Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79310 P
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída por el motivo indicado en el punto IV.1. y, admitiéndola parcialmente, conceder -con el alcance que surge de los considerandos IV.2. y V- los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos (arts. 278, 292, 296, CPCC; 60 CCA y Ac. 4068).
A.79.310-P "ENERGEN S.A. C/ CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA (INCIDENTE MEDIDA CAUTELAR)"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca -en el marco de un incidente de medida cautelar- acogió el pedido efectuado por el demandado Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata que, tras hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y suspender los efectos de las resoluciones CGPBB N° 54/22 y 58/22, ordenó la restitución de Energen SA a la posta de inflamables de Puerto Galván a fin de que pueda retomar la prestación de los servicios que se encuentran a su cargo conforme el contrato oportunamente celebrado (v. resol. de Cámara de 19-IX-2023 y resol. de grado de 7-XI-2023).
La decisión del juez de primera instancia fue dictada a raíz de que la Cámara dispuso que el pedido de levantamiento de la medida cautelar que ordenara -formulado ante ella- debía ser resuelto por aquel magistrado.
II. Apelada dicha decisión, la Cámara interviniente hizo lugar al recurso articulado por la parte actora –Energen SA- y revocó el fallo de grado en cuanto acogió el pedido de levantamiento de la medida cautelar decretada. Esto, por considerar que había sido dictado mediando grave afectación del derecho de defensa del beneficiario de la tutela precautoria, al disponer su cese sin producir ninguna de las pruebas que aquel oportunamente había ofrecido.
Tras ello, repuso la vigencia de la medida que anteriormente había dictado y ordenó que el juez de grado debería continuar con la tramitación de la causa, disponiendo la apertura a prueba del incidente y comandando la producción de las pruebas ofrecidas, hasta el momento en que los autos queden en estado de dictar sentencia, oportunidad en que debería remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, para que su titular emita el pronunciamiento definitivo (v. sent. de 15-II-2024).
III. Frente a lo así resuelto, el Consorcio demandado dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad, agraviándose tanto del rechazo del levantamiento de la medida cautelar como de la decisión de la Cámara que ordenó remitir los autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo mencionado (v. present. de 1-III-2024).
La denegatoria de ambos remedios, con sustento en la falta de definitividad del fallo atacado (v. resol. de 26-III-2024), motivó la presente queja (v. present. electr. de 5-IV-2024).
IV. Requeridos los autos principales mediante notificación directa el 31 de julio de 2024, éstos fueron recibidos en formato digital el 2 de agosto de 2024. La compulsa de los trámites del expediente principal corrobora las circunstancias relatadas en el considerando anterior.
IV.1. Respecto del cuestionamiento dirigido a objetar la medida cautelar, cabe recordar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquella que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis , pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (doctr. causas Q. 76.266, "Nazhur", resol. de 11-III-2020; Q. 76.440, "Fantaguzzi", resol. de 17-VI-2020; Q. 77.880, "Zarnitzer", resol. de 25-VIII-2022; Q. 78.673, "Soler", resol. de 30-V-2023).
Por eso, es doctrina reiterada de este Tribunal que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Q. 75.903, "Granja Tres Arroyos", resol. de 6-XI-2019; Q. 76.431, "Centro de Exportadores de Cereales y Otros", resol. de 19-III-2021).
Bajo tales premisas, no se observa en el sub lite , en el que el Tribunal de Alzada revocó el pronunciamiento de grado que dispuso el levantamiento de la medida precautoria y, en consecuencia, repuso su vigencia y ordenó continuar con la tramitación del incidente hasta el momento de dictar sentencia, motivos que justifiquen el apartamiento de dicho criterio (doctr. causas A. 73.929, "Bellocchio", resol. de 18-XI-2015; Q. 77.599, "Rodríguez", resol. de 12-VIII-2022; Q. 76.951, "Sanchez", resol. de 4-XI-2022; Q. 77.037, "Asso", resol. de 24-V-2023).
En consecuencia, corresponde desestimar el embate traído en relación al mencionado cuestionamiento, en tanto los recursos extraordinarios deducidos por el obligado a cumplir la medida cautelar han sido, sobre esa base, correctamente denegados (arts. 278, 296 y 292, CPCC).
IV.2. Es necesario analizar seguidamente el agravio dirigido a cuestionar -con denuncia de violación de la garantía del juez natural- la decisión de la Cámara que ordenó -sin fundamento aparente- remitir las actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°2 de Mar del Plata, para cuando queden en estado de dictar sentencia.
Al respecto, esta Corte ha sostenido reiteradamente que las resoluciones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial (doctr. causas Ac. 101.201, "Gramajo", resol. de 19-X-2007; Q. 72.724, "San Andrés Golf Club", resol. de 23-XII-2013; Q. 73.746, "Centro Estudios Legales y Sociales", resol. de 15-VII-2015; C. 124.003, "Ecoplata SA", resol. de 6-VII-2020), denieguen la competencia federal (doctr. causas Ac. 99.807, "Paganti", resol. de 31-VIII-2007; Ac. 100.709, "Marchetti", resol. de 18-II-2009; Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.; CSJN Fallos: 302:1626; 324:4469, e.o.) o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes y al hacerlo incida sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (doctr. causas Ac. 103.347, "Lagrotte", resol. de 23-IV-2008; Ac. 100.709, Q. 72.724, Q. 73.746 y C. 124.003, cits.).
En autos, sin perjuicio de no encontrarse configuradas ninguna de las reseñadas circunstancias, en tanto se plantean agravios referidos a la violación de la garantía del juez natural, se presenta aquí un supuesto de excepción a los principios generales antes citados toda vez que el fallo impugnado podría generarle al impugnante un perjuicio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior (conf. doctr. causas C. 118.048, "Pepe", resol. de 31-VII-2013; C. 119.295, "Sosa", resol. de 30-IX-2014; Q. 76.543, "Ciraco", resol. de 23-IX-2020; A. 76.931, "Esain", resol. de 3-V-2022).
V. En consecuencia, encontrándose cumplidos los requisitos legales, corresponde hacer lugar parcialmente a la queja traída y conceder, en cuanto respecta exclusivamente a la parcela de la sentencia que decidió el apartamiento del juez de primera instancia en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Bahía Blanca, los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 278, 292, 296, CPCC y Acordada 4068).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída por el motivo indicado en el punto IV.1. y, admitiéndola parcialmente, conceder -con el alcance que surge de los considerandos IV.2. y V- los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos (arts. 278, 292, 296, CPCC; 60 CCA y Ac. 4068).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21). Pasen los autos al señor Procurador General, para dictaminar acerca del recurso de nulidad interpuesto (art. 297, CPCC).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 12:58:13 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 14:06:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2024 06:33:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:34:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 14:10:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2024 14:20:43 hs. bajo el número RR-671-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia