Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 51752 bis
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar la medida cautelar peticionada por la parte actora (art. 22, CCA).
B.51.752 bis “CLUB NAUTICO SAN ISIDRO CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOBRE INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR”
I. En los autos principales, el Club Náutico San Isidro, por intermedio de su apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se deje sin efecto el decreto 9.376, de fecha 29 de octubre de 1987, emitido por el entonces Gobernador, por el que se dispuso la cancelación de la inscripción a su nombre en el Registro Provincial de la Propiedad Inmueble del bien identificado con la partida n°102.694 del Partido de San Isidro (matrícula n°8.245; nomenclatura catastral: circunscripción VIII, sección 4, fracción II, parcela 3; v. fs. 25/33).
Describe que el inmueble en cuestión, conocido como "Dársena B" de la Isla de Confluencia, es utilizado como fondeadero de las embarcaciones del club y de sus socios desde su construcción. Explica también que esa porción de tierra se hallaba unida al continente hasta la construcción por el Estado Nacional del canal de acceso al Puerto de San Isidro, obra realizada contemporáneamente con el dragado que formó la dársena artificial objeto de autos.
Relata que, habiendo transferido la Provincia a la Municipalidad de San Isidro la titularidad del inmueble en los términos del decreto-ley 9.533/80 -mediante disposición n° 477/82, suscripta por el entonces Director Provincial de Catastro Territorial-, la comuna lo vendió al club. Precisa que esta última operación fue instrumentada mediante la escritura pública n°161 del 12 de septiembre de 1983, pasada por ante el escribano Daniel L. Bonorino a cargo del registro n°26 del referido partido e inscripta en el Registro correspondiente.
En síntesis, sostiene que el decreto impugnado resulta nulo e ilegítimo pues parte de la equivocada calificación del inmueble como perteneciente al dominio público provincial cuando, por su origen y uso, correspondía al dominio privado de esa jurisdicción en los términos de los arts. 2.339 y 2.340 de la ley 340. Postula que, siendo ello así, resultaron válidas tanto la inscripción dominial a nombre de la Municipalidad de San Isidro como la registración de la escritura traslativa del dominio a su favor.
Manifiesta que la decisión provincial impugnada violenta la doctrina de los actos propios, la buena fe, la razonabilidad y la prudencia que deben regir el actuar de la administración. Expresa también que redunda en una violación a sus derechos de propiedad y de defensa contenidos en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (v. fs. 25/33).
II. Mediante presentación electrónica de fecha 3-V-2022, 1:44:48 p.m., la parte actora solicita el dictado de "una medida cautelar de no innovar (art. 230 del CPCC y 22 CCA) respecto del estado de hecho o derecho del inmueble en cuestión, manteniéndose el statu quo a su respecto hasta tanto se encuentre resuelta la cuestión que se ventila en autos" ( sic ).
Detalla que en fecha 15-XII-2021 la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) procedió a realizar en el inmueble un acta de determinación territorial, con el objeto de verificar su estado de ocupación.
Señala que, frente a esa actuación, hizo una presentación ante el organismo recaudador en la que manifestó ser propietaria del bien, acompañando datos y constancias que así lo acreditaban e informando de la existencia de este proceso judicial en el que impugna el decreto 9.376.
Explica que, ante su presentación, en fecha 12-IV-2022 ARBA procedió a formar el expediente n°22.700-4.807-2021 con el objeto de consultar a Fiscalía de Estado sobre el estado del proceso judicial denunciado por el Club Náutico San Isidro en la presentación referida, así como respecto de la existencia de "medidas cautelares dispuestas en tal juicio que impida el cobro por la Agencia del canon por ocupación" del espacio público (v. documentación adjunta en formato PDF a la presentación electrónica de fecha 3-V-2022, 1:44:48 p.m.).
Dice que las aludidas circunstancias tornan necesaria la concesión de la tutela precautoria que requiere pues, de lo contrario, se frustraría el fin perseguido en el proceso principal.
Funda la verosimilitud del derecho invocado en la demanda en el hecho de haber adquirido el inmueble por escritura pública debidamente inscripta en el registro pertinente y de revestir la condición de poseedor a título de dueño desde el año 1911. Cita también en su respaldo la opinión emitida por la Fiscalía de Estado en el expediente administrativo n°2.100-25.681-87, según la cual la cancelación de la inscripción dispuesta por el decreto 9.376 impugnado en los autos principales carecería de virtualidad para producir la extinción de la propiedad del bien, para lo que sería necesario el dictado de una sentencia judicial que así lo dispusiera.
Sostiene que en el caso se registra el recaudo referido al peligro en la demora en tanto podría producirse un menoscabo patrimonial atendible.
Destaca que la medida que requiere no implica una grave afectación del interés público, toda vez que sólo tiende a asegurar el mantenimiento en las condiciones actuales del inmueble. Postula que, por el contrario, su concesión se condice con el interés en garantizar un obrar administrativo legítimo.
Finalmente, ofrece caución juratoria como contracautela.
III. En primer lugar, corresponde precisar que la petición cautelar formulada se encuentra regida por las disposiciones contenidas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial. Ello así, a pesar de tratarse de un proceso iniciado con anterioridad al 15 de diciembre de 2003 y por cuanto, además, no encuadra en ninguna de las excepciones expresamente previstas en la ley citada (art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causa B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004 y posteriores).
Debe recordarse entonces que el art. 22 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- condiciona la viabilidad de la tutela precautoria a la satisfacción de tres recaudos: la invocación de un derecho verosímil con relación al objeto del juicio; la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho; y la ausencia de una grave afectación al interés público como consecuencia de la concreción de la medida.
Tal como ha dicho esta Suprema Corte, en una consideración aplicable a todas las peticiones de esta naturaleza, resulta necesario que se acredite la presencia de tales extremos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal para proceder al despacho favorable de la protección cautelar (doctr. causa B. 65.043, "Trade S.A.", resol. de 4-VIII-2004).
IV. En el caso, las constancias arrimadas por la actora resultan insuficientes para demostrar, de momento y con la claridad necesaria, que el actuar administrativo descripto al formular su pedido importe la concreta aplicación a su respecto del decreto 9.376 -cuyos efectos, en último término, aspira a suspender-, provocándole un perjuicio que justifique la inmediata concesión de la medida.
Como se adelantó en el apartado anterior, el examen de una pretensión cautelar debe considerar la existencia de un menoscabo o perjuicio cierto (actual o inminente) que ponga en marcha la jurisdicción en procura de un resguardo preventivo que asegure la eficacia de la decisión final dirimente del conflicto (doctr. causa A. 68.225, "Zendri", resol. de 15-VI-2005; e.o.). Ello configura la existencia del peligro en la demora requerido por el art. 22 inc. 2 de la ley 12.008.
En contraposición a ello, los elementos acercados por la requirente sólo alcanzan a exponer que la administración tributaria y catastral de la provincia elevó una consulta a la Fiscalía de Estado para que emita su opinión respecto de la posibilidad de cobro del canon ya referido. La remisión de ese pedido evidentemente no es demostrativa de que exista un avance en la liquidación -ni, mucho menos, el cobro- del referido concepto. Por el contrario, permite estimar razonablemente que, de existir en el futuro esa intención recaudatoria, no habrá de concretarse sin antes contar, precisamente, con una respuesta del organismo requerido.
De tal modo, la aplicación del canon por ocupación -a la que la demandante asigna el virtual efecto de provocar un "menoscabo patrimonial de suficiente gravitación económica" (punto III.2, presentación electrónica de fecha 3-V-2022, 1:44:48 p.m.)- se exhibe por ahora como una mera conjetura, inhábil para justificar la concesión de la medida peticionada (doctr. causa A. 68.225, cit.).
V. Por las razones expuestas, sin que implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde denegar, de momento, la medida cautelar solicitada por la parte actora (art. 22, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar la medida cautelar peticionada por la parte actora (art. 22, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/11/2022 20:05:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2022 01:03:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 08:55:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 10:02:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2022 13:26:48 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2022 14:26:50 hs. bajo el número RR-1190-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia