Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36952 2
En la ciudad de Mar del Plata se reúne la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar resolución en los autos caratulados "CANALES WALTER OSCAR S/ INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL", registrados bajo el n° 36952-2 y habiéndose practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: señores Jueces, Dres. Marcelo A. Madina, Adrián Angulo y Alfredo Deleonardis.
El Tribunal resuelve plantear y votar la siguiente CUESTION:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el Señor Juez, Dr. Marcelo Madina dijo:
I. Llega la presente causa a conocimiento de este Tribunal, en razón del recurso de apelación deducido por el Fiscal General Adjunto Dr. Marcos Pagella a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal Departamental, respecto de lo decidido con fecha 29/04/2025 por el titular del Juzgado de Ejecución Nro. 2 Departamental, Dr. Juan S. Galarreta, en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 10 del C.P. e hizo lugar a la libertad condicional de Walter Canales, expresando el Magistrado que: ".. .la reforma introducida por la Ley 27.375 vulnera principios fundamentales como la razonabilidad, progresividad e igualdad... ", considerando que "... la restricción al acceso a la Libertad Condicional no favorece la resocialización del condenado y carece de proporcionalidad con el objetivo de reinserción social. ... la diferenciación legislativa en la aplicación del régimen penitenciario es contraria a los estándares de derechos humanos..." Al decir del representante de la vindicta pública, el a quo invoca infundadamente que resulta irrazonable, arbitraria y contraria al principio de igualdad el art. 14 del código de rito, declarando su inconstitucionalidad. Tampoco advierte que contravenga el principio de progresividad; toda vez que, el régimen de ejecución de la pena se mantiene indemne, a excepción de la imposibilidad de acceder al instituto que se pretende como sucede también en el caso de los reincidentes.
Señaló que corresponde remitirse a la doctrina legal de la SCBA que ha desestimado la tacha de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal en "González Tola", sentencia del 6/6/2018 en causa P. 128.963, luego en " Chulliver", sentencia del 21/11/18 en causa P. 129.332 y " Valdez", sentencia del 17/4/19 en causa P. 131.225, citando también diversos pronunciamientos de ésta Cámara de Apelación y Garantías, acogiendo dicha doctrina legal.-
También expresó agravios relacionados al apartamiento del Magistrado a las reservas incluidas en el dictamen de inconveniencia emitido por la autoridad penitenciaria y las dificultades que el penado exhibió a la hora de sostener las salidas transitorias concedidas con fecha 27/02/2024, vale decir, que se revocaron, suspendieron y reanudaron dichas salidas en diversas ocasiones demostrando el causante su posicionamiento frente al apego de las reglas de conducta impuestas.
Con fecha .09/05/2025 la Fiscalía General de Cámaras Departamental mantuvo el recurso impetrado, ratificando la totalidad de los los argumentos expresados por el Fiscal a cargo de la Fiscalía de Ejecución.
II. Conforme surge de autos, Walter Oscar Canales fué condenado el 06/06/2022 por el Tribunal en lo Criminal N° 3 a la pena de seis (6) años y cuatro (4) meses de prisión y multa por un total de sesenta (60) Unidades Fijas, con accesorias legales y costas, por considerarlo autor del delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización ( Hecho I, causa 7670), constatado en la ciudad de Mar del Plata el 25 de julio de 2020; autor del delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Hecho II, causa 8029), constatado el 2 de diciembre de 2020 en la ciudad de Mar del Plata; y autor del delito de Tenencia ilegal de arma de guerra (Hecho III, Causa 8016), cometido el 2 de diciembre de 2020 en la Ciudad de Mar del Plata; todos en concurso real (1,5,29 inc3°,40,41,45,55,189 bis inc.2° del CO; 5ley 23.737; 373,375,529/533 C.P.P.).
Conforme surge del cómputo de pena practicado, firme y consentido, la pena impuesta a Walter Oscar Canales vence el veintiséis de marzo dos mil veintisiete (26/03/2027).
III. Como fuera señalado en la causa «Barrera, Daniel Alberto s/ Salidas Transitorias» (c. INC – 29016 – 3; resolución de fecha 4 de julio de 2019), la propuesta del colega Dr. Angulo implica un cambio de temperamento respecto de lo decidido por esta Sala en reiterados precedentes (C. 18.523, Juarez, Marcelo, inc. libertad asistida, entre otros) y la doctrina unánime de las restantes Salas de esta Cámara de Apelaciones y Garantías, motivado entiendo, por lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en precedentes como el señalado «Chulliver, Carlos Damian" (P. 129.332, del 21/11 /2018).
Ahora bien, existen sobrados motivos para declarar la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 10 del C.P., los que paso a explicar.
Tal como señalé en la causa «Ardoain» (6/11/2019):
A) Considero que no seguir en el presente la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia al respecto no implica alzamiento alguno. En primer lugar debo destacar que los precedentes que conforman dicha jurisprudencia uniforme forman parte de una serie de fallos que afectan el principio de resocialización en el tratamiento de la pena privativa de libertad en tanto deniegan la libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias a quienes cometen determinados tipos de delitos que, a través de sucesivas reformas legislativas, han impactado negativamente sobre los principios estructurales del programa constitucional y convencional aplicable al derecho interno. A su vez, los mismos no se encuentran firmes siendo materia de sendos recursos extraordinarios federal como se desprende de los casos relevados ante la Defensoría de Casación Penal ("Escobar Gimenez, Diego. s/Rec queja, causa n° 76.455 del Tribunal de Casación Penal, Sala II"). De manera tal, encontrándose denunciada la presunta inconstitucionalidad de una norma que afecta cuantitativa y cualitativa la pena (art. 100, Ley 12.256), deberá ser el intérprete último de la Constitución Nacional quien defina la cuestión. A ello debo agregar que no sólo está planteada la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia sino que se ha efectuado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Mollar, Ariel Osvaldo) por lo que resulta prudente, por aplicación del principio "pro homine" mantener la interpretación de la norma que implica reconocer los derechos de la progresividad en el tratamiento penitenciario por sobre aquella que lo limita o cercena ( Luis Maria Garcia " El derecho internacional de los derecho humanos", Abaco 2002, p.103 y ss.).
B) En segundo término, es doctrina pacífica de nuestro más alto tribunal nacional que lo resuelto por los órganos superiores sólo deciden en los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, por lo que el deber para los demás jueces de conformar sus decisiones a aquellas a fin de evitar un dispendio jurisdiccional inútil se ve enervado cuando -como en el supuesto de autos- el fallo en cuestión emana del superior tribunal provincial y no de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene pendiente inclusive la decisión sobre el punto (CSJ 1381/2018/RH1, "Espíndola, Juan s/ rec. extr. " 9/4/2019).
C) Desde otra perspectiva, corresponde hacer notar que en aquellas oportunidades en que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido respecto de la constitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256 y 56 bis de la ley 24.660, lo ha hecho, particularmente respecto del inc. 1° y 5° del cuarto párrafo de la primera de las disposiciones citadas, y del inc. 4° de la segunda (t.o. ley 25.948) y, en todas ellas, por remisión a los resuelto en el marco de la causa P. 126.187 (sent. de 4-VIII-2016).
En efecto, en los precedentes P. 129.332 «Chulliver» (sent. 21/11/2018); P. 127.567 - RC «Carnevalini, Matías Facundo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 72.004 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV» (sent. 7-II-2018); P. 127.709 «Cabrera, Lorena Paola. Recurso de queja en causa n° 73.681 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV», (sent. 15-VIII.2018); P. 129.831 «Avalos Martínez, Gabriel Andrés. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 80.335 del Tribunal de Casación Penal, Sala V» (sent. 19-IX-2018); P. 130.112, «Cerrudo, Matías Leonardo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 74.092 del Tribunal de Casación Penal, Sala V» (19-IX-2018); P. 129.539- RC «F. C., A. M. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.300 del Tribunal de Casación, Sala VI» (sent. 27-VI-2018); P. 131.225, «Valdez, Gastón Maximiliano s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 88.560 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI», (17-IV-2019); P. 127.861, «Díaz Walter David. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 68.361 del Tribunal de Casación, Sala IV» (sent. de 1-VII-2018); P. 127.747, «Filippelli Biotti, Roberto Fabián. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.986 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV». (sent. 4-VII-2018), P. 128.728, «Barrios Gómez, Leandro Nicolás. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.283 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV». (sent. de 21-VI-2018); P. 127.646, «Pacheco, Marcelo Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 73.393 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV» (28-II-2018) se trató de condenados por el delito de homicidio en ocasión de robo (CP, art. 165) o bien, homicidio criminis causae (CP, art. 80 inc. 7°).
En cada una de aquellas oportunidades, se remitió a la doctrina legal establecida en el precedente P. 126.187 (sent. de 4-VIII-2016) en el cual se rechazó la objeción de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, pero en su redacción según ley 25.892, que establecía que la libertad condicional no procede para los delitos previstos en los arts. 80 inc. 7°, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo.
Allí, el Dr. de Lázzari (a quien adhirió el Dr. Pettiggiani), expresó «[...] , las figuras delictivas a que se refiere la norma en cuestión son homicidios particularmente graves por su conexión con otros delitos. Cuando el legislador exige que la pena impuesta en esos casos se cumpla en su totalidad no selecciona ningún grupo de personas por su condición, sino por lo que han hecho. Además, como acertadamente lo señala el señor Subprocurador General, en principio, las penas que imponen los jueces dentro de las escalas legales son para ser cumplidas en la extensión que fija la sentencia.[...] El art. 14 citado no se refiere a un grupo indeterminado de personas, sino a determinadas figuras de homicidio particularmente graves. Y la mayor severidad que para ellos establece es la de que la pena impuesta en juicio se cumpla en su totalidad. Obsérvese además que en el art. 13 del Código Penal -que la sentencia no declara inconstitucional- la evolución en el ámbito carcelario -en el caso: cinco meses sin sanciones disciplinarias- no es el único parámetro. También cuenta la pena impuesta, que obviamente se relaciona con el delito cometido. Lo que el art. 14 del Código Penal hace es seleccionar un número muy limitado de homicidios particularmente reprensibles -todas figuras en las que se mata en conexión con otro delito- y excluir una liberación anticipada. Igual ocurre con la reincidencia, que tampoco permite tomar en cuenta la conducta durante el cumplimiento de la condena, y cuya vigencia y validez constitucional han sido ratificadas por la Corte Federal y por esta Suprema Corte (Fallos 311:1451, 552 y 248:232; nuevamente sostenida en el caso "Arévalo", A. 558. XLVI, sent. del 27/V/2014; esta Corte P. 100.577, sent. del 22/X/2008; P. 102.267, sent. del 29/XII/2008; P. 99.832, sent. del 1/XII/2008; P. 111.948, sent. del 13/XI/2013)...».
A su turno, la Dra. Kogan (a quien adhirieron los Dres. Soria, Hitters y Genoud), también expresó que «... Pues el art. 14 del ordenamiento penal, en cuanto establece la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional para el caso de los condenados por alguna de estas cinco graves figuras del Código Penal en las que se causa la muerte de la víctima (arts. 80 inc. 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo) lo que hace, en palabras de la Corte, es determinar "la sujeción de los condenados a un régimen más severo de ejecución de la pena en el que se los priva del derecho a obtener la libertad condicional. .." (v. Fallos: 334:559)».
Ello pone en evidencia que las razones que justificaron la doctrina legal de la Corte Provincial no concurren en el presente caso, pues Walter Oscar Canales no resultó condenado por ningún delito que causara la muerte de la víctima.
D) Asimismo, cabe efectuar algunas consideraciones en orden a los derechos involucrados en la decisión y que fueran materia de tratamiento en el fallo de la Suprema Corte de Justicia invocado por el Sr. Juez del primer voto.
En primer lugar, considerar que no se afecta el principio constitucional de igualdad ante la ley ya que se limitan derechos durante la ejecución de la pena por lo que han hecho (delitos más y menos graves) y no por las condiciones personales de quienes los cometen, incurre en una suerte de definición tautológica, ya que va de suyo que TODOS los que comenten los delitos alcanzados por la prohibición verán limitadas, la libertad asistida y la libertad condicional.
Lo significativo para la crítica aquí ensayada es que tanto los condenados por estos delitos como los que cometen otros delitos que sí pueden gozar de la libertad asistida, libertad condicional, etc, reciben el mismo tratamiento penitenciario, comparten el mismo lugar de encierro y sin embargo no importa el avance que registren, el cumplimiento que hagan del mismo o la conducta que obtengan que, unos si, otros no podrán gozar de los modos de pre-egreso mencionados. Es por ello que afirmar :"... Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, ... no establece una diferencia que viole el art 18 de la CN... " implica confundir la pena con el tratamiento penitenciario. La única trascendencia que puede tener la pena en el tratamiento es en cuanto a la duración del mismo pero todo aquello referido al avance por los distintos regímenes o a la modalidad de cumplimiento de la pena debe remitirse exclusivamente a la etapa de ejecución y no a la del delito cometido que ya tuvo su momento de impacto al individualizar la pena en la sentencia.
Por otra parte, cabe señalar que no puede justificarse la limitación de un derecho por la excepción.
E) Corresponde aquí hacer mención de algunas circunstancias particulares del caso, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar el test de constitucionalidad de la norma cuya aplicación se pretende para obturar un derecho y que tienen que ver con el delito por el cual Walter Oscar Canales resultó condenado -, en tanto -como ya afirmé en el apartado «c»-, no se trata de un delito grave que hubiera causado la muerte de una persona.
Una última advertencia, cuyo tratamiento en extenso carece de virtualidad en tanto el sentido de la decisión se encuentra determinado, se vincula con el conflicto normativo que representa el hecho de que el delito por el cual resultó condenado Walter Oscar Canales no es ninguno de los mencionados en el art. 100 de la ley de ejecución penal, por lo que se presenta la inconsistencia sistémica que el nombrado podría gozar de libertad asistida, salidas transitorias y no de libertad condicional (ley 12.256, art. 100, 104 y ccdtes.)
Por todo lo expuesto y normativa citada, estimo que la limitación establecida en el apartado 10 del art. 14 del Código Penal, deviene inconstitucional, de modo que así debería declararse y revocarse la resolución impugnada.
Ahora bien, en relación con el análisis integral al que hiciera alusión oportunamente el Dr. Angulo, citando el precedente del más Alto Tribunal Provincial, el voto del Magistrado Dr. Soria en autos " Sosa, José Luis" ( C. 132.454), considero que efectivamente deviene necesario efectuar un estudio completo de la situación del interno y no únicamente la declaración de inconstitucionalidad. En este aspecto, cabe resaltar que Walter Oscar Canales posee conducta ejemplar diez (10), sin registrar sanciones disciplinarias toda vez que por el hecho infraccionario del 21/03/2023 el Juez de Ejecución Penal resolvió tenerla por no pronunciada ( art. 56 y 58 de la ley 12256) ) , que trabajó como mantenimiento de parques y jardines desde el mes de marzo al mes de noviembre del año 2023, que durante ese mismo año realizó el curso formal y anual de jardineria dictado por el CFL 408 de trescientas (300) horas de duración , el cual aprobó, que habiendo sido entrevistado el 13 de marzo de 2024 por profesional del Centro Tratamental de Adicciones que funciona en la sede del lugar de alojamiento se dictaminó que el penado n o presenta criterio para realizar tratamientos por dicho centro asistencial y, siendo que nunca habria recibido medicación psicofarmacológica ni asistencia psicológica, no evidencia demanda subjetiva para incluirse en un espacio afín ( ver Informe Integral del Departamento Criminológico de la Unidad Penal 15 del 28/02/2025).-
Asimismo, posee informe ambiental favorable en el domicilio de calle Vignolo 3079 de esta ciudad, en donde lo recibiría su pareja Giselle Natali Rojas y sus dos hijos.-
Con relación a las salidas transitorias que usufructuara desde el 27/02/2024 y que fueran respectivamente revocadas, suspendidas, reanudadas y con fecha 07/11/2024 suspendidas nuevamente, cabe señalar que constituyen incumplimientos al régimen abierto que merecieron su oportuna intervención judicial y sanción respectiva, pero que en el análisis global del satisfactorio tratamiento penitenciario no adquieren entidad autónoma para denegar la libertad ahora solicitada.
Todas estas circunstancias aconsejan incluir al nombrado en el régimen de libertad condicional a fin de hacer efectivo el principio de progresividad que orienta la ejecución de la pena privativa de libertad, con la imposición de las obligaciones que considere el Sr. Juez de Ejecución a fin de realizar .
En tal sentido emito mi voto.
A la cuestión planteada el señor Juez, Dr. Adrian Angulo dijo:
Resulta aplicable al caso lo que he referido en el precedente "Antorella, Jesús Nazareno" (C. INC-31568-1, 9/11/2021). Así, cabe señalar que hasta hace tiempo atrás esta Sala sostenía la inconstitucionalidad de lo normado por el artículo 14 del Código Penal (t.o. Ley 25.892 -B.O. 26/5/2004) y los artículos 56 bis de la ley 24.660 y 100 de la ley 12.256 en cuanto vedan la posibilidad de gozar del instituto de libertad condicional o, según en caso, de libertad asistida o salidas transitorias a quienes hubieran sido condenados por alguno de los delitos que allí se mencionan.
Sin embargo, dicho criterio fue modificado a partir de los precedentes «Barrera, Daniel Alberto s/ Salidas Transitorias» (c. INC – 29016 – 3; resolución de fecha 4 de julio de 2019) y «Martínez, Osvaldo Antonio s/ Libertad Asistida» (c. INC-30511-4; resolución de fecha 11 de julio de 2019), he comenzado a acatar la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que rechaza la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis de la ley 24660 y 100 de la ley 121256 en cuanto veda el acceso a la salidas transitorias a los condenados por los delitos allí consignados (causa P. 129332 «Chulliver, Carlos Damian» del 21/11/2018; c. P 131.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.