Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala III · Causa 38728-MRG
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto por la defensa de conformidad con los arts. 21 inc.1 y 3, 337, 421, 434, 439, 441, 442 y cc del CPP.
II. Confirmar, en cuanto fuera materia de recurso, el auto de fecha 23 de septiembre que deniega la morigeración de la prisión preventiva decretada y mantiene la medida de coerción respecto de Dora Edith Gramajo (arts. 146 inciso 3ro, 148, 159 y 163 "a contrario sensu" del C.P.P y arts.119, párrafo 1,2 y 4 incs. b y f del Código Penal según ley 25.087).
TRIBUNAL EN LO CRIMINAL Nº 6 - SAN MARTIN ([email protected])
Para resolver en la presente causa nro. 38.728 (causa nro. 5735 del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 6 Dptal.) respecto del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada Dora Edith Gramajo contra el auto que no hace lugar a la morigeración de la prisión preventiva;
Y
Que con fecha 23 de septiembre de 2026 los Sres. Jueces a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 6 Departamental, resolvieron denegar la morigeración de la prisión preventiva y mantener la coerción de Dora Edith Gramajo (arts. 146 inciso 3ro, 148, 163 en función del art. 159 ley 13.943 "contrario sensu" del C.P.P. Ley 11.922 y mod.).
Contra dicho decisorio el Sr. Defensor Particular, Dr. Martín P. Sosa, interpuso recurso de apelación mediante el cual se agravia de la decisión del a quo .
Argumenta que la resolución de primera instancia carece de fundamentación suficiente, concreta e individualizada como exige el ordenamiento procesal.
Considera que existe una errónea interpretación del art. 163 del C.P.P., el cual no exige que la situación de su pupila encuadre en las previsiones del art. 159 de ese cuerpo legal.
Asegura que la fundamentación en el fallo cuestionado es aparente pues se expide sobre la existencia de riesgos procesales sin el análisis de la idoneidad de las medidas alternativas ofrecidas.
Asimismo, considera que se han omitido valorar circunstancias expresamente mencionadas por el recurrente (tiempo en que se archivó la presente investigación, que no resta realizar otras medidas de prueba, como que la víctima no mantiene contacto con Gramajo, domicilio fijo, propuesta de acompañamiento de un tercero en su lugar de residencia, ausencia de antecedentes, etc).
Cita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia en cuanto establece que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a evaluar periódicamente la situación de las personas detenidas y la pertinencia del sistema de monitoreo electrónico en los supuestos en que pudieran razonablemente tener lugar.
Refiere que se han vulnerado los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad de la prisión preventiva, lo que sustenta con cita en los fallos "Peirano Basso ", "Napoli, Erika Elizabeth" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros fallos de Tribunal de Casación de esta Provincia.
En función de lo anterior, requiere se revoque el auto en crisis y se conceda el instituto peticionado.
Concedido el recurso interpuesto y elevadas las actuaciones digitalizadas a la Cámara, luego de su radicación en esta Sala, notificado ello en términos del art. 444 del C.P.P., la presente causa se encuentra en condiciones de ser resuelta
El Sr. Juez Dr. Sebastián Oscar Bisquert dijo
I. Que la apelación articulada por el Sr. Defensor Particular resulta formalmente admisible, reuniendo los requisitos de temporalidad y fundamentación exigidos por el Código de Procedimientos en lo Penal (arts. 21, 421, 433, 434, 442, 443, 444 ss y cc del C.P.P.).
II. A la luz de los agravios esgrimidos por la defensa (art. 434 del C.P.P.) pasaré a analizar la cuestión traída a estudio.
En primer término, estimo pertinente indicar que al elevar la presente causa a juicio se tuvo por acreditado con el grado de conocimiento exigido para ese estadio procesal el siguiente hecho: "En fecha indeterminada, pero cuando la víctima tenía entre 7 y 9 años inclusive (entre el 19/9/12 y el 18/9/15), en el interior del inmueble ubicado en la calle Boulogne Sur Mer N° 676, José León Suárez, San Martín, la aquí imputada Dora Edith GRAMAJO abusó sexualmente de su hijo Marcos Agustín KASTRAK GRAMAJO (nacido el 19/9/2005), aprovechándose de la convivencia previa con él, al agarrarlo de los cabellos y zamarrearlo por él no quiso comer, y luego estando él en su habitación acostado boca abajo en la cama ella tomó una escoba y con ella le pegó en la espalda y piernas. Inmediatamente después ella le puso el brazo sobre la nuca para inmovilizarlo, le bajó el short y el calzoncillo y le introdujo la punta del palo de la escoba en el ano, para luego ejercer más presión, logrando que se introdujera aún más el palo en el ano, pese a que él le gritaba que lo soltara"; calificado como Abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por resultar progenitora de la víctima y por aprovecharse de la convivencia previa con ella, debiendo responder el citado como autora conforme los artículos 119, párrafo 1,2 y 4 incs. b y f del Código Penal según ley 25.087.
Esta Sala el pasado 28 de agosto 2026 ha resuelto confirmar el auto que convierte en prisión preventiva la detención de Dora Edith Gramajo, en orden al delito previamente mencionado (arts. 144, 148, 157, 171, 439, ss. y cc del C.P.P.).
En dicho fallo se ha sostenido que: ".la privación de la libertad anterior a la sentencia sólo es constitucional y convencionalmente admisible, como razonable restricción al derecho de todo habitante a permanecer en libertad durante el proceso si, existiendo sospecha sustantiva a su respecto y habiendo sido oído, la libertad de la imputada pone en peligro los fines del proceso, dichos fines no pueden ser asegurados de forma menos cruenta y la medida asegurativa no importa a quien soporta un mal mayor que la eventual reacción del Estado en caso de recaer condena (arts. 18 C.N, 7.5. C.A.D.H. y 9.3 P.I.D.C y P. arts. 144 y 146 del C.P.P). Siguiendo las pautas dispuestas por el art. 148 C.P.P. se observa aquí la existencia de dichas condiciones excepcionales de la libertad durante el proceso, toda vez que se verifica riesgo procesal cierto.
Sobre el punto he de indicar que la magnitud de pena en expectativa constituye un baremo de riesgo procesal expresamente previsto en el digesto adjetivo (art. 148 segundo párrafo pto. 2 C.P.P) no se trata de un adelantamiento de pena, sino de una hipótesis de mesura de peligro de frustración de los fines del proceso. De acuerdo a lo señalado precedentemente, encuentro a la magnitud de la pena en expectativa como dato revelador del peligro de fuga, conforme lo considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 2/97 a fin de evaluar que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia (art. 148 C.P.P). Por otra parte, el vínculo existente entre la imputada y el damnificado toda vez que se trata de madre e hijo, permite presumir que en caso de obtener el causante la libertad, ésta podría influenciar en el entorno familiar y entorpecer la investigación (art. 148, segunda parte inc. 2 del C.P.P.), más allá de lo alegado por la defensa en cuanto a que en la actualidad Gramajo no tendría contacto con su familia.
Los extremos ponderados precedentemente permiten, entonces, suponer un riesgo elusivo por el cual, de momento, la encartada en libertad no habría de comparecer al proceso y/o habría de entorpecer la investigación (arts. 146 inc. 3 y 148 último párrafo 2° del C.P-P). De otra parte, las circunstancias del caso demuestran la proporcionalidad entre la medida asegurativa impuesta y el objeto de tutela (art. 146 incs. 2° y 3° y 148 C.P.P). En relación a la circunstancia del archivo de las presentes actuaciones y la suspensión del proceso en la presente investigación, cabe señalar que tuvo su fundamento en la ausencia de la declaración de la víctima, toda vez que conforme dictaminó la perito psicóloga, no se encontraba en condiciones de prestar declaración testimonial.
El archivo de las actuaciones conforme las previsiones del art. 268 del C.P.P., no implicó un cierre definitivo del proceso, ni hizo cosa juzgada material. Nótese que en el auto que decretó dicho acto procesal se sostuvo que debía adoptarse un temperamento expectante hasta tanto mejore la situación emocional del niño damnificado. Así, ante la petición de la tía del menor perjudicado, se realizó un nuevo peritaje en el que se constató ".que el joven se encontraría en condiciones psíquicas de prestar declaración testimonial .". Por ese motivo, se obtuvo el testimonio del menor, con la consecuente reapertura y continuación de la presente investigación. En el marco de lo actuado, dicho material probatorio justificó el desarchivo del proceso.
Claramente, el peritaje psicológico y la declaración del menor motivó que se abriera nuevamente la causa, lo que modificó la situación procesal anterior de Gramajo y condujo a solicitar su detención con la consecuente conversión en prisión preventiva de la misma conforme art. 157 del código ritual, que se sostiene en la existencia de peligros procesales ya merituados en los párrafos precedentes..".
Lo manifestado en ese resolutorio en relación a la existencia de los peligros procesales que justifican la imposición de la medida de coerción dictada respecto de la imputada, a la fecha, se mantiene incólume.
Asimismo, cabe contemplar que Gramajo se encuentra detenida desde el 14 de julio del 2026 y que el Sr. Agente Fiscal efectuó una estimación de pena a su respecto superior a los 15 años de prisión (ver requerimiento de elevación a juicio)
Ahora bien, en orden al instituto en cuestión debo señalar que se encuentra regulado en los arts. 159 y 163 del ritual. El primero rige ante cuatro circunstancias: que la persona sea mayor de setenta años, que padezca una enfermedad terminal o se tratare de una mujer en estado de gravidez o con hijos menores de cinco años. El segundo, se refiere a supuestos de excepción, en los que no se den ninguna de las situaciones previstas en el art. 159 del CPP, pero ante las circunstancias personales del imputado, las características del hecho y cualquier otra cuestión relevante, aparezca como posible la neutralización de los peligros procesales por la aplicación de esta vía.
Siendo ello así, la situación de la encartada no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el art. 159 del CPP, y tampoco en este caso se advierte alguna circunstancia excepcional como reclama el art. 163 de dicho cuerpo legal.
Lo expresado por la defensa en relación a la situación personal de a imputada (arraigo, ausencia de antecedentes), como las cuestiones indicadas en relación a la presente investigación (archivo, realización de medidas de prueba) son insuficientes para posibilitar la concesión del instituto aquí en estudio.
Así, la decisión del a quo resulta ajustada a derecho, toda vez que el tiempo que lleva la causante, la prognosis de pena fiscal y la gravedad del hecho imputado, impiden relativizar el riesgo de fuga, de modo que, la intensidad de la medida de coerción impuesta aparece necesaria y proporcionada para garantizar los fines del proceso. Lo expuesto no implica una reacción penal mayor que la que podría imponer el estado en caso de recaer condena (arts. 144, 146 y 148 del C.P.P.).
Por ello, corresponde homologar el auto en crisis.
Tal es mi voto.
El Sr. Juez, Dr. Germán Weigel, dijo :
Que adhiere, por los mismos fundamentos al voto del Sr. Camarista preopinante.
La Sra. Jueza, Dra. Maria Virginia Toso, dijo: Que comparto el voto esgrimido en primer término por mi colega de Sala, emitiendo el mío en igual sentido, y por sus mismos fundamentos.
. Por ello el Tribunal
I. DECLARAR formalmente admisible el recurso interpuesto por la defensa de conformidad con los arts. 21 inc.1 y 3, 337, 421, 434, 439, 441, 442 y cc del CPP.
II. CONFIRMAR, en cuanto fuera materia de recurso, el auto de fecha 23 de septiembre que deniega la morigeración de la prisión preventiva decretada y mantiene la medida de coerción respecto de Dora Edith Gramajo (arts. 146 inciso 3ro, 148, 159 y 163 "a contrario sensu" del C.P.P y arts.119, párrafo 1,2 y 4 incs. b y f del Código Penal según ley 25.087).
Regístrese, notifíquese electrónicamente.
Firmas
Funcionario firmante: WEIGEL MUÑOZ Germán
Funcionario firmante: TOSO María Virginia - JUEZ
Funcionario firmante: BISQUERT Sebastian Oscar - JUEZ
Funcionario firmante: COSTA VILA Ignacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1007-2026
Fin de la sentencia