Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 49799-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja interpuesta, y declarar mal denegado el recurso interpuesto contra la resolución del 28/10/24, y
2Remitir la presente a la instancia de origen, para que se agregue y se otorgue el trámite correspondiente según la decisión que se adopta.
3282/2025.-
“Incidente Nº 1 -ACTOR: BRONWAY TECHNOLOGY S.A. -TF 49799-I DEMANDADO: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DE QUEJA”.
///nos Aires, 17 de julio 2025.- AMD Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 9/10/24 la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la firma actora y la intimó a ingresar, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda con intereses: “[L]a suma de $11.018.860,50 en concepto de tasa de actuación correspondiente al Expediente principal que originariamente tramitó con el N° EE-2020- 16421203- -APN-SGAI#TFN, más intereses resarcitorios. b) la suma de $53.629.063,34 en concepto de tasa de actuación correspondiente al Expediente principal que originariamente tramitó con el N° EE-2022- 116556664- -APN-SGAI#TFN, más intereses resarcitorios […]” (cfr. páginas 45/70 del PDF acompañado en la causa).
II. Que, el 15/10/24, la actora solicitó que se dictara una nueva resolución. Para fundar su posición, expresó que le era imposible acceder a financiamiento, que se encontraba inhibida y embargada por el Fisco Nacional y que la empresa se hallaba inactiva desde el año 2023. Ello motivó el dictado del pronunciamiento del 28/10/24, que rechazó lo pretendido por no adecuarse al artículo 82 del C.P.C.C.N.
Además, el Tribunal Fiscal sostuvo que: “[e]n su nueva presentación, Bronway Technolgy S.A. solicita como medidas de prueba, por un lado, que se oficie a la DGI Región Rosario para que informe si suspendió la entrega de IFC y desde que fecha, extremo que ya fue tenido en cuenta al dictarse la primera resolución ya que en dicha oportunidad Bronway Technologies S.A. también invocó el cese de sus actividades. Con ello, no puede decirse que la prueba ofrecida se refiera a circunstancias sobrevinientes a la sentencia dictada el 9 de octubre de 2024, conforme al alcance de la normativa ya señalado. En segundo lugar, solicita que dicha dependencia informe también si presenta sus DDJJ decenales y en su caso si las presenta en cero. Sin perjuicio que no se aclara allí a qué DDJJ se refiere la medida pretendida, debe decirse que su propósito sería el mismo al ya aludido […]” (cfr. páginas 49/54 del PDF acompañado en la causa).
III. Que, frente a ello, la accionante apeló y, el 14/02/25, el Tribunal Fiscal estimó improcedente el recurso de apelación, en los términos del artículo 242, inciso “3” del C.P.C.C.N. (cfr. página 56 del PDF acompañado en la causa).
Así las cosas, se interpuso la presente queja en los siguientes términos: “[e]n virtud de lo dispuesto en el artículo 282 del CPCCN siguientes y concordantes, vengo a interponer RECURSO DIRECTO contra el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación, de fecha 14/02/2025 y notificado en fecha 18/02/2025 en autos Expediente N° 49.799-I (bis) y sus acumulados EX-2022-116564273-APN-TFN#MEC y EX-2020-64927208-
APN-TFN#MEC – “Bronway Technology S.A. s/ incidente", solicitando desde ya se otorgue el recurso denegado y ordene la remisión del expediente […]”.
Luego de relatar los hechos de la incidencia, entendió que mediaba en la especie un gravamen no susceptible de ser reparado por la sentencia definitiva que justificaba la admisión de la queja.
En este sentido, sostuvo que: “[e]l perjuicio irreparable se pone de manifiesto del siguiente modo: la ejecución de la tasa Ley 25964 tendrá como consecuencia el embargo de las cuentas bancarias y debido a la insuficiencia, la realización de todos los bienes de uso de la empresa, sin que pueda hacerse efectiva dado el grado de preeminencia que ostenta la AFIP. Por otro lado, se da en el caso una circunstancia paradójica y gravísima: la AFIP no podrá disponer de los bienes hasta que se haya dictado sentencia definitiva y mientras tanto, todo el activo habrá sido realizado sin que pueda destinarse al pago de ningún tributo: ni de la tasa Ley 25964 ni del impuesto interno a los cigarrillos determinado, en caso de ser condenatoria la sentencia que se dicte […]”.
A su vez, indicó que debería evaluarse en esta instancia la procedencia del beneficio requerido. Por ello, refirió a los artículos 79 y 82 del ordenamiento procesal, relató las diferentes medidas de prueba que ofreció y cuestionó la valoración formulada por el Tribunal Fiscal conectada con el resguardo de los intereses de la comunidad general en la decisión de conceder la franquicia.
Finalmente apuntó que, de no concederse el beneficio, se pondría en tela de juicio la subsistencia de la empresa.
IV. Que, frente a este escenario, cabe recordar que la presentación en queja por apelación denegada constituye un remedio procesal tendiente a obtener que el Tribunal competente para conocer en segunda instancia, tras revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el órgano inferior (ante todo, en orden a si el recurso fue bien o mal denegado) declare admisible la apelación y, eventualmente, disponga sustanciarla en la forma y con los efectos que correspondan (cfr. esta Sala, in re: “Incidente de Recurso de Queja de EN -M° Economía y F.P., en autos: ‘Marenzi Osvaldo Ángel y otros c/D.G.F.M. s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, expte. Nº 22.604/1996/1/RH1, del 21/10/2014 y sus citas).
Es que la referida presentación directa exige de quien la interpone, además del cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el artículo 283 del Código de rito, que demuestre la ilegitimidad de la denegación del recurso en la instancia de grado. Es decir, que el recurrente debe dar debido cumplimiento a la exigencia de exponer “las razones por las cuales considera erróneos los fundamentos de la resolución denegatoria” (cfr. Highton – Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Tomo 5, pág. 453 y sus citas). Desde tal perspectiva, es claro que la fundamentación de la queja, como todo recurso, exige la exposición de las razones que hacen admisible la apelación. Vale decir, no resulta suficiente la sola agregación de las copias requeridas por el artículo 283 del código ritual, sino que deben exponerse los hechos con claridad y concreción, en un análisis crítico de las razones que fundan la resolución denegatoria del magistrado de la anterior instancia.
Tal como se ha requerido desde antiguo, deben exponerse los argumentos que hagan a la demostración de que el recurso es procedente (cfr. Fallos: 100:207; 193:67, entre muchos otros).
V. Que, así las cosas, se advierte que la queja resulta procedente en la medida en que la denegatoria cuestionada resulta susceptible de ocasionar un gravamen a la recurrente (en los términos establecidos en el artículo 242 del C.P.C.C.N., de aplicación en esta etapa procesal de la causa), a poco que se repare en que los agravios de la apelante revisten entidad suficiente para admitir (al menos en el plano formal) su apelación, pues invocan la existencia de hechos novedosos y relevantes para evaluar la concesión de la franquicia, en conjunto con las potenciales consecuencias derivadas del embargo en sus cuentas bancarias y la realización de los bienes de uso de la firma, con una definida proyección sobre su subsistencia.
VI. Que, por lo demás, debe dejarse sentado que no corresponde abordar aun lo manifestado en torno a la procedencia sustancial del beneficio requerido, que será tratado en la oportunidad correspondiente. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar a la queja interpuesta, y declarar mal denegado el recurso interpuesto contra la resolución del 28/10/24, y 2°) remitir la presente a la instancia de origen, para que se agregue y se otorgue el trámite correspondiente según la decisión que se adopta.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia