Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79261 bis
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.79.261 bis "GANWIL S.A C/ MUNICIPALIDAD LEANDRO N. ALEM S/ INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR (INCONST. ART. 133 ORDENANZA FISCAL 2024)"
I. Se presenta Ganwil S.A., por intermedio de su apoderado, promoviendo demanda originaria en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial, contra la Municipalidad de Leandro N. Alem, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad del art. 133 de la ordenanza 1.837/2023 -"General Impositiva 2024"- de esa comuna, regulador de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.
Manifiesta que su demanda "responde a una pretensión homogénea a la de todos los productores ganaderos de la localidad de Leandro N. Alem [...] teniendo esta pretensión individual solamente el carácter de subsidiario", para el supuesto de que no sea admitida la legitimación activa de la Sociedad Rural de Vedia en las actuaciones judiciales que la tienen por actora y tramitan también ante esta Suprema Corte.
Expone que el precepto objetado violenta el art. 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Postula que tal vulneración es consecuencia de el hecho de no registrarse el desarrollo de una actividad municipal concreta, efectiva e individualizada en los contribuyentes que le sirva de sustento. Aduce que tal circunstancia se explica con la observación del estado de abandono en que se encuentran los caminos rurales de la jurisdicción.
Sostiene que también este tributo resulta inconstitucional por no existir una adecuada relación entre las sumas recaudadas en su concepto y el costo global que exige la prestación del servicio en el que pretende justificarse.
Asimismo, manifiesta que se transgrede en la especie la prohibición dispuesta en el art. 10 de la ley 23.928, en tanto suponen la aplicación de métodos indexatorios que arrojan como resultado un aumento excesivo de las cargas tributarias en cuestión (v. presentación electrónica en el expediente principal de fecha 13-III-2024, 1:29:08 p.m.).
Peticiona que, con carácter cautelar, se suspenda el cobro de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal a su respecto.
Subsidiariamente, requiere que se disponga que el Municipio liquide y cobre ese tributo aplicando las pautas previstas en la ordenanza fiscal para el año 2023 (v. presentación electrónica en este incidente de fecha 13-III-2024, 1:33:32 p.m.).
II. Llamados autos al acuerdo para resolver respecto de la petición precautoria formulada, corresponde analizar la pertinencia de su otorgamiento.
II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación — prima facie — de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).
Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.).
Y ha decidido, asimismo, ante la impugnación de normas tributarias, que la percepción de la renta pública en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (conf. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de peticiones precautorias en la materia impone una especial estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019; e.o.).
Así, especialmente en estas actuaciones, en atención al conducto procesal por el que tramita y la materia sobre la que versa, pesa sobre quien requiere la tutela precautoria la carga de acreditar la verosimilitud de su derecho y el peligro cierto en la demora, pues es necesario que se evidencien fehacientemente los motivos que justifican la concesión de una medida de esa índole.
II.2. A la luz de los parámetros señalados, debe advertirse que no se encuentra acreditado en la especie, siquiera en principio, el peligro irreparable en la demora que provocaría a la demandante el pago de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de acuerdo al precepto objetado en el desarrollo de su actividad, su renta o su patrimonio, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho.
En particular, la evaluación de este extremo requiere un examen atento de la realidad comprometida en el caso para poder así establecer si las secuelas que pudieran producir los hechos que pretenden evitarse con la medida precautoria tendrán la virtualidad de restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego si tal fuese la decisión definitiva del pleito (CSJN Fallos: 319:1277; 339:225; e.o.). A la vez que exige indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; e.o.).
En el caso, la actora se limita a mencionar que, si incumpliera con el pago de la respectiva obligación, correría el riesgo de que se inicie a su respecto un proceso de apremio o la traba sobre sus bienes de alguna clase de medida precautoria en protección del crédito fiscal (v. punto XX de la presentación electrónica de fecha 13-III-2024, 1:33:32 hs. en este incidente).
Tales alegaciones resultan evidentemente insuficientes por sí solas para demostrar, con el carácter preliminar y en el limitado campo de conocimiento que habilita el análisis de medidas como las requeridas, la satisfacción en autos del periculum in mora.
Es que, además, aunque es cierto que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo pueden acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria (causa I. 1.183, "Nida", sent. de 31-V-1988, e.o.), en autos siquiera se ha ofrecido prueba alguna tendiente a cuantificar el peso que el cumplimiento con el pago de los tributos criticados tendría sobre la concreta situación económico financiera de la peticionante.
Tal orfandad probatoria impide evaluar la configuración del recaudo del peligro en la demora (doctr. causa I. 72.233, "International Value S.A.", resol. de 23-IX-2015) o tener por demostrado que, en el estado actual de situación, los agravios formulados no puedan conjurarse con el dictado de la sentencia de mérito (CSJN Fallos: 344:1051).
III. En virtud de las consideraciones precedentes, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar por el momento a la tutela precautoria solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; I. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; I. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; I. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019; I. 78.640, "Suden", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
No hacer lugar a la medida cautelar peticionada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:44:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:44:47 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 19:00:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/06/2024 19:25:43 hs. bajo el número RR-451-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia