Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa inc 36482 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de nulidad formulado en autos por la Sra. Defensora Oficial María Carla Ostachi;
2Devolver los presentes en carácter de urgente a la instancia de origen a fin que se de traslado al Ministerio Público Fiscal interviniente para que dictamine en autos, tal lo consignado en este resolutorio. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la referida Defensora Oficial. Rigen los arts. 23 bis, 59, 83 inc. 6, 106, 125, 146, 201 y cctes. a contrario, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; 6 ley 12569; ley 15232.
c. INC-36482-1. "CANNES SERGIO FABRICIO S/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR". IPP 18764-23
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-36482-1, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Garantías Gabriel Adrián Bombini, en el marco de las pautas establecidas en el Ac. 4099-23 de la SCJBA, dispuso medidas de prohibición de contacto absoluto hasta el día 8 de agosto del corriente año de Sergio Fabricio Cannes a Silvana Vanina Rosales fijando a tal efecto un perímetro de 300 metros para permanecer o circular respecto del domicilio de la última; ordenó la exclusión del hogar del referido Cannes de la finca sita en calle 433 bis n° 872 y el reintegro de esa finca a la mencionada Rosales; hizo saber a Cannes que deberá abstenerse de todo acto de perturbación o intimidación contra Rosales y, por último, también hizo saber que agotadas las medidas dictadas se cierra la presente causa por culminación del objeto cautelar que la motivó, correspondiendo al Ministerio Público Fiscal requerir las medidas que entienda pertinentes a la protección de la víctima.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial María Carla Ostachi.
Marca que su recurso se refiere a la medida de prohibición de contacto alguno, dispuesto respecto de Cannes con relación a Rosales, como también la exclusión del hogar ordenada e implementada, también con relación al mencionado Cannes.
Entiende que ese resolutorio resulta nulo en razón que el único fundamento resulta el Ac. 4099-23 de la SCJBA dado que si bien el máximo Tribunal provincial intenta generar herramientas que puedan agilizar el acceso a la justicia, bajo ningún punto de vista puede modificar las normas que regulan el proceso penal y menos aún los principios constitucionales que en el caso se afectan.
En el camino trazado señala que en el supuesto se violenta el principio de última ratio del sistema penal; de pedido de parte para la implementación de cautelas contra el encausado; del carácter restrictivo que señala el artículo 3 del rito para la evaluación de medidas que coarten derechos. En este punto centra las afectaciones a los derechos que, entiende, conlleva a la nulidad del pronunciamiento dado que el mismo resulta nulo pues el a quo no es el juez competente para dictar la cautela cuestionada y, además, se constató falta de participación del Ministerio Público Fiscal. Considera que el juez asume un rol asociado al acusador, vulnerándose de tal modo la garantía de imparcialidad del juzgador y el derecho de defensa del encausado.
Sintetiza así que con la sola denuncia sin, objeto procesal determinado sustentado en una norma de derecho penal que deba ser cautelada y sin contarse con la mínima corroboración externa de lo afirmado por al denunciante, se dictó una medida cautelar de oficio en contra de Cannes, privándolo no sólo de su derecho a transitar libremente sino, además, afectando su derecho a mantener el domicilio.
Con cita de doctrina y legislación que considera deben aplicarse al supuesto de autos, concluye que la resolución cuestionada ocasiona un agravio irreparable al restringir indebidamente a los derechos de Cannes de manera oficiosa, y adolece de vicios que configuran su nulidad absoluta por resultar violatoria de las normas constitucionales y legales que rigen el sistema acusatorio, el debido proceso y a la imparcialidad del juez. (arts. 18 CN; art. 8.1 CADDHH; art. 14.1 PIDCP; arts. 146; 201, 202 incs. 1 y 2; 203 CPP).-
En función lo expuesto solicita que se declare la nulidad absoluta de la resolución atacada o, en modo subsidiario, se la revoque dejándola sin efecto, en función de los agravios y de los argumentos de hecho y de derecho desarrollados.
3. Que en atención a la nulidad que contiene el recurso interpuesto desde esta instancia se dio vista al Sr. Fiscal General quien, al momento de responderla, propugna su rechazo. Ello así, en el entendimiento que no emerge afectación alguna a los derechos y garantías invocados por la recurrente.
1. Que sin desconocer los motivos que llevaron al Superior a dictar el Ac. 4099/23, cierto es que la medidas preventivas o protectorias que norma la regla IV.1 del anexo que compone ese acuerdo, cuando son dictadas por el Juez de Garantías sin petición fiscal deben ser adecuadamente enmarcadas en el contexto del eventual proceso penal que pueda emerger del caso.
Así, dado el supuesto de autos, no resulta ocioso recordar que la excepcionalidad que conlleva al dictado de una medida cautelar en el fuero penal, sin petición del órgano requirente estatal, emerge, tal los términos del acuerdo de cita, dada la urgencia del caso y el compromiso grave de los derechos de la víctima que del concreto contexto situacional surjan.
Esa singularísima competencia precautoria del juzgador penal, como contrapartida, señala que la duración de esas medidas que resulten adecuadas al caso deben ser proporcionales, emergiendo como irrazonable el plazo asignado por el a quo, el que debe adecuarse a un término de 72 horas. Y, en este lapso temporal, el órgano requirente estatal deberá expedirse torno al mantenimiento, pertinencia y contenido de la cautela dispuesta por el sentenciante; correspondiendo en el caso de considerar su prórroga efectuar la adecuada delimitación del objeto procesal que pudiere emerger con la pertinente notificación al encausado y a su defensa del mismo y de los derechos que le asisten.
2. Que sentado lo anterior y a tenor de los agravios que conforman el recurso en análisis, siendo el contexto desarrollado en el que debe interpretarse la competencia signado al juez penal en el marco del citado Ac. 4099/23, el dictado de la medida dispuesta por el sentenciante de origen no se vislumbra nula, tal como lo propugna la Defensa.
3. Que luego, desde el presente pronunciamiento, el Ministerio Público Fiscal deberá en el estricto plazo de 72 hs. dictaminar en autos tal lo aquí consignado y además teniendo en cuenta que en el Juzgado de Familia N°7 departamental tramita el expediente 18788-2023 "Cannes, Sergio Fabricio c/ Rosales, Silvana Vanina. Protección contra la violencia familiar (ley 12569)".
Por todo ello, este Tribunal resuelve: 1) Rechazar el pedido de nulidad formulado en autos por la Sra. Defensora Oficial María Carla Ostachi; 2) Devolver los presentes en carácter de urgente a la instancia de origen a fin que se de traslado al Ministerio Público Fiscal interviniente para que dictamine en autos, tal lo consignado en este resolutorio. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la referida Defensora Oficial. Rigen los arts. 23 bis, 59, 83 inc. 6, 106, 125, 146, 201 y cctes. a contrario, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP; 6 ley 12569; ley 15232.
Regístrese. Notifíquese a Fiscalía y Defensa. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/06/2023 12:51:05 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 12:51:24 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2023 12:51:39 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 30/06/2023 12:52:19 hs. bajo el número RR-439-2023 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia