Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79252 bis
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.79.252 bis "WILLGAN S.A C/ MUNICIPALIDAD LEANDRO N. ALEM S/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR (INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 127 Y 133 DE LA ORDENANZA FISCAL 2024"
I. Se presenta la firma Willgan S.A., por intermedio de su apoderado, promoviendo demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Municipalidad de Leandro N. Alem, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 125, 126 y 127 inc. 2 de la ordenanza 1.837/2023 -"General Impositiva 2024"- de esa comuna, reguladores de la Tasa por Control de Marcas y Señales.
Manifiesta que su demanda "responde a una pretensión homogénea a la de todos los productores ganaderos de la localidad de Leandro N. Alem [...] teniendo esta pretensión individual solamente el carácter de preventivo", para el supuesto de que no sea admitida la legitimación activa de la Sociedad Rural de Vedia en las actuaciones judiciales que la tienen por actora y tramitan también ante esta Suprema Corte.
Expone que los preceptos objetados violentan los arts. 10, 11, 27 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 31, 75 inc. 13 y 126 de la Constitución nacional.
Sostiene que la previsión de una carga tributaria diferenciada según el comprador, mercado, remate o feria en la que se realice la venta se encuentre ubicado o pertenezca al partido de Leandro N. Alem u otro, o dependiendo de si las guías de traslado serán utilizadas dentro o fuera de esa misma jurisdicción (art. 127 inc. 2 de la ordenanza 1.837/2023), violenta el derecho a comerciar libremente así como la prohibición del establecimiento de aduanas interiores, configurando una indebida regulación municipal del comercio interjurisdiccional. Postula que el apuntado trato diferencial entraña también una discriminación contraria al derecho constitucional a la igualdad.
Expone que no se registra una adecuada proporción entre las sumas recaudadas por la comuna en concepto de la apuntada tasa y el costo del servicio en el que se justifica su cobro, lo que importa una violación al derecho de propiedad de quienes tienen a su cargo el pago del tributo.
Manifiesta que los preceptos impugnados introdujeron modificaciones en el modo de cálculo de la tasa que tienen como consecuencia un injustificado e irrazonable aumento del tributo, toda vez que no se condice con un paralelo incremento en los costos que insume el desarrollo de la actividad estatal a la que se halla vinculado.
Asimismo, afirma que lo dispuesto en el art. 126 de la ordenanza impugnada transgrede la prohibición dispuesta en el art. 10 de la ley 23.928, en tanto suponen la aplicación de métodos indexatorios que arrojan como resultado un aumento excesivo de las cargas tributarias en cuestión (v. presentación electrónica en el expediente principal de fecha 15-III-2024, 9:05:11 a.m.).
Peticiona que, con carácter cautelar, se suspenda el cobro de la Tasa por Control de Marcas y Señales. Subsidiariamente, requiere que se disponga que el Municipio liquide y cobre ese tributo aplicando el art. 127 inc. "g" de la ordenanza 1.837/2023 (v. presentaciones electrónicas de fecha 13-III-2024, 12:56:39 p.m. en este incidente y 15-III-2024, 9:05:11 a.m. en el expediente principal).
II. Llamados autos al acuerdo para resolver respecto de la petición precautoria formulada, corresponde analizar la pertinencia de su otorgamiento.
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación — prima facie — de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.).
Y ha decidido asimismo, ante la impugnación de normas tributarias, que la percepción de la renta pública en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de peticiones precautorias en la materia impone una especial estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019; e.o.).
Así, especialmente en estas actuaciones, en atención al conducto procesal por el que tramita y la materia sobre la que versa, pesa sobre quien requiere la tutela precautoria la carga de acreditar la verosimilitud de su derecho y el peligro cierto en la demora, pues es necesario que se evidencien fehacientemente los motivos que justifican la concesión de una medida de esa índole.
II.2. A la luz de los parámetros señalados, debe advertirse que no se encuentra acreditado en la especie, siquiera en principio, el peligro irreparable en la demora que provocaría a la demandante el pago de la Tasa por Control de Marcas y Señales de acuerdo a los preceptos objetados en el desarrollo de su actividad, su renta o su patrimonio, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho.
En particular, la evaluación de este extremo requiere un examen atento de la realidad comprometida en el caso para poder así establecer si las secuelas que pudieran producir los hechos que pretenden evitarse con la medida precautoria tendrán la virtualidad de restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego si tal fuese la decisión definitiva del pleito (CSJN Fallos: 319:1277; 339:225; e.o.). A la vez que exige indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; e.o.).
En el caso, la actora se limita a mencionar que, si incumpliera con el pago de la respectiva obligación, correría el riesgo de sufrir el secuestro o decomiso de sus mercaderías, el inicio de un proceso de apremio en su contra o la traba sobre sus bienes de alguna clase de medida precautoria en protección del crédito fiscal (v. punto XII de la presentación electrónica de fecha 13-III-2024, 12:56:39 hs.).
Tales alegaciones resultan evidentemente insuficientes por sí solas para demostrar, con el carácter preliminar y en el limitado campo de conocimiento que habilita el análisis de medidas como las requeridas, la satisfacción en autos del periculum in mora.
Es que, además, aunque es cierto que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo pueden acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria (causa I. 1.183, "Nida", sent. de 31-V-1988, e.o.), en autos siquiera se ha ofrecido prueba alguna tendiente a cuantificar el peso que el cumplimiento con el pago de los tributos criticados tendría sobre la concreta situación económico financiera de la peticionante.
Tal orfandad probatoria impide evaluar la configuración del recaudo del peligro en la demora (doctr. causa I. 72.233, "International Value S.A.", resol. de 23-IX-2015) o tener por demostrado que, en el estado actual de situación, los agravios formulados no puedan conjurarse con el dictado de la sentencia de mérito (CSJN Fallos: 344:1051).
III. En virtud de las consideraciones precedentes, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar por el momento a la tutela precautoria solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; I. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; I. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; I. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019; I. 78.640, "Suden", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:44:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:44:44 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 19:00:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/06/2024 19:25:42 hs. bajo el número RR-450-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia