los valores de las cuotas del préstamo (v. memorial del 29/1/21).
Indica que no existe perjuicio irreparable de la actora, toda vez que el valor de su inmueble aumentó exponencialmente; que la propiedad adquirida reviste carácter de segunda vivienda; que fue ofrecida en alquiler, por lo que obtiene un lucro por ello; que de la pretensión surge la existencia de un enriquecimiento ilícito y que la teoría de la imprevisión no resulta aplicable a este tipo de cláusulas, porque constituye una previsión que tuvo el contratante (v. memorial del 29/1/21).
Explica la obligatoriedad del Banco de la Provincia de Buenos Aires en lo que respecta a adecuar su operatoria a lo que disponga el BCRA, y considera que no se tuvo en cuenta que la Unidad de Valor Adquisitivo -UVA- no sólo constituye una Unidad de Valor para el otorgamiento de préstamos, sino que también es una unidad de ahorro, importando, al limitarse el porcentaje a percibir, una modificación a la forma de calcular la UVA. Finalmente, cita jurisprudencia que hace a su derecho (v. memorial del 29/1/21).
En la especie, deviene menester señalar que se encuentran configurados los presupuestos para canalizar la pretensión por la vía de la tutela anticipada (conf. esta Sala, causas 128040, sent. del 15/12/20, RSI390/20; 127577, sent. del 9/2/21, RSI 21/21).
Ello así, pues en el caso, el accionante requirió una medida cautelar contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se reliquiden las cuotas correspondientes al préstamo “U.V.A.” con garantía hipotecaria, ajustando el valor de aquéllas al 30% de sus ingresos o, subsidiariamente, a un monto que se estime razonable. Ello respecto de las cuotas que se devenguen en el futuro, hasta que se logre convencional o forzosamente la adecuación a derecho por parte de la demandada, indicando que tal medida se relacionaba con la acción que instaría oportunamente en contra del mecanismo de actualización del crédito hipotecario, y de otras cláusulas y prácticas abusivas que tornan imposible cumplir con las obligaciones (conf. esc. del 6/10/20, pág. MEV).
A efectos de que se haga lugar a dicho requerimiento el actor acompañó, en formato PDF, copia de su DNI; copia del contrato de mutuo e hipoteca; copia de recibos de haberes; copia del historial de préstamos; copia de la comunicación “A” 6884/2020 (v. documentación adjunta en esc. del 6/10/20, pág. MEV).
Ahora bien, acorde los elementos probatorios acompañados es que corresponde confirmar el decisorio apelado en cuanto limita la liquidación de las cuotas, modificándolo únicamente en cuanto al porcentaje allí establecido y determinando una caución juratoria como contracautela. Es que debe considerarse que el artículo 204 del CPCC faculta al juez a disponer una medida distinta a la solicitada o limitarla -teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger- para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, debiendo mediar un necesario equilibrio entre la garantía que merece una parte y el hecho de que la medida que se disponga no perjudique a la otra más de lo necesario (conf. arg. art. 204, CPCC).
Ello así, pues sin perjuicio de las distintas manifestaciones efectuadas por el quejoso a lo largo de su memorial de agravios, de la documentación acompañada por ambos contendientes, se aprecia que las partes celebraron un contrato de préstamo bancario con garantía hipotecaria, por el cual el demandado prestó al señor Risso la suma de $1.154.100 -equivalentes a 57.190 unidades de valor adquisitivo “UVA”- cuya cotización al 3 de octubre de 2017 era de $20,18 (v. doc. adj. en esc. eléc. del 6/10/20 y del 29/1/21, conf. pág. MEV).
De la documentación acompañada por el accionado surge que la cuota inicial aproximada a cobrar sería de $12.242 cuando, por otro lado, acorde surge del historial de pagos efectuado por el accionante, y al sólo efecto ejemplificativo, se aprecia que la cuota cobrada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 30 de abril de 2018 fue de $14.501,30, mientras que la del 31 de julio de 2020, fue de $35.165,53. Asimismo, se observa que la cuota que debería abonar el actor en el mes de diciembre de 2020 era de $40.325,31 (v. doc. adj. en esc. eléc del 6/10/20, y doc. adj. y esc. eléc. del 29/1/21, conf. pág. MEV).
De conformidad con ello, meritando que en el mes de julio de 2020 el señor Risso percibió el sueldo como empleado de Ricardo Di Croce, remuneración que pese a no existir coincidencia en cuanto al monto que surge del recibo de sueldo aportado por el actor y el denunciado por el accionado, acorde el historial laboral de Anses -$35.765,10 y $46.149,81 respectivamente-, se aprecia que a esa fecha la cuota a descontarse era de $35.165,53, es decir, el porcentaje de afectación de aquélla superaba ampliamente el 30% de los haberes del accionante, incluso si se considerase el monto de la cuota con el beneficio que menciona el quejoso, todo lo cual permite inferir, el consecuente daño inminente e irreparable. Y a mayor peligro en la demora, menor verosimilitud del derecho, la que sin perjuicio de ello y conforme los antecedentes reseñados, se encuentra demostrada en estas actuaciones, por lo que corresponde confirmar el decisorio apelado en este sentido (v. doc. adj. en esc. eléc del 6/10/20, y doc. adj. y esc. eléc. del 29/1/21, conf. pág. MEV).
No obstante ello, como se anticipó, este Tribunal considera prudente, al igual que se efectuó en casos similares (conf. esta Sala, causa 128040, sent. int. del 15/12/20, RSI 390/20; 127346, sent. int. del 18/3/21, RSI 93/21), y en virtud a la facultad dispuesta por el artículo 204 del CPCC, sin adelantar con ello opinión sobre el fondo del asunto, que el límite de la liquidación de las cuotas sea en un 30% del salario que habitualmente perciba el actor, modificando en este sentido el decisorio de grado. Incluso ello así fue solicitado por el accionante en su escrito de inicio (conf. arg. art. 204 CPCC; v. esc. eléc. del 6/10/20).
Por otro lado, cabe destacar que los agravios meramente hipotéticos y conjeturales devienen inatendibles. Mal puede el quejoso agraviarse de una situación futura e incierta como la planteada, en donde advierte que no se tuvo en cuenta qué pasaría si la tomadora del préstamo dejara de prestar servicios en relación de dependencia de manera definitiva. El andarivel de la apelación presupone un perjuicio actual por lo que la eventualidad del gravamen obsta a su procedencia (Juan C. Hitters, "Técnica de los Recursos Ordinarios", Librería editora Platense, pág. 349, 1988).
Tampoco pueden considerarse afectados los derechos y principios que señala el recurrente en su memorial de agravios, que se modificó lo pactado por las partes y que la medida tiene naturaleza de definitiva en los hechos, puesto que, como se indicó, las medidas anticipatorias poseen un carácter interinal, por lo que dan lugar al derecho de defensa y oposición de la contraria dentro del marco propio del proceso en que se pronuncie la sentencia de mérito que la decida definitivamente, pudiendo mantenerla, modificarla o revocarla.
Sin perjuicio de lo expuesto, las manifestaciones efectuadas por el recurrente, tales como que la actora no optó por lo dispuesto en la cláusula III.2.3 de la escritura hipotecaria, es decir, que el deudor tendría la posibilidad de optar por extender hasta un 25% el plazo originalmente previsto; que el valor del inmueble aumentó en la misma proporción que el valor de la cuota a abonar; que existe enriquecimiento ilícito por parte de la accionante; que en el caso se trata de una segunda vivienda de aquél, la cual fue ofrecida en alquiler; que la teoría de la imprevisión no resulta aplicable a este tipo de cláusulas y que la operatoria se ajustó a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina y las demás particularidades respecto de los créditos “UVA”, deberán ser planteadas en el proceso principal, en donde se dicte la sentencia de mérito, mientras que las referidas a que no se indicó el destino del saldo -deudor o acreedor- en cada período, deberá ser propuesto en la instancia de origen, siendo que la función de esta Alzada es revisora (conf. art. 272, CPCC).
Asimismo, cabe referenciar que el artículo 198 del CPCC establece, precisamente, que las medidas se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte, razón por la cual no deviene ajustado a derecho sostener que se debió dar traslado de la medida peticionada al Banco de la Provincia de Buenos Aires y al Banco Central de la República Argentina (conf. art. 198, CPCC). La defensa en juicio de las medidas cautelares típicas como atípicas no queda suprimida sino diferidas para luego de su dictado, potestad que ahora ejerce a través de esta vía de revisión de la misma y que podrá también ampliamente canalizar en las defensas que articule en el proceso principal del cual este proceso cautelar resulta anexo.
En lo que respecta al agravio referido a la contracautela, debe meritarse que en la presente contienda nos encontramos en presencia de derechos de los consumidores. Ello así, pues se trata de una persona física que solicitó un préstamo bancario, celebrando un contrato a tal fin con garantía hipotecaria, por la suma de $1.154.100 -equivalentes a 57.190 unidades de valor adquisitivo “UVA”-, advirtiéndose que tal presunción invocada por el actor, valorada por el Agente del Fiscal de Cámaras y tenida en cuenta por la juez de la instancia originaria, no fue desvirtuada por la demandada (conf arts. 1, 2, ley 24.240). Sin perjuicio de ello, se advierte que la juez de grado no dispuso contracautela alguna, motivo por el cual, en virtud a las consideraciones efectuadas respecto al carácter de consumidor de la actora, lo cual no fue desvirtuado por la contraria, es que corresponde disponer una caución juratoria atento el beneficio de gratuidad del que goza por mandato legal el accionante (conf. arts. 53, Ley 24.240; 199, 200, CPCC).
Finalmente, a efectos de esclarecer la remuneración real del accionante y los descuentos a efectuarse, deberá llevarse a cabo en la instancia de origen una medida para mejor proveer, a fin de establecer cuál es efectivamente el salario que percibe aquél, aportando claridad a la cuestión. Ello en consideración la discrepancia entre el recibo de sueldo de julio de 2020, acompañado por el actor, y el historial laboral de Anses, de esa misma fecha, denunciado por el demandado (conf. arg. art. 36, inc. 2, CPCC).
5. En base a lo hasta aquí expuesto, corresponde modificar el decisorio apelado, estableciendo que en caso que la cuota que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires exceda el 30% del sueldo del señor Risso, la misma sea limitada de forma tal que no supere dicho porcentaje. Asimismo, se establece una caución juratoria, la que deberá efectivizarse en la instancia de origen (conf. arts. 53, Ley 24.240; 199, 200, CPCC) y con el fin de aportar claridad a la cuestión, se ordena que en primera instancia disponga una medida para mejor proveer a efectos de establecer cuál es efectivamente el salario que percibe el accionante, confirmándose la resolución atacada en todo lo demás que fue motivo de recurso y agravios. Las costas de Alzada corresponde imponerlas al recurrente dada su esencial condición de vencido (conf. art. 68, CPCC).
POR ELLO, se modifica el decisorio apelado, estableciendo que en caso que la cuota que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires exceda el 30% del sueldo del señor Risso, la misma sea limitada de forma tal que no supere dicho porcentaje. Asimismo, se establece una caución juratoria como contracautela, la que deberá efectivizarse en la instancia de origen; se ordena que en primera instancia se lleve a cabo una medida para mejor proveer a efectos de establecer cuál es efectivamente el salario real que percibe el accionante y se confirma el decisorio atacado en todo lo demás que fue motivo de recurso y agravio. Las costas de Alzada se imponen al recurrente dada su esencial condición de vencido (conf. art. 68, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia