Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 43787-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios de la parte actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas;
2Confirmar los emolumentos regulados en la instancia de origen y regular los correspondientes a esta alzada, de conformidad con lo expuesto en el considerando que antecede.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
///nos Aires, 22 de marzo de 2022.- MBR Y VISTOS: estos autos, caratulados “Incidente Nº 1 - ACTOR:
BELTRAN, DANIEL HORACIO (TF 43787-I) DEMANDADO: AFIP - DGI s/ BENEF. DE LITIGAR S/G” Expte. nro. 16.334/2021/1, y
I. Que, por medio de la sentencia dictada el día 21 de noviembre de 2019 en el marco del expediente del Tribunal Fiscal de la Nación nro. 43.787-I –y sus acumulados nro. 44.228-I y 44.226-I– caratulado “BELTRAN DANIEL HORACIO s/ Incidente”, la Sala “D” de dicho Tribunal resolvió no hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado por los actores, asimismo, intimó a los recurrentes –Daniel Horacio Beltrán, Adrian D´Aloisio y Jorge Eduardo Waiss– para que en el término de cinco (5) días ingresaran las sumas de $ 53.185,52; $ 17.085,79 y $ 38.935,45 –respectivamente– en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse boleta de deuda; ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 9 y concordantes de la ley 25.964. Asimismo, impuso las costas a la parte accionante. Para arribar a dicho decisorio, el Tribunal realizó un análisis de la situación patrimonial de los actores –quienes alegaron carecer de los medios económicos necesarios para afrontar la tasa de actuación impuesta– con los requisitos taxativos requeridos para el otorgamiento de la franquicia solicitada.
En suma, concluyó -luego de mencionar y ponderar las constancias de autos- que las probanzas arrimadas no habían logrado acreditar la situación económica que habilitaría la exención, motivo por el cual se debía denegar el beneficio solicitado.
II. Que, disconforme con lo resuelto, el día 6 de diciembre de 2019 apelaron los actores, quienes fundaron su recurso en el mismo acto. Los recurrentes se agraviaron respecto al fondo de la cuestión decidida por el Tribunal Fiscal.
Se quejaron de que la resolución atacada intimaba al ingreso de la tasa de actuación ante el TFN a cada uno de los actores. Manifestaron que el objeto litigioso se refiere a la atribución de una misma cuenta bancaria y que los fondos depositados en el Banco HSBC Suisse S.A. (con las identificaciones mencionadas en su escrito recursivo).
En ese orden de ideas, adujeron que la cuenta mencionada y sus fondos fueron atribuidos al mismo tiempo, por el mismo período fiscal, a los actores.
En ese sentido, manifestaron que la sentencia recurrida no tuvo en consideración dicha circunstancia, pretendiendo de esta forma el pago de un tributo de manera excesiva.
Citaron jurisprudencia de la Sala IV del Fuero que -según entiende- avala su postura.
Concluyeron apuntando a que la identidad de los hechos y circunstancias llevaba a que la sentencia recurrida resultara improcedente e ilegítima, pretendiendo la percepción de un tributo en exceso.
Por tales condiciones, solicitaron que se revocara la resolución recurrida, con costas.
III. Que, por otro lado, y en la misma fecha, los accionantes interpusieron un recurso de apelación respecto de los honorarios regulados a los letrados de la demandada, por considerarlos altos.
IV. Que ingresando al análisis de la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, lo cierto es que la postura asumida por los actores en el escrito recursivo es el fruto de una reflexión tardía, siendo que dichos argumentos no fueron planteados en el marco de cada uno de los beneficios de litigar sin gastos, sino que fueron expuestos en los agravios contenidos en la apelación que recurre la resolución que deniega la franquicia; no habiendo sometido el planteo respectivo a consideración del Tribunal Fiscal de la Nación.
A su vez, los apelantes no atacan los fundamentos dados por el Tribunal Fiscal de la Nación para resolver del modo en que lo hizo, siendo que no demuestran la carencia de medios para afrontar el pago de la tasa de actuación, sino que solo se limitan a plantear un nuevo argumento.
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Las circunstancias apuntadas, sellan la suerte adversa del recurso intentado.
Es que los actores pretenden introducir, al momento de recurrir la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que rechaza los beneficios de litigar sin gastos por ellos peticionados, una cuestión que no fue oportunamente planteada al momento de formular las presentaciones por las que solicitaron tales beneficios (y en la que únicamente alegaron la imposibilidad de afrontar el pago de la tasa de actuación, por los montos en cada caso indicados -ver expedientes acompañados en formato digital; identificados como 43787, 44228 y 44226-), como era su carga procesal.
Antes bien, en el escrito de inicio de cada uno de tales beneficios, los actores se limitaron a señalar que se encontraban en una situación (económica y financiera) tal, que les impedía hacer frente a la tasa de actuación, por montos tan considerables como los intimados por el Tribunal Fiscal de la Nación en las providencias allí mencionadas, en razón de que sus ingresos y sus patrimonios resultaban inferiores a las sumas intimadas. Sin embargo, ninguna postulación introdujeron en relación a que debían afrontar una tasa de actuación única, lo que recién adujeron al apelar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación.
V. Que a fin de tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios, cabe señalar que, mediante la regulación de los emolumentos se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello, debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito. Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ “Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimiento”, del 30 -XII- 97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
En tales condiciones, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante la sustanciación del beneficio de litigar sin gastos y su vinculación con el proceso principal, así como el carácter incidental del presente trámite, corresponde confirmar los honorarios regulados con fecha 21/11/2019, en favor de la dirección letrada y representación de la demandada –AFIP- DGI (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19, 33, y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, y lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo “Las Marías”, corresponde regular la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($7.439) –equivalente a 1 UMA–, y PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($2.975,60) –equivalente a 0,40 UMA–; los emolumentos de la dirección letrada y representación de la demandada, los que deben ser asumidos según las siguientes proporciones: se encuentran en un 48,70% a cargo del Sr. Beltrán, en un 15,65% a cargo del Sr. D’ Aloisio y en el restante 35,65 % a cargo del Sr. Waiss (arts. 16, 20, 21, 29 inc. g), 30, 44 inc. b), ccdtes. y citados de la ley 27.423 - Dto. Nº 1077/17).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.”, del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
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Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar los agravios de la parte actora y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas; 2°) confirmar los emolumentos regulados en la instancia de origen y regular los correspondientes a esta alzada, de conformidad con lo expuesto en el considerando que antecede.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia