Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 22393156-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso intentado por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683), y
2Desestimar los recursos intentados por la representación letrada de la demandada, confirmar la regulación de honorarios efectuada en la instancia de grado (con fechas 21/11/2023 y 25/11/2024) y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XIII.-.
03740/2025.-
“Incidente Nº 1 -ACTOR: BRONWAY TECHNOLOGY SA (TF 22393156-I)
DEMANDADO: AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO -
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/BENEF. DE LITIGAR S/G”.
///nos Aires, 29 de abril de 2025.- AFB Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 21/11/23, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas (ver fs. 114/117 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Asimismo, intimó a la parte actora a que, en el término de cinco días, ingresara la suma de $ 227.859.462,76, más intereses, en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar el certificado de deuda correspondiente (cfr. artículo 7 de la ley 25.964).
Por último, reguló los honorarios de los letrados intervinientes por el Fisco Nacional.
En lo sustancial, consideró que la única prueba aportada por Bronway Technology S.A. consistía en un documento titulado como “Informe de aseguramiento de contador público independiente sobre flujo de fondos prospectivo preparado como pronóstico”, por el período comprendido entre el 1/6/2022 y el 15/12/2022.
Sentado lo anterior, calificó como insuficiente a la prueba producida. Advirtió así que: “la documentación en cuestión tiene un limitado alcance probatorio no solamente porque no se indica allí los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta para su confección, como exige la Res. Tec. N° 37 que en el propio Informe se cita, sino porque además no se encuentra precedida de una labor profesional sobre las registraciones y documentación de respaldo de la empresa que es la que hubiera sido pertinente si la intención hubiera sido realmente la imposibilidad de pago de la empresa. A ello debe agregarse que el propio contador interviniente hace salvedades y reservas respecto de los alcances del pronóstico que, sobre el flujo de fondos preparado no por él sino por la dirección de la empresa, ha suscripto.” (sic).
Ello así, concluyó que la firma actora no había logrado probar que a la fecha en que tenía que ingresar la tasa de actuación, no contaba con los recursos suficientes, ni tampoco había acreditado con otros medios la falta de activos para hacerse de ellos.
II. Que, la parte actora, disconforme con lo resuelto, en los términos del art. 82 del C.P.C.C.N., solicitó el dictado de una nueva resolución respecto al beneficio de litigar sin gastos denegado (ver fs. 119/172 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
En dicha oportunidad refirió a errores de interpretación del sentenciante en cuanto al informe contable, acompañó documental y solicitó - subsidiariamente- la producción de prueba informativa.
Corrido el traslado de ello, su contraria formuló sus réplicas (ver fs. 183 del hipervínculo).
III. Que, por otro lado, la representación letrada del Fisco Nacional apeló los honorarios regulados a favor de la representación de los profesionales pertenecientes al Fisco Nacional por considerar los mismos escasos en comparación a la labor realizada, el monto en cuestión y el resultado obtenido (ver fs. 179 del documento digital).
IV. Que finalmente, mediante pronunciamiento de fecha 6/8/2024 la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió rechazar el segundo beneficio de litigar sin gastos solicitado, con costas (ver fs. 210/212 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Asimismo, hizo efectivo el apercibimiento del segundo punto del IF- 2023-138249216-APN-VOCXI#TFN y, en consecuencia, ordenó librar mediante la Secretaria General de Asuntos Impositivos boleta de deuda por la suma de $227.859.462,76 en concepto de tasa de actuación, con más la de $57.985.676,06 en concepto de intereses resarcitorios.
Para fundar su decisión, en primer término, reseñó los argumentos vertidos por las partes y detalló los nuevos elementos probatorios aportados en la causa.
Ello así, recordó nuevamente el carácter restrictivo y excepcional del instituto, y la importancia de la actividad probatoria. Enfatizó que, tal como había sido sostenido en su sentencia anterior, los problemas financieros invocados no eran por sí solos demostrativos de una incapacidad económica severa que impidiera el pago de la tasa de actuación.
Sostuvo que la prueba aportada sobre la imposibilidad de pago invocada resultaba insuficiente.
Respecto de la prueba informativa ofrecida por la actora, consideró que la misma se exhibía como dilatoria frente a la posibilidad de demostrar ella misma su situación financiera.
Resaltó que, los estados contables al 21/06/2023, los cuales -según indicó- son los que aquí importarían conforme la fecha del devengamiento de la tasa, no mostraban tampoco la imposibilidad que con ellos se pretendía. Señaló así que: “[S]urge de allí que parte de sus fondos fueron destinados a pagar honorarios al Directorio por más de $40.000.000, un Activo de $5.818.775.68,36 que, si bien se encuentra afectado por un pasivo prácticamente del mismo monto, $5.818.775.688,35, se compone en gran medidas de deudas fiscales.” (sic). Adujo que, si bien Bronway Technology S.A. invocaba el cese de sus actividades como consecuencia de la falta de entrega de los instrumentos fiscales para comercializar los cigarrillos (IFC), tampoco había elementos de prueba en el expediente que acrediten dicha situación.
Por último, agregó que de los estados contables adjuntos surgían ingresos por ventas de otros bienes (CD y DVD) por montos que excedían holgadamente la tasa a oblar.
V. Que, la parte actora, disconforme con lo resuelto, interpuso recurso de apelación y, más tarde, expresó sus agravios (ver fs. 217 y fs. 250/254, respectivamente, del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Se agravió por cuanto el sentenciante consideró que la prueba resultaba insuficiente cuando su parte había solicitado -subsidiariamente- el libramiento de un oficio al Juzgado Federal nro. 2 de Rosario para que informara si en el Expte. nro. 14978/2022 se encontraba acreditado que como consecuencia de la falta de entrega de los Instrumentos Fiscales de Control (IFC) - imprescindibles para despachar a plaza los cigarrillos- la actora se encontraba cerrada, sin operación y, en consecuencia, sin ingresos. Refirió que el sentenciante no tuvo en cuenta ello violando garantías del debido proceso. En su presentación, sostuvo que su parte había acreditado la imposibilidad total del pago de la tasa de justicia por carecer de ingresos. Indicó que, tal como había sido indicado en la revocatoria, se había incurrido en errores de interpretación en relación al informe contable, el cual, según reafirmó, arrojaba una diferencia negativa.
Agregó que, el informe y los saldos bancarios acompañados demostraban la imposibilidad de pago.
Manifestó que, lo considerado por el sentenciante, en relación a los estados contables al 21/6/2023, reflejaba un adelantamiento de opinión, ello por cuanto, según indicó, como surgía de las actuaciones, su parte habría solicitado la declaración de inconstitucionalidad del art. 15 -segundo párrafo- de la ley 24.674. En consecuencia, aseveró que su parte entendía que no existía deuda fiscal alguna.
Resaltó que: “…lo real es que, se vende a un precio inferior al impuesto mínimo y, en consecuencia, los ingresos son en función de esos valores, lo que no permite tener fondos suficientes para el pago de la tasa” (sic). Por otro lado, indicó que su parte en el marco del recurso interpuesto en el marco del art. 82 del C.P.C.C, había mencionado que devenía de estricta aplicación la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Aseguró que es la A.F.I.P. -D.G.I. quien está en condiciones de afirmar si se suspendió la entrega de IFC a su instituyente, desde que fecha, y si existieron embargos e inhibiciones. Por todo lo expuesto solicitó se revoque la resolución recurrida y se conceda el beneficio de litigar sin gastos.
VI. Que, atento a la nueva incidencia suscitada, mediante pronunciamiento de fecha 25/11/2024 (ver fs. 230/231) el Tribunal Fiscal reguló los honorarios profesionales de los letrados intervinientes por el Fisco Nacional en su representación en virtud de la sentencia dictada por IF-2024-82640642- APNVOCXI#TFN en fecha 6 de agosto de 2024.
VII. Que, disconforme con ello, la representación letrada del Fisco Nacional apeló por bajos los honorarios regulados en fecha 25/11/2024 (ver fs. 244/245 del hipervínculo).
VIII. Que, sentado lo anterior, cabe recordar que el beneficio de litigar sin gastos previsto en los artículos 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley y tiene por finalidad garantizar el acceso a la jurisdicción.
En virtud de tal cometido, se ha sostenido que el instituto bajo estudio requiere la acreditación prima facie de la situación económica del reclamante (cfr. esta Sala, in re, “Incidente N.º 1 –Actor: Palermo, Sergio Fabián Aníbal Carmelo s/Benef. de litigar S/G”, Expte. N.º 34627/2019, sentencia del 25 de agosto de 2023), que debe ser interpretado de forma restrictiva y excepcional, otorgándose sólo a quienes demuestren fehacientemente la falta de recursos económicos -y la imposibilidad de obtenerlos- para afrontar el pago de los gastos causídicos y que, su concesión, queda librada a la prudente apreciación judicial, siempre que la prueba aportada resulte suficiente para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas (cfr. C.S.J.N. Fallos: 311:1374).
Por otra parte, en tanto el art. 79 del C.P.C.C.N. no contiene distinción alguna al respecto, cabe interpretar que incluye también a las personas de existencia ideal. Empero, tratándose de sociedades comerciales, atendiendo a que su desenvolvimiento se inspira en obvios fines de lucro, el examen de los recaudos que hacen procedente el beneficio de litigar sin gastos debe efectuarse con mayor rigurosidad, máxime ponderando que la carta de pobreza es un remedio de excepción y no un recurso habitual y corriente aplicable a situaciones de insolvencia temporaria o de mera falta de iliquidez (cfr. Fallos: 329: 2719). Asimismo, en el citado precedente el Alto Tribunal ha sostenido que los jueces deben estar naturalmente inclinados a una interpretación restrictiva de la admisibilidad del instituto en cuestión cuando se trata de demandas de elevado monto a fin de que, en esos casos, el beneficio de litigar sin gastos no se constituya en una garantía de irresponsabilidad por las deudas que pueden resultar de los gastos y costas del proceso o, lo que es lo mismo decir, en vehículo mismo de la injusticia y el abuso.
Por último, debe ponderarse que, frente a los intereses del peticionario, se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (cfr. C.S.J.N. Fallos: 311:1373).
IX. Que, así reseñada y delimitada la cuestión, de los actuados se desprende que por medio de la Resolución N.º 193/2022 (DV RYRR), el Fisco Nacional resolvió, en cuanto aquí importa, impugnar las declaraciones juradas presentadas por Broadway Technology S.A. correspondientes a “Impuestos Internos y Adicional de Emergencia de los Cigarrillos” F 530/C (períodos fiscales 09/19 a 08/20). Además, determinó de oficio la materia impositiva frente a dicho tributo y le impuso a la contribuyente citada la obligación de ingresar las sumas de $ 2.921.631.725,46 (en concepto de Impuesto) y de $ 3.271.115. 059, (en concepto de intereses resarcitorios); asimismo, aplicó una multa por las infracciones cometidas en la suma de $ 2.921.631.725,46, conforme lo allí detallado.
Ello así, la firma actora promovió beneficio de litigar sin gastos en el marco del recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° 193/2022 (DV RYRR). En particular, advirtió que no poseía recursos suficientes para afrontar los gastos causídicos de la acción entablada. Manifestó que la tasa que corresponde oblar para actuar ante el Tribunal Fiscal de la Nación se calcula sobre un monto “exorbitante e inconstitucional” y resulta imposible de ser pagada desde el punto de vista financiero.
Aportó, a lo largo de los actuados:
i) Informe contable de profesional independiente (ver fs. 30/31).
ii) Resúmenes Bancarios de las cuentas de Bronway Technology S.A. al día 24.11.2023 y Estados Contables al 30.06.2022 y 30.06.2023 (ver fs. 125/274).
XI. Que, en tales condiciones, es que corresponde adelantar que los agravios articulados contra la denegatoria del 6/08/2024 no pueden prosperar; ello, habida cuenta de que, si bien se han aportado a la causa datos concernientes a la situación económica y financiera de la firma actora, lo cierto es que no se ha podido crear una plena convicción acerca de que aquella se vea imposibilitada de hacer frente a los gastos causídicos; y, siendo que en ella recae la carga probatoria, el recurso incoado no puede prosperar.
Es que, el objeto de la actividad probatoria para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos consiste en aportar elementos que permitan al Tribunal formar convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener o no los recursos para afrontar los gastos que eventualmente irrogue la acción por él incoada (conf. Sala I, in re: “Stancato, Carmelo Alfredo c/B.C.R.A. s/beneficio de litigar sin gastos”, del 16/07/2015).
En efecto, los elementos de prueba agregados a la causa impiden admitir la franquicia peticionada, en la medida en que no se ha demostrado fehacientemente la imposibilidad actual de obtener recursos, a los fines de solventar la gabela devengada. Es decir, si bien cabe resaltar que la situación económica que invoca la parte actora, y a cuya acreditación se encontró encaminada la prueba acompañada en el presente, podría constituir una dificultad financiera, ello no significa que la firma carezca de recursos ni de una imposibilidad objetiva de obtenerlos. De otro modo, se arribaría a una interpretación extrema y ciertamente arbitraria si se asimilara una “situación financiera crítica” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis; ello, sin perjuicio de señalar que la requirente no acreditó fundadamente la imposibilidad de obtener recursos necesarios para afrontar los gastos del litigio, extremo requerido por el art. 79, inc. 2º, del Código Procesal (confr. C.Nac.Apel.Civ. y Com.Fed., Sala 2. in re. “Alas del Sur S.A. c/Estado Nacional -Fuerza Aérea Argentina s/Beneficio de Litigar sin Gastos”, Expte. Nº 1.510/98, del 13/09/12; cfr., asimismo, esta Sala en autos: “Vicentín S.A.I.C. (TF 52926874-A) c/D.G.A. s/Benef. De Litigar S/G”, Expte. Nº 48383/2023/1, del 10/07/2024).
Es que, si bien la actora ha alegado encontrarse en una situación económica desfavorable, y de los elementos aportados (estados contables) resultaría la existencia de diversos desajustes económicos (bien que en determinados períodos), lo cierto es que ello no permite formar una plena convicción de que la empresa carezca de recursos -ni se encuentre imposibilitada de obtenerlos- para hacer frente a la gabela. Además, si bien la actora manifestó encontrarse sin actividad (y, por lo tanto, sin ingresos) y, asimismo, sin posibilidad de solicitar crédito alguno (en virtud de que -según informó- se encontraría inhibida y embargada por el Fisco Nacional), lo real es que no ha acompañado elemento alguno que permita tener por acreditados tales extremos.
Por consiguiente y aun tomando razón de los datos y circunstancias particulares de los recurrentes, que surgen de sus propias manifestaciones y de los elementos de prueba aportados, no se vislumbran factores que permitan afirmar, de manera indubitable, que la parte actora no posea los recursos necesarios (o los medios para obtenerlos) para hacer frente a los gastos causídicos (cfr. esta Sala, in re, “Incidente N.º 2 –Actor: Aguirrezabala, Mirta Susana Demandado: A.F.I.P. -D.G.I. s/benef. de litigar S/G”, Expte N.º 84181/2017/2, sentencia del 19/09/2018).
A lo que cabe añadir, si bien la actora arguye que su parte solicitó - subsidiariamente- que se libre oficio al Juzgado Federal nro. 2 de Rosario a los fines de acreditar los extremos invocados (inactividad de la empresa) y, asimismo, que la demandada se encontraría en una mejor posición a los fines de acreditar la falta de entrega de los instrumentos para despachar los cigarrillos, así como para informar la traba de algún embargo o inhibición a la empresa, lo cierto es que la actora bien pudo –en su situación- probar (por otros medios) tales hechos, puesto que recaía sobre ella la carga probatoria.
En este orden, conviene recordar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 del C.P.C.C.N. (aplicable al caso por sentar un principio general en materia probatoria), la carga de la prueba de acreditar concretamente la ausencia de recursos suficientes para solventar los gastos causídicos, suministrando los elementos de juicio que hagan viable esa pretensión, le incumbe al solicitante (cfr. en tal sentido, ésta Sala , in re: “Incidente N.° 1 beneficio de litigar sin gastos en autos, Glicel S.A. c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. N° 36.936/2016/1, sentencia del 14/07/2016, entre otros).
Ello así, y con base en las constancias aportadas, debe señalarse que los agravios de la recurrente carecen de entidad para desvirtuar los fundamentos que sustentaron la decisión en crisis, pues como se viene diciendo, las pruebas aportadas no resultan suficientes para tener por demostrada la imposibilidad real de afrontar los gastos causídicos como alega.
Estas circunstancias precedentemente descriptas sellan la suerte del recurso de la parte actora y determinan la confirmación de la sentencia apelada, circunstancia que no obsta a que, en la medida en que se incorporen nuevos elementos probatorios que logren desvirtuar los extremos actualmente acreditados, la decisión pueda ser revisada y –eventualmente– modificada en la medida en que sea solución que a derecho se ajusta.
XII. Que, respecto a las costas, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, las mismas se imponen en ambas instancias a la recurrente, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1a parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
XIII. Que, a fin de tratar los recursos interpuestos, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que sobre la base de las consideraciones, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y contenido patrimonial involucrado; en atención al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante el beneficio de litigar sin gastos, lo relacionado con su ampliación y su vinculación con el proceso principal, así como el carácter incidental del presente trámite, corresponde confirmar -en lo que fue materia de recurso- los honorarios regulados con fechas 21/11/2023 y 25/11/2024, en favor de la DRA. ELIZABETH SILVINA REGUEIRA, por la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29 inc g), 44 inc. b), 58 y ccdtes. y citados de la ley 27.423). Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($689.850) –equivalente a 10 UMA-; los emolumentos del DR. OSCAR ALBERTO YULAN, letrado apoderado actuante en la defensa de la demandada (arts. 14, 16, 20, 21, 29 inc. g), 30, ccdtes. y citados de la ley 27.423 - Dto. Nº 1077/17).
El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando la profesional acreedora revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que la profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso intentado por la parte actora y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (cfr. artículo 68, 1º párrafo, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683), y 2°) desestimar los recursos intentados por la representación letrada de la demandada, confirmar la regulación de honorarios efectuada en la instancia de grado (con fechas 21/11/2023 y 25/11/2024) y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando XIII.-.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia