Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79221 bis
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.79.221 bis "SOCIEDAD RURAL DE VEDIA C/ MUNICIPALIDAD LEANDRO N. ALEM S/ INCIDENTE MEDIDA CAUTELAR (INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 127 Y 133 ORDENANZA FISCAL)"
Se presenta la Sociedad Rural de Vedia, por intermedio de su apoderado, promoviendo demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Municipalidad de Leandro N. Alem, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 125, 126, 127 inc. 2, y 133 de la ordenanza 1.837/2023 -"General Impositiva 2024"- de esa comuna, reguladores de las tasas por Control de Marcas y Señales y por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.
Invoca la representación de los intereses de los productores agropecuarios del municipio demandado, indicando que la mayoría de ellos resultan contribuyentes de los tributos impugnados a la vez que se encuentran asociados a ella.
Expone que los preceptos objetados violentan los arts. 10, 11, 27 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 31, 75 inc. 13 y 126 de la Constitución nacional.
Con respecto a la Tasa por Control de Marcas y Señales, sostiene que la previsión de una carga tributaria diferenciada según el comprador, mercado, remate o feria en la que se realice la venta se encuentre ubicado o pertenezca al partido de Leandro N. Alem u otro, o dependiendo de si las guías de traslado serán utilizadas dentro o fuera de esa misma jurisdicción (art. 127 inc. 2 de la ordenanza 1.837/2023), violenta el derecho a comerciar libremente así como la prohibición del establecimiento de aduanas interiores, configurando una indebida regulación municipal del comercio interjurisdiccional. Postula que el apuntado trato diferencial entraña también una discriminación contraria al derecho constitucional a la igualdad.
Afirma que no se registra una adecuada proporción entre las sumas recaudadas por la comuna en concepto de la apuntada tasa y el costo del servicio en el que se justifica su cobro, lo que importa una violación al derecho de propiedad de quienes tienen a su cargo el pago del tributo.
Manifiesta que los preceptos impugnados introdujeron modificaciones en el modo de cálculo de la tasa que tienen como consecuencia un injustificado e irrazonable aumento del tributo, toda vez que no se condice con un paralelo incremento en los costos que insume el desarrollo de la actividad estatal a la que se halla vinculado.
En relación con la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, postula que violenta el derecho de propiedad en tanto no deriva del desarrollo de una actividad municipal concreta, efectiva e individualizada en los contribuyentes. Aduce que tal circunstancia se advierte al observar el estado de abandono en que se encuentran los caminos rurales de la jurisdicción.
Sostiene que también este tributo resulta inconstitucional por no existir una adecuada relación entre las sumas recaudadas en su concepto y el costo global que exige la prestación del servicio en el que pretende justificarse.
Asimismo, manifiesta que lo dispuesto en los arts. 126 y 133 de la ordenanza impugnada transgrede la prohibición dispuesta en el art. 10 de la ley 23.928, en tanto suponen la aplicación de métodos indexatorios que arrojan como resultado un aumento excesivo de las cargas tributarias en cuestión (v. presentación electrónica en el expediente principal de fecha 5-III-2024, 12:38:14 p.m.).
La asociación actora peticiona que, con carácter cautelar, se suspenda el cobro de la Tasa por Control de Marcas y Señales y se ordene a la demandada abstenerse de iniciar ejecuciones fiscales respecto de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.
Subsidiariamente, requiere que se disponga que el Municipio liquide y cobre el primero de esos tributos aplicando el art. 127 inc. "g" de la ordenanza 1.837/2023 y liquide el segundo conforme las pautas previstas en la ordenanza fiscal para el año 2023 (v. presentación electrónica en este incidente de fecha 5-III-2024, 12:40:15 p.m.).
II. Llamados autos al acuerdo para resolver respecto de las peticiones precautorias formuladas, corresponde analizar la pertinencia de su otorgamiento.
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación — prima facie — de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.).
Y ha decidido, asimismo, ante la impugnación de normas tributarias, que la percepción de la renta pública en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de peticiones precautorias en la materia impone una especial estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019; e.o.).
Así, especialmente en estas actuaciones, en atención al conducto procesal por el que tramita y la materia sobre la que versa, pesa sobre quien requiere la tutela precautoria la carga de acreditar la verosimilitud de su derecho y el peligro cierto en la demora, pues es necesario que se evidencien fehacientemente los motivos que justifican la concesión de una medida de esa índole.
II.2. A la luz de los parámetros señalados, debe advertirse que no se encuentra acreditado en la especie, siquiera en principio, el peligro irreparable en la demora que provocaría a los productores y propietarios de inmuebles del municipio de Leandro N. Alem el pago de las Tasas por Control de Marcas y Señales y por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de acuerdo a los preceptos objetados en el desarrollo de su actividad, su renta o su patrimonio, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho. Tampoco que tal peligro se registre en cabeza de la Sociedad Rural de Vedia, por encontrarse en riesgo cierto el desenvolvimiento de sus objetivos propios.
En particular, la evaluación de este extremo requiere un examen atento de la realidad comprometida en el caso para poder así establecer si las secuelas que pudieran producir los hechos que pretenden evitarse con la medida precautoria tendrán la virtualidad de restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego si tal fuese la decisión definitiva del pleito (CSJN Fallos: 319:1277; 339:225; e.o.). A la vez que exige indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; e.o.).
En el caso, la actora se limita a mencionar que quienes eventualmente se vean obligados a abonar los tributos impugnados enfrentarán el riesgo de sufrir el secuestro o decomiso de sus mercaderías, el inicio de un proceso de apremio en su contra o la traba sobre sus bienes de alguna clase de medida precautoria en protección del crédito fiscal, en el supuesto de incumplir con el pago de la respectiva obligación (v. puntos XII y XX de la presentación electrónica de fecha 5-III-2024, 12:40:15 hs.).
Tales alegaciones resultan evidentemente insuficientes por sí solas para demostrar, con el carácter preliminar y en el limitado campo de conocimiento que habilita el análisis de medidas como las requeridas, la satisfacción en autos del periculum in mora.
Es que, además, aunque es cierto que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo pueden acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria (causa I. 1.183, "Nida", sent. de 31-V-1988, e.o.), en autos siquiera se ha ofrecido prueba alguna tendiente a cuantificar el peso que el cumplimiento con el pago de los tributos criticados tendría sobre la situación económico financiera de sus potenciales contribuyentes o la asociación demandante.
Tal orfandad probatoria impide evaluar la configuración del recaudo del peligro en la demora (doctr. causa I. 72.233, "International Value S.A.", resol. de 23-IX-2015) o tener por demostrado que, en el estado actual de situación, los agravios formulados no puedan conjurarse con el dictado de la sentencia de mérito (CSJN Fallos: 344:1051).
III. En virtud de las consideraciones precedentes, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar por el momento a la tutela precautoria solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; I. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; I. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; I. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019; I. 78.640, "Suden", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:44:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:44:41 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 19:00:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/06/2024 19:25:40 hs. bajo el número RR-448-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia