Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 35422 8
INC-35422-8 . « COLLA CLAUDIA S/INCIDENTE DE LIBERTAD ASISTIDA » .
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en acuerdo ordinario con el objeto de dictar sentencia en los autos caratulados « COLLA CLAUDIA S/INCIDENTE DE LIBERTAD ASISTIDA » , registrados bajo el n° INC-35422-8 y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: Señores Jueces, Doctores Marcelo A. Madina, Adrián Angulo y Alfredo J. Deleonardis.
Resultando la vía impugnativa adoptada formal y materialmente admisible, el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes
¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto?. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR MARCELO AUGUSTO MADINA DIJO :
ANTECEDENTES DE LA CAUSA.
Llega la presente causa en virtud del recurso de apelación incoado por la Fiscalía General contra la resolución del Sr. Juez de Ejecución, Dr. Juan Galarreta, que otorgó la libertad asistida a Claudia Rosana Colla. Para arribar a tal conclusión el magistrado de ejecución declaró la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 10 del Código Penal que impide otorgar la libertad condicional a quienes resulten condenadas por el delito previsto en el art. 5 inc. c de la ley 23.737, merituando a su vez los distintos aspectos del tratamiento penitenciario que aconsejan otorgar dicha medida.
A su turno, interpuso recurso de apelación el Sr. Fiscal General adjunto, Dr. Marcos Pagella, por considerar que la resolución desconoce la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia, cita Fallos 226:688 entre otros, en cuanto ratificó la constitucionalidad de la norma en cuestión. En segundo término se agravia del apartamiento injustificado del dictamen emitido por la Sra. Asesora de Menores quien consideró inconveniente que Colla constituyera domicilio en el mismo sitio donde viven sus hijas menores, Brenda y Morena, quienes se encuentran al cuidado de su abuela.
PROCEDENCIA DEL RECURSO
I. Como señalé en las causas «Ardoain» (6/11/2019): «Barrera, Daniel Alberto s/ Salidas Transitorias» (c. INC – 29016 – 3; resolución de fecha 4 de julio de 2019, INC-35422-8), existen sobrados motivos para declarar la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 10 del C.P. En la primera de las causas mencionadas señale:
"Considero que no seguir en el presente la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia al respecto no implica alzamiento alguno. En primer lugar debo destacar que los precedentes que conforman dicha jurisprudencia uniforme forman parte de una serie de fallos que afectan el principio de resocialización en el tratamiento de la pena privativa de libertad en tanto deniegan la libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias a quienes cometen determinados tipos de delitos que, a través de sucesivas reformas legislativas, han impactado negativamente sobre los principios estructurales del programa constitucional y convencional aplicable al derecho interno. A su vez, los mismos no se encuentran firmes siendo materia de sendos recursos extraordinarios federal como se desprende de los casos relevados ante la Defensoría de Casación Penal ("Escobar Gimenez, Diego. s/Rec queja, causa n° 76.455 del Tribunal de Casación Penal, Sala II").
De manera tal encontrándose denunciada la presunta inconstitucionalidad de una norma que afecta cuantitativa y cualitativa la pena (art. 100, Ley 12.256), deberá ser el intérprete último de la Constitución Nacional quien defina la cuestión. A ello debo agregar que no sólo está planteada la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia sino que se ha efectuado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Mollar, Ariel Osvaldo) por lo que resulta prudente, por aplicación del principio "pro homine" mantener la interpretación de la norma que implica reconocer los derechos de la progresividad en el tratamiento penitenciario por sobre aquella que lo limita o cercena ( Luis Maria Garcia " El derecho internacional de los derecho humanos", Abaco 2002, p.103 y ss.)....
En segundo término, es doctrina pacífica de nuestro más alto tribunal nacional que lo resuelto por los órganos superiores sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, por lo que el deber para los demás jueces de conformar sus decisiones a aquellas a fin de evitar un dispendio jurisdiccional inútil se ve enervado cuando -como en el supuesto de autos- el fallo en cuestión emana del superior tribunal provincial y no de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene pendiente inclusive la decisión sobre el punto (CSJ 1381/2018/RH1, "Espíndola, Juan s/ rec. extr. " 9/4/2019)... Desde otra perspectiva, corresponde hacer notar que en aquellas oportunidades en que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido respecto de la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 y 56 bis de la ley 24.660, lo ha hecho, particularmente respecto del inc. 1° y 5° del cuarto párrafo de la primera de las disposiciones citadas, y del inc. 4° de la segunda (t.o. ley 25.948) y, en todas ellas, por remisión a los resuelto en el marco de la causa P. 126.187 (sent. de 4-VIII-2016).
En efecto, en los precedentes P. 129.332 «Chulliver» (sent. 21/11/2018); P. 127.567 - RC «Carnevalini, Matías Facundo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 72.004 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV» (sent. 7-II-2018); P. 127.709 «Cabrera, Lorena Paola. Recurso de queja en causa n° 73.681 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV», (sent. 15-VIII.2018); P. 129.831 «Avalos Martínez, Gabriel Andrés. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 80.335 del Tribunal de Casación Penal, Sala V» (sent. 19-IX-2018); P. 130.112, «Cerrudo, Matías Leonardo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 74.092 del Tribunal de Casación Penal, Sala V» (19-IX-2018); P. 129.539- RC «F.
C., A. M. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.300 del Tribunal de Casación, Sala VI» (sent. 27-VI-2018); P. 131.225, «Valdez, Gastón Maximiliano s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 88.560 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI», (17-IV-2019); P. 127.861, «Díaz Walter David. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 68.361 del Tribunal de Casación, Sala IV» (sent. de 1-VII-2018); P. 127.747, «Filippelli Biotti, Roberto Fabián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.986 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV». (sent. 4-VII-2018), P. 128.728, «Barrios Gómez, Leandro Nicolás. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.283 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV».
(sent. de 21-VI-2018); P. 127.646, «Pacheco, Marcelo Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 73.393 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV» (28-II-2018) se trató de condenados por el delito de homicidio en ocasión de robo (CP, art. 165) o bien, homicidio criminis causae (CP, art. 80 inc. 7°). En cada una de aquellas oportunidades, se remitió a la doctrina legal establecida en el precedente P. 126.187 (sent. de 4-VIII-2016) en el cual se rechazó la objeción de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, pero en su redacción según ley 25.892, que establecía que la libertad condicional no procede para los delitos previstos en los arts. 80 inc. 7°, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo.
Allí, el Dr. de Lázzari (a quien adhirió el Dr. Pettiggiani), expresó «[...] , las figuras delictivas a que se refiere la norma en cuestión son homicidios particularmente graves por su conexión con otros delitos . Cuando el legislador exige que la pena impuesta en esos casos se cumpla en su totalidad no selecciona ningún grupo de personas por su condición, sino por lo que han hecho. Además, como acertadamente lo señala el señor Subprocurador General, en principio, las penas que imponen los jueces dentro de las escalas legales son para ser cumplidas en la extensión que fija la sentencia.[...] El art. 14 citado no se refiere a un grupo indeterminado de personas, sino a determinadas figuras de homicidio particularmente graves .
Y la mayor severidad que para ellos establece es la de que la pena impuesta en juicio se cumpla en su totalidad. Obsérvese además que en el art. 13 del Código Penal -que la sentencia no declara inconstitucional- la evolución en el ámbito carcelario -en el caso: cinco meses sin sanciones disciplinarias- no es el único parámetro. También cuenta la pena impuesta, que obviamente se relaciona con el delito cometido. Lo que el art. 14 del Código Penal hace es seleccionar un número muy limitado de homicidios particularmente reprensibles -todas figuras en las que se mata en conexión con otro delito- y excluir una liberación anticipada. Igual ocurre con la reincidencia, que tampoco permite tomar en cuenta la conducta durante el cumplimiento de la condena, y cuya vigencia y validez constitucional han sido ratificadas por la Corte federal y por esta Suprema Corte (Fallos 311:1451, 552 y 248:232; nuevamente sostenida en el caso "Arévalo", A. 558.
XLVI, sent. del 27/V/2014; esta Corte P. 100.577, sent. del 22/X/2008; P. 102.267, sent. del 29/XII/2008; P. 99.832, sent. del 1/XII/2008; P. 111.948, sent. del 13/XI/2013)... ». A su turno, la Dra. Kogan (a quien adhirieron los Dres. Soria, Hitters y Genoud), también expresó que «Pues el art. 14 del ordenamiento penal, en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional para el caso de los condenados por alguna de estas cinco graves figuras del Código Penal en las que se causa la muerte de la víctima (arts. 80 inc. 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo) lo que hace, en palabras de la Corte, es determinar "la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional..." (v.
Fallos: 334:559)» . Ello pone en evidencia que las razones que justificaron la doctrina legal de la Corte Provincial no concurren en el presente caso, pues Ardoian no resultó condenado por ningún delito que causara la muerte de la víctima... Asimismo, cabe efectuar algunas consideraciones en orden a los derechos involucrados en la decisión y que fueran materia de tratamiento en el fallo de la Suprema Corte de Justicia invocado por el Sr. Juez del primer voto. En primer lugar, considerar que no se afecta el principio constitucional de igualdad ante la ley ya que se limitan derechos durante la ejecución de la pena por lo que han hecho (delitos más y menos graves) y no por las condiciones personales de quienes los cometen, incurre en una suerte de definición tautológica, ya que va de suyo que TODOS los que comenten los delitos alcanzados por la prohibición verán limitadas las salidas transitorias.
Lo significativo para la crítica aquí ensayada es que tanto los condenados por estos delitos como los que cometen otros delitos que sí pueden gozar de las salidas transitorias, libertad asistida, etc, reciben el mismo tratamiento penitenciario, comparten el mismo lugar de encierro y sin embargo no importa el avance que registren, el cumplimiento que hagan del mismo o la conducta que obtengan que, unos si ,otros no podrán gozar de los modos de pre-egreso mencionados. Es por ello que afirmar :"...Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, ... no establece una diferencia que viole el art 18 de la CN..." implica confundir la pena con el tratamiento penitenciario.
La única trascendencia que puede tener la pena en el tratamiento es en cuanto a la duración del mismo pero todo aquello referido al avance por los distintos regímenes o a la modalidad de cumplimiento de la pena debe remitirse exclusivamente a la etapa de ejecución y no a la del delito cometido que ya tuvo su momento de impacto al individualizar la pena en la sentencia. Por otra parte, cabe señalar que no puede justificarse la limitación de un derecho por la excepción. Los distintos supuestos de pre-egreso no son gracias discrecionales que el magistrado pueda conceder según su voluntad sino instrumentos de resocialización que concretan la manda constitucional. De este modo, la circunstancia de permitir en los últimos seis meses de condena una salida a razón de cada año de prisión cumplido, siempre que el condenado estudie o trabaje y cumpla con las demás condiciones exigidas para obtener los egresos (art. 100 según ley 14.196), demuestra la desnaturalización de los principios de progresividad y resocialización propios de la ejecución de la pena, transformando las salidas transitorias en salidas excepcionales".
II. Sin perjuicio de ello corresponde aquí hacer mención de algunas circunstancias particulares del caso, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar el test de constitucionalidad de la norma cuya aplicación se pretende para obturar un derecho y que tienen que ver con el delito por el cual COLLA resultó condenada, en tanto como ya afirmé en los precedentes citados (apartado "c") , no se trata de un delito grave que hubiera causado la muerte de una persona y con las condiciones personales de la nombrada.
Asimismo, habida cuenta la identidad de género de la imputada, es del caso recordar que existen directrices específicas y estrictas en cuanto al trato preferencial que deben recibir quienes se ven involucradas en esta problemática, como lo es la resolución n° 3342, del 11/12/2019 de la Suprema Corte de Justicia, que dictada a instancias de la Defensoría General de Casación, reglamentó los artículos específicos del Código Procesal referido a las alternativas a la prisión preventiva; y que constituye una interpretación con enfoque de género que la normativa internacional de los Derechos Humanos impone. Así la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, entre sus recomendaciones insta a la proporcionalidad en los procedimientos judiciales con respecto a los delitos relacionados con las drogas, especialmente: 4. a) En el caso de delitos no violentos, identificar alternativas al encarcelamiento que podrán aliviar la sobrecarga de los sistemas judicial y penal y evitar las consecuencias negativas evitables de una prolongada encarcelación.
En el análisis del caso Argentina, el estudio indica "el uso frecuente por parte de Argentina de la detención previa al juicio contra mujeres acusadas de tráfico de drogas es incongruente con las normas internacionales que requieren que los Estados empleen la detención previa al juicio como una circunstancia excepcional y sólo en la medida que se estrictamente necesaria y para implementar, si es Posible , alternativas a la detención de las mujeres infractoras" (Mujeres y drogas en las Américas. CIM. OEA . 2014).
Por su parte, en el documento sobre "Mujeres, políticas de genero y encarcelamiento", la misma Comisión Interamericana de Mujeres (OEA), denuncia el uso excesivo de la Prisión Preventiva, recomendando las alternativas tales como el arresto domiciliario ponderando tener en cuenta los criterios de: vulnerabilidad socioeconómica, responsabilidad en el cuidado de dependientes, participación en los eslabones más débiles de las organizaciones de tráfico, ausencia de circunstancias agravantes como la violencia en la comisión de delitos, situación de dependencia frente a sustancias, afectación de derechos de terceros a cargo, cantidades de droga involucrada, etc.. ( pag. 24 y ss).
Asimismo, corresponde que, como surge del Informe 2020 de la Comisión Provincial por la Memoria (punto 3. Mujeres, trans y travestis: la tortura al servicio del patriarcado) la cárcel es un lugar pensado y organizado para alojar masculinidades y tiene un impacto diferencial para las mujeres cis y personas trans quienes, en su mayoría, resultan privadas de libertad por haber infringido la ley de estupefacientes, en especial, casos de simple o micro tráfico. Ello se ve reflejado en los datos publicados en el SNEEP, que dan cuenta que en año 2018 las mujeres detenidas por infracción a la ley 23.737 representaba el 36% del total y ese porcentaje para las personas trans o travestis detenidas era del 60%, como así también de los que surgen del Informe 2019 del RUD, donde los guarismos marcan que el 44% de las mujeres estaba detenida por infracción a la ley 23.737, que resulta el tipo de delito mayoritario por el cual las mujeres son privadas de liberta (CPM, informe 2020, págs. 174/6). Ese encarcelamiento cada vez mayor solo persigue a quienes, como Colla, están en el último eslabón de la red delictiva que abarca los sectores más vulnerable que forma parte, en muchos casos, de estrategias de economía de subsistencia.
Una última advertencia, cuyo tratamiento en extenso carece de virtualidad en tanto el sentido de la decisión se encuentra determinado, se vincula con el conflicto normativo que representa el hecho de que el delito por el cual resultó condenada COLLA no es ninguno de los mencionados en el art. 100 de la ley de ejecución penal, por lo que se presentan la inconsistencia sistémica que COLLA podría gozar de libertad asistida y salidas transitorias y no de libertad condicional (ley 12.256, art. 100, 104 y ccdtes.)
Por todo lo expuesto y normativa citada, estimo que la limitación establecida en el apartado 10 del art. 14 del Código Penal, deviene inconstitucional, de modo que así debería declararse y revocarse la resolución impugnada.
III. Ahora bien, en relación con el análisis integral requerido para la procedencia del instituto en cuestión, citando el precedente del más Alto Tribunal Provincial, el voto del Magistrado Dr. Soria en autos "Sosa, José Luis" (C. 132.454), considero que efectivamente deviene necesario efectuar un estudio completo de la situación de la interna y no únicamente la declaración de inconstitucionalidad.
En este aspecto cabe resaltar que Colla posee conducta ejemplar 10 y concepto bueno. Durante el presente año concurrió con regularidad al tratamiento psicológico y en el año 2023 ingresó al Centro de tratamiento ambulatorio de consumo problemático, superando la Fase I y asistiendo hasta la actualidad. Durante el año 2023 asistió al curso de Peluquería, el que no concluyó , realizando curso de Manipulación de alimentos y distintos talleres durante el año 2023. Cuenta con informe ambiental favorable en el domicilio de sus progenitores en la calle 11 entre 116 y 116 bis, casa n° 3, de Balcarce y goza de salidas transitorias desde el pasado mes de Julio.
En respuesta a los agravios de la Fiscalía cabe señalar que si bien la Asesora de Menores resaltó la inconveniencia de que Colla cumpla la libertad asistida en el domicilio familiar donde actualmente residen sus hijas menores de edad, el Sr, Juez de Ejecución consideró que no existía ningún impedimento legal para el contacto de Colla con sus hijas y que actualmente la nombrada gozaba de salidas transitorias justamente para lograr la revinculación con las menores. Solicitada que fuera en esta instancia al Juzgado de Familia información actualizada sobre la existencia de impedimento de contacto actual, no fue posible lograr tal certificación, habiéndose remitido solamente la restricción dispuesta el 22 de diciembre de 2022, sin poder afirmarse a la fecha si la misma se encuentra vigente, por lo que voy a compartir lo propuesto por el Dr. Alfredo Deleonardis en el Acuerdo respectivo proponiendo que la libertad asistida aquí dispuesta se reevalue luego de verificar por parte del Juez de Ejecución que no exista una restricción de contacto o impedimento respecto de Colla con sus hijas y el domicilio propuesto.
Por último si bien resulta una pauta de demérito el incumplimiento del arresto domiciliario oportunamente otorg
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.