Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 37374 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el pronunciamiento del Sr. Juez Pablo Javier Viñas, integrante del Tribunal en lo Criminal N°1 departamental y, en consecuencia, concederle a Carlos Sebastiano Romero Barbas la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, debiéndose implementar la medida una vez instalado el sistema de monitoreo electrónico en el domicilio de calle Chile N°3075 de esta ciudad. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por e Defensor Particular Bernardo Palumbo (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
INC-37374-2 "ROMERO BARBAS CARLOS SEBASTIANO S/INCIDENTE DE MORIGERACION".
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° INC-37374-2 caratulados "ROMERO BARBAS CARLOS SEBASTIANO S/INCIDENTE DE MORIGERACION", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martín Poggetto, Alfredo José Deleonardis y Marcelo Augusto Madina.
1. El Sr. Juez Pablo Javier Viñas, integrante del Tribunal en lo Criminal N°1 departamental, resolvió no hacer lugar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario solicitada en favor de Carlos Sebastiano Romero Barbas.
2. Contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Defensor Particular Bernardo Palumbo.
Critica la resolución del a quo en el entendimiento que funda su decisión en la pena en expectativa, en el hecho que el encausado no se encuentra comprendido en las previsiones del artículo 159 del CPP y en que tampoco se verifican circunstancias excepcionales, a la par de que entiende que prescindió de ingresar en un análisis individualizado de los riesgos procesales.
En este sentido argumenta que su asistido es un joven de 22 años de edad, que vive en el barrio más humilde de esta ciudad -Centenario- y que se encontraba trabajando al momento de que se solicitó su detención en estos obrados.
Agrega que el imputado tampoco presenta problemas de adicciones ni una patología psíquica que permita aseverar que existe riesgo de fuga.
Por último, ofrece caución juratoria para que, en caso de concederle la morigeración, el causante comience con un tratamiento psicológico.
Solicita, en base a ello, que se revoque la resolución del a quo y, en consecuencia, se conceda la atenuación de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario solicitada en favor de Carlos Sebastiano Romero Barbas.
3. Resta consignar que todos estos argumentos fueron informados oralmente por el referido letrado en el marco de la audiencia desarrollada en esta instancia.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez Pablo Martín Poggetto dijo:
1. En primer término debo señalar que a Carlos Sebastiano Romero Barbas, en el marco de la IPP 08-00-014221-24, causa N° 6337 del Tribunal en lo Criminal n° 1 Dptal., se le imputa el delito de hurto agravado por su comisión mediante escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años en grado de tentativa (CP, 41 quater, 42 y 163 inc. 4°).
El encausado fue privado de libertad el día 3 de abril del año 2024 y excarcelado el día 8 de abril. Luego, con fecha 17 de septiembre del mismo año se declaró su rebeldía y se ordenó la detención, medida que se hizo efectiva ese mismo día, permaneciendo detenido en forma ininterrumpida desde esa fecha.
Es dable señalar que se designó fecha para la celebración del debate oral y público para los días 28, 29 y 30 de mayo del corriente año.
2. Sentado lo anterior, ingresando en el responde de los agravios traídos a conocimiento que le ocasionó al recurrente la denegatoria de morigeración de la medida cautelar que se está ejecutando, debo decir que la situación de Romero Barbas no ingresa en ninguna de las previsiones contenidas en el artículo 159 del CPP.
Tampoco se advierte factible la aplicación contemplada en el párrafo segundo del art. 163 del CPP toda vez que, no surgen circunstancias excepcionales personales del imputado que graviten para su otorgamiento.
Sigue manteniéndose incólume el baremo de peligrosidad procesal derivado de la pena en expectativa que emerge de la imputación en los presentes obrados, complementado en cuanto a que en el marco de la causa N° 933 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 Departamental el encausado fue condenado a la pena de dos (2) años y ocho (8) meses de ejecución condicional; por lo que, de resultar condenado en esta causa, la eventual pena que se le imponga no solo será de efectivo cumplimiento, sino que deberá revocarse la condicionalidad de la sanción impuesta en el fuero minoril, debiendo darse el procedimiento establecido en el art. 58 del Código Penal.
3. Por lo tanto, en el caso, no existen situaciones que lleven a estimar posible la aplicación de una medida menos gravosa al imputado que el encierro carcelario que se encuentra observando; emergiendo esta modalidad de coerción, de momento, necesaria, proporcional al objeto de tutela y razonable efectos de asegurar los fines del proceso, al menos hasta la celebración del debate oral, el que se llevará a cabo dentro de veinticinco días desde esta fecha.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez Alfredo José Deleonardis dijo:
Voy a discrepar respetuosamente con al voto de mi colega preopinante.
Así, sin perjuicio que la situación del aquí encausado no ingresa en las previsiones del art. 159 del CPP, advierto, en el caso, que resultaría de aplicación una medida de coerción menos gravosa para neutralizar la peligrosidad procesal que el encierro carcelario estricto.
En efecto, en relación a la sentencia condenatoria que posee Romero Barbas en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, considero que solo puede admitirse excepcionalmente que una condena dictada en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil sea tomada en cuenta en un proceso de mayores en caso de una eventual unificación de pena, cuando la dictada en aquel fuero minoril ha impuesto pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento.
Y ello porque en ese supuesto se impone el imperativo legal que surge del art. 58 del Código Penal, con el que se pretende asegurar el principio de ingerencia penal única del Estado, a través de la aplicación de una única condena (principio de unidad de la reacción penal o de pena total) exclusivamente vinculado a la efectividad de las penas temporales, atendiendo a la irracionalidad que puede generar su imposición en tiempo lineal y su ejecución en tiempo existencial, y que, en esos términos, es emanación del principio republicano de gobierno (CN,1).
Fuera de este caso puntual, la sanción penal juvenil no puede tomarse en cuenta a ningún efecto perjudicial al momento de dictar sentencia al procesado mayor de edad, de conformidad con los especiales derechos que les son reconocidos a niños, niñas y adolescentes en atención a su condición de seres humanos en proceso de desarrollo (vg: arts. 37 inc. b y 40 CIDH; regla 5 de las Reglas de Beijing-ley 23.849-; Regla 21.2 Resol. 40/33 ONU y CSJN in re "Maldonado" -voto de mayoría-, sent. del 7/12/2005).
En este caso puntual, no cabe inferir la existencia de peligros procesales a partir de la condena previa que en el fuero minoril impuso al causante una pena de prisión de ejecución condicional ya que, por lo expuesto más arriba, la misma no corresponderá ser unificada con la que recaiga eventualmente en la presente ni tampoco podrá ser tomada como "primera condena", por lo que la que aquí recaiga no habrá de resultar indefectiblemente de efectivo cumplimiento (CP, 26 y CPP,148 inc.2°).
Prescindiendo entonces de dicha consideración, se advierte que la situación del causante si bien no se encuentra comprendida dentro de los supuestos puntuales previstos por el art. 159 -a los que alude el art. 163- del CPP, igualmente se advierte factible la morigeración excepcional contemplada por el párrafo segundo de este último artículo, toda vez que la objetiva valoración del hecho atribuido y la "pena que se espera como resultado del procedimiento" (CPP: 148 inc. 2°), meritada en relación al tiempo que lleva el imputado privado de su libertad (más de siete meses), permiten presumir que el peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio pueden evitarse actualmente mediante la aplicación de una medida menos gravosa para el encausado que su encarcelamiento estricto, como lo es el arresto domiciliario que peticiona la defensa (CPP: 163 inc. 1°), sometido a control por medios electrónicos (monitoreo del SPB) y por toda aquella condición que estime razonable al mismo efecto el Sr. Juez de la instancia (CPP: 145 y su doctrina).
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez Marcelo Augusto Madina dijo:
Voto en igual sentido que el Juez Deleonardis y por aducir los mismos fundamentos. Así lo sostuve en la Sala que compongo originariamente en causas N° 22.376 "Vazquez, Manuel Angel s/robo en grado de tentativa" (Reg 499-R 4/12/2012) y N° 21.369 " Vilchez Muñoz Lucas s/ Robo, resistencia a la autoridad, etc" (Reg 19-R 14/03/2013).
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal por mayoría resuelve: revocar el pronunciamiento del Sr. Juez Pablo Javier Viñas, integrante del Tribunal en lo Criminal N°1 departamental y, en consecuencia, concederle a Carlos Sebastiano Romero Barbas la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, debiéndose implementar la medida una vez instalado el sistema de monitoreo electrónico en el domicilio de calle Chile N°3075 de esta ciudad. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por e Defensor Particular Bernardo Palumbo (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese Fiscalía y Defensa. Devuélvase a la instancia a los fines de notificar al encausado e implementar lo aquí decidido.
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 10:32:00 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2025 10:54:39 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2025 09:08:34 - MADINA Marcelo Augusto - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2025 09:13:05 - GUTIERREZ Maria Aynara - AUXILIAR LETRADA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 06/05/2025 09:13:36 hs. bajo el número RR-190-2025 por GUTIERREZ MARÍA AYNARA.
Fin de la sentencia