Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 48233-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Núm. 51367/2022 “Incidente Nº 1 - ACTOR:
ALMARAZ, GUILLERMO LUIS (TF 48233-I)
DEMANDADO: AFIP - DGI
s/BENEF. DE LITIGAR S/G”
Buenos Aires, marzo de 2023 VISTO Y CONSIDERANDO;
I. Que a fojas 362/363 (de las actuaciones en soporte físico, a las que se aludirá en lo sucesivo), el Tribunal Fiscal de la Nación denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. Guillermo Almaraz, con costas. En este orden, intimó al incidentista a que en un plazo de 5 días ingrese –en concepto de tasa de actuación– la suma de $98.069,22 bajo apercibimiento de disponer el libramiento del certificado de deuda (cfr. Ley Nº 26.964).
Para así decidir, el a quo consideró –en esencia– que la actora no había arrimado probanzas suficientes a los fines de demostrar de modo concluyente su estado de pobreza.
II. Que contra tal resolución, a fojas 372 la parte actora interpuso recurso de apelación el cual fue concedido a fojas 382 y replicado por su contraria a fojas 412/414.
Adujo que la sentencia recurrida le causa manifiestos agravios pues, al negar el beneficio solicitado, no se han valorado la totalidad de la prueba ofrecida. Citó jurisprudencia en sustento de su postura.
Por su parte, en subsidio para el caso en que no se hiciere lugar al recurso interpuesto, solicitó se declaren las costas por su orden. Por último, hizo reserva del caso federal.
III. Que a fojas 383, el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en su conjunto, en la suma de $2158 por el apoderamiento y en la suma $5394 por el patrocinio letrado en la etapa Alta en sistema: 15/03/2023 procesal cumplida de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21.839 y su modificatoria. Asimismo, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el organismo fiscal en la cantidad de 1.89 UMAs, que – en aquel momento– equivalía a la suma de $14.022,52, por el patrocinio letrado, y en la cantidad de 0.75 UMA, a la sazón equivalente a la suma de $5.609,01, por la representación procesal; ello por la etapa cumplida de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27.423. Por último, se reguló los honorarios de la perito contadora Maglieri en la suma de $4.903,46 equivalente a la cantidad de 0,66 UMA.
IV. Que a fojas 392, la representación legal de la Administración Federal de Ingresos Públicos apeló la regulación de honorarios practicada a su favor, por considerarlos bajos.
V. Que, así los hechos, como consideración inicial, cabe señalar que la actividad probatoria desarrollada en el incidente de otorgamiento de beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formar la convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos económicos necesarios. Por ello, la peculiar naturaleza del extremo a demostrar impone que la valoración de las pruebas rendidas, realizada conforme a las reglas de la sana crítica, no atienda a un grado de absoluta certeza sino a la posibilidad que el caso encuadre en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio (cfr. Sosa , G.L.-Berizonce, P.O., Códigos. Proc Civ y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, t II- B, pags. 281 y 282 y sus citas, y esta Sala en las causas “Rodríguez César c/ Est. Nac. S/ Benef. de Litigar sin Gastos”, del 23/12/96; “Bossi Carlos A. c/ Est. Nac. s/ Benef. de Litigar sin Gastos”, del 6/6/01, entre otras). Ahora bien, aunque el criterio de valoración es amplio, es preciso que el requirente demuestre concretamente la carencia de medios y la imposibilidad de obtener los necesarios para afrontar los gastos del juicio.
VI. Que, en este marco, corresponde señalar que de la compulsa de la causa se advierte –en lo que aquí importa y tal como lo ponderó el a quo– que el solicitante del beneficio es copropietario de cinco bienes inmuebles en la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 177). Alta en sistema: 15/03/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Además, es sujeto gravado con el Impuesto a las Ganancias desde mayo del 2016 (v. fs. 203/208).
Por su parte, el solicitante posee un patrimonio neto en el año 2016, calculado a valores históricos a través de pericial contable, por una suma de $899.593, 91 (v. fs. 328/330); sin que se haya acreditado una disminución de tal estado. Asimismo, es titular de una cuenta bancaria con movimientos (v. fs. 81/173 y 214/203).
Asimismo, más allá de lo expuesto en las declaraciones testimoniales de fojas 64/66, lo cierto es que de ellas no surge –con la firmeza de una correcta apreciación– un estado de pobreza en cabeza del solicitante que permita sustentar sin más lo requerido. Nótese que, de lo expuesto por los testigos acerca de lo posibilidad de afrontar las erogaciones del proceso, se desprende cierta duda en lo manifestado. Es que, las expresiones tales como “me parece muy poco problable” o “no creo” no permiten que la valoración de este medio probatorio, la cual ha de de realizarse a través de la sana critica (cfr. Fallos 323:1810), otorgue la convicción requerida sobre la carencia de bienes suficientes para afrontar los gastos que el reclamo demanden.
VII. Que además, no debe soslayarse el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos del juicio, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a las normas del artículo 78 y siguientes del código de rito (confr. CSJN, Fallos: 329:2719). Asimismo, cabe advertir que se arribaría a una interpretación extrema si se asimilara una “situación difícil o gravosa” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis (v. CNCivComFed, Sala 3, en “Agencia Ecuador SA c/ Telecom Argentina Stet France Telecom SA s/ beneficio de litigar sin gastos”, del 14 de septiembre de 2006).
En tales condiciones, habida cuenta que las pruebas aportadas resultan insuficientes para generar la convicción de que el solicitante no se encuentra en condiciones de afrontar el pago de la tasa de justicia y –al mismo tiempo– el recurrente no logró rebatir los argumentos formulados en la resolución apelada, corresponde rechazar el recurso interpuesto. Con costas (art. 68 del CPCCN).
Alta en sistema: 15/03/2023 VIII. Que, sentado lo anterior, cabe ingresar al análisis del recurso de apelación sobre los honorarios regulados. En efecto, partiendo de la base regulatoria de autos y examinando con atención y detenimiento la labor de los servicios profesionales, su extensión y calidad jurídica ante la complejidad del asunto, con más el resultado obtenido frente a la dedicación prestada conforme su jerarquía profesional; corresponde confirmar los estipendios reconocidos por resultar ajustados a derechos (cfr. art. 33 de Ley Nº 21.839 y 47 de Ley Nº 27.423).
Por su parte, en lo relativo a la regulación de honorarios por la representación letrada de la demandada en esta instancia a fojas 412/414, corresponde fijarlos –en su conjunto– en 1 UMA equivalente a $12479 (cfr. art. 30 de la Ley 27.423 y Acordada de la CSJN Nº 03/23). Por último, cabe dejar aclarado, que en los importes establecidos precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de IVA, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsables inscriptos en dicho tributo que oportunamente realicen los beneficiarios-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, juntamente con el monto del pago.
Todo lo cual, ASÍ SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 15/03/2023
Fin de la sentencia