Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 26570579-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 455/456 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado del 09/02/2024 (cfr. fs. 445/448). Ello, con costas (cfr. artículo 68, segundo párrafo y artículo 69, primer párrafo, del C.P.C.C.N.);
2Modificar los honorarios regulados en la instancia de grado a fs. 482 en favor de la representación fiscal y reducirlos de conformidad con lo indicado en el Considerando VI.-, primer párrafo y;
3Fijar los emolumentos de la representación fiscal por el trabajo profesional desarrollado por ante esta instancia de acuerdo con lo dispuesto en el Considerando VI.-, segundo párrafo, de la presente.-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. nº: 12.938/2024/1.
Incidente Nº 1 - ACTOR: CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y AMINISTRACION DE INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CECAITRA) ASOCIACION CIVIL (TF 26570579-I) s/ BENEF. DE LITIGAR S/G.
Buenos Aires, de junio de 2025. ME
El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 455/456 de las actuaciones digitales remitidas vía DEO nº 15000262 contra el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 9 de febrero de 2024 (cfr. fs. 445/448) y cuyos fundamentos, expresados a fs. 465/476, fueron replicados por la parte demandada mediante presentación de fs. 502/510; y, asimismo, el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 487/492 contra la regulación de honorarios practicada en el pronunciamiento del 24 de abril de 2024 (cfr. fs. 482).-
I. Que, por medio de la resolución obrante a fs. 445/448 del DEO n° 15000262, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió denegar en su totalidad del beneficio de litigar sin gastos peticionado por la parte actora -Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina Asociación Civil (CECAITRA)-. Para así decidir el a quo entendió que la parte actora no había producido prueba suficiente a efectos de acreditar las circunstancias que tornan procedente la concesión del beneficio peticionado.
Sostuvo que: “(…) ante la falta de evidencia respecto del cuadro general de situación económica financiera y patrimonial de la empresa recurrente y/o de un análisis de la misma no ha quedado demostrada la situación de pobreza exigida ni la imposibilidad de obtener recursos o financiación con el fin de poder afrontar el pago de la tasa de actuación y demás costas de la causa, por lo que corresponde rechazar el beneficio solicitado, con costas.”
Asimismo, intimó a la parte actora para que, en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $19.336.232,28 en concepto de tasa de actuación bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (conf. arts. 1º, 2º y 7º de la Ley n° 25.964).
II. Que, contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso de apelación a fs. 455/456, expresando agravios en la presentación de fs. 465/476, los cuales fueron replicados por el Fisco Nacional (AFIP-DGI) a fs. 502/510.
Se agravia por cuanto considera que el a quo valoró incorrectamente los medios probatorios aportados dado que omitió recoger las pruebas documentales que acreditan un verdadero déficit en la ecuación ingresos-gastos que le impiden abonar más de $19.366.000 en concepto de tasa de actuación.
Remarca que la prueba documental no fue apreciada adecuadamente por el a quo, que sólo se limitó a señalar que no sería “suficiente”, a pesar que las dos (2) certificaciones profesionales acompañadas exponen la situación económica-financiera deficitaria y acreditan objetivamente la pérdida de fondos líquidos a lo largo de los años.
Sostiene que, a pesar de la excepcionalidad que reviste el instituto, éste debe ser otorgado aún en caso de duda, toda vez que se hallan en juego garantías constitucionales.
Considera inadmisible la exigencia de pago de la tasa de actuación a quien no alcanza a cubrir sus egresos en el ejercicio de sus actividades civiles no lucrativas, cita jurisprudencia, formula reserva del caso federal y reclama que se revoque el pronunciamiento apelado y se conceda en su totalidad el beneficio de litigar sin gastos pretendido.
III. Que, sentado ello, resulta oportuno reseñar brevemente las actuaciones producidas en autos, de las cuales resulta que:
(i).- La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina Asociación Civil (CECAITRA) promovió el presente incidente en los términos del artículo 78 y sgtes. del C.P.C.C.N. a fin de que se la exima de pagar la tasa de actuación y demás costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de los autos principales (cfr. presentación de fs. 164/180).
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(ii).- A fs. 322/337 la demandada Fisco Nacional (AFIP -DGI) contestó el traslado que le fuera conferido en los términos del artículo 80 del C.P.C.C.N.
(iii).- A fs. 369 (26/04/2023) se dispuso la apertura de la causa a prueba, ordenándose la producción la prueba informativa ofrecida por la parte actora en el apartado III.b) de la presentación liminar -dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal-, la cual luce agregada a fs. 410/412; siendo que a fs. 420 (29/11/2023) se dispuso la clausura del período probatorio.
(iv) .- A fs. 424/431 el Fisco Nacional contestó el traslado que le fuera conferido en los términos del artículo 81 del C.P.C.C.N. mientras que a fs. 434/437 la parte actora presentó su alegato. (v).- Finalmente y tal como se indicó en el Considerando I, a fs. 445/448 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió denegar en su totalidad del beneficio de litigar sin gastos peticionado por la parte actora, con costas.
IV. Que, sentado ello y de manera preliminar, cabe recordar que el instituto en examen encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional).
Ello es así pues, por su intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecúa a las circunstancias económicas de los contendientes. En ese marco deben ser valorados también los intereses de la contraria, tan respetables como los de la actora, a fin de que no se vean conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio (conf. Fallos: 311:1372, Considerando 2° y, esta Sala, en Inc. nº 1 - “Mendy, Marcelo Adolfo s/ BLSG”, Nº 77.889/2017, del 16 de febrero de 2018).
Asimismo es dable señalar que la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas, para lo cual debe efectuarse -en cada caso- un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos de quien invoca el privilegio de considerarse dispensado de afrontar las erogaciones que demanda el proceso (cfr., en similar sentido, esta Sala, en la causa: “Inc. Nº 1- Actor: Flecament S.A. s/ Benef. de litigar sin gastos” - Expte. nº 47.924/2014-, pronunciamiento del 19 de marzo de 2015 y sus citas).
Precisamente, el objeto de la actividad probatoria a desarrollar en el incidente de otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos consiste en arrimar elementos que permitan al juzgador formarse esa convicción acerca de la posibilidad del peticionario de obtener -o nolos recursos, sin que sea necesaria la absoluta certeza al respecto. De allí que, aunque el criterio de valoración es amplio, es preciso que el requirente demuestre concretamente la carencia de medios y la imposibilidad de obtenerlos, circunstancias esenciales para su concesión (confr. esta Sala, en el precedente citado ut supra) pues, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, como contrapartida de los intereses de quien lo solicita, se hallan los de la contraria y los de la comunidad en general interesada en la adecuada percepción de los recursos públicos que podrían ser conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en un indebido privilegio (conf. CSJN, Fallos: 311:1372; 313:1015, entre otros).
Por otra parte, si bien es cierto que la circunstancia de que el solicitante revista el carácter de una persona ideal no la priva del derecho a pedir el beneficio de litigar sin gastos, pues la ley no hace distingos al respecto, no lo es menos que cuando el peticionante de la franquicia es una sociedad comercial, con el consecuente fin de lucro perseguido, el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos debe ser apreciado con mayor prudencia (conf. esta Sala en “Seven Stars S.A. (TF 33074-I)-BLSG c/ DGI”, Expte. Nº 6.091/2013, del 24 de septiembre de 2013).
V. Que, en el caso, la prueba documental acompañada (cfr. certificaciones de ingresos y gastos obrantes a fs. 183/186 y a fs. 376/381) dan cuenta de los ingresos y gastos correspondientes a las declaraciones juradas de los períodos 1/5/22 al 31/10/22 y 1/12/22 al 31/5/23, cuyos deficits ascienden a las sumas de $14.085.079 y $8.988.481, respectivamente; mientras que la prueba informativa obrante a fs. 410/412 -emitida por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal- acredita la ausencia de titularidad registral en dicha jurisdicción.
Ahora bien, en tales circunstancias corresponde señalar que la prueba aportada resulta escasa a los fines de comprobar -de por sí- la insuficiencia de recursos de la recurrente, quien no ha demostrado de modo fehaciente la carencia de capacidad contributiva para poder afrontar el pago de la tasa de actuación que le fuera exigida en los términos de la Ley nº 25.964.
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En este contexto cabe recordar que el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos del juicio, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a las normas del artículo 78 y siguientes del código de rito (v. Fallos: 329:2719).
En tales condiciones y en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente, adviritiéndose que los elementos probatorios aportados por la parte actora en el marco de las actuaciones administrativas resultan insuficientes a los fines de acreditar la existencia de los requisitos necesarios para avalar la procedencia del beneficio de litigar sin gastos peticionado, es que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 455/456 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado del 09/02/2024 (cfr. fs. 445/448). Ello, con costas (cfr. artículo 68, primer párrafo y artículo 69, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).
VI. Que, en función de la naturaleza del proceso, el resultado obtenido (cfr. pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación del 09/02/2024 -cfr. fs. 445/448 del DEO nº 15000262-) y teniendo en cuenta la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional desarrollado por la representación fiscal en la única etapa cumplida por ante la instancia de grado en el marco del presente incidente, es que corresponde modificar los honorarios regulados favor del Dr. Diego Manuel Díaz el 24 de abril de 2024 (cfr. fs. 482 del DEO nº 15000262) por su actuación como letrado apoderado y patrocinante de la parte demandada y reducir sus emolumentos a la cantidad de 25,77 UMA (equivalentes a $1.862.269,05 - conf. Res. SGA nº 1236/2025), los cuales se encuentran a cargo de la parte actora recurrente. Ello, teniendo en cuenta que los honorarios regulados por el Tribunal Fiscal de la Nación a fs. 482 fueron apelados únicamente por considerarse “elevados” (cfr. presentación de fs. 487/492).
Asimismo y de conformidad con lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional desarrollado ante esta instancia conforme presentación de fs. 502/510, es que corresponde fijar los honorarios en favor del Dr. Diego Manuel Díaz por su actuación en doble carácter como letrado apoderado y patrocinante de la demandada en la cantidad de 7,73 UMA (equivalentes a $558.608,45 - conf. Res. SGA nº 1236/2025), los cuales se encuentran a cargo de la parte actora recurrente.
Cabe dejar aclarado que en los importes establecidos precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que la obligada respecto de dichos emolumentos deberá, en su caso, depositar el importe correspondiente al mentado tributo en el momento del pago, en caso de corresponder. Por las consideraciones expuestas en la presente, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 455/456 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado del 09/02/2024 (cfr. fs. 445/448). Ello, con costas (cfr. artículo 68, segundo párrafo y artículo 69, primer párrafo, del C.P.C.C.N.); 2) Modificar los honorarios regulados en la instancia de grado a fs. 482 en favor de la representación fiscal y reducirlos de conformidad con lo indicado en el Considerando VI.-, primer párrafo y; 3) Fijar los emolumentos de la representación fiscal por el trabajo profesional desarrollado por ante esta instancia de acuerdo con lo dispuesto en el Considerando VI.-, segundo párrafo, de la presente.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase al TFN.-
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI.
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Fin de la sentencia