Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 50729768-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmar la resolución del 10/03/2023 dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, con costas a la vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N. y art. 197 de la Ley nº 11.683).
Expte. 34.160/2023/1 “Incidente Nº 1 - ACTOR: ARANDA, JOSE ANTONIO (TF 50729768-I) DEMANDADO: FISCO NACIONAL s/ INC APELACION”
Buenos Aires, 18 de abril de 2024.PAF Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante resolución del 10/03/2023 (cfr. 466/470 del DEOX incorporado el 25/08/2023) el Tribunal a quo rechazó la oposición al pago de la tasa de actuación planteada por la parte actora y reiteró la intimación oportunamente dispuesta con fecha 30/11/2022 por la suma de $ 39.965.676,41 por tal concepto, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conf. arts. 2°, 3°, 4° y 7° de la ley 25.964).
II. Que disconforme con lo decidido, el actor interpuso recurso de apelación (cfr. fs. 482/483), expresando sus agravios a fs. 513/546. Inicialmente recordó que la intimación que le fuera cursada por tasa de actuación es equivalente de aplicar la alícuota al 2,5% sobre la sumatoria de los importes que surgen de la Resolución n° 108/22 (DV DEOA), cuya apelación es objeto de autos -que determinó de oficio el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” e intimó al pago de la suma de $ 602.751.304,71 con más $ 393.124.446,78 en concepto de intereses resarcitorios y una multa por $ 602.751.304,71 equivalente al 100% del aporte omitido-.
Alegó que si bien el requerimiento de pago de la tasa de actuación se ajusta a lo dispuesto por los arts. 1° y 2° de la ley 25.964 consideró que lo allí ordenado resultaba violatorio de la garantía constitucional de la razonabilidad, así como también de su derecho de propiedad y del derecho de defensa en juicio (arts. 17 y 18 de la C.N.), así como el “derecho de acceso a la justicia” en los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En sus agravios reitera su postura en torno de la inaplicabilidad -a su respecto- de las previsiones contenidas en la ley 25.964 que imponen el pago de la tasa de actuación.
Sostiene que en casos como el presente, la aplicación de dicho precepto -al que no tacha de inconstitucional- resulta improcedente y violatorio de las previsiones constitucionales por irrazonable, derivando de ello en la ilegítima afectación de los derechos indicados previamente, así como también del derecho de igualdad; ello así, fundado en la desproporcionada magnitud de la tasa reclamada en relación al servicio jurisdiccional a ser brindado y en la arbitraria e injustificada actuación del Fisco Nacional en el trámite efectuado en sede administrativa.
Consideró que tales vicios tornan inaplicable al caso de autos la tasa de actuación a la que se refiere la ley 25.964 y, por tanto, improcedente la intimación que le fuera cursada el 30/11/2022, al igual que la confirmación dispuesta por la resolución del 10/03/2023.
Luego de definir a la “tasa” como aquella prestación en dinero y/o en especie exigida a los sujetos pasivos por el Estado como contrapartida de los servicios públicos divisibles que brinda, que debe ser creada y definida por ley; alegó que ésta debe ser destinada pura y exclusivamente a financiar la prestación del servicio de justicia cuya existencia le sirve para justificar su legítimo ingreso y añadió que la misma debe guardar una razonable o adecuada proporción con el costo de la referida prestación. Citó jurisprudencia de la C.S.J.N. en apoyo de su postura Sostuvo que la tasa reclamada en autos por la suma de $ 39.965.676,41 representa más del 4,5% del presupuesto total destinado para el T.F.N. para el ejercicio anual del año 2022 por los servicios prestados en un único expediente, entendiendo así la configuración de una desproporción en cuanto al servicio prestado. Por ello, entendió que en el presente caso no se cumple con la prerrogativa a la que refiere la Constitución Nacional de una aplicación justa, razonable y proporcional de las cargas públicas.
Manifestó no desconocer que, en principio, no resulta injusto que para la fijación de la cuantía de la tasa de retribución de los servicios se tome en cuenta no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente sino también la capacidad contributiva de los mismos (Fallos 234:663, entre otros), sin perjuicio de señalar que, no es menos cierto que dicha pauta, en ningún caso, puede derivar en resultados irrazonables y desproporcionados que no se ajusten a una magnitud más o menos equitativa en torno al servicio jurisdiccional prestado, situación que, comentó, difícilmente pueda considerarse cumplida en el caso cuando el monto que se le exige en concepto de la tasa de actuación equivale a casi el 100% el presupuesto proporcional anual de toda una Vocalía del Tribunal.
Interpretó que en tal situación, la tasa pasa a configurarse en un impuesto y, en su consecuencia, la razonabilidad desaparece. Al respecto, reiteró que el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.) y la garantía de acceso a la justicia (Convención Interamericana sobre Derechos Humanos) resultan vulnerados cuando se le exige al justiciable el pago de una Tasa de actuación o una Tasa de justicia por un monto excesivo. Mencionó como antecedente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Cantos” en apoyo de su postura; desconoció la aplicación al caso de autos del Fallo “YPF S.A. s/incidente de tasa de justicia” de la Sala V del 14/05/2019 y citó antecedentes de tribunales internaciones a los que cabe remitirse en honor a la brevedad.
Se expidió con relación a la instancia ante el T.F.N. -a través de lo previsto por el art. 76, inciso b), de la ley 11.683- a la cual calificó como la única vía recursiva posible y reiteró la falta de valoración de los argumentos expuestos en sede administrativa, considerando así que no accede al T.F.N. en igualdad de condiciones que el resto de los contribuyentes pretensores del servicio de justicia que éste provee para recursos idénticos al aquí presentado. A todo evento y sin perjuicio de las afectaciones constitucionales previamente alegadas, en razón de las excepcionales circunstancias del caso, solicitó que esta Alzada difiera la resolución de la incidencia de la tasa de actuación hasta tanto se dicte sentencia por parte del T.F.N.
Asimismo y para el supuesto en que se entienda que para el análisis de la procedencia de lo solicitado requiere la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.964 indicó que debe considerarse efectuado dicho planteo a tenor de la vulneración de principios derechos y expresas garantías constitucionales desarrolladas a lo largo del presente memorial, en particular, el derecho de propiedad, los principios de razonabilidad e igualdad y el derecho de defensa y la garantía del debido proceso adjetivo (artículos, entre otros, de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos).
III. Que corrido el pertinente traslado, a fs. 575/577 el Fisco Nacional lo contestó por argumentos a los que cabe remitirse. Acto seguido, fueron elevadas las actuaciones a esta instancia.
Con fecha 18/12/2023 se expidió el señor Representante del Fisco quien opinó que no media exención, en el caso de autos, al pago de la tasa judicial.
IV. Que así planteada la cuestión, inicialmente, debe destacarse que el artículo 1º de la ley 25.964 establece: “[l]as actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, creado por la Ley 15.265, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las delegaciones fijas o móviles que se establezcan en cualquier lugar de la República Argentina, estarán sujetas a la tasa que se establece en la presente ley, salvo las exenciones dispuestas en éste u otro texto legal”.
El artículo 2° de la citada ley dispone, en lo pertinente, “[A] todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, susceptibles de apreciación pecuniaria se aplicará una tasa del dos con cincuenta centésimos por ciento (2,50%), siempre que la presente ley u otra disposición legal no establezca una solución especial para el caso. Esta tasa se calculará sobre el importe total cuestionado (incluyendo sanciones), y/o el valor dela mercadería comisada o prohibida, que constituya la pretensión del recurrente o demandante […]”. Dicha tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación “…será abonada por la parte actora o recurrente, en su totalidad, en el acto de iniciación de las actuaciones, sin perjuicio de su posterior reajuste al tiempo de practicarse la liquidación definitiva, si ésta arrojase un mayor valor que el considerado al inicio, con exclusión de los incrementos por intereses devengados desde el pago inicial de la tasa […] La falta de pago no obstaculizará la prosecución de las actuaciones” (conf. art. 3° de la ley). Es decir, la tasa de actuación se aplica a todas las actuaciones cualquiera sea su naturaleza, ha sido creada por una ley y su hecho generador se integra con una actividad que el Estado cumple y que está vinculada con el obligado al pago.
De este modo, debe advertirse que la pretensión recursiva de la parte actora no puede prosperar.
Ello es así, toda vez que la obligación de pago de la tasa de actuación correspondiente, como se indicara, se produce -como regla general y a la luz de la normativa antes reseñada- al momento de provocar la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Nación, sin efectuarse una distinción entre los tipos de actuaciones de apreciación pecuniaria que inauguran la jurisdicción del mencionado organismo ni su sustancia al momento de evaluar la aplicabilidad de la pertinente tasa.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que: “[e]l hecho imponible que origina la obligación de pagar tal tributo es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla” (cfr. Fallos: 320:2375; 321:1888; 330:547; 332:2735; entre otros).
Además, en lo que concierne al destino de lo recaudado mediante dicho tributo, es dable señalar que todo lo atinente al destino y administración del recurso ya obtenido es materia de orden presupuestario y no tributario, no advirtiéndose un agravio concreto de la recurrente al respecto, en tanto no aduce cual es el perjuicio que le irroga.
Asimismo, es preciso señalar que si el pago de la tasa no implica una traba real para que el justiciable reciba en plenitud y eficacia el servicio estatal de administración judiciaria, no cabe tacharla de inconstitucional, máxime cuando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece un proceso -beneficio de litigar sin gastos- que exime del pago de la misma a aquellos litigantes que carezcan de recursos económicos que les permitan solventarla y en el presente caso el recurrente no optó por el uso de esa vía procesal (cfr. esta Sala, in re: “Alcalis de la Patagonia SAI y C (TF 33578-I)- Inc. Tasa c/D.G.I.”, causa n° 15.204/11, del 25/10/2011, decisorio que fuera confirmado por la C.S.J.N. el 08/05/2012 tras declarar improcedente el recurso extraordinario oportunamente interpuesto y Sala III, in re: “AVIMEBAR SA s/Incidente de Tasa de Justicia”, causa nº 77.874/17-incidente nº 1, del 14/12/2017, entre muchos otros).
Debe aclararse que la ley de la tasa de actuación también contempla la posibilidad de articular el beneficio de litigar sin gastos y expresamente declara exentas del pago de la gabela a las personas que actuaren con tal beneficio (art. 9° de la ley).
V. Que, por otra parte, es preciso resaltar que la recurrente se limita a requerir que los preceptos relativos a la tasa de actuación no sean aplicables a su respecto en el marco del presente recurso directo, mas no introduce, formal ni sustancialmente, una impugnación constitucional sobre la percepción de la gabela, efectuando diversas apreciaciones a su respecto en orden a su monto, dejando en definitiva librada su aplicación al entendimiento que esta Alzada considere necesario a los fines de proceder con lo peticionado.
Asimismo, con relación a las manifestaciones esgrimidas acerca de que lo recaudado por tasa de actuación superaría los costos del servicio prestado, es preciso señalar que la C.S.J.N., en el marco de la causa “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/Estado Nacional s/nulidad de decreto-incidente de tasa de justicia” del 07/07/1998, Fallos: 321:1888, consideró que si bien en el pronunciamiento “S.A. Frigorífica Cía. Swift de la Plata” sostuvo que las tasas suponen una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, también aclaró “...que respecto de ciertos servicios es imposible fijar con exactitud su costo individual y por eso, para los respectivos tributos ‘se fijan contribuciones aproximadas, equitativas, que pueden dejar superávit en unos casos y déficit en otros; estableciéndose compensaciones en cálculos hacendarios más o menos acertados, pero que los jueces no pueden revisar”.
También recordó la doctrina de Fallos: 201:545 (La Ley, 39-50) donde se sostuvo que si es de la naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio, “…no ha de interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, sino en el de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente...”.
Y, finalmente, dijo que “no se ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos..., a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de este modo el costo total del servicio público” (Fallos: 234:663; doctrina reiterada en Fallos: 277:218 y 287:184). Añadió que “...no es censurable que para la determinación de la tasa judicial se tenga en cuenta la capacidad tributaria del beneficiario del servicio, la que se presume por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido” y que “... en otro orden de ideas, debe desestimarse la tacha de invalidez del gravamen como contrario a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional pues la garantía de la propiedad no es óbice a la aplicación de gravamen alguno en tanto no sea confiscatorio, y no puede tampoco serlo para la tasa en cuestión que siempre en los pleitos de contenido patrimonial, pesará sobre alguien que tiende a defender lo que es suyo...”.
VI. Que para más abundamiento y respecto a la capacidad contributiva, la doctrina especializada entiende: “[l]a aptitud económica para pagar la tasa se presume por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido. Lo contrario debe probarse mediante la tramitación del correspondiente beneficio de litigar sin gastos. La norma tributaria es de las denominadas ‘generales’ ya que se encuentran gravadas “todas las actuaciones” que no gocen de una exención legal resultando indiferente las causas que originaron el proceso o el resultado al que se arribó” (cfr. -Carlos A. Diez en: “Tasa Judiciales, ley de tasa judiciales 23.898, comentada, anotada y concordada con legislación nacional y provincial”, pág. 44/45, Editorial: Hammurabi).
VII. Que en punto a lo manifestado por la recurrente respecto del Fallo “Cantos”, cabe dejar sentado que en el sub examine no se advierten motivos que justifiquen la aplicación del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en dicha causa se valoró una situación que en los hechos vedaba al interesado el acceso a la justicia, derecho que no fue cercenado en estas actuaciones, pues el trámite de este proceso no estuvo interrumpido con el incumplimiento, por parte de la recurrente, de la obligación, impuesta por ley, al pago de la gabela.
En similar sentido se ha expedido este Tribunal en los autos caratulados “Alcalis de la Patagonia SAI y C (TF 33578-I)- Inc. Tasa c/D.G.I.”, causa nº 15.204/11 del 25/10/2011, “De Narvaez Luis Carlos (TF 37199-I)-RQU c/. s/”, causa n° 25.762/2019 del 24/10/2013 y “Minera Argentina Gold SRL s/Incidente De Tasa De Justicia” causa n° 38.449/2019/1 del 01/10/2019, entre otros).
VIII. Que, cabe precisar, por otra parte, que el pago de la gabela no viola el principio constitucional de razonabilidad.
Ello, en virtud de que se ha sostenido, si bien respecto de la tasa judicial que, en tanto no resulte confiscatoria, es constitucionalmente válida, pues no afecta el principio de derecho de defensa en juicio, ni la garantía de la propiedad privada -cfr. Fallos: 262:497 y 697; 270:233; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III in re: “Papelera Belgrano S.A. -incidente- c/Superintendencia de Seguros de la Nación”, del 11/04/1995, y Sala V in re: “Banco Integrado Departamental Coop. Ldto y otros c/B.C.R.A. -Resol. 295/99 (Exp. 100.194/96 Sum Fin 883)”, del 15/07/2002. En las presentes actuaciones, no surge que el monto intimado fuese excesivo pues éste -si bien asciende a la suma de $ 39.965.676,41- se calculó tomando como base el resultado que arrojó la suma de los conceptos cuestionados ante el T.F.N que asciende al monto total de $ 1.598.627.056,20 (correspondiendo la suma de $ 602.751.304,71 por la determinación de oficio y la misma en concepto de multa y la suma de $ 1.351.838.563,52 a intereses resarcitorios); conforme surge del Formulario F4 digitalizado (fs. 11/13) y de lo denunciado por la actora en su memorial.
A lo que cabe agregar que tampoco la recurrente ha demostrado que el pago de la tasa de actuación resulte imposible o produzca efectos confiscatorios en su patrimonio; motivo por lo cual, no puede válidamente sostenerse la afectación de garantías constitucionales derivadas de la intimación de pago cursada, y por cierto menos aún habilitarse a omitir su satisfacción, preteriendo la aplicación de una ley cuya constitucionalidad no ha sido peticionada y menos aún declarada.
Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora y confirmar la resolución del 10/03/2023 dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, con costas a la vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.N. y art. 197 de la Ley nº 11.683).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia